TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
EXPEDIENTE No. 3974-2025
MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA

PARTE DEMANDANTE: CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.518.084, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, representado por el abogado en ejercicio LUTHERS JOSE BASTIDAS MERCADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.713.257, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.189.941, de igual domicilio.
PARTE DEMANDADA: IVETTE DE LOURDES GARCIA DE DEL GALLEGO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.807.609, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

Conoció por Distribución este Tribunal de la demanda por RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, presentada por el abogado LUTHERS JOSE BASTIDAS MERCADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.713.257, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.189.941, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.518.084, en contra de IVETTE DE LOURDES GARCIA DE DEL GALLEGO, antes identificada, actuando como Administradora de la Sociedad Mercantil INVERSIONES LOURDES, C. A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 28 de agosto de 1980, quedando anotada bajo el Nro. 27, Tomo 26.

I
RELACIÓN DE LAS ACTAS

Se recibió en fecha veintinueve (29) de Septiembre de 2025, la presente demanda a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, bajo el Nro. TMM-1622-2025.

En fecha dos (02) de Octubre de 2025, se dictó auto instando a la parte demandante a consignar documentales.

Seguidamente, en fecha siete (07) de Octubre de 2025, se recibió diligencia del abogado LUTHERS JOSE BASTIDAS MERCADO, previamente identificado, mediante la cual subsana lo indicado por el Tribunal y consigna las documentales solicitadas.

II
ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA

Alega el abogado LUTHERS JOSE BASTIDAS MERCADO, que el ciudadano CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA, previamente identificados, celebró Contrato de Venta Privado suscrito con la ciudadana IVETTE DE LOURDES GARCIA DE DEL GALLEGO, antes identificada, actuando como Administradora de la Sociedad Mercantil INVERSIONES LOURDES, C. A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 28 de agosto de 1980, quedando anotada bajo el Nro. 27, Tomo 26, actuando como vendedora, y el ciudadano CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA, como comprador de un inmueble propiedad de la Sociedad Mercantil Lourdes, C. A., antes identificada, inmueble ubicado en la Avenida 11, Nro. 67B-34, Sector Tierra Negra, en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, conformado por un terreno y la vivienda sobre él construida, el cual tiene forma irregular con una superficie aproximada de Trescientos Metros Cuadrados (300Mts2) y es parte de mayor extensión de un terreno. La parte de terreno sobre la cuál fue construida un inmueble de dos (2) plantas, tiene los siguientes linderos: Por el Norte, con inmueble No. 67B-28; por el Sur, inmueble que es o fue de Francisca Faría de Padrón, con veinticinco metros (25 mts); por el Este, su frente la avenida 11, llamada antes calle Campo Elías, con doce metros (12 Mts); por el Oeste, el fondo de la casa inmueble que es o fue de Zoila Hoyos, con doce metros (12 mts), el cual se encuentra registrado por ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha 02 de Octubre de 1953, bajo el Nro. 5, tomo 2, protocolo primero.

Narra además que la ciudadana IVETTE DE LOURDES GARCIA DE DEL GALLEGO, antes identificada, en su condición de vendedora, quedó obligada a través del documento privado a suscribir de forma auténtica ante la Notaría Pública la venta realizada en fecha 20 de Enero de 2024, en un lapso de noventa (90) días, y que hasta la presente fecha no se ha realizado la correspondiente autenticación.

Fundamenta su pretensión en lo establecido en los artículos 450 del Código de Procedimiento Civil y 1.364 del Código Civil.

III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Ésta Operadora de Justicia luego de verificar el escrito libelar considera que es necesario analizar la representación que se atribuye el apoderado de la parte demandante abogado LUTHERS JOSE BASTIDAS MERCADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.713.257, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.189.941, conforme a sustitución de instrumento poder de Administración y Disposición que le fuera otorgado por ante la Notaria Pública Octava de Maracaibo, Estado Zulia, en fecha veintiséis (26) de Abril de 2021, al ciudadano JOSÉ LEON GARCIA GARCÍA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.518.120, por los ciudadanos RICARDO GERARDO GARCIA GARCIA, MARIA ALEJANDRA FERNANDEZ DE GARCIA Y CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.995.647, V-5.564.519 y V-4.518.084, respectivamente, el cual quedo anotado con el Nº 9, Tomo 149, folios 36 hasta 38, sustitución ésta que le fue realizada por el ciudadano JOSÉ LEON GARCIA GARCÍA, previamente identificado, por ante la Notaría Pública Tercera de Maracaibo, Estado Zulia, en fecha trece (13) de Junio de 2025, el cual quedo anotado con el Nº 11, Tomo 21, folios 79 hasta 82, y determinar si el abogado LUTHERS JOSE BASTIDAS MERCADO, antes identificado, tiene legitimidad o la representación que se atribuye, ya que la falta de capacidad de postulación de la persona que señala ser la apoderada judicial, viola el orden público, al habérsele dado trámite a una acción inadmisible, en el entendido que, quien no sea abogado, no puede ser representante en juicio, ni mucho menos otorgar poder para intentar un procedimiento judicial.

Ahora bien, considera necesario esta Jurisdicente, traer a colación el contenido del artículo 136 del Código de Procedimiento Civil vigente, el cual establece lo siguiente:

“Son capaces para obrar en juicio, las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley.”

En tal sentido, afirma el Dr. Ricardo Henríquez La Roche que, los sujetos de derecho, por el solo hecho de ser personas naturales o entes morales, tienen la capacidad de goce, que consiste en la posibilidad de ser titulares de derechos subjetivos y de obligaciones de carácter privado y deberes frente a la autoridad pública. La capacidad de ejercicio es, por el contrario, la potencia de toda persona para ejercer y actuar, por sí mismo, sus derechos subjetivos y poder comprometer sus bienes y aún su persona (Matrimonio). Sin embargo, esta capacidad de ejercicio puede encontrarse, temporal o definitivamente limitada o anulada de un todo, sea por razones naturales (Minoridad, senectud) o patológicas (Enfermedad mental o en los sentidos); no obstante, en el ámbito del derecho procesal, la capacidad de goce recibe el nombre de capacidad para ser parte.

La capacidad de ejercicio recibe el nombre de capacidad procesal, referida a la potestad de toda persona para actuar en el proceso, ejercer los “derechos” y asumir las cargas procesales que devienen de las normas que tutelan el proceso y de las vicisitudes que ocurren en el mismo.

Según el aludido Artículo 136 ejusdem, las partes se encuentran por norma general facultadas para obrar en juicio por sí mismas o por medio de apoderados, siempre que tengan el libre ejercicio de sus derechos, es decir, que no tengan su capacidad disminuida (Capitis-disminutio).

Del mismo modo el Artículo 166 de la Ley Adjetiva Civil vigente, prevé:

“Sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados.”

En este orden de ideas, establecen los Artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados vigente, lo siguiente:

Artículo 3: “Para comparecer por otro en juicio, evacuar consultas jurídicas, verbales o escritas y realizar cualquier gestión inherente a la abogacía, se requiere poseer el título de abogado, salvo las excepciones contempladas en la Ley.
Los representantes legales de personas o de derechos ajenos, los presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados sin la asistencia de abogados en ejercicio.”
Artículo 4: “Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de Justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso (…omissis…)”

Al respecto, observa esta Juzgadora que, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) con ponencia del Magistrado YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES en el Exp. Nº AA20-C-2021-000040, determina que si la persona que tiene el mandato no es abogado, no puede ser representante en juicio, así lo tiene establecida la doctrina y jurisprudencia de esa Sala, de muy antigua data. Violación del orden público, que obliga al Juez a corregirla de oficio, conforme el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé que sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme al artículo 3 de la Ley de Abogados, por lo que, los representantes legales de personas o de derechos ajenos, que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados, y a tales efectos se transcribe en forma parcial el señalado fallo:

“…Cónsono a lo anterior, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fallo N° 1335, de fecha 18 de febrero de 2014, expediente N° 2013-501, caso: Juan Manuel Morillo Merjech, señaló lo siguiente:
“(…) Ahora bien, como fundamento de la referida solicitud, la parte solicitante planteó que la ciudadana Anriette Merjech Saab, madre del ciudadano Juan Manuel Morillo Merjech, en ejercicio de un poder general de administración y disposición, con facultad expresa para nombrar apoderados judiciales que se le había otorgado, nombró apoderados judiciales en un juicio de intimación de honorarios profesionales de abogado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira y este, con fundamento en la sentencia número 222 del 15 de febrero de 2001 de la Sala Constitucional, decidió, respecto de esa designación de abogados, que se requiere capacidad de postulación en la persona del apoderado general para que este pueda nombrar abogados como apoderados judiciales que representen a su mandante en juicio, también alegó que el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta quince minutos antes del acto de remate, invocando lo establecido en la sentencia número 552 del 25 de abril de 2011 de la Sala Constitucional.
Establecido lo anterior, la Sala observa que la sentencia dictada el 17 de mayo de 2013 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, declaró ‘improcedente’ la acción de amparo constitucional, al establecer que la ciudadana Anriette Merjech Saab, madre del ciudadano Juan Manuel Morillo Merjech no podía otorgar poderes para interponer la tutela constitucional impetrada debido a que no puede ejercer su representación en juicio, al no ser abogada.
Ahora bien, advierte la Sala que el cardinal 3 del artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, disposición aplicable al procedimiento de revisión, debido a que constituye una norma de común aplicación a todas las pretensiones que se propongan ante esta Sala Constitucional, tanto las que ameriten tramitación como las que no (vid., en este sentido, ss. S.C. núm. 952 del 20 de agosto de 2010, Caso: ‘Festejos Mar C.A.’ y núm. 942, del 20 de agosto de 2010, Caso: ‘Transporte Paccor C.A.’), prevé la falta de representación como una causal de inadmisibilidad, en los siguientes términos:
‘Artículo 133. Se declarará la inadmisión de la demanda:
(…)
3. Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante, o de quien actúe en su nombre, respectivamente…’
En ese sentido, se aprecia que en el caso sub examine, el abogado que actúa en sedicente representación del ciudadano Juan Manuel Morillo Merjech, pretendió hacer valer, ante esta Sala Constitucional el mismo poder que le fue otorgado por la ciudadana Anriette Merjech Saab quien, como bien fue señalado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, solo exhibió un ‘PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN’ que no le acredita para actuar como representante judicial del ciudadano Juan Manuel Morillo Merjech…”. (Destacado de la Sala)

De igual modo, la Sala Constitucional en fecha 15 de junio de 2004 (M.M. Capón en Amparo, Sent. 1170, con Ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz), estableció:

“… Para el ejercicio de un poder dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho…”. Criterio éste, ratificado por la Sala Constitucional, en fallo de reciente data del 30 de Noviembre de 2006 (R.D. Zerpa en Amparo, Sentencia Nro. 2.129. Con ponencia del Magistrado Dr. Arcadio Delgado Rosales), donde expuso: “… Sin duda que cuando una persona, sin que sea abogado en ejercicio, ejerce un poder judicial, incurre en lo que ésta Sala ha denominado falta de representación para actuar, por carecer de la capacidad de postulación que detenta todo abogado en ejercicio…”(Negrillas del Tribunal)

En tal sentido, el autor patrio Dr. Ricardo Henríquez La Roche en su obra Código de Procedimiento Civil (pp.56-57, tomo III; 2004) establece lo siguiente:

“b) Falta de capacidad de postulación o representación. Esta causal, más amplia que la excepción dilatoria que preveía el Código derogado, comprende: la falta de capacidad de postulación en el apoderado indicada en el artículo 166, sea porque no es abogado o porque no tiene el libre ejercicio de la profesión; la ineficiencia del poder o relación de representación por no llenar los requisitos legales y la insuficiencia del poder para proponer la demanda. Así por ej., en el caso de demandas intuitupersonae, el poder debe ser especial para el caso, son pena de inadmisibilidad de la demanda (cfr comentario al Art. 154)”...

Ahora bien, a juicio de esta Jurisdicente en el caso bajo estudio, con vista a las jurisprudencias señaladas y la doctrina expresada, por cuanto en el escrito libelar constata esta Juzgadora de la revisión de las documentales anexas al mismo, específicamente del Documento Poder autenticado por ante la Notaria Pública Tercera de Maracaibo Estado Zulia, de fecha trece (13) de Junio de 2025, el cual quedo anotado con el Nº 11, Tomo 21, folios 79 hasta 82, y corre inserto en los folios desde el tres (03) al seis (06) de las actas, del cual se deriva la representación ejercida por el hoy peticionante quien encabeza dicho escrito ciudadano LUTHERS JOSE BASTIDAS MERCADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.713.257, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.189.941, quien actúa con el carácter de apoderado judicial del ciudadano CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro. V-4.518.084, en dicho instrumento fue sustituido en poder judicial por el ciudadano JOSÉ LEON GARCIA GARCÍA, arriba identificado, siendo el mencionado ciudadano una persona natural a quien no se le acredita la profesión de abogado, por ende no puede comportar facultad de actuar ante los Órganos Jurisdiccionales, ya que dicho mandato no le da facultad para comparecer ante organismos oficiales administrativos y judiciales, ni mucho menos para conferirle poder judicial al ciudadano LUTHERS JOSE BASTIDAS MERCADO, quien si se acredita como abogado, e interpone la presente acción en representación del ciudadano CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA, antes identificado, parte demandante del presente juicio, y quien posteriormente procede de conformidad con lo establecido en los artículos 152 y 159, del Código de Procedimiento Civil, a sustituir en todas y cada una de sus partes el Poder de Administración y Disposición otorgado por los ciudadanos RICARDO GERARDO GARCIA GARCIA, MARIA ALEJANDRA FERNANDEZ DE GARCIA Y CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.995.647, V-5.564.519 y V-4.518.084, al ciudadano JOSÉ LEON GARCIA GARCÍA, previamente identificado, tal como se evidencia de los folios desde el veintidós (22) hasta el veintiséis (26) del expediente, y a tenor de las máximas jurisprudenciales reseñadas y reglas positivas vigentes de nuestro sistema normativo anteriormente aludidas, dado que ésta circunstancia no puede ni siquiera verse convalidada por el otorgamiento del poder especial de representación a abogado en ejercicio para la interposición de esta postulación de jurisdicción ordinaria o contenciosa.

Siendo ello así, se aprecia de las actas procesales que, el ciudadano JOSÉ LEON GARCIA GARCÍA, con el poder general amplio y suficiente que le fuere otorgado por los ciudadanos RICARDO GERARDO GARCIA GARCIA, MARIA ALEJANDRA FERNANDEZ DE GARCIA Y CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.995.647, V-5.564.519 y V-4.518.084, respectivamente, por ante la Notaría Pública Octava de Maracaibo, Estado Zulia, en fecha 26 de Abril de 2021, el cual quedo anotado con el Nº 9, Tomo 149, folios 36 hasta 38, posteriormente protocolizado por ante el Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha treinta (30) de abril de 2021, anotado bajo el Nº 2, Tomo 7, Folio 1502, Protocolo de Transcripción del año 20121 el cual riela en actas, confiere poder al abogado LUTHERS JOSE BASTIDAS MERCADO, quien actúa en nombre y representación del ciudadano CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA, como parte demandante del presente juicio, y siendo que dicho ciudadano JOSÉ LEON GARCIA GARCÍA, no se acredita como profesional del derecho, quebrantando con ello lo dispuesto en la Ley de Abogados, específicamente en lo establecido en el artículo 3º, en concordancia con el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, que prevé, sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, pues resulta ineficaz la actuación en procesos judiciales de apoderados no abogados, sin que esa incapacidad pueda ser subsanada con la asistencia de un profesional, pues no tiene capacidad de postulación para ser apoderado judicial, por no ser abogado, y al no tener la correspondiente capacidad subjetiva procesal, de allí que sus actuaciones deben tenerse como no realizadas, por violación del orden público, por lo que resulta indefectible declarar inadmisible la presente acción de Reconocimiento de Contenido y Firma, como se puede inferir, resulta ineficaz la actuación en este proceso judicial en virtud de que el ciudadano JOSÉ LEON GARCIA GARCÍA, no tiene capacidad de postulación para ser apoderado judicial, por no ser abogado, sin que esa incapacidad pueda ser subsanada con la asistencia de un profesional del derecho, en consecuencia resulta forzoso para esta Operadora de Justicia declarar INADMISIBLE la presente demanda por ser CONTRARIA A LA LEY, por violación del orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

IV
DISPOSITIVO

Por los hechos y fundamentos legales antes expuestos, este TRIBUNAL DÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la ley, declara:
1. INADMISIBLE la presente demanda de Reconocimiento de Contenido y Firma de Documento Privado, presentada por abogado LUTHERS JOSE BASTIDAS MERCADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.713.257, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.189.941, actuando en representación del ciudadano CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.518.084, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra de la ciudadana IVETTE DE LOURDES GARCIA DE DEL GALLEGO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.807.609, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia
2. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

Publíquese. Regístrese. Incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve.

Déjese copia por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los diez (10) días del mes de Octubre de 2025. Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
LA JUEZ,

Abg. JAKELINE PALENCIA RODRÍGUEZ.-
LA SECRETARIA,

Abg. LAURA ESCOBAR URDANETA.-

En la misma fecha, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), se publicó la anterior sentencia interlocutoria con fuerza definitiva quedando anotada bajo el Nº 087-2025.-
LA SECRETARIA,

Abg. LAURA ESCOBAR URDANETA.-