TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Sala Tercera
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia
Maracaibo, trece (13) de enero de 2025
214º y 165º

ASUNTO PRINCIPAL: 5C-23430-24
DECISIÓN No. 007-25

l. PONENCIA DE LA JUEZA SUPERIOR NAEMÍ DEL CARMEN POMPA RENDÓN
Quien aquí suscribe observa que la profesional del derecho Yenniffer González Pírela, titular de la cédula de identidad Nº V.- 16.017.731, en su condición de jueza superior adscrita a esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Zulia, presentó en fecha 07.01.2025 acta de inhibición con relación al conocimiento del asunto penal signado con la denominación alfanumérica 5C-23430-24, de conformidad con la causal establecida en el artículo 89, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en los artículos 90 y 92 ejusdem.
Il. DESIGNACIÓN DEL PONENTE
Al plantearse tal acción por parte de la jueza superior supra identificada, quien forma parte de esta Sala Tercera de Apelaciones, corresponde el conocimiento del presente asunto penal en calidad de ponente a la jueza superior Naemí del Carmen Pompa Rendón, quien con tal carácter suscribe la presente decisión, a tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
De manera que, visto que la jueza inhibida ostenta el carácter de Presidenta de la Sala, quien aquí decide adquiere tal condición, en atención a lo previsto en el primer aparte del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En virtud de la incidencia planteada, en fecha 10.01.2025, mediante decisión No. 005-25, se procedió a admitir la presente inhibición y, siendo esta la oportunidad procesal correspondiente, se constata el cumplimiento de las formalidades y demás trámites procesales que se encuentran contemplados en el Título III ''De la Jurisdicción” del Capítulo VI ''De la Recusación y la Inhibición” del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que, se procede a resolver el fondo de la incidencia en cuestión sobre la base de las siguientes consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales:

IlI. DE LA CAUSAL JURÍDICA DE LA INHIBICIÓN
INVOCADA POR LA JUEZA AD QUEM
La profesional del derecho Yenniffer González Pírela, titular de la cédula de identidad Nº V.- 16.017.731, en su carácter de jueza superior adscrita a esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Zulia, invocó como motivo de inhibición la causal prevista en el artículo 89, numeral 8 del texto adjetivo, que a la letra prevé lo siguiente: “8. Cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad”. (Subrayado y negrillas propio).
IV
FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA CAUSAL ALEGADA POR LA JUEZA SUPERIOR EN SU ACTA DE INHIBICIÓN
La jueza ad quem expuso en su acta de inhibición los fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales invocó la causal de in commento, destacando lo siguiente:
“…Quien suscribe, Yenniffer González Pirela, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.017.731, actuando en mi condición de jueza superior adscrita a esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por medio de la presente acta, expongo lo siguiente: me INHIBO de conocer el asunto penal signado con la denominación alfanumérica 5C-23430-24, contentivo del recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho Noé David Estrada Chacín, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el N° 244.370, quien refiere actuar con el carácter de defensor privado del ciudadano Gregorio Jeansito López Palmar, titular de la cédula de identidad N° V.- 31.220.851; el cual se dirige a impugnar la decisión N° 697-24 de fecha 29/11/2024 proferida por el Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, con ocasión a la audiencia de presentación de imputados.

En dicha oportunidad procesal, el referido órgano jurisdiccional declaró con lugar la aprehensión en flagrancia del ciudadano en mención y, en consecuencia, impuso en su contra medida de privación judicial preventiva de libertad por la presunta comisión del delito de Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con circunstancias agravantes, previsto y sancionado en el encabezado del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en concordancia con lo tipificado en el artículo 163, numeral 11 y de lo establecido en el artículo 3, numeral 24, ambos de la precitada ley especial.

Inhibición que suscribo toda vez que el mencionado abogado Noé David Estrada Chacín, de forma abusiva y con desprecio a la institución que represento como administradora de justicia ha adoptado una actitud irrespetuosa, despectiva, e inclusive amenazante hacia mi persona como jueza superior, acogiendo en reiteradas oportunidades estrategias dilatorias y difamatorias en mi contra, a objeto de evitar que conozca las causas penales en las que funge como parte interviniente, -lo cual se ve evidenciado en el hecho de su recurrente petición para que me inhiba de sus causas-, todo ello sobre la errónea percepción de un supuesto odio hacia éste, que puede traducirse como una enemistad manifiesta unilateral -de su parte, cabe aclarar-, la cual no tiene asidero jurídico alguno y no debe entenderse como una realidad, puesto que no tengo interés ni en su persona, ni en el presente asunto penal, ni mucho menos en ninguna de las causas que suben a mi escrutinio como jueza integrante de la Sala Tercera de Corte de Apelaciones, siendo que mi labor se circunscribe únicamente a administrar justicia conforme a las atribuciones y facultades que me son conferidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.

No obstante a ello, considero oportuno resaltar que si bien, de mi parte no existe ningún tipo de animadversión, que degenere en una enemistad manifiesta entre el abogado en mención y mi persona, vista la situación que ha acarreado la conducta asumida por éste, que, cabe reiterar es completamente reprochable en cuanto a derecho se refiere, considero que al momento de proferir una decisión en la causa, sea favorable, desfavorable o simplemente contraria a la pretensión defendida por éste, la misma puede ser interpretada como una forma de represalia o una afrenta personal en su contra, y siendo que, como ya señalé previamente, no tengo interés particular ni con los sujetos, ni con el objeto sobre el cual versa el caso de autos, a mi parecer lo más prudente es apartarme del conocimiento del presente asunto penal, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 89, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de garantizar la seguridad jurídica que asiste a las partes intervinientes.

Para fundamentar los planteamientos anteriormente expuestos, considero oportuno traer a colación lo establecido por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 123 de fecha 24/04/2012, que a su vez reiteró el criterio asentado mediante sentencia Nº 392 de fecha 19/08/2010, donde se expresó lo siguiente con relación a la imparcialidad que debe revestir al juez al momento de administrar justicia, a saber:

“(…) El juez, en el ejercicio de su función de administrar justicia, debe ser imparcial, esto es, no debe existir ninguna vinculación subjetiva entre él y los sujetos de la causa sometida a su conocimiento, ni con el objeto de la misma, ya que la presencia de algunos de esos vínculos conlleva a la inhabilidad del funcionario judicial para intervenir en ella. Para preservar la imparcialidad del juez o jueza, la ley consagra la institución de la recusación, la cual se concibe como el poder otorgado a las partes para solicitar la exclusión de aquél del conocimiento de una determinada causa, por cualquiera de los motivos expresamente previstos (…)”. (Destacado propio).

Por otra parte, la Sala Constitucional del máximo tribunal de la República, mediante sentencia Nº 656 de fecha 23/05/2012, estableció lo siguiente: “(…) un juez será inhábil para conocer de una causa o intervenir en ella, cuando en su persona concurra alguna de las circunstancias legales establecidas como causales de recusación e inhibición, que puedan crear duda sobre su imparcialidad, de suerte que la ley las califica como razones suficientes fundadas en una presunción “iure et de iure” de incompetencia subjetiva, o más propiamente dicho, de inhabilidad para intervenir en la causa (…)”. (Destacado propio).

Dentro de este contexto, estimo necesario destacar que el primer aparte del artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal, confiere la obligación de todos los funcionarios o funcionarias de inhibirse del conocimiento de una causa, cuando se encuentren inmersos en cualquiera de las causales consagradas en el artículo 89 ejusdem. Sobre este particular, el Dr. Arminio Borjas en sus diversas obras ha señalado lo siguiente: “(…) Los Ministros de Justicia han de conservarse imparciales y hacer que así se les considere por todo el mundo. No es menester, por lo tanto que se crean parcializados, basta con que teman estarlo y con que las partes o la sociedad puedan sospechar que lo estén (…)”, lo que también ha sido criterio reiterado por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual específicamente mediante sentencia Nº 388 de fecha 20/08/2021, estableció lo siguiente: “La Inhibición es una manifestación libre y espontánea del juez o funcionario judicial de separarse del conocimiento de la causa”. (Destacado propio).

De manera que, en aras de preservar la objetividad, transparencia, honestidad y ética profesional que caracteriza mi actuación como administradora de justicia, estimo necesario inhibirme del presente asunto, a objeto de evitar dudas a las partes intervinientes, -específicamente al ciudadano Noé David Estrada Chacín- respecto a mi proceder como órgano dirimente de la presente controversia, ello a tenor de lo previsto en el artículo 89, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal; garantizando de esta manera la seguridad jurídica que debe imperar en todo proceso penal y la esencia de los principios de nuestro sistema acusatorio.

Así las cosas, ofrezco ad effectum videndi, para que sea confrontado y devuelto el siguiente medio probatorio en tanto útil, necesario y pertinente a los fines de demostrar lo ampliamente descrito en el extenso de la presente acta, a saber: 1. Escrito de fecha 20/05/2024, mediante el cual narré una serie de situaciones que devienen de la conducta irrespetuosa y recurrente asumida por el abogado Noé David Estrada Chacín, titular de la cédula de identidad N° V.- 21.189.086, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) 244.370, dirigida en contra de este Tribunal de Alzada y directamente hacia mi persona investida en mi autoridad de jueza superior, adscrita a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, que fue debidamente recibida por la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia en fecha 22/05/2024, según se puede corroborar del sello y la rúbrica estampada por el funcionario receptor, inserta en la esquina superior derecha del folio N° 01; todo lo cual presento a objeto de sea tomado en cuenta por quien corresponda conocer al momento de resolver la presente incidencia.

En conclusión y en razón de los argumentos anteriormente expuestos, me inhibo voluntariamente de conocer del asunto penal signado con la nomenclatura 5C-23430-24, por encontrarme incursa en la causal prevista en el numeral 8 del artículo 89 Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 90 ejusdem; escrito que suscribo en Maracaibo, a los siete (07) días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025)…”. (Destacado original).

Es por los fundamentos anteriormente transcritos que la jueza inhibida considera que su imparcialidad puede verse cuestionada al momento de dirimir el fondo de la presente controversia, en razon de la animadversión por parte del abogado Noé David Estrada Chacín hacia su persona y que cualquier decisión que emita podría interpretarse como represalia o afrenta personal debido al conflicto generado, motivo que a su criterio conlleva al apartamiento del caso de autos.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR

De la revisión del cuaderno de inhibición, observa quien aquí suscribe que la profesional del derecho Yenniffer González Pirela, titular de la cédula de identidad No. V.- 16.017.731, en su carácter de jueza superior adscrita a esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, señaló en el acta ut supra transcrita, que al realizar un estudio previo del expediente signado por la Instancia con la denominación alfanumérica 5C-23430-24, constató la intervención del abogado Noé David Estrada Chacín, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el No. 244.370, quien refiere actuar con el carácter de defensor privado del ciudadano Gregorio Jeansito López Palmar, titular de la cédula de identidad No. V.- 31.220.851, alegando la Jueza inhibida que el mencionado profesional del derecho ha adoptado una actitud irrespetuosa, despectiva y amenazante hacia su persona como Jueza Superior, y así mismo que el referido abogado ha recurrido a estrategias dilatorias y difamatorias para que la misma se aparte del proceso, y aunque la jueza inhibida asegura no tener animadversión ni interés personal en el caso, considera que cualquier decisión que emita podría interpretarse como represalia o afrenta personal debido al conflicto generado, lo que por consiguiente acredita su apartamiento del asunto de autos.
Por tal motivo, dicha situación a su entender pudiera crear dudas a las partes respecto a su actuación como órgano subjetivo dirimente de la presente controversia, ello al poder verse afectada su objetividad e imparcialidad al momento de emitir pronunciamiento en la resolución de la incidencia planteada en el fallo correspondiente, por lo que, a su consideración se encuentra inmersa en la causal contenida en el artículo 89, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal
Una vez delimitados los motivos jurídicos y fácticos de la incidencia y la causal invocada por la jueza inhibida, se procede a decidir lo siguiente:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refiere en su artículo 257, que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, cuyo fin no es otro que procurar la protección y el restablecimiento de los bienes jurídicos que han sido lesionados, por lo que, resulta incuestionable que la persona encargada de administrar justicia debe estar revestida de criterios de autonomía, imparcialidad e independencia a los fines de garantizar su idoneidad.
De manera que, dicha idoneidad exige ante todo la imparcialidad, la cual, constituye una garantía mínima que a priori está preservada en el juzgador mediante el ejercicio de la inhibición y a posteriori en las partes mediante la recusación, ambos, mecanismos procesales diseñados por el legislador para garantizar la imparcialidad del juez al momento de dirimir la controversia sometida a su consideración, de modo que, la solución del caso no se vea regida por algún interés distinto a la correcta aplicación del derecho y la justicia. Para complementar tales argumentos, se hace necesario traer a colación la decisión de fecha 11/10/2011, emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ponencia del magistrado Paúl José Aponte Rueda, que estableció lo siguiente:

“El proceso penal es una realidad delimitada por reglas imperativas de estricto orden público, que regulan y disciplinan sus actos para alcanzar la finalidad específica para la que fueron dispuestos por el legislador. Determinando el ordenamiento jurídico la posibilidad de recusar, dado que para conocer, sustanciar y decidir una causa, no sólo se necesita una competencia objetiva, sino también subjetiva. Así pues, la eficacia de la función jurisdiccional demanda confianza y percepción de certeza en la concreción del derecho tanto sustantivo como adjetivo. De manera que, la actividad jurisdiccional debe verificarse por personas investidas con la idoneidad precisa para el desempeño de sus atribuciones, siendo primordial en la administración de justicia la fuerza moral y la rectitud”. (Subrayado y negritas propio de esta Sala).

A tal efecto, el juez al administrar justicia debe ser imparcial, esto es, que no puede existir relación alguna entre el juzgador y las partes que intervienen en una causa, ni con el objeto sobre el cual esta versa, toda vez que, tal circunstancia vicia el proceso, afectando la competencia subjetiva de éste. Así las cosas, es preciso señalar que la inhibición está dirigida a resguardar el proceso a través de un juez natural e imparcial y en caso que vea comprometida su imparcialidad, debe separarse del conocimiento de la causa en concreto.
En este sentido, considera pertinente quien aquí decide, acoger el criterio jurisprudencial sostenido por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en el fallo No. 123 de fecha 24.04.2012, con ponencia de la magistrada Ninoska Beatriz Queipo Briceño, en el cual se ratificó el criterio de la Sala de Constitucional del máximo Tribunal de la República establecido mediante sentencia Nº 211 dictada en fecha 15.02.2001, en los siguientes términos:
"…La inhibición es un deber jurídico impuesto por la ley al funcionario judicial de separarse del conocimiento de una causa, en virtud de encontrarse en una especial vinculación con las partes, con el objeto del proceso o con otro órgano concurrente en la misma causa, calificada por la ley como causal de recusación y, por ser un deber procesal (…) Ciertamente, el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal dispone las causales o fundamentos legales en las cuales deben fundarse las inhibiciones formuladas por los Jueces o Profesionales o Escabinos, Fiscales del Ministerio Público, Secretarios, Expertos e Intérpretes, así como cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, que consideren que le son aplicables una o algunas de las causales señaladas en el citado artículo, toda vez que las mismas versan sobre la imposibilidad del funcionario judicial, para intervenir en la controversia sometida a su conocimiento (…)”. (Negritas y subrayado propio de esta Sala).

Como consecuencia de ello, se evidencia que la figura jurídica de la inhibición es un deber impuesto por el legislador al funcionario o funcionaria de separarse del conocimiento de una causa por tener algún vínculo o interés con las partes y, es por ello que, ha dedicado un capítulo dentro de la norma procesal para su debido trámite, consagrando de esta manera en el artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal las causales por las cuales deben fundarse las inhibiciones formuladas por los jueces profesionales, secretarios, expertos e intérpretes, así como cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial que consideren que le son aplicables una o algunas de las causales señaladas en el artículo referido, toda vez que las mismas versan sobre la inhabilidad del funcionario o funcionaria judicial para intervenir en la controversia sometida a su conocimiento; dichos motivos de limitación subjetiva del juzgador o juzgadora, se refieren únicamente a la relación entre el juez o jueza, con las partes del proceso que éste conoce, o su relación con el objeto del mismo.
Dentro de esta perspectiva, es oportuno citar un extracto del contenido del artículo 89 ejusdem, en el cual se sustenta la causa legal de inhibición, y al respecto preceptúa:

“Artículo 89. Causales de inhibición y recusación.

Los jueces y juezas los o las fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, pueden ser recusados o recusadas por las causales siguientes:
(…omissis…)

“8. Cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad”. (Destacado de la Sala).

De la citada norma procesal, se contempla de manera enunciativa las causales de carácter objetivo y subjetivo en que deben fundarse las inhibiciones formuladas por los jueces y, en general, por cualquier funcionario del Poder Judicial que considere le es aplicable una o varias de tales causales, toda vez que las mismas versan sobre los motivos, circunstancias que impiden a los funcionarios judiciales su intervención en los asuntos sometidos a su conocimiento y, en el presente caso, se observa que la incidencia planteada por la jueza inhibida se sustenta en la causa legal de inhibición contenida en el numeral 8 del artículo ut supra señalado.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el autor Alberto Binder, en su obra “Introducción al Derecho Procesal Penal”, establece lo siguiente:

“…En cuanto a la recusación o inhibición ha establecido la doctrina que son mecanismos procesales establecidos para preservar la imparcialidad del Juez, entendiendo por ésta que el Juez para la solución del caso, no se dejará llevar por ningún otro interés fuera del relacionado con la aplicación correcta de la Ley y la solución justa para el litigio, tal como la Ley lo prevé…”. (Autor y obra ut supra citados. Pág. 320 y 321). (Destacado propio de esta Sala).

De la referida cita, quien aquí decide observa que el autor en mención define la inhibición como una institución de orden público, que por su naturaleza intrínseca constituye un acto judicial que se traduce en la separación voluntaria (motu propio) del juez del asunto sometido a su consideración, lo cual busca preservar la imparcialidad y probidad del juez, entendiendo por esta que el juez, para la solución del caso, no se deje llevar por ningún otro interés fuera de la aplicación correcta de la ley y la solución justa del litigio, tal como la ley lo prevé. De manera tal, que la inhibición es un acto judicial, -esto es, que lo realiza el juez o jueza y no puede ser solicitado por una parte que espera lograr su exclusión del conocimiento de una causa en particular-, por considerar que se encuentra comprometida su competencia subjetiva.
Circunscritos al caso de autos, se observa que el motivo de la incidencia planteada por la jueza inhibida en el presente asunto penal signado por la Instancia con la denominación alfanumérica 5C-23430-24, se debe a la actitud irrespetuosa, despectiva, amenazante y reiterada por parte del abogado Noé David Estrada Chacín, quien funge como defensa privada del imputado de autos en el presente asunto penal, hacia su persona como administradora de justicia, recurriendo el referido abogado a estrategias dilatorias y difamatorias para que la jueza ad quem se aparte del proceso, asegurando la jueza inhibida que no tiene animadversión ni interés personal en el caso, no obstante a ello, considera oportuno resaltar que si bien, de su parte no existe ningún tipo de animadversión, que degenere en una enemistad manifiesta entre el abogado en mención y su persona, vista la situación que ha acarreado la conducta asumida por éste, considera que al momento de proferir una decisión en la causa, sea favorable, desfavorable o simplemente contraria a la pretensión defendida por éste, la misma puede ser interpretada como una forma de represalia o una afrenta personal en su contra..
En tal sentido, resulta evidente que la profesional del derecho Yenniffer González Pírela, titular de la cédula de identidad No. V.-16.017.731, en su condición de jueza superior adscrita a esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Zulia, se encuentra inhabilitada para emitir pronunciamiento con relación al asunto penal signado con la nomenclatura 5C-23430-24, por estar incursa en la causal de inhibición establecida en el artículo 89, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, probada en la existencia de una animadversión por parte del profesional del derecho Noé David Estrada Chacín, quien como ya se indicó previamente, funge como defensa privada del imputado de autos en el presente asunto penal.
Dentro de este contexto, se hace necesario destacar que la funcionaria judicial que se inhibe en su carácter de operadora de justicia, al momento de redactar su acta de inhibición, lo hizo con base a un planteamiento veraz y efectivo en el cual no media duda de las circunstancias que la motivaron a realizarla, por lo que, quien aquí decide, considera que lo ajustado a derecho es esbozar un pronunciamiento afirmativo a su planteamiento, ante la posibilidad de verse afectada la imparcialidad de la juzgadora, en virtud de lo establecido en el artículo 89, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que sería lesivo y contrario al debido proceso y a la garantía de una tutela judicial efectiva que la misma conociera de la causa, puesto que ello pudiera conllevar a la afectación de los derechos e intereses de las partes intervinientes en el presente proceso penal. Así se decide.-
En virtud de lo anteriormente expuesto, quien aquí decide considera que lo procedente en derecho es declarar CON LUGAR la inhibición presentada en fecha 07.01.2025 por la profesional del derecho Yenniffer González Pírela, titular de la cédula de identidad No V.- 16.017.731, en su carácter de jueza superior adscrita a esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Zulia, por cuanto de los argumentos explanados por ésta, se desprenden evidencias serias sobre la existencia de una causal que la hace inhábil para conocer del asunto penal signado con la nomenclatura 5C-23430-24, de conformidad con lo establecido en el artículo 89, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en los artículos 90 y 92 ejusdem, ello al existir un obstáculo subjetivo que pudiera comprometer su imparcialidad al momento de resolver la controversia en cuestión. Así se declara.-

Vl
DISPOSITIVA
Por los fundamentos antes expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
ÚNICO: CON LUGAR la inhibición presentada por la profesional del derecho Yenniffer González Pírela, titular de la cédula de identidad No. V- 16.017.731, en su carácter de jueza superior adscrita a esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, con ocasión al asunto penal signado con la nomenclatura 5C-23430-24, de conformidad con lo establecido en el artículo 89, numeral, 8 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en el artículo 99 ejusdem, en aras de evitar dudas a las partes intervinientes sobre la imparcialidad a la que pueda estar sujeta como administradora de justicia que es en el presente proceso. Así se decide.
Publíquese y regístrese en el libro respectivo, déjese copia certificada en archivo, a los fines legales consiguientes.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, Sala Tercera del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en Maracaibo, a los trece (13) día del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025). Años: 214° de la Independencia y 165° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR

NAEMÍ DEL CARMEN POMPA RENDÓN
Presidenta de la Sala Accidental - Ponente

LA SECRETARIA

PAOLA DEL CARMEN CASTELLANO ORTIZ

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo que antecede y se registró en el libro de decisiones llevado por esta Sala en el presente mes y año, bajo el No. 007-25 en la causa signada con la denominación alfanumérica 5C-23430-24.

LA SECRETARIA

PAOLA DEL CARMEN CASTELLANO ORTIZ

NCPR//marge.s :*
Asunto Principal: 5C-23430-24
Decisión Nº: 007-25