TSJ Regiones - Decisión

DE LA PIEZA DE MEDIDAS
Expone el apoderado judicial de la parte actora, que consta en actas, la acción judicial que por resolución de contrato y ejecución de la clausula penal, ha sido interpuesta por ante este juzgado, incoada por su representado, en contra de la sociedad mercantil TRANSPORTE SARU COMPAÑÍA ANÓNIMA, ya identificada, que por medio del presente escrito de solicitud cautelar, expone que su andante desea asegurar las resultas del presente juicio, por ello solicitando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 3° del artículo 588 ejusdem, se sirva decretar medida preventiva de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el bien inmueble objeto del contrato de opción de compra-venta, propiedad de los demandados de actas.
Arguye que los demandados previamente identificados, son propietarios de un inmueble constituido por un terreno que está ubicado en el Sector denominado Cañada Alta, jurisdicción del Municipio San Francisco, Distrito Maracaibo del estado Zulia, y el cual tiene una superficie de DOS MIL TRECIENTOS TREITA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON SESENTA CINCO CENTÉTIMAS DE METROS CUADRADOS (2.334,65 mts ²), dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE: en línea quebrada de siete segmentos de trece con cincuenta nueve centímetros (13,59 mts) un metro con cuarenta y cinco centímetros (1,45 mts), dos metros con setenta y cinco centímetros (2,75 mts), diecisiete metros con cuarenta centímetros (17,40 mts), catorce metros con cincuenta y siete centímetros (14,57 mts) y quince metros con sesenta y cuatro centímetros (15,64 mts), lo que hace un total de ochenta y un metros con veinticuatro centímetros (81,24 mts), lindantes con terrenos ocupados por Enrique Reyes, Nerio Añez y Ángel Rosales Añez; SUR: Sesenta y dos metros con treinta y nueve centímetros (62,39 mts) lindantes con vía pública; ESTE: dieciocho metros con cuarenta y siete centímetros (10,47 mts), lindantes con terrenos propiedad de Salome Aderán Acevedo y otros ocupados por otros personas; y OESTE: en línea quebrada por dos segmentos de veintidós metros con noventa y cuatro centímetros (22,94 mts) y catorce metros con sesenta y cuatro centímetros (14,64 mts) lo que hace un total de treinta y siete metros con cincuenta y ocho centímetros (37,58 mts), lindantes con terrenos ocupados por Pablo Cáceres. Dicho inmueble le pertenece a la promitente vendedora, la sociedad mercantil TRANSPORTE SARU COMPAÑÍA ANÓNIMA, según se evidencia de Documento debidamente Protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito del Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, en fecha 08 de octubre del año 1987, inscrito bajo el No. 2, Protocolo 1ero, Tomo 2° 4to Trimestre. Y les pertenece a los ciudadanos en su condición de herederos del causante NESTOR JOSE BOHORQUEZ RINCON, titular de la cédula de identidad No. V-3.927.028, según consta en Declaración Sucesoral emitida por el SENIAT, en fecha 29 de diciembre del año 2009, Declaración No. 000308.
Expone que los demandados mediante la defraudación patrimonial de los intereses que le corresponden a su mandante, omisión de los promitentes vendedores y su resistencia a cumplir sus obligaciones contractuales al no ponerle interés en el hecho cierto que los promitentes vendedores, han resuelto en forma unilateral el contrato de opción de compraventa, ya que procedieron a devolver el dinero completo en forma parcial, el cual recibieron en arras, que alcanza la suma de VEINTE MIL DOLARES AMERICANOS (US $20.000,00), de los VEINTICINCO MIL DOLARES AMERICANOS (US $ 25.000,00), en el que fue pactada la compraventa, tanto por los promitentes vendedores como el promitente comprados, asimismo, se evidencia en la pieza principal que el día 10 de octubre de 2024, mi mandante se trasladó hasta la Oficina Inmobiliaria REMAX ULTRA, en su calidad de promitente comprador, para entregarle a la ciudadana MARISABEL KATHERINE FERNANDEZ NAVA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad No. V-10.431.663, domiciliada en esta ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia, en su condición de representación antes identificada, la suma de CINCO MIL DOLARES AMERICANOS (US $ 5.000,00), mediante pago efectivo, por concepto de la cantidad restante correspondiente al pago total de la compraventa de un inmueble, objeto del referido contrato de opción a compra, de fecha 11 de septiembre de 2024, debidamente autenticada por ante la Notaria Pública Primera de Maracaibo, inscrito bajo el No. 48, Tomo 19, Folios 170 hasta 173, arguye que dicho pago no fue aceptado por la referida ciudadana, aduciendo que no tenía la facultad completa de recibirlo, ya que no es la única apoderada e igualmente la documentación requerida a los propietarios del inmueble, para la forma de la compraventa definitiva ante el Registro Inmobiliario competente, no está totalmente lista, asimismo, logró comunicación con el ciudadano ERNESTO JOSE BOHORQUEZ MORALES, suficientemente identificado, de ello fueron testigos presenciales las ciudadanas ARCELIA MARGARITA DIAZ CASTELLANOS y MARIAN MICHELL PETIT NAVA, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-14.097.695 y V-27.558.059, respectivamente según se evidencia de documento privado identificado como minuta de reunión, otorgado el día 10 de octubre de 2024, en la Oficina Inmobiliaria de REMAX ULTRA.
II
FUMUS BONI IURIS
En lo que respecta al presente requisito, establece el solicitante, que los demandados han incumplido con todas las obligaciones contenidas en el contrato de opción de compraventa, celebrado en fecha 11 de septiembre de 2024, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Maracaibo, inscrito bajo el No. 48, Tomo 19, Folios 170 hasta 173, lo cual acredita el cumplimiento del requisito para la procedencia de la medida cautelar solicitada.
III
PERICULUM IN MORA
Esgrime, que al no haber cumplido los promitentes vendedores con sus obligaciones para llevar a efecto la compraventa definitiva, ya que en forma unilateral procedieron a resolver el contrato de opción de compraventa, con la devolución del dinero dado en arras por mi mandante, queda pendiente la penalidad contractual contenida en el susodicho documento de opción de compraventa que ellos mismos estipularon en el noventa porciento (90%) de lo que mi mandante dio en arras, que alcanza la suma de DIECIOCHO MIL DOLARES AMERICANOS (US $ 18.000,00), se configura el fumus periculum in mora, vista la actitud de los promitentes vendedores, mi mandante corre el peligro de que los vendedores puedan en forma fraudulenta traspasar el inmueble objeto de la opción de compraventa a un tercero, por lo tanto mi mandante tiene derecho a que se le decrete la medida cautelar que le pueda garantizar las resultas del juicio correspondiente.
Arguye, que en fundamento a las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, solicita previo cumplimiento de las formalidades legales correspondientes, se decrete medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar, sobre el inmueble conformado por un terreno que está ubicado en el Sector denominado Cañada Alta, jurisdicción del Municipio San Francisco, Distrito Maracaibo del estado Zulia, y el cual tiene una superficie de DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON SESENTA CINCO CENTÉTIMAS DE METROS CUADRADOS (2.334,65 mts ²), dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE: en línea quebrada de siete segmentos de trece con cincuenta nueve centímetros (13,59 mts) un metro con cuarenta y cinco centímetros (1,45 mts), dos metros con setenta y cinco centímetros (2,75 mts), diecisiete metros con cuarenta centímetros (17,40 mts), catorce metros con cincuenta y siete centímetros (14,57 mts) y quince metros con sesenta y cuatro centímetros (15,64 mts), lo que hace un total de ochenta y un metros con veinticuatro centímetros (81,24 mts), lindantes con terrenos ocupados por Enrique Reyes, Nerio Añez y Ángel Rosales Añez; SUR: Sesenta y dos metros con treinta y nueve centímetros (62,39 mts) lindantes con vía pública; ESTE: dieciocho metros con cuarenta y siete centímetros (10,47 mts), lindantes con terrenos propiedad de Salome Aderán Acevedo y otros ocupados por otros personas; y OESTE: en línea quebrada por dos segmentos de veintidós metros con noventa y cuatro centímetros (22,94 mts) y catorce metros con sesenta y cuatro centímetros (14,64 mts) lo que hace un total de treinta y siete metros con cincuenta y ocho centímetros (37,58 mts), lindantes con terrenos ocupados por Pablo Cáceres. Dicho inmueble le pertenece a la promitente vendedora, la sociedad mercantil TRANSPORTE SARU COMPAÑÍA ANÓNIMA, según se evidencia de Documento debidamente Protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito del Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, en fecha 08 de octubre del año 1987, inscrito bajo el No. 2, Protocolo 1ero, Tomo 2° 4to Trimestre. Y les pertenece a los ciudadanos en su condición de herederos del causante NESTOR JOSE BOHORQUEZ RINCON, titular de la cédula de identidad No. V-3.927.028, según consta en Declaración Sucesoral emitida por el SENIAT, en fecha 29 de diciembre del año 2009, Declaración No. 000308.
En este orden, procede esta Operadora de Justicia a hacer un análisis de los extremos establecidos en la Ley Adjetiva Civil para la procedibilidad de la medida cautelar innominada por medio de la vía de causalidad, y en consecuencia, considera pertinente citar el contenido del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el cual reza textualmente:

“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el juez sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. (Negrillas del Tribunal).

A su vez, el artículo 588 eiusdem, prevé:
“En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa las siguientes medidas:

1. El embargo de bienes muebles,
2. El secuestro de bienes determinados,
3. La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.

Podrá también el juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.

Parágrafo Primero. Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.”. (Negrillas del Tribunal).

Los artículos citados, condicionan la admisibilidad de las medidas cautelares innominadas a la concurrencia de unos requisitos que deben ser comprobados con medios de prueba que configuren:
1. Que haya una presunción del buen derecho, es decir, una presunción que haga verosímil que el peticionante de la medida tenga el derecho invocado y que la sentencia pudiera favorecerlo.
2. Que exista el riesgo de que si no se decreta la medida el fallo que se dicte siendo favorable al peticionante pueda hacerse de difícil o imposible ejecución.
3. Un fundado temor de que una de las partes pueda ocasionar lesiones graves de difícil reparación al derecho de la otra.

En cuanto a la instrumentalidad de las medidas cautelares, estableció la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, según sentencia de fecha 27 de marzo de 2006, lo que a continuación se transcribe:
“… La Sala reitera los anteriores criterios y establece que la nota característica que distingue a las medidas cautelares es su instrumentalidad; es por ello que la finalidad de las cautelas no es hacer justicia sino garantizar el efectivo y eficaz funcionamiento del proceso. De allí que, no se puede pretender que el juez se comporte como si estuviera resolviendo el fondo de la causa, es decir, no se le puede exigir al sentenciador que para decretar una medida analice las alegaciones y las pruebas de fondo como debiera hacerlo en el proceso principal.

En efecto, no compete al ámbito de las medidas cautelares la resolución del fondo de la controversia, sino como ya se dijo, lo que corresponde es asegurar la efectividad de la sentencia que se dicte en el juicio principal; por tanto, en la esfera cautelar el juez ‘sólo está obligado a efectuar un juicio de mera probabilidad sobre la existencia del derecho reclamado y sobre el peligro de que quede ilusorio la ejecución del fallo, requisitos que en la doctrina se conocen como el fumus bonis iuris y pericum in mora…”. (Negrillas del Tribunal).

Sobre los requisitos a que hace alusión el artículo 585 de la ley adjetiva civil, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 27 de julio del año 2004, estableció que:
“…De conformidad con lo previsto en el precedente artículo, la medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) La presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris); y, 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (perículum in mora). Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil…” (Subrayado de la jueza).

Igualmente, la misma Sala dictó decisión en fecha 18 de abril del año 2006, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, en la cual dejó pautado:

“…Esta Sala ha manifestado en múltiples oportunidades y aquí se reitera una vez más, que el otorgamiento de providencias cautelares sólo es posible una vez cumplidos los requisitos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se han verificado, efectivamente y en forma concurrente, los dos elementos esenciales para su procedencia, los cuales son: 1) la presunción grave del derecho que se reclama (fumus bonis iuris), 2) que exista el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, (periculum in mora); (Subrayado y negritas de la jueza).

Ahora bien, exige el solicitante, se le conceda la Tutela Cautelar, según los presupuestos y requisitos exigidos por la Vía de Causalidad contenidos en el artículo 585 y
588 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente, para el decreto de medidas cautelares innominadas, a saber, FUMUS BONIS IURIS, o verosimilitud del buen Derecho; PERICULUM IN MORA, o temor objetivo por parte del pretensor, de ver frustrado su derecho, por conductas inherentes a la parte demandada.
IV
FUMUS BONIS IURIS
DE LA VEROSIMILITUD DEL DERECHO QUE SE RECLAMA.
Una vez conocida la medida cautelar requerida por la parte demandante, en la presente causa de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, es menester para esta Juzgadora pasar a realizar una “sumaria cognición” que le permita obtener y hacer emerger la verosimilitud o mera apariencia de la procedibilidad en derecho de la pretensión debatida, y que se reduce al requisito del FUMUS BONIS IURIS o verosimilitud del derecho que se reclama.
En virtud de ello se establece que, el fumus bonis iuris, no es un juicio de verdad (que corresponde a la decisión de fondo) sino un juicio de probabilidades por medio del cual se llega a la presunción de quien solicita la cautela, es decir, es el “aparente” titular del derecho reclamado, sin perjuicio de que durante el juicio pueda demostrarse lo contrario.
Lo anteriores fundamentos expuestos, hace merecedor a la parte demandante como el aparente titular del derecho reclamado, dentro de esta valoración superficial que realiza esta operadora de justicia, dejando a salvo la valoración definitiva correspondiente de tales documentales en la sentencia de mérito a dictarse, de acuerdo a la actividad procesal realizada por las partes, y en consecuencia, queda evidenciado el cumplimiento del primer requisito. Así se establece.
V
PERICULUM IN MORA
DE LA VEROSIMILITUD EN LA FRUSTRACIÓN DE LA PRETENSIÓN POR EL DECURSO PROCEDIMENTAL
Se base en la urgencia en evitar la frustración del eventual derecho aducido por el demandante como fundamento de su pretensión, aunado al sustento mismo de la Tutela Asegurativa Preventiva, a saber, evitar que se frustre o quedare ilusoria la Tutela Jurisdiccional, es la ratio essendi del Instituto, que junto a la instrumentalidad, perfilan las peculiaridades procedimentales de la Tutela Cautelar; sin embargo, con el objeto de asegurar la legitimidad del ejercicio de la Potestad Jurisdiccional preventiva se exige del solicitante, la acreditación sumaria de elementos probatorios, que hagan emerger en el juzgador verosimilitud simple de la premura en la protección de la situación fáctica, durante el iter procesal.
Surge así, el segundo de los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares nominadas solicitada por el actor, formulada en virtud al decurso del proceso, y a la garantía de asegurar las resultas de un eventual fallo, en caso de ser favorable, a lo cual, en virtud de la acción interpuesta, así como de las documentales consignadas en el expediente principal acompañados.
Así, observa esta Juzgadora, someramente de los documentos acompañados con la escritura libelar, así como en el devenir del presente proceso, configuran el requisito Periculum in mora, requisito concurrente para el decreto de una medida cautelar nominada.
Ahora bien, del análisis superficial dentro de la potestad cautelar concedida a esta operadora de justicia, considera la misma que tales medios probatorios, crean la verosimilitud de la premura en la protección a la parte actora en virtud de la situación fáctica que se deduce de tales documentales, y en consecuencia, se entiende cumplido este requisito, sin que eso implique que se prejuzgue sobre el fondo del asunto controvertido, ya que se deja a salvo la valoración de todos los medios de prueba en sentencia definitiva conforme la actividad procesal de las partes. Así se establece.
En definitiva, esta Operadora de Justicia considera que se encuentran llenos los extremos que hacen procedente el decreto de la cautelar solicitada por el actor, teniendo como principio o norte que las medidas cautelares pueden ser decretadas siempre teniendo en consideración la magnitud del presunto agravio causado, en razón de ello, atendiendo a lo antes razonado, y la documentación consignada por la parte actora, considera este órgano jurisdiccional que los extremos legales antes analizados se encuentran cubiertos. Así se establece.
VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Así las cosas, luego de un análisis minucioso del presente asunto, y debido al tipo de medida solicitada, es oportuno resaltar que la finalidad de las medidas cautelares no es hacer justicia sino garantizar el efectivo y eficaz funcionamiento del proceso, en palabras más precisas, asegurar las resultas del juicio ventilado; por tales motivos, en esta fase cautelar, el juez sólo debe efectuar un juicio de mera probabilidad y no podrá analizar alegaciones de fondo como si se estuviera en sentencia definitiva, ello atendiendo al carácter instrumental de las medidas. Así se observa.
Sobre las medidas cautelares, el autor patrio, Rafael Ortiz Ortiz, en su obra “El Poder Cautelar General y las Medidas Nominadas”; nos ilustra:
“las medidas cautelares son para los órganos jurisdiccionales una función de tutela y para los particulares una pretensión. Lo hemos dicho también en otras palabras, las medidas cautelares mediatamente están en función de la majestad de la justicia e inmediatamente en el aseguramiento concreto de la relación sustancial debatida”.
Y en razón a la potestad cautelar del juez, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 2.531, de fecha 20 de diciembre de 2.006, establece:
“La potestad cautelar como garantía inherente al derecho a la tutela judicial efectiva, le confiere a los jueces la obligación de procurar las medidas necesarias para que la necesidad del proceso para obtener razón no se convierta en un daño para quien la tiene, dando así cumplimiento al contenido del artículo 257 de la Constitución, conforme al cual el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia…”

Con relación a lo anterior, esta Sala en sentencia de fecha 29 de abril de 2008, caso: Inversiones La Económica C.A., y Otras contra Del Sur Banco Universal C.A., y otros, Exp. Nº 2007-000369, señaló lo siguiente:
“…Del precedente jurisprudencial parcialmente transcrito, se evidencia indefectiblemente que la decisión sobre las cautelares debe circunscribirse a la previa verificación de los extremos de Ley, para acordar su procedencia, sin que pueda el juez, por Ningún motivo, partir de algún elemento de fondo para fundamentar su decisión. De lo contrario, atentaría contra la verdadera esencia de las medidas preventivas, que no es otra que “…superar la demora que implica el proceso principal y el riesgo de que el demandado adopte conductas que dificulten la efectividad de la sentencia...”. En otras palabras, el juez debe tener extremo cuidado en el proceso cautelar, por cuanto la finalidad de éste, por ser distinta al propósito del juicio en el cual son dictadas las medidas, ya que éste último es un proceso de conocimiento en el cual sólo se persigue el reconocimiento de la petición expresada en la demanda, mientras que la finalidad de la medida preventiva no es, como se ha indicado, la declaración del derecho reclamado; sino el aseguramiento material y efectivo, la ejecutividad de la sentencia que declara la existencia del derecho reclamado.
(…Omissis…)
Ahora bien, en la situación que se analiza, el requisito de congruencia exige precisamente que la decisión del superior respecto a la medida cautelar se ajuste a resolver específicamente sobre su mantenimiento o revocación, debiendo el juez someterse plenamente a las alegaciones, oposiciones y pruebas aportadas por las partes y circunscribirse a las defensas y demás argumentaciones que realice el afectado en su escrito de oposición a la medida cautelar, sin que por ningún motivo pueda en dicho pronunciamiento valerse de argumentaciones que son aplicables a la sentencia de fondo. Es decir, no puede el sentenciador pronunciarse acerca de una medida cautelar solicitada, de modo que su decisión se convierta en una apreciación adelantada, de la forma en la cual puede ser resuelta la cuestión debatida…”
Conforme a lo expuesto anteriormente el juez al pronunciarse sobre una medida cautelar debe regirse únicamente en razón a los elementos vinculados con la cautela, es decir, requisitos de procedencia y demás aspectos relacionados, por lo que en modo alguno puede extender su pronunciamiento en una incidencia cautelar sobre el tema de fondo que deberá ventilarse en el juicio principal, de lo contrario, atentaría contra la verdadera esencia de las medidas preventivas, que no es otra que:
“…superar la demora que implica el proceso principal y el riesgo de que el demandado adopte conductas que dificulten la efectividad de la sentencia...”.
Con lo cual resulta evidente que en cuanto al periculum in mora es necesario su comprobación, con el objeto de asegurar la legitimidad del ejercicio de la potestad jurisdiccional, se exige por parte del solicitante, la acreditación sumaria de elementos probatorios, que hagan emerger en la juzgadora verosimilitud simple de la premura en la protección de la situación fáctica. No basta alegarla, es imperativo probarla.
Aunado a ello establece la sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en fecha 25 de enero de 2008, en el Exp, AP42-G-2007-000056:
“Así las cosas, prima face, de los anteriores documentos se desprende la presunción de la existencia de un vicio en el consentimiento de la venta protocolizada en fecha 1° de febrero de 2000, lo que se traduce en la posibilidad de que las pretensiones de la demandante tengan el sustento fáctico y jurídico para incoar una acción de carácter contractual, a los fines de obtener una decisión definitiva a su favor en el presente proceso, salvo que en el curso del mismo las partes demandadas desvirtúen la existencia de vicios en los contratos de venta cuya nulidad se pretende.
Ahora bien, en criterio de esta Corte, de las actas agregadas se desprende la existencia de buen derecho para el otorgamiento de la protección cautelar solicitada, siendo que el riesgo de la ejecución ilusoria del fallo, deviene en el hecho de que el inmueble “Carolina” ha sido vendido nuevamente, situación que puede convertirse en repetitiva y lesionadora de los derechos no solo del Instituto Autónomo aquí demandante, sino de los terceros que de buena fe acudan al llamado de las posibles ofertas de venta”.

Ahora bien, de las actas se evidencia que la parte actora, solicita medida cautelar nominada a los fines de que garanticen sus derechos en ocasión a evitar que se haga ilusoria la ejecución del fallo, lo cual conlleva a esta Administradora de Justicia a dictaminar el decreto de la medida cautelar solicitada, por lo que en aras a la Tutela Judicial Efectiva, Derecho a la Defensa y el Debido proceso los hechos narrados y plasmados en la presente solicitud producen suficiente convencimiento para este Tribunal, en relación al requisitos previamente mencionados como lo son el Fumus Boni Iuris y el Periculum in Mora. ASI SE DECIDE.
VII
DECISIÓN
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, decreta:
ÚNICO: DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre el inmueble conformado por un terreno que está ubicado en el Sector denominado Cañada Alta, jurisdicción del Municipio San Francisco, Distrito Maracaibo del estado Zulia, y el cual tiene una superficie de DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON SESENTA Y CINCO CENTESÍMAS DE METRO CUADRADO (2.334,65m2) dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE: en línea quebrada de siete segmentos de trece con cincuenta y nueve centímetros (13,59mts) un metro con cuarenta y cinco centímetros (1,45mts), quince metros con noventa y cuatro centímetros (15,94mts) dos metros con setenta y cinco centímetros (2,75mts), diecisiete metros con cuarenta centímetros (17,40mts) catorce metros con cincuenta y siete centímetros (14,57mts) y quince metros con sesenta y cuatro centímetros (15,64mts), lo que hace un total de ochenta y un metros con veinticuatro centímetros (81,24mts), lindantes con terrenos ocupados por Enrique Reyes, Nerio Añez y Ángel Rosales Añez; SUR: Sesenta y dos metros con treinta y nueve centímetros (62,39mts) lindantes con vía pública; ESTE: dieciocho metros con cuarenta y siete centímetros (18,47 mts), lindantes con terrenos propiedad de Salome Aderán Acevedo y otros ocupados por otras personas; y OESTE: en línea quebrada por dos segmentos de veintidós metros con noventa y cuatro centímetros (22,94mts) y catorce metros con sesenta y cuatro centímetros (14,64mts) lo que hace un total de treinta y siete metros con cincuenta y ocho centímetros (37,58mts), lindantes con terrenos ocupados por Pablo Cáceres. Dicho inmueble le pertenece a la sociedad mercantil TRANSPORTE SARU COMPAÑÍA ANÓNIMA, según se evidencia de Documento debidamente Protocolizado ante la Oficina del Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha 08 de octubre del año 1987, inscrito bajo el No. 2, Protocolo 1ero, Tomo 2° 4to Trimestre.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE.
Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en la muy noble y leal ciudad de Maracaibo, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación.