TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS
Maturín, Diecinueve (19) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)
214° y 165°
PARTE DEMANDANTE: Ciudadano FELIX ANTONIO MORABITO GÓMEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.353.766, Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 27.486 con domicilio procesal en la Avenida Bicentenario Edificio Torre CO-FEL, Piso 1, Apartamento N° 14 actuando en su carácter de BENEFICIARIO, de dos (02) Letras de Cambio, las cuales fueron Endosadas a la orden del ciudadano PEDRO YAÑEZ BOJETE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.911.606 domiciliado en la siguiente dirección: Sector Pueblo Nuevo Sur, Carrera 4 cruce con calle 11, casa S/N El Tigre Estado Anzoátegui.

PARTE DEMANDADA: ciudadano FRANCISCO DANIEL GASCON SICMONIN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-18.825.234 con domicilio actual en la siguiente dirección: Conjunto Residencial la Pradera Número B-63 Etapa I de la Ciudad Residencial Bello Campo Etapa II ubicada en el Sector Tipuro del Municipio Maturín del Estado Monagas o en su defecto en la Urbanización Los Tucanes, Calle 2, Casa N° 16 de esta Ciudad de Maturín del Estado Monagas.

REPRESENTACION JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No constituye.

MOTIVO: COBRO DE BOLíVARES (VIA INTIMACIÓN).

ASUNTO: MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR.

SENTENCIA: Interlocutoria.

Vista la anterior diligencia de fecha Doce (12) de noviembre del año en curso suscrita y consignada por el abogado en ejercicio FELIX ANTONIO MORABITO GÓMEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.353.766, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 27.486, con domicilio procesal en la Avenida Bicentenario Edificio Torre CO-FEL, Piso 1, Apartamento N° 14, mediante la cual ratifica solicitud de Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, pero esta vez sobre el Cincuenta por ciento (50%) de la Parcela de Terreno y las Bienechurias perteneciente a la parte demandada, consistente en Un inmueble consistente en una Parcela de Terreno y las Bienhechurias sobre el Construidas, propiedad del demandado ubicada en la Urbanización Juanico Este, Calle El Tubo, entre Calle Florida y Avenida Raúl Leoni, Casa S/N, Parroquia Las Cocuizas del Municipio Maturín del Estado Monagas, debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maturín del Estado Monagas , en fecha 02 de Enero del año 2017; anotado bajo el Número 2017.9, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el número 387.14.7.8.3380 y correspondiente al Libro del Folio Real del año 2017 cuyo documento de propiedad se acompaña al escrito libelar marcado con la letra “A”.
Ahora bien, de la revisión exhaustiva de los recaudos anexos al escrito libelar y a los fines de este Juzgado pronunciarse en relación a la medida solicitada, se observa que el documento de propiedad anexo marcado con la letra “A”, emanado de la Alcaldía del Municipio Maturín del Estado Monagas debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maturín del Estado Monagas , en fecha 02 de Enero del año 2017; anotado bajo el Número 2017.9, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el número 387.14.7.8.3380 y correspondiente al Libro del Folio Real del año 2017, especiofica la venta de una parcela de Ejido Municipal, misma que quedó adjudicada a los ciudadanos ROSANA TERESA DUQUE ROMÁN y FRANCISCO DANIEL GASCÓN SCMONI, venezolanos, mayor de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-12.123.836 y V-18.825.234 respectivamente y de este domicilio.
En tal sentido, esta Jurisdicente expone las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas a las exigencias de ley que debe demostrar quien solicita el decreto de este tipo de medidas.
Las medidas cautelares son un instrumento necesario para la eficiencia de la justicia y este poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). En cuanto al primero de los requisitos mencionados, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Con referencia al segundo de los requisitos, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama. (Negrita y cursiva del Tribunal).
Establece el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil:
“Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.” (Negrita y Cursiva del Tribunal).

Ahora bien, con respecto a las medidas cautelares en el procedimiento monitorio, el Dr. Ricardo Henriquez La Roche, en su Obra Medidas Cautelares, ha señalado: “…En el procedimiento por intimación es necesario hacer una doble distinción: la medida que se decreta antes de la oportunidad de oposición y la que se decreta luego de precluida ésta. En este último caso el embargo es evidentemente ejecutivo, por haber pasado a la autoridad de cosa juzgada el decreto intimatorio (artículo 1.930 CC). En cambio, la medida que se decreta antes de la oportunidad de oposición es de naturaleza preventiva, pues tiene carácter provisional por estar pendiente la eventualidad del juicio de conocimiento, y se refiere por ello el legislador a las tres medidas preventivas típicas en el artículo 646…”.

Estas medidas varían en sus condiciones de procedibilidad según el documento fundamental que exhiba el intimante: si es un título negociable, es decir, cedible o endosable desde el punto de vista comercial, patrimonial (facturas aceptadas, letras de cambio, pagarés, cheques, etc.), o si se trata de instrumentos públicos o privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, el juez decretará la medida preventiva sin que goce de poder discrecional alguno que pueda llevarle a negar el decreto por razones de equidad o cautela.

De lo antes mencionado se evidencia que para acceder a la providencia cautelar, el intimante debe fundamentar su pretensión en cualquiera de los instrumentos que indica la referida norma, en razón de la verosimilitud conferida a los nombrados instrumentos. Las medidas preventivas en este procedimiento especial de intimación están basadas en los instrumentos fundamentales de la demanda en las cuales el legislador considera, indispensable y obligatorio el fumus boni iuris, en razón de lo cual, en estos procedimientos especiales no se le exige al solicitante de la medida, el cumplimiento de los requisitos de las cautelares en el procedimiento ordinario.

Así las cosas, tal criterio viene siendo sostenido en forma pacífica y reiterada por la extinta Corte Suprema de Justicia y no modificado por el Tribunal Supremo de Justicia, tal como se estableció en decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fecha 26-07-1989, en los siguientes términos: “…Las medidas cautelares establecidas en el primer supuesto del artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, no incumben al poder discrecional del Juez como ocurre tanto en el segundo supuesto del mismo artículo, como en el ámbito mercantil a tenor del artículo 1.099 del Código de Comercio. La medida cautelar en este procedimiento es de carácter preventivo y provisional de hecho directo es tipo de documento que fundamenta la demanda. El artículo 646 del Código de Procedimiento Civil determina específicamente, cuáles son los instrumentos que distinguen ambos supuestos…”

El FUMUS BONIS IURIS: traducido literalmente quiere decir “humo de buen derecho”, más, en su acepción semántica debe entenderse como apariencia o aspecto exterior del derecho; es la apreciación del Buen Derecho. El Fumus Bonis Iuris constituye el primer requisito que debe verificar el Juez al enfrentarse a la obligación de decretar una providencia cautelar. En palabras sencillas, se traduce en la presunción, que hace el Administrador de Justicia, en cuanto al riesgo que quede ilusoria la ejecución de la Sentencia Definitiva.

El PERICULUM IN MORA: son las condiciones o presupuestos requeridos para la obtención y amparo de una medida cautelar, ésta última es la decisión cautelar ejecutada durante un juicio y presenta características peculiares según el tipo de proceso al cual cautela, condiciones basadas en el tiempo de duración del proceso íntegramente.

El objetivo de una medida cautelar es asegurar a través de la tutela judicial efectiva los derechos de las partes que puedan ser otorgados en el proceso y ser burlados por las acciones de la contraparte, haciendo inútil las resoluciones dictadas por el Tribunal. Sin embargo, para la procedencia de estas medidas, el Juez aunque disfruta de amplios poderes al dictarlas, debe ser ponderado y reflexivo ya que están en juego derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución tales como el derecho de propiedad, derecho al trabajo, derecho a la libertad económica, entre otros.

Esta Jurisdicente después de haber examinado el libelo de demanda y los recaudos anexos al mismo, y en atención a que la acción propuesta se encuentra amparada en nuestra legislación por las normas que citó el demandante en su respectivo libelo, y por último considerando que pudiera quedar ilusoria la ejecución de un posible fallo que favorezca los intereses del demandante, respecto de lo cual no se emite opinión por ser asunto concerniente al fondo, y a los fines de no crear con ello una situación que pueda causar daños irreparables a las partes en el transcurso del presente juicio, procurando garantizar siempre las resultas de la presente acción, el Tribunal acuerda de conformidad. En consecuencia conforme con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, decreta la siguiente medida:

1.- MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los derechos de propiedad pertenecientes al ciudadano FRANCISCO DANIEL GASCON SICMONI sobre el bien inmueble constituido por una Parcela de Terreno con una superficie de Cuatrocientos Treinta Metros Cuadrados con Cincuneta y Siete Centímetros (430,57 M2) ubicada en la Juanico Este, Calle El Tubo, entre Calle Florida y Avenida Raúl Leoni, Casa S/N, Parroquia Las Cocuizas del Municipio Maturín del Estado Monagas, situada dentro del tipo de Zonificación V1-1, alinderada de la siguiente manera: NORTE: Casa que es o fue de ciudadano Ebert Marcano, en veintiun metros con veintiocho centimetros (21,28 mts); SUR: Casa que es o fue de la ciudadana Nellys Palmare, en veintitrés metros con cuarenta y un centímetros (23,41 mts); ESTE: Terreno que es o fue del Municipio, su fondo en veinte metros con quince centímetros (20,15 mts); y OESTE: Calle El Tubo, su frente en diecinueve metros con setenta y cuatro (19,74 mts), según consta de documento debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maturín del Estado Monagas, en fecha 02 de Enero del año 2017; anotado bajo el Número 2017.9, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el número 387.14.7.8.3380 y correspondiente al Libro del Folio Real del año 2017.

Se ordena librar oficio al Registro correspondiente, para hacer de su conocimiento esta decisión. Cúmplase.

JUEZA SUPLENTE

ABG. PRISCILLA PÁEZ
LA SECRETARIA

ABG. MILAGRO MARIN

Exp. 35.140
PP/MM//Yt