TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Expediente No. 46.526
Causa: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.
Motivo: PERENCION DE LA INSTANCIA.

Conoce este Juzgado de la presente demanda por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, incoada por el ciudadano JUAN DE LA CRUZ PEÑA ALANDETE, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-13.209.930, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, representado judicialmente por la abogada ISMELDA CANO FINOL, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 29.505, en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES LAGO C.A. (INDISLACA), debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, el día siete (07) de julio de 1977, bajo el No. 32, Tomo 15-A, domiciliada en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, representada por la ciudadana IRMA ROJAS DE PEÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-1.645.916, en su carácter de Presidente, según Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha once (11) de marzo de 2009, anotado bajo el No. 2, Tomo 18-A RM1, y en contra del ciudadano JUAN DE LA CRUZ PEÑA PÍRELA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-3.638.494, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia.
I
RELACIÓN DE LAS ACTAS.
En fecha veintitrés (23) de marzo de 2018, se recibió escrito de demanda por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Poder Judicial bajo el No. TM-CM-14511-2018. Seguidamente en fecha cuatro (04) de abril de 2018, este Tribunal admitió la referida demanda, ordenándose en el mismo acto la citación de los demandados, asimismo, se ordenó la publicación de edicto.
Posteriormente en la misma fecha Luego, el alguacil de este Juzgado mediante exposición dejó constancia de haber recibido los emolumentos necesarios por la parte demandante, para practicar la citación personal de los demandados.
En fecha once (11) de mayo de 2018, este juzgado libro las boletas de citación respectivas.
Más tarde, en fecha diez (10) de julio de 2018, el alguacil de este Juzgado dejó constancia mediante exposición que le fue imposible practicar la citación de los demandados.
Después, en fecha veintiocho (28) de septiembre de 2018, la apoderada judicial de la parte actora presento diligencia mediante la cual consignó los periódicos en el cual se deja constancia parcialmente de las publicaciones del edicto librado por este Juzgado. En la misma fecha la apoderada judicial de la parte actora solicitó la citación de los demandados vía carteles.
Luego, en fecha ocho (08) de octubre de 2018, este Tribunal dicto auto mediante el cual proveyó lo solicitado por la parte actora mediante diligencia de fecha veintiocho (28) de septiembre de 2018, en el mismo acto ordenó la citación de la parte demandada por carteles.
Más tarde, en fecha dieciocho (18) de enero de 2019, la apoderada judicial de la parte actora, presentó diligencia mediante la cual consignó las publicaciones faltantes del edicto librado por este Juzgado.
A continuación, en fecha siete (07) de marzo de 2019, la apoderada judicial de la parte actora, presentó diligencia consignando los periódicos donde consta la publicación del cartel de citación.
Subsiguientemente, en fecha veintiséis (26) de abril de 2019, este Juzgado dictó auto a través del cual ordenó el desglose de los periódicos consignados por la parte accionante.
Después, en fecha tres (03) de marzo de 2020, el secretario de este Juzgado dejó constancia de haber cumplido las formalidades establecidas en el artículo 223 de Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, en fecha cinco (05) de marzo de 2020, la apoderada judicial de la parte actora presento diligencia solicitando la continuación del procedimiento.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.
En primer lugar, debe este Órgano Jurisdiccional ratificar su facultad legal para pronunciarse, aun de oficio, sobre el acaecimiento de la perención en el presente caso, la cual deviene del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra impone:

“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”

De la disposición reproducida se evidencia que bien puede el Juzgador emitir pronunciamiento acerca de la perención de la instancia, independientemente que ésta sea ordinaria o breve. Lo cierto es que –como garante del cumplimiento de la Ley – el Juez puede declarar a instancia de parte y aun de oficio la perención, lo cual consigue perfecta armonía con la prescripción del legislador de otorgar a dicha institución el carácter de orden público, ya que opera de pleno derecho y su verificación no se ve influenciada por los actos de las partes en el proceso.
A tales efectos, dispone el artículo 267 ejusdem, lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”

Destaca quien Juzga del encabezamiento de la norma, que dicha institución ha alcanzado una importancia superlativa en el tratamiento del decurso de los procesos judiciales, y ha sido conceptuado jurisprudencialmente a partir del artículo mencionado. Así, las definiciones sobre la institución bajo análisis hechas por la Sala de Casación Civil de nuestro Máximo Tribunal, están orientadas a establecer que la perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo (s.S.C.C. No. 156/2000). De modo más preciso, la misma Sala ha establecido que la perención es un acontecimiento que se produce en el proceso por la falta de impulso procesal por un año y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, por tal motivo no es cualquier acto el que puede producir su interrupción.
Ahora bien, cuando el legislador utiliza el término instancia, ha de estarse refiriendo a sólo una de sus acepciones, específicamente la que considera instancia como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, dejando de lado la segunda acepción, que supone a la instancia como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. De allí que esta Sentenciadora considere que en la disposición del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, anteriormente transcrita, el término instancia es utilizado como impulso.
Resulta importante esta acotación, para entender que el proceso se inicia a impulso de parte, y este impulso, o esta instancia, perime en los supuestos del artículo 267 ejusdem, lo cual ofrece como corolario la extinción del proceso, como consecuencia a la inactividad de la partes en el tiempo establecido. Las condiciones para la ocurrencia y verificación de la perención se contraen de manera meridiana en la sentencia No .420 de la Sala Casación Civil del Supremo Tribunal, de fecha siete (7) de octubre de 2022, Magistrado ponente: HENRY JOSE TIMAURE TAPIA, en cuya parte interesante estableció:

(…OMISSIS…)
“…la perención es un modo de extinguir las relación procesal, al transcurrir un cierto periodo en estado de inactividad. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias…”

(…OMISSIS…)
“… se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, la cual viene no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención opera desde el momento mismo en que ha transcurridos los plazos previstos por la ley...”

(…OMISSIS…)
“…es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema Italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual opera de pleno derecho y por, tanto se consuma por el solo transcurso del tiempo previsto en la ley…”

Del fallo transcrito, se evidencia que la doctrina imperante en la Sala, que ha sido acogida de manera pacífica y uniforme, es que basta con la verificación de esas dos condiciones (transcurso de un año e inactividad de las partes), para que se declare –a impulso de parte y aun de oficio la perención de la instancia como sanción al incumplimiento del deber de las partes de inducir la causa hasta su finalización. Esta obligación no releva al Juez de mérito, de conformidad con lo que establece el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, de dirigir el proceso y de impulsarlo de oficio hasta su conclusión, pero la interpretación de esa norma no puede relegar el carácter dispositivo del proceso civil, y la condición de igualdad en las que debe mantenerse a las partes, sin que pueda suplirse a ninguna de ellas, actuaciones propias de sus cargas procesales.
Ello así, es un hecho que la perención no puede ocurrir después de vista la causa, ya que a partir de ese instante, la carga de actividad reposa en el Estado, que se encuentra llamado al proferimiento del fallo definitivo, pero antes de decir “vistos” es muy probable que esa causa perima por la inactividad verificada de las partes.
Por otra parte, los actos que interrumpen la perención de la instancia son los inferidos en el iter procesal que propenden el desarrollo del juicio, o lo que es igual, un acto que implique voluntad del interesado en activar o impulsar el proceso hacia su finalidad lógica que es la sentencia de mérito. Es así, que la Ley le impone al actor la secuencia orgánica de los actos, es decir, la carga de ir sucesivamente cumpliendo con todos y cada uno de ellos ante la amenaza sancionatoria de que, si no se realiza un acto exigido para la continuidad del proceso, operaría la perención.
En virtud del Principio Dispositivo, el cual rige en nuestro proceso civil, corresponde a las partes no solo iniciar el proceso sino impulsarlo hasta su conclusión, constituyendo una carga para las partes y no para el Juez. Las partes inician libremente el procedimiento, por lo tanto tienen disponibilidad de este asi como de sus diversos actos. Esto conforme al artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, que al efecto dispone:
“en materia civil el juez no puede iniciar el proceso sin previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes”.

En el caso de autos, de la exploración que de las actas se hace, se verifica que no riela diligencia o escrito alguno que de manera indefectible tienda al impulso de la causa, ya que desde fecha tres (03) de marzo de 2020, fecha en la cual mediante diligencia escrita por la apodera judicial de la parte actora, la abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, suficientemente identificada, solicitó a este Juzgado continuar con el procedimiento según el Código de Procedimiento Civil, no se le ha dado el impulso procesal a la causa, por lo cual, al cumplirse el primero de los extremos para la verificación de la perención (inactividad), resta apenas constatar el segundo de ellos (transcurso de más de un año), y siendo que en el caso de marras ha transcurrido más de cinco años de inactividad, toda vez que la última actuación, tendiente al impulso de la presente causa, antes singularizada, se constata el transcurso de un lapso de tiempo mayor a un año, en consecuencia quien hoy decide encuentra satisfecho el segundo de los requisitos para la procedencia de la perención de la instancia y con ello la extinción del proceso. Así se decide.-
En virtud de lo antes expuesto, esta Juzgadora declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y por consiguiente la extinción del presente proceso. Así se decide.-

III
DISPOSITIVO
Con fundamento a lo anteriormente expuesto, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA, y por consiguiente EXTINGUIDO el presente proceso por PRESCRIPCION ADQUISITIVA, incoara por el ciudadano JUAN DE LA CRUZ PEÑA ALANDETE, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-13.209.930, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES LAGO C.A. (INDISLACA), debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero del Estado Zulia, el día siete (07) de julio de 1977, bajo el No. 32, Tomo 15-A, domiciliada en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, representada por la ciudadana IRMA ROJAS DE PEÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-1.645.916, en su carácter de Presidente, según Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha once (11) de marzo de 2009, anotado bajo el No. 2, Tomo 18-A RM1, y en contra del ciudadano JUAN DE LA CRUZ PEÑA PÍRELA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V- 3.638.494, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia; plenamente identificados en actas.
SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y notifíquese a la parte actora, incluso en el sitio Web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve así como en la página www.zulia.scc.org.ve, déjese copia de la presente decisión por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2025. Años 213° de la Independencia y 166° de la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
ABG. AILIN CÁCERES GARCÍA.
EL SECRETARIO TEMPORAL,
ABG. JORGE ENRIQUE JARABA URDANETA.-
En la misma fecha, previas las formalidades de Ley, y siendo las once de la mañana (11:00a.m.), se dictó y publicó la sentencia interlocutoria con fuerza definitiva que antecede en el expediente No. 46.526 quedando anotada bajo el No. 043-2025
EL SECRETARIO TEMPORAL,
ABG. JORGE JARABA URDANETA.-.