Expediente Número 37.011
Motivo: Interdicción
Número: 032-2.025
B.N.-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
CON SEDE EN CABIMAS


RESUELVE:


SOLICITANTE: El ciudadano SAUL RAMÓN CASTELLANO CASTELLANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad con número V-5.288.971, domiciliado en el Municipio Cabimas del Estado Zulia obrando con el carácter de Hermano del Entredicho, ciudadano DENNY JOSE CASTELLANO CASTELLANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad con número V-11.139.791, domiciliado en el Municipio Cabimas del Estado Zulia.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE SOLICITANTE: Los Profesionales del Derecho, Abogados en Ejercicio CARLOS MANUEL GONZALEZ y CARLOS JAVIER CHACIN, inscritos en el inpreabogado con números 171.834 y 72.728.-

ENTRADA: Treinta (30) de Enero del año 2.013

MOTIVO: Interdicción.-

SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva.-


RELACIÓN DE ACTAS


Consta en actas que el ciudadano SAUL CASTELLANO, antes identificado, asistido por la Profesional del Derecho Abogada ANGIE ALFONZO, inscrita en el inpreabogado con número 142.905 en su carácter de hermano DENNY CASTELLANO, presentó en fecha 06 de Diciembre del año 2.010 ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de los Municipios Ordinarios y Ejecutores de Medidas de los Municipios Cabimas, Santa Rita y Simón Bolívar del Estado Zulia, solicitud de interdicción y se declare a su hermano en interdicción por cuanto tiene un defecto intelectual que lo hace incapaz para afrontar aquellos asuntos e intereses que requieren su participación.-

Posteriormente, en fecha 30 de Enero del año 2.013, se recibe por ante este Juzgado la presente demanda emanada del Juzgado Primero de los Municipios Cabimas, Santa Rita y Simón Bolívar del Estado Zulia, ordenándose anotarlo en el libro cronológico correspondiente para luego resolver sobre su admisión. Luego en fecha 19 de Febrero del año 2.013, se admite la demanda y se fió día y hora para el traslado del Tribunal hasta el domicilio del presunto entredicho, fijándose el segundo día hábil de despacho siguiente a la fecha 25 de Febrero del año 2.013 cuando se dicto el auto correspondiente.-

En fecha 27 de Febrero del año 2.013, el ciudadano SAUL CASTELLANO, otorgó poder apud-acta a los abogados CARLOS GONZÁLEZ y CARLOS CHACIN inscritos en el inpreabogado con números 171.834 y 72.728.-

Luego, en fecha 19 de Marzo del año 2.013, este Tribunal en fecha dicto y publicó sentencia declarando la nulidad de la sentencia dictada en fecha 09 de mayo del año 2.011 por el Juzgado Primero de los Municipio Cabimas, Santa Rita y Simón Bolívar del Estado Zulia ordenando oficiar al Registro Público de los Municipio Cabimas, Santa Rita y Simón Bolívar del Estado Zulia haciendo las participaciones de ley. Igualmente, la interdicción Provisional del ciudadano DENNY CASTELLANO designando como tutor interino al ciudadano SAUL CASTELLANO, quien acepto el cargo recaído en su persona y presto el juramento de ley en fecha 08 de Abril del año 2.013 y en fecha 10 de Abril del mismo año se libraron los oficios correspondientes.-

Ahora bien, en fecha 02 de Mayo del año 2.013, el Tribunal dictó auto donde en virtud del cheque de gerencia consignado por el Apoderado Judicial de la parte Solicitante así como también por la Profesional del Derecho, Abogada LISEY LEE, inscrita en el inpreabogado con número 84.322, en su carácter de Apoderada Judicial de la empresa MAERSK CONTRACTORS VENEZUELA S.A., por la cantidad de Bs.F. 365.000,00 el cual fue base para la apertura de la cuenta bancaria correspondiente en el Banco Bicentenario librándose oficio número 37.011-518-13.-

Para la fecha cierta del 03 de Mayo del año 2.013, el Apoderado Judicial de la parte Solicitante CARLOS GONZALEZ, presentó diligencia buscando validar el acuerdo transaccional realizado con la empresa MAERSK CONTRACTORS VENEZUELA S.A., por lo que en fecha 28 de Mayo de ese mismo año, el Tribunal dictó auto donde se autorizo a los ciudadanos CARLOS CHACIN y XIOMARA CHIRINOS, a retirar las cantidades de dinero respectiva a cada uno.-

Aunado a esto, en fecha 19 de Junio del año 2.013, la ciudadana XIOMARA CHIRINOS, asistida de abogado, solicitó ser designada tutora Interina del ciudadano DANNY CHIRINOS.-

Finalmente, en fecha 20 de Marzo del año 2.023, el Tribunal dictó auto donde la Jueza Provisoria, Abogada ZULAY BARROSO OLLARVES, se abocó al conocimiento de la causa y en esa misma fecha el Alguacil consignó Boletas de Notificación libradas a las partes intervinientes, por falta de impulso procesal.-

MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN


Ahora bien, este Tribunal vistas las actas que conforman la presente causa, pasa hacer las siguientes consideraciones: Establece la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 416, publicada en fecha 28 de Abril de 2009, lo siguiente:
“...En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida de interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda y después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ´vistos´ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad producirá la perención de la instancia...” (Subrayado del Tribunal) Omissis.

En este orden de ideas, tenemos que, en sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia del Dr. JESÚS CABRERA ROMERO, de fecha 01/06/2001, se estableció que:
“…El artículo 26 constitucional, garantiza el acceso a la justicia, para que las personas puedan hacer valer sus derechos e intereses, y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Tal derecho de acceso a la justicia se logra mediante el ejercicio de la acción que pone en movimiento a la jurisdicción, la cual no garantiza una sentencia favorable, y que comienza a desarrollarse procesalmente desde que el juez admite o inadmite la demanda, la petición, el escrito o cualquier otra forma de inicio del proceso. El derecho de acceso a la justicia se ejerce al incoar la acción, pero ésta, al igual que el propio derecho de acceso, es analizada por el juez para verificar si se cumplen los requisitos que lo permiten, o la admisibilidad de la acción. Si ésta es inadmisible, el órgano jurisdiccional no tocará el fondo de los pedido, o denunciado. Cuando se rechaza in limine litis la acción, no hay negativa al derecho de acceso a la justicia, ya que se está emitiendo un fallo, en pleno ejercicio de la función jurisdiccional. A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce TENGA INTERÉS PROCESAL, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra-como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales: Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin …” (subrayado del Tribunal)

En el presente caso, es evidente para quien Sentencia, que se encuentra subsumido en el supuesto de hecho al que se refiere los anteriores criterios jurisprudenciales, ya que de la revisión de las actas, no se evidencia de las mismas ninguna actuación procesal, tendiente a impulsar el trámite inicialmente instaurado, verificándose que han transcurrido más de Once (11) años, desde que este Juzgado recibiera alguna solicitud de impulso para la causa.-

Ahora bien, en el caso de autos, la actitud de la accionante no demuestra la urgencia de obtener la tutela jurídica solicitada, ya que no ha cumplido con las cargas que le impone la Ley. En tal sentido, es criterio de esta Juzgadora, que no puede premiarse la inactividad de las partes, manteniendo activo un proceso en el cual no hay manifestación alguna de interés por obtener pronunciamiento alguno de éste órgano administrador de justicia, lo que constituye un signo evidente de abandono del trámite. ASÍ SE CONSIDERA.-

Por lo tanto, este Tribunal observa que la accionante identificada en autos, ni su abogado asistente, han impulsado el procedimiento consiguientes de ley, objetivamente ello se traduce en la posibilidad de apreciar que la misma ya no está interesada en activar el procedimiento o en impulsarlo hasta el estado en que haya de dictarse alguna Resolución, conducta omisiva que depende naturalmente de la voluntad de los justiciables; pero que afecta, sin duda, el normal desarrollo del servicio público de administración de justicia, por congestionar innecesariamente la actividad del Tribunal y distraer la atención del Juez sobre otros asuntos que sí la requieren, por lo que resulta forzoso e insoslayable para este Juzgado declarar en el dispositivo correspondiente, el DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL. En consecuencia, y de acuerdo con los postulados jurisprudenciales anteriormente citados, se declara TERMINADO el presente procedimiento. ASÍ SE DECIDE.-

DISPOSITIVO:

Por los fundamentos expuestos, éste JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas; Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA:

1. PRIMERO: DECAIMIENTO DE LA ACCION DEL JUICIO DE INTERDICCIÓN, incoada por la ciudadana SAUL RAMÓN CASTELLANO CASTELLANO, por la pérdida de interés procesal de la parte interesada, y en consecuencia TERMINADO el presente procedimiento. ASI SE DECIDE.-

2. SEGUNDO: No hay condenatorias en costas en virtud de la naturaleza del fallo.

PUBLIQUE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, así como en la página www.zulia.scc.org.ve. Deje copia por secretaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-

Dada sellada y firmada en la Sala del Despacho de este Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Cabimas, Veinte (20) de Febrero del año Dos Mil Veinticinco (2.025) – Años 214° de la Independencia y 165° de la Federación.-
LA JUEZA


ZULAY BARROSO OLLARVES
LA SECRETARIA

NORBELY FARIA SUAREZ





En la misma fecha, siendo las Doce del mediodía (12:00 m.), se dictó y publicó sentencia en el expediente 37.011, de la nomenclatura llevada por este Tribunal quedando anotada bajo el número 032-2.025.-
LA SECRETARIA

NORBELY FARIA SUAREZ