ALEGATOS DE LA RECURRENTE CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE AMPARO CAUTELAR
La representación judicial de la recurrente señala que conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sea decretada acción de amparo cautelar a favor de su representada en tanto asegura que existe una lesión efectiva a sus derechos constitucionales a la propiedad y el ser pechado conforme a la capacidad contributiva del sujeto pasivo, contemplados en los artículos 112 y 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Indicó que, la Administración Tributaria, con el proveimiento impugnado, está lesionando además los derechos constitucionales de la contribuyente previstos en los artículos 3 y 21 eiusdem.
De este modo la recurrente expuso que, el 28 de febrero de 2024 la División de Contribuyentes Especiales, adscrita a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Zuliana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), emitió la providencia administrativa identificada con las letras y números No. SNAT/INTI/GRTI/RZU/DCE/2024/E1365, donde asignan a la contribuyente como Sujeto Pasivo Especial (SPE), violando el Derecho a la defensa y al debido proceso de la misma, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Afirmó que, de la revisión de las documentales que se encuentran anexas al escrito del Recurso Contencioso Tributario, conjuntamente con lo previsto en el artículo 2, literal a y b de la Providencia Administrativa N° SNAT/2023/00005 “Sobre Sujetos Pasivos Especiales”, publicada en la Gaceta Oficial N° 42.588 de fecha 14 de marzo de 2023, se advierte que, con el contrato de arrendamiento y la declaración del ISLR del ejercicio fiscal del año 2023, la contribuyente está fuera de los parámetros establecidos por la norma mencionada, para poder ser calificada como Sujeto Pasivo Especial (SPE).
Siguiendo lo antes mencionado, la recurrente sostuvo que en mérito de los argumentos expuestos en el Recurso Contencioso Tributario y de las pruebas documentales, queda demostrado -a su decir- a titulo presuntivo, que la Administración Tributaria con el proveimiento impugnado está lesionando los derechos constitucionales de “INVEDUCA” antes narrados, por tanto:
a) Afirmó que, se lesionan los artículos anteriormente mencionados ya que hay una comparación de la recurrente con empresas o contribuyentes que realizan grandes transacciones financieras, siendo que, la facturación de ingresos en el ejercicio fiscal 2023 fue por orden de diez mil novecientos noventa y seis Euros (10.996 €), monto muy inferior a lo establecido en la Providencia Administrativa N° SNAT/2023/00005 publicada en la Gaceta Oficial N°42.588 del catorce (14) de marzo del dos mil veintitrés (2023); afirmó que esta asignación del SPE viola el Principio de Igualdad establecido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el de Capacidad Económica o Contributiva tipificado en el artículo 316 eiusdem, y con otras series de obligaciones tributarias, por lo que la coloca en desventaja del resto de los sujetos pasivos no especiales (SPNE).
b) Concluyó que la Administración Tributaria determina las asignaciones de SPE de manera arbitraria y sin ningún estudio económico que determine que un contribuyente como “INVEDUCA” pueda soportar toda la carga Tributaria que representa la designación de esta clase de SPE, debido a que la única fuente de ingresos de la contribuyente, según su argumentación, es el Contrato de Arrendamiento de su inmueble por un monto de Mil Dólares (USD 1.000$) mensuales, por lo tanto serian Doce Mil Dólares (USD 12.000$) anuales, siendo un monto muy inferior a los Treinta Mil Euros (30.000€) establecidos en la providencia administrativa N° 00005.
Denunció que, la discrecionalidad que se establece en la Providencia Administrativa antes mencionada, la Administración Tributaria la convierte en arbitrariedad al establecer dicha designación de SPE, sin haberse cumplido los extremos establecidos por la norma.
Por todo lo anterior expuesto, solicitó que se declare procedente el amparo cautelar en vista de que, a su decir, hay suficientes elementos de convicción que pueden demostrar lesiones constitucionales denunciadas, atendiendo a la doctrina de la Sala Constitucional y, a su vez, conllevan ipso iure a la concreción del fumus periculum in mora, resaltando que sería injusto que la Administración Tributaria estando amparada por la ejecutividad del acto administrativo, concrete dichas lecciones por vía expedita de la demanda del cobro ejecutivo, sin que el Tribunal interrumpa la situación.
-II-
COMPETENCIA
El presente Recurso Contencioso Tributario se interpone contra un acto administrativo de efectos particulares y de contenido tributario, dictado por el Servicio Nacional Integral de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Cabe destacar que, la sociedad mercantil recurrente está domiciliada en el municipio Maracaibo, estado Zulia. Ahora bien, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.622 del 31 de enero de 2003, creó este Tribunal confiriéndole competencia en materia tributaria en todo el Estado Zulia. Por lo que, al encontrarse la empresa contribuyente domiciliada en esa ciudad y en atención a lo previsto en los artículos 289, 338 del Código Orgánico Tributario (2020), en concordancia con lo dispuesto en los artículos 28, 40 y 41 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal se declara COMPETENTE para el conocimiento de la presente causa. Así se resuelve.
-III-
DE LA ADMISIÓN PROVISIONAL
Con respecto a la modalidad cautelar, resulta conveniente para este Tribunal destacar criterio reciente, sostenido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 00577 de fecha 04 de julio de 2023, el cual señala lo siguiente:
“(…) que mediante sentencias de esta Máxima Instancia Nros. 1.050 y 1.060 del 3 de agosto de 2011, se consideró necesario retomar y aplicar nuevamente el criterio sentado en la decisión Nro. 402 del 20 de marzo de 2001 (caso: Marvin Enrique Sierra Velasco), estableciéndose que cuando se interponga un recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con una solicitud de amparo cautelar, tal como en el caso de autos, la Sala deberá pronunciarse provisionalmente sobre la admisibilidad de la acción principal con prescindencia del análisis del requisito relativo a la caducidad del recurso ejercido, cuyo examen, de resultar improcedente el amparo cautelar, corresponderá al Juzgado de Sustanciación.
Igualmente, se precisó que en el supuesto de decretarse el amparo cautelar y que la contraparte se oponga a éste, deberá seguirse el procedimiento previsto en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Ahora bien, el hecho de que en el procedimiento antes descrito se establezca la posibilidad para esta Sala de emitir un dictamen respecto a la admisibilidad de la acción, en el cual no se realice pronunciamiento alguno en relación a la caducidad, encuentra su fundamento en artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece:
‘Artículo 5.- La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.
Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso-Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria, efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el juicio.
Parágrafo Único. Cuando se ejerza la acción de amparo contra actos administrativos conjuntamente con el recurso contencioso-administrativo que se fundamente en la violación de un derecho constitucional, el ejercicio del recurso procederá en cualquier tiempo, aún después de transcurridos los lapsos de caducidad previstos en la Ley y no será necesario el agotamiento previo de la vía administrativa’ (Subrayado de esta Sala).
Tomando en cuenta lo anterior, es conveniente destacar que cuando la solicitud de amparo cautelar ejercida conjuntamente con la demanda contencioso administrativa de nulidad es declarada improcedente, se suscitan dos pronunciamientos relativos a la admisibilidad de la acción, a saber: i) el que corresponde a la admisión provisional del recurso por parte de esta Sala, a los fines de pasar a examinar la procedencia o no del amparo (sin emitirse señalamiento alguno en relación a la caducidad de la acción); y ii) el que corresponde a la admisión definitiva, declarada por el Juzgado de Sustanciación una vez evaluado el requisito de la caducidad, lo cual procede por haberse decidido la improcedencia de la pretensión cautelar de amparo.
Por otra parte, cuando el amparo cautelar es decretado procedente, existe una declaratoria preliminar por parte de la Sala en la que se admite provisionalmente la acción, posterior a lo cual pasa este órgano jurisdiccional a realizar las consideraciones correspondientes que lo llevarían a decidir la procedencia del amparo; luego –en esa misma sentencia– admite definitivamente la demanda, no existiendo la necesidad de un pronunciamiento ulterior por parte del Juzgado de Sustanciación, ya que al otorgarse la protección cautelar, resulta innecesaria la evaluación del elemento relativo la caducidad de la acción, en atención al parágrafo único del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues se constató la presunción de una violación de un derecho constitucional que exime al juzgador de examinar esa causal de inadmisibilidad.
Es por todo lo anterior que en la sentencia Nro. 673 dictada por esta Sala el 10 de junio de 2015, se establece que esta Máxima Instancia pasará a revisar ‘las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin proferir pronunciamiento alguno con relación a la caducidad de la acción (…), aspecto este que será analizado –de ser el caso- al momento de la admisión definitiva que del recurso realice el Juzgado de Sustanciación; y visto que en efecto se declaró procedente la mencionada pretensión de amparo requerida por la actora, finalmente se realiza la admisión definitiva, lo cual además quedó expresamente establecido como el punto Nro. 2 de la dispositiva, cuando determinó: ‘2.- ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad incoada’ (Vid. folio 80 del expediente judicial) (…)”. (Vid., sentencia Nro. 00312 de fecha 16 de marzo de 2016, caso: Diego Antonio Araujo.)”.
Destacado lo anterior, y en virtud de que en la presente acción la parte recurrente en su escrito libelar invoca el artículo 5 de la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y denuncia presuntas violaciones a derechos constitucionales cuya protección debe ser garantizada por los Tribunales de la República, de conformidad con los artículos 3, 21, 49, 112 y 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales conciben derechos constitucionales de igualdad ante la ley, derecho a la defensa y al debido proceso, derecho a la propiedad y el ser pechado conforme a la capacidad contributiva; y al resaltar que al tratarse de una medida precautelativa y en virtud del poder cautelar que tiene el Juez Contencioso-Tributario a propósito de la violación de derechos y garantías constitucionales, asimismo, en virtud de la celeridad e inmediatez necesarias para atacar la trasgresión de un derecho de naturaleza constitucional, este Juzgado pasa a pronunciarse con relación a la admisibilidad provisional del presente recurso únicamente con relación a la solicitud de amparo cautelar constitucional.
En tal sentido, esta Juzgadora puede apreciar que en el caso de autos están cumplidos los requisitos de admisibilidad como son la cualidad del recurrente al probar el interés legítimo personal y directo en el ejercicio de la acción por parte de la sociedad mercantil “INVERSIONES EDUCACIONALES, C.A.”, así como la competencia del tribunal tanto por la materia (tributaria) como por el territorio, al ocurrir el hecho en la jurisdicción sometida a este Tribunal, y por haber sido emitido el acto impugnado por la Administración Tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 286 y 272 del Código Orgánico Tributario vigente, razón por la cual se ADMITE PROVISIONALMENTE el recurso. Así se declara.
- IV -
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Antes de realizar cualquier consideración, es necesario dejar sentado el criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia Nº 402 de fecha 20 de marzo de 2001, en el caso: Marvin Enrique Sierra Velasco, criterio ratificado en el fallo No. 00577 de fecha 04 de julio de 2023, el cual consideró obligatoria la revisión del trámite que se le había venido dando a la acción de amparo ejercida en forma conjunta con el recurso contencioso de nulidad, pues si bien con ella se persigue la protección de derechos fundamentales, ocurre que el procedimiento seguido al efecto se había mostrado incompatible con la intención del constituyente de 1999, la cual se encuentra orientada hacia la idea de lograr el restablecimiento de derechos de rango constitucional en la forma más expedita posible.
Por esta razón, se estableció el carácter accesorio e instrumental propio del amparo ejercido de manera conjunta que hace posible asumirlo en idénticos términos que una medida cautelar, con la diferencia de que el primero alude exclusivamente a la violación de derechos y garantías constitucionales, circunstancia esta que, por su trascendencia, hace aún más apremiante el pronunciamiento sobre la medida solicitada. Dicho criterio jurisprudencial de carácter normativo, establecido por la referida Sala respecto de la tramitación y los efectos procesales del ejercicio conjunto del recurso contencioso tributario y la acción de amparo constitucional, está orientado a regular de forma vinculante dichas acciones, a fin de garantizar la protección de los derechos constitucionales y la estabilidad en el juicio de las partes.
Establecido esto así, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 670 de fecha dieciséis (16) de junio de 2004, manifestó que:
“Atendiendo a tales consideraciones y al poder cautelar del juez contencioso-administrativo, vista la celeridad e inmediatez necesarias para atacar la trasgresión de un derecho de naturaleza constitucional, estimó la Sala que en tanto se sancione una nueva ley que regule lo relacionado con la interposición y tramitación de esta específica figura, es necesaria la inaplicación del trámite previsto en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar que el mismo (sic) es contrario a los principios que informan la institución del amparo, lo cual no es óbice para que continúen aplicándose las reglas de procedimiento contenidas en dicha ley, en todo aquello que no resulte incongruente a la inmediatez y celeridad requerida en todo decreto de amparo.
En su lugar acordó una tramitación similar a la seguida en los casos de otras medidas cautelares, por lo que, una vez admitida la causa principal por la Sala, debe emitirse al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la providencia cautelar de amparo solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose así con el propósito previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Afirmó la Sala en el fallo citado que la tramitación así seguida no reviste en modo alguno, violación del derecho a la defensa de la parte contra quien obra la medida, pues ésta podrá hacer la correspondiente oposición una vez ejecutada la misma, siguiendo a tal efecto el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 102 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, actualmente en el primer aparte del artículo 19 de la recién promulgada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, procediendo entonces este Máximo Tribunal, previo el examen de los alegatos y pruebas correspondientes, a la revocación o confirmación de la medida acordada como consecuencia del amparo cautelar.
…omissis…”
Ahora bien, es criterio del Tribunal Supremo de Justicia que, en el caso de los Amparos Cautelares, la sola verificación de la existencia del fumus boni iuris, hace presumir el peligro de daño, pues la circunstancia de que exista una presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional o su limitación fuera de los parámetros permitidos en el Texto Fundamental, conduce a la convicción de que por la naturaleza de los intereses debatidos debe preservarse in límine su ejercicio pleno, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación, así quedó establecido en la sentencia N° :00273, de fecha veintinueve (29) de mayo de 2019, caso: Vicencio Scarano Spisso, en la que se dejó sentado lo siguiente:
“Corresponde a la Sala verificar los requisitos de procedencia de la medida cautelar de amparo constitucional solicitada, con el objeto de evitar una lesión irreparable o de difícil reparación en el orden constitucional al ejecutarse un acto administrativo que, eventualmente, resultase anulado.
En tal sentido, debe analizarse el fumus boni iuris con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho o derechos constitucionales alegados por la parte quejosa, para lo cual es necesario no un simple alegato de perjuicio, sino la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de violación a los derechos constitucionales del o de la accionante; mientras que en lo relativo al periculum in mora, se reitera que en estos casos es determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista la presunción grave de violación de un derecho o garantía de orden constitucional o su limitación fuera de los parámetros permitidos en el Texto Fundamental, conduce a la convicción de que por la naturaleza de los intereses debatidos, su ejercicio pleno debe ser preservado in limine, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación de un derecho o garantía constitucional.”
Para decidir, este Tribunal observa que corresponde al Juez Contencioso Tributario, al conocer de un amparo cautelar, determinar si con el medio de prueba empleado se verifica la presunción grave de la violación o de la amenaza de violación a un derecho o garantía constitucional, a objeto de pronunciarse sobre la procedencia del amparo cautelar entre tanto transcurre y se decide el juicio principal, en consecuencia, basta para este juzgador la comprobación de que existe la amenaza a ese derecho o garantía constitucional para que se verifique el presupuesto de procedencia del amparo cautelar.
Así las cosas, en cuanto a los alegatos de la violación del principio de capacidad contributiva, al derecho de propiedad, principio de igualdad ante la ley así como al derecho a la defensa y al debido proceso, este Tribunal estima pertinente efectuar una serie de consideraciones sobre tales derechos y principios a los fines de verificar, posteriormente, la presunta violación o amenaza de violación de los mismos.
El principio de capacidad contributiva previsto en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido concebido como la aptitud que tiene el contribuyente para soportar las cargas tributarias en su medida económica y real, individualmente considerado, en un período fiscal y que actúa como límite material al poder de imposición del Estado, garantizando la justicia y razonabilidad del tributo. De esta manera, la capacidad contributiva constituye un principio constitucional que sirve a un doble propósito, de un lado como presupuesto legitimador de la distribución del gasto público, y, de otro, como límite material al ejercicio de la potestad tributaria.
Por otra parte, el principio de propiedad se encuentra consagrado en el artículo 115 de la Constitución de la República, en los siguientes términos:
“115.- Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.
En este orden de ideas, la jurisprudencia ha sido pacífica al sostener que el referido principio encuentra fundamento en la inviolabilidad del derecho de propiedad por vía de una tributación desproporcionada y fuera del contexto de la capacidad para contribuir con las cargas públicas, siendo en consecuencia, un límite a la imposición desproporcionada y una garantía a la propiedad de los particulares. En el ámbito impositivo, la confiscatoriedad de un tributo supone la apropiación indebida de los bienes particulares por parte del Estado, en virtud de la aplicación de una determinada normativa que desborda los límites de la racionabilidad por lo exagerado y grosero de su quántum, en abierto detrimento de la capacidad de los particulares para contribuir con las cargas fiscales. Con base en las normas constitucionales transcritas, se observa que si bien se reconoce en forma expresa la existencia de derechos y garantías constitucionales, los mismos no son en forma absoluta o ilimitada, sino que se encuentran sujetos a determinadas limitaciones que deben encontrarse acorde con ciertos fines, tales como la función social, la utilidad pública y el interés general.
El principio de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido concebido como un derecho constitucional que implica que por tanto todas las personas son iguales ante la ley, siendo así, el estado debe tratar a todos los ciudadanos de la misma forma sin privilegios, discriminaciones ni exclusiones.
Siguiendo así lo anteriormente expuesto, el Principio de Capacidad Contributiva está previsto en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se consagra la distribución tributaria o de cargas públicas que hace el sistema nacional para su protección económica, en el mismo artículo se estipula que:
“Artículo 316. El sistema tributario procurara la justa distribución de las cargas publicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; para ello se sustentara en un sistema eficiente para la recaudación de tributos”.
Por su parte, el derecho a la defensa, al debido proceso y presunción de inocencia se encuentra consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:
“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase del proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o a declararse contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra estos o estas.”
Sobre este particular, cabe destacar que el artículo 49 de la Constitución consagra el debido proceso el cual abarca el derecho de la defensa como un derecho exigible en todo procedimiento, dirigido a garantizar al administrado el ejercicio de todos los mecanismos que le proporciona el ordenamiento jurídico para la defensa de sus derechos e intereses, cualquier determinación de la Administración Tributaria se subordina al irrestricto respeto de los principios constitucionales que resguardan la seguridad jurídica.
Al respecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nro. 01091 de fecha 25 de septiembre de 2008, Caso: Ministro de la Defensa, en la cual se estableció lo siguiente:
“En este sentido, ha sido criterio de esta Sala que el debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye una expresión del derecho a la defensa, el cual comprende tanto la posibilidad de acceder al expediente, el derecho a ser oído (audiencia del interesado), a obtener una decisión motivada y su impugnación.
Se ha establecido también, que los aspectos esenciales que el juzgador debe constatar previamente para declarar la violación del derecho consagrado en el aludido artículo 49 de la Carta Magna son: que la Administración haya resuelto un asunto sin cumplir con el procedimiento legalmente establecido o que haya impedido de manera absoluta a los particulares su participación en la formación del acto administrativo, que pudiera afectar sus derechos o intereses, (ver entre otras, sentencias de esta Sala Nros. 4.904 del 13 de julio de 2005 y 00827 del 32 de mayo de 2007). Se ha sostenido además, que no es suficiente el acto administrativo sea dictado previa sustanciación de un procedimiento, sino que además, el administrado pueda ejercer las garantías y derechos que lo asisten, como son el derecho de alear y promover pruebas (ver sentencia Nº 02.936 de fecha 20 de diciembre de 2006).” (Resaltado de esta Juzgadora)
En referencia a lo antes planteado es claro que el derecho al debido proceso es fundamental, la Administración Tributaria al tomar una decisión que afecta al administrado, debe garantizarle la defensa total, no es suficiente con que el acto sea dictado, debe participar, permitirle presentar pruebas y argumentos que asegure la asistencia de una defensa adecuada y por ende el debido proceso.
Establecido lo anterior, quien aquí decide considera que proceder a analizar el contenido de los derechos invocados para emitir una decisión al respecto, se materializaría en un pronunciamiento sobre el fondo del asunto en virtud de que, a los efectos de determinar la existencia, origen, alcance y violación de los derechos alegados y la estrecha violación que los vincula, se requiere un análisis exhaustivo sobre el fondo del asunto a la luz de la normativa aplicable en el caso, lo cual escapa al propósito y razón de la medida cautelar de amparo, que se instruye en aras de restablecer a derecho las situaciones jurídicas en las cuales exista una violación o amenaza de violación de derechos constitucionales tan evidente que no requiera del estudio de demás instrumentos que los recaudos consignados y las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para instaurar en la convicción del Juez la necesidad de tutelar tales derechos.
En este contexto, se observa que la parte recurrente sólo se limitó a señalar en sus alegatos lo que -a su decir- pudieran ser violaciones a derechos constitucionales que fundamentan el fumus bonis iuris, siendo evidente que los mismos atañen directamente a la revisión de la legalidad del acto administrativo que implican el examen de actuaciones efectuadas en sede administrativa, así como de las normas legales y reglamentarias utilizadas como fundamento del acto en cuestión.
Al respecto, esta Juzgadora debe traer a colación el criterio establecido por la Sala Político-Administrativa, mediante sentencia Nro. 00706 del 16 de mayo de 2007, caso: Venecia Neptun Towing Offshore & Salvage, C.A., (NEPTUVEN), ratificada en la decisión Nro. Nº 00184 del 23 de marzo de 2023, caso: SUPERMERCADO PREMIUM C.A, destacó lo siguiente:
“En armonía con lo indicado, lo único que le está dado al Juzgador es realizar un análisis global de las actas procesales, con el objeto de precisar si de ellas, en efecto, surgen elementos suficientes que hagan presumir la existencia de una violación directa y flagrante de derechos constitucionales por el acto impugnado, teniendo especial cuidado de no realizar afirmaciones categóricas que puedan considerarse como un adelanto de opinión al fondo de la controversia planteada, hecho que viciaría la sentencia de amparo cautelar. (Vid., sentencia de este Alto Tribunal Nro. 00395 de fecha 4 de agosto de 2022, caso: Inversiones Joyas de Alexandra, C.A).
Al margen de la aludida precisión, esta Sala Político-Administrativa observa que lo alegado por la recurrente corresponde a vicios relacionados con el procedimiento administrativo que se circunscriben al examen de fondo de lo peticionado, lo que de ninguna forma puede ser planteado y decidido a través de una medida cautelar de amparo constitucional, habida cuenta de que en este tipo de decisiones no se requiere un análisis detallado y preciso por parte del Juez de todas y cada una de las pruebas cursantes en el expediente, ni tampoco la valoración exhaustiva y definitiva de ellas. (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 00394 de fecha 4 de agosto de 2022, caso: Churros la Fría, C.A.), razón por la cual este Máximo Tribunal estima que los referidos aspectos deben ser analizados y resueltos en la sentencia que decida el fondo del recurso. Así se decide.”
Ello así, es criterio de este tribunal, que para el caso sub examine, el dictar la medida de amparo cautelar solicitada y suspender los efectos del acto administrativo impugnado sería un pronunciamiento sobre la validez del mismo y, por ende, se estaría prejuzgando sobre la decisión definitiva, siendo que en esta instancia y grado del proceso no puede el Órgano Jurisdicente llamado a decidir, determinar el alcance y la violación de los derechos alegados por la parte actora y la incidencia de los mismos en el procedimiento a seguir. Consecuentemente los alegatos y pruebas referentes a la supuesta violación de derechos a favor del recurrente resultan insuficientes para determinar la violación de las normas de rango constitucional señaladas. Así se declara.
En virtud de tales consideraciones, que este Tribunal no verifica, a partir de los argumentos esgrimidos por la accionante, una violación de disposiciones de índole constitucional tan evidente que no requiera un análisis profundo de las circunstancias de hecho y de derecho que sirven de base a la causa y que justifique la protección cautelar solicitada, sin prejuzgar el fondo del asunto.
En consecuencia de lo antes expuesto, y tomando en consideración que en el presente asunto no se cumplen los extremos para que sea acordado un amparo cautelar, al no existir suficientes elementos de juicio que permitan en esta fase cautelar verificar la violación o amenaza de violación de los derechos constitucionales denunciados por la contribuyente, resulta forzoso para este Tribunal declarar IMPROCEDENTE la solicitud cautelar de amparo constitucional. Así se decide.
- V -
DISPOSITIVO
Por todo lo anteriormente expuesto en cuanto a los hechos y al derecho, éste Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara, lo siguiente:
1.- Su COMPETENCIA para conocer del presente recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y, subsidiariamente medida cautelar, en contra de la Resolución signada bajo letras y números No. SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2024/0192, de fecha ocho (08) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), emanada por la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integral de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
2.- Se ADMITE PROVISIONALMENTE el recurso contencioso tributario de nulidad interpuesto para conocer de la acción de amparo cautelar ejercida, en los términos señalados en el presente fallo.
3.- Se declara IMPROCEDENTE, en los términos señalados en el presente fallo, la acción de amparo cautelar ejercida por la sociedad mercantil “INVERSIONES EDUCACIONALES, C.A”, antes identificada; en contra de la RESOLUCIÓN No. SNAT/GGSJI/GR/DRAAT/2024/0192, de fecha ocho (08) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), emanada por la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integral de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Publíquese, regístrese y notifíquese al ciudadano Procurador General de la República de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; compulsada con copia certificada de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en horas de despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, en Maracaibo, a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025). Años 215º de la Independencia y 166º de la Federación.-
La Jueza Superior,
Dra. Maria Ignacia Añez. La Secretaria,
Abg. Keren Freites.
MIAC/lt.-
En la misma fecha se dictó y publicó esta decisión interlocutoria y se dejó la copia ordenada. Se registró bajo Nro. _____________.- Asimismo, se libró Oficio Nro. _______- 2025 dirigido al Procurador General de la República.
La Secretaria,
Abg. Keren Freites.
MIAC/lt.-
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