TSJ Regiones - Decisión

EXPEDIENTE: No. 50.127/LA
PARTE ACTORA: SOCIEDAD MERCANTIL R4 BANCO MICROFINANCIERO, C.A., antes denominada MI BANCO, BANCO MICROFINANCIERO, domiciliada en la ciudad de Caracas y debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción judicial del Distrito Capital, Estado Miranda, de fecha 14 de junio de 2006, bajo el Nº 74, tomo 114 A Sdo, cuya modificación de denominación consta en acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de diciembre de 2024, bajo el Nº 2, Tomo 343-A, inscrita ante el Regis tro de Información Fiscal ( R.I.F) con el Nº J-31594102-3.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: abogados en ejercicio ARCADIO DELGADO ROSALES, JUAN LUIS NÚÑEZ GARCIA, LEWIS JOSÉ MAVARES GARCÍA, ROBERTO ANTONIO TADEO LEIVA MORALES, ANA SOFÍA DELGADO LARREAL, IGNACIO LUIS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ALBANI ESMERALDA ROJAS CASTRO, MIGNEIL YUANEZE PÉREZ, ERIKA MARISELA MENDEZ FUENTES, LARRY NORBERTO TADINO PARRA, ANA REBECA BASABE OLIVEROS, ESTHER VIRGINIA DELGADO MARCUCCI, MARIO JOSÉ HERNÁNDEZ VILLALOBOS, MARIO ANDRÉS HERNÁNDEZ BORJAS, ALEJANDRA GABRIELA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, y BELKIS DÍAZ GONZÁLES, debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los números 14.940, 35.774, 99.833, 105.886, 108.107, 131.326, 216.876, 237.555, 284.497, 300.545, 309.710, 90.586, 29.095, 293.360, 68.261, 143.127, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO EMPRESARIAL TU FINCA C.A, inscrita ante en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 30 de noviembre de 2023, bajo el Nº 3, tomo 69-A, expediente Nº 487-20688, y en el Registro de Información Fiscal Nº J-504714020, representada por los ciudadanos NERIO LUIS RINCÓN y MILAGROS ELENA URDANETA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-7.603.467 y V-5.814.883, en su carácter de presidente y accionista respectivamente de la referida empresa.
JUICIO: COBRO DE BOLIVARES VÍA INTIMACIÓN.
MOTIVO: PERENCIÓN BREVE
FECHA DE ADMISIÓN: 13 de agosto de 2025.

I
ANTECEDENTES

Recibida la anterior demanda de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta circunscripción judicial, este Tribunal mediante auto de fecha 29-07-2025, le dio entrada e instó a la parte actora, a aclarar con exactitud el capital adeudado suministrar el Acta Constitutiva-Estatutaria de la Sociedad Mercantil e indicar el precio de la moneda de mayor establecida por el Banco Central de Venezuela y finalmente, suministrar el número telefónico y correo electrónico.
Posteriormente, la representación judicial de la parte actora mediante escrito de fecha 08-08-2025, dio cumplimiento a lo instado por este Juzgado. Asimismo, en fecha 13-08-2025, este Tribunal admitió la demanda cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria a la Ley, el orden público y las buenas costumbres, ordenando así la intimación de la parte demandada;
Ahora bien, como quiera que hasta la presente fecha la parte demandante no ha dado impulso procesal a la intimación de la parte demandada, esta Juzgadora estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:
II
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA

En efecto, la falta de impulso procesal de la parte demandante para la continuación del juicio incoado por su persona, hace relevante traer a colación la institución de la caducidad o perención de la instancia, la cual, como es bien sabido, constituye una modalidad de extinción procesal que no comporta una solución autónoma o heterónoma del conflicto subyacente al proceso, sino una sanción a la inactividad de las partes quienes, debiendo realizar los actos de procedimiento, no los realizan, aunado al transcurso del tiempo previsto ex lege, en obsequio a la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídico sustanciales.
Similares términos son usados por el procesalista Argentino MARIO ALBERTO FORNACIARI, para quien la institución sub examine, constituye lo siguiente:
“...es la extinción de un proceso (principal o incidental) o de alguna de sus instancias, producida por la ausencia de actividad impulsora idónea para su desarrollo, durante los términos que establece la Ley”

Idéntico cometido le reconoce a la Institución FORNACIARI, en su obra ut supra citada:

“...La caducidad de la instancia encuentra fundamento en diversos componentes que se equilibran en la confluencia de lo público con lo privado. Es cierto que cada una de las partes enfrentadas en el proceso tiene la expectativa de beneficiarse con el error o la inacción del adversario. La inactividad no hace presumir su desinterés. Pero también es cierto que por razones de seguridad jurídica hacen prevalecer el interés comunitario de restablecer el orden jurídico. En la rápida y correcta terminación de los procesos está comprometido el orden público
Ese equilibrio que tiene su fundamento en el superior interés de la comunidad, determina que si bien el juez está facultado a dictar medidas tendientes a evitar la paralización de los procesos...no enerva con esa posibilidad la de decretar de oficio la caducidad de la instancia...”.

Ahora bien, el artículo 267, ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…” (Cursivas y negrillas de este Juzgado)

Así pues, de acuerdo con lo establecido por la norma ut supra citada, toda instancia se extingue por el transcurso de treinta días sin que se haya verificado impulso procesal alguno para que sea practicada la citación del demandado, aclarando el legislador más adelante (en los artículos 270 y 271 ejusdem) que ello no impide proponer nuevamente la demanda, aunque sí existe una imposibilidad pro tempore, ya que el demandante no podrá demandar antes de transcurrido el lapso de noventa (90) días continuos después de verificada la perención.

Ahora bien, en la presente causa, se observa que posterior a la admisión de la demanda en fecha 13-08-2025, transcurrieron más de treinta (30) días sin que la parte demandante haya realizado actuación alguna tendente a dar impulso a la intimación de la parte demandada, obviando con ello la carga procesal que establece la Ley y el criterio jurisprudencial anteriormente expuesto, en virtud de lo cual esta Juzgadora considera que se encuentran dados los extremos legales para que se verifique la PERENCIÓN BREVE DE LA INSTANCIA, y en consecuencia la extinción del proceso. ASÍ SE DECLARA.-

III
DECISIÓN

Por los fundamentos de hecho y de derecho previamente expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLÍVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA:
ÚNICO: PERIMIDA LA INSTANCIA en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES VÍA INTIMACIÓN, incoado por la SOCIEDAD MERCANTIL R4 BANCO MICROFINANCIERO, C.A., antes denominada MI BANCO, BANCO MICROFINANCIERO, domiciliada en la ciudad de Caracas y debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción judicial del Distrito Capital, Estado Miranda, de fecha 14 de junio de 2006, bajo el Nº 74, tomo 114 A Sdo, cuya modificación de denominación consta en acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de diciembre de 2024, bajo el Nº 2, Tomo 343-A, inscrita ante el Registro de Información Fiscal ( R.I.F) con el Nº J-31594102-3, contra la SOCIEDAD MERCANTIL GRUPO EMPRESARIAL TU FINCA C.A, inscrita ante en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 30 de noviembre de 2023, bajo el Nº 3, tomo 69-A, expediente Nº 487-20688, y en el Registro de Información Fiscal Nº J-504714020, representada por los ciudadanos NERIO LUIS RINCÓN y MILAGROS ELENA URDANETA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-7.603.467 y V-5.814.883, en su carácter de presidente y accionista respectivamente de la referida empresa; y en consecuencia, se DECLARA LA EXTINCIÓN DEL PROCESO.
No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, déjese copia certificada de la presente decisión por secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Notifíquese a la parte actora.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Maracaibo, a los catorce (14) días del mes de octubre del 2025. Años: 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
LA JUEZA

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO
EL SECRETARIO

Abg. HUMBERTO PEREIRA GONZÁLEZ
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión, bajo el No. 142-2025, en el expediente con el No. 50.127 de la nomenclatura interna de este Tribunal, y se libró boleta de notificación a la parte actora.
EL SECRETARIO