TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO NACIONAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO-OCCIDENTAL

JUEZ PONENTE: ARISTOTELES CICERON TORREALBA
EXPEDIENTE Nº VP31-R-2016-001135

En fecha 19 de octubre de 2016, se dio cuenta este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental del presente expediente. Se designó la ponencia a la Dra. Marilyn Quiñonez Bastidas.

En esa misma fecha este Juzgado Nacional dicta auto en el cual se establece, que se dio por recibido el presente asunto proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documento de esta sede judicial Maracaibo, contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el ciudadano FERNANDO JOSE ESCARRA MALAVE, titular de la cedula de identidad Nº3.632.959, contra la Gobernación del estado Portuguesa, en virtud del recurso de apelación iniciado por la parte querellante contra la sentencia dictada en fecha 24 de mayo del 2016, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, mediante la cual declaro inadmisible la querella interpuesta.

En esa misma fecha, este Juzgado Nacional en razón del tiempo considerable que transcurrió desde la fecha de remisión del expediente por parte del tribunal de origen estimó necesario ordenar la notificación de las partes a los fines de que tuvieran conocimiento de la oportunidad en la que tendría lugar el inicio de la sustanciación del procedimiento de segunda instancia.
A continuación, se ordenó la notificación de las partes para la reanudación del procedimiento, y se otorgó un término de diez (10) días de despacho más el término de distancia correspondiente a seis (06) días continuos. Una vez que consto en autos la ultima notificación practicada y venció los lapsos antes referidos, se fijo por auto separado el inicio del procedimiento de segunda instancia.

Visto que por auto de fecha 19 de octubre de 2016, se ordenó notificar a las partes y por cuanto las mismas poseen su domicilio fuera del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, se comisiona al Juzgado (Distribuidor) de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Guanare de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa y al juzgado (Distribuidor) de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, a los fines de que sirvan de practicar las respectivas notificaciones.

Asimismo, se deja constancia que se libraron boletas de notificación al ciudadano Fernando José Escarrá Malavé, así como oficio Nº JNCARCO/1690/2016 dirigido al Procurador General del estado Portuguesa, oficio Nº JNCARCO/1691/2016 dirigido al Gobernador del estado Portuguesa, oficio Nº JNCARCO/1693/2016 dirigido al Juzgado (Distribuidor) de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Guanare de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa y oficio Nº JNCARCO/1694/2016 dirigido al Juzgado (Distribuidor) de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sus respectivos despachos.

En fecha 12 de julio de 2017, se dio por recibida la presente comisión proveniente del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, remisión efectuada en virtud de no haber cumplido con la notificación pertinente.

En fecha 25 de julio del 2017, compareció ante este tribunal la abogada Ana León de Montero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 53.644, actuando como apoderada del ciudadano Fernando José Escarrá Malavé, donde expresó que se dio por notificada y consigno poder notariado en original constante de tres (03) folios útiles.

En fecha 18 de septiembre del 2017, se recibió escrito de fundamentación a la apelación, presentado por la abogada Ana León de Montero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 53.644 actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte querellante, dicho escrito consta de ocho (08) folios útiles.

En fecha 12 de marzo de 2018, estas resultas de comisión fueron recibidas por la Secretaria Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, de parte de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental remitida por el tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor del Estado Portuguesa de fecha 29 de marzo del 2017, constante de trece (13) folios útiles.

En fecha 11 de abril de 2018, visto que las partes se encontraban notificadas por auto dictado en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016), este Juzgado Nacional fija el lapso de diez (10) días de despacho mas seis (06) días continuos por termino de distancia, para la fundamentación de la apelación.

En fecha 15 de mayo del 2018, se dejo constancia que el 14 de mayo del 2018 venció el lapso para la fundamentación de la apelación, habiéndose presentado el escrito por la parte interesada en fecha 18 de septiembre de 2017, el cual riela en los folios ciento noventa y cuatro (194) al doscientos uno (201) de la pieza principal. En consecuencia, este Juzgado Nacional, fija el lapso de cinco días (05) de despacho para la contestación a la fundamentación de la apelación.

En fecha 24 de mayo de 2018, se deja constancia que en fecha 23 de mayo de 2018, venció el lapso para la contestación a la fundamentación de la apelación, y agotados como se encuentran los actos de sustanciación en la presente causa; este Juzgado Nacional, ordena pasar el expediente a la Juez Ponente Dra. Perla Lluvia Rodríguez Chávez a los fines de que este Juzgado Nacional dicte decisión correspondiente.

En fecha 13 de marzo de 2025 se dicta auto el cual establece que, como quiera que mediante Acta Nº 2 de fecha 13 de enero de 2025, se dejó constancia que la Dra. Rosa Acosta Castillo, Jueza Provisoria de este Juzgado Nacional consignó reposo medico, por lo cual se acordó previa aceptación de la Dra. Martha Elena Quivero, portadora de la cedula de identidad Nº 14.233.915, su incorporación a este Juzgado como jueza Nacional Suplente, mientras dure el reposo de la Dra. Rosa Acosta, en virtud de la designación realizada por la comisión judicial el 27 de mayo de 2024 y juramentada el 21 de junio de 2024, y visto el contenido del Acta Nº 3 levantada en fecha 13 de enero de 2025, se reconstituyó la junta directiva de este Órgano Colegiado, quedando conformada de la siguiente manera: Dra. Helen Nava Rincón, Jueza Presidenta, Dr. Aristóteles Cicerón Torrealba, Juez Vice-Presidente y la Dra. Martha Elena Quivera, Jueza Nacional Suplente; en consecuencia, este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, se aboca al conocimiento de la presente causa y de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se le otorga a las partes un lapso de 5 días de despacho para recusar a los jueces, de existir motivos. Vencido el lapso en el citado artículo, la causa seguirá su curso en el estado en que se encuentra. En el mismo acto se reasignó la ponencia al Dr. Aristoteles Ciceron Torrealba.

Mediante Sentencia Interlocutoria dictada en fecha 28 de marzo de 2025, se ordenó notificar al ciudadano FERNANDO JOSÉ ESCARRÁ MALAVÉ, titular de la Cedula de Identidad Nº3.632.959, para que informe en un lapso de diez (10) días de despacho más seis (6) días del término de la distancia, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si conserva interés en continuar con el presente proceso, y de ser éste el caso, exprese los motivos por los cuales mantiene el referido interés en el presente recurso.

Mediante auto de fecha 7 de abril de 205, se dejó constancia que, visto que por Sentencia de fecha 28 de marzo de 25, se ordenó notificar al ciudadano FERNANDO JOSÉ ESCARRÁ MALAVÉ a los fines de que manifestara interés en la continuación de la causa y en aras de preservar el equilibrio, la celeridad procesal el acceso a la justicia, y de conformidad con lo establecido en la Resolución 572 con carácter vinculante emanada de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 27 de junio de 2023 en la cual señala que en caso de no ser posible la notificación por medios electrónicos, se practicará la notificación de forma personal y/o mediante boleta de notificación fijada en la cartelera de este Juzgado y se remitirá por medios telemat5icos al tribunal a quo. En consecuencia se ACORDÓ librar la boleta de notificación respectiva conforme a lo señalado up supra, para que fuera fijada en la cartelera de este Tribunal.
En la misma fecha se cumplió con lo ordenado, se fijó boleta de notificación al ciudadano FERNANDO JOSÉ ESCARRÁ MALAVÉ.

En fecha 14 de mayo de 2025, mediante nota de secretaría la Secretaria abogada María Teresa de los Ríos, hizo constar que el día 14 de mayo de 2025, se retiró la boleta de fijada en fecha 7 de de abril d e2025, para notificar al ciudadano FERNANDO JOSÉ ESCARRÁ MALAVÉ, titular de la cedula de identidad Nº3.632.959 en virtud de haber vencido el termino de seis (06) días continuos de termino de distancia, más los diez (10) días de despacho establecido en auto de esa misma fecha.

Mediante auto de fecha 16 de mayo de 2025, se estableció que, visto que en fecha 28 de marzo de 2025 se dicto sentencia en la cual se ordenó notificar al ciudadano FERNANDO JOSÉ ESCARRÁ MALAVÉ, para que informe en un lapso de diez (10) días de despacho más seis (6) días continuos por termino de la distancia si conserva el interés en continuar con el presente proceso.
En fecha 7 de abril de 2025 se libro boleta de notificación y se fijó en cartelera y en fecha 14 de mayo se retiró de cartelera la mencionada boleta.
Es por lo que, observa este Tribunal que la parte interesada no manifestó interés alguno en continuar con el presente proceso, es por lo que, se ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho transcurridos. Asimismo, se ordenó pasar e expediente al Juez Ponente Dr. Aristóteles Cicerón Torrealba, a los fines de que dicte la decisión correspondiente.
En la misma fecha se cumplió lo ordenado, se realizó el cómputo de la siguiente manera: La suscrita secretaria de este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, Abogada María Teresa De los Ríos, certificó que: desde el siete (07) de abril de 2025 exclusive, transcurrieron seis (6) días continuos de termino de distancia así: ocho (08), nueve (09), diez (10), once (11), doce (12), trece (13), de abril y los diez (10) días de despacho, veintiuno (21), veinte dos (22), veintitrés (23), veinticuatro (249, veinticinco (25), veintiocho (28), y treinta (30) de abril; y el catorce (14), se retiró de la cartelera la boleta de notificación; se pasó el expediente al Dr. Aristóteles Cicerón Torrealba.

En consecuencia, se ordenó pasar el expediente al Juez Ponente Dr. ARISTOTELES TORREALBA, a los efectos de emitir la decisión correspondiente.

-I-
COMPETENCIA

Corresponde a este Juzgado Nacional, verificar de manera previa su competencia para conocer del presente recurso ordinario de apelación y a tales efectos, es menester hacer mención a lo dispuesto en el artículo 9, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 9. Los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa serán competentes para conocer de: (…) 1. Las impugnaciones que se interpongan contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, incluso; por desviación de poder (...)”.

Asimismo el artículo 24 eiusdem dispone que:
“Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:
(…)
7. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa…”.

La norma parcialmente transcrita, da cuenta que dentro del ámbito de competencias de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se encuentra conocer las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores Estadales de su misma Jurisdicción.

Aunado a lo anterior, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial No. 37.377, de fecha 16 de junio de 2010, se consagró en el ordinal 2° del artículo 15, la creación de un Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Centro-Occidental.

Así, a través de la Resolución Nº 2012-0011, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 16 de mayo de 2012, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.972, de fecha 26 de julio de 2012, modificada por Resolución No. 2015-0025, de fecha 25 de noviembre de 2015, se suprimió la competencia territorial a las Cortes de lo Contencioso Administrativo en las Circunscripciones Judiciales de los estados Falcón, Lara, Portuguesa, Barinas (excepto en Municipio Arismendi), Táchira, Trujillo, Mérida y Falcón.

Atendiendo a estas consideraciones, el presente asunto versa sobre el recurso de apelación de una sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, es decir, que se encuentra dentro del ámbito de competencia territorial, material y por el grado que ha sido atribuido a este Juzgado Nacional, por lo que, se concluye que la competencia para conocer en segundo grado de jurisdicción corresponde a este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental. Así se Decide

-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Visto el recurso contencioso administrativo funcionarial (en apelación), interpuesto por la ciudadana FERNANDO JOSÉ ESCARRÁ MALAVÉ, titular de la cédula de identidad Nº 3.632.959, contra la GOBGERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA, se pasa de seguidas a pronunciarse respecto a la presunta pérdida del interés sobre la presente causa.

Este Juzgado Nacional observa que mediante la sentencia interlocutoria de fecha 28 de marzo de 2025, se ordenó notificar al ciudadano FERNANDO JOSÉ ESCARRÁ MALAVÉ, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, más los seis (06) días continuos de término de distancia si conserva interés en continuar en el presente proceso y de ser éste el caso, exprese los motivos por los cuales mantiene el referido interés en la demanda interpuesta.

De la exhaustiva revisión de este expediente judicial se observó del folio 231 de la pieza principal, que mediante auto de fecha 7 de abril de 2025, se fijo en la cartelera de este Juzgado Nacional la boleta de notificación para el ciudadano FERNANDO JOSÉ ESCARRÁ MALAVÉ.

Ahora bien, visto que la parte demandante, el ciudadano FERNANDO JOSÉ ESCARRÁ MALAVÉ, a pesar de haber sido debidamente notificada no manifestó su interés en la continuación de la presente causa dentro del lapso fijado, es pertinente efectuar las siguientes consideraciones:

El artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente:

“(…) Artículo 253: La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencia (…)”.

De la norma constitucional transcrita, se infiere que la función jurisdiccional en ejercicio del poder o potestad jurisdiccional, se activa a instancia de los ciudadanos, siendo el deber correlativo del Estado impartir justicia a través de los Tribunales por autoridad de la Ley. Dentro de ese contexto, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone con relación al derecho a la tutela judicial efectiva lo siguiente:

“(…) Artículo 26: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles (…)”.

La disposición constitucional citada ut supra consagra el derecho de acceso de toda persona ante los órganos de administración de justicia, como expresión del amplio contenido de la tutela judicial efectiva, el cual se ejerce a través del derecho de acción, que se manifiesta como un derecho prestaciones de configuración legal, es decir, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto, sino que sólo puede ejercerse mediante la regulación establecida por el legislador atendiendo a la necesidad de ordenación del proceso.

Asimismo, cabe destacar que dentro de los requisitos constitutivos del derecho de acción se encuentra el interés procesal, como aquel que nace al instaurarse el proceso y se integra al titular del derecho a la tutela judicial efectiva. Así, se hace necesario observar lo establecido en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que es del tenor siguiente:

“(…) Artículo 16: Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente (…)”.

Conforme a dicha norma, se evidencia que el interés procesal constituye uno de los fundamentos del ejercicio de la acción, que no sólo debe estar presente en el momento de su acción, sino que debe mantenerse a lo largo del proceso para que el Juez se pronuncie sobre el mérito o fondo de la controversia.

Sobre este particular, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, en sentencia Nº 956 de fecha 1º de junio de 2001 (caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero), dejó sentado lo siguiente:

“Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
(…)
Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.

No estableció ni la Constitución, ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar (…).

La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
(…)
La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido…”.

Del criterio jurisprudencial expuesto, se observa el establecimiento de los supuestos de procedencia para la verificación de la falta de interés en estado de admisión y en estado de sentencia, en los cuales se exige la vigencia del interés procesal, aún cuando corresponda la actuación al Tribunal, pues no podría ponerse en marcha la administración de justicia si la parte interesada no demuestra interés alguno en que la controversia siga su curso, ello contado desde el momento de interponerse la acción hasta la conclusión del procedimiento mediante sentencia, pues en definitiva la función jurisdiccional tiene su origen en el ejercicio del derecho de acción de la parte.

De manera que, el efecto de la pérdida del interés, una vez declarada por el Juez, será la extinción del procedimiento, como una sanción al incumplimiento de la carga de mantener activo el interés procesal.

Ahora bien, con relación al lapso transcurrido de inactividad de la parte, el mencionado criterio jurisprudencial estableció que dicho lapso será de prescripción, excluyendo para su cómputo aquellos períodos en los cuales la paralización de la causa se haya producido por algún evento anormal, extraordinario o imprevisible, y por tanto no imputable a ella.

Así, el poder de apreciación o valoración del Juez -aunque se apoye en actas del propio expediente o eventualmente de documentos que aporte la parte al momento de su comparecencia- se basa en el sistema de la sana crítica, que va a inferir de las pruebas documentales, pero fundamentalmente, del hecho del transcurso del tiempo que haga presumir al Juez la pérdida del interés procesal en la causa paralizada, para cuya medición utilizará como parámetro el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.

En el caso sub índice, se observa que mediante sentencia interlocutoria de fecha 28 de marzo de 2025, en la que este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, ordenó notificar al ciudadano FERNANDO JOSÉ ESCARRÁ MALAVÉ, a fin de que compareciera dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, más seis (6) días continuos por termino de distancia, a que constara en autos su notificación, para que manifestara su interés en que se continuara la presente causa, esto en razón de haberse evidenciado una inactividad procesal de aproximadamente siete (07) años, la cual se extiende desde el 18 de septiembre de 2017, sin que esta haya realizado actuación alguna para impulsar o darle continuidad al presente proceso.

Asimismo, tras este Juzgado Nacional practicar las notificaciones correspondientes para que la parte recurrente manifieste su interés en que sea sentenciada la presente causa, se dejo constancia por nota de secretaria de fecha 14 de mayo de 2025 (ver folio 234 de la pieza principal) que, venció el término de diez (10) días de despacho, más los seis (06) días continuos de término de distancia, a los que se refiere la boleta fijada en fecha 7 de abril de 2025, por lo que este Juzgado Nacional declara la PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS, y en consecuencia, TERMINADO EL PROCEDIMIENTO en el recurso contencioso administrativo funcionarial. Así se decide.-

-III-
DECISIÓN

Por las razones expuestas a lo largo del presente fallo, este Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: La PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS, y en consecuencia, TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, en el recurso de apelación interpuesto.

SEGUNDO: ORDENA REMITIR la presente causa al Juzgado de origen.

TERCERO: SE CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.

Publíquese, regístrese y remítase al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, en Maracaibo, a los _____________ ( ) días del mes de ___________ de dos mil veinticinco (2025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.

LA JUEZA PRESIDENTA,

HELEN NAVA RINCON

EL JUEZ VICEPRESIDENTE,

ARISTOTELES C. TORREALBA
PONENTE

LA JUEZA NACIONAL SUPLENTE,

MARTHA ELENA QUIVERA

LA SECRETARIA,

MARÍA TERESA DE LOS RIOS

Expediente N°: VP31-R-2016-001135
AT/mf

En fecha _________________ ( ) de _____________ de dos mil veinticinco (2025), siendo la(s) _______________________ ( ), se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº ________.

LA SECRETARIA,

MARÍA TERESA DE LOS RIOS