TSJ Regiones - Decisión

Exp.13712.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

En virtud de la distribución de ley realizada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Sede Judicial, signada con el Nº TSM-174-2023, correspondió conocer a este Juzgado Superior el conocimiento de las actas referidas a la inhibición formulada por la Abg. ADRIANA LUISA MARCANO MONTERO, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-9783.213, en su carácter de Jueza del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en el juicio que por NULIDAD DE CONTRATO DE FIANZA interpuesto por la Sociedad Mercantil LA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, Estado Miranda, en fecha 02 de noviembre de 1990, bajo el Nº 21, Tomo 44-A-PRO, modificado en su documento estatutario en reiteradas ocasiones, siendo la ultima contenido en el acta de asamblea debidamente registrada por el precipitado Registro Mercantil en fecha 07 de diciembre de 2016, bajo el Nº 3, Tomo 208-A; en contra de la Sociedad Mercantil IDEAS INVERSORA INTERNACIONAL, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 12 de septiembre de 2007, bajo el Nº 07, Tomo 98-A, modificado en su documento estatutario en reiteradas ocasiones, siendo la ultima modificación la que consta en el acta de asamblea debidamente registrada por el precipitado Registro Mercantil en fecha 09 de diciembre de 2022, bajo el Nº 2, Tomo 88.
Este Juzgado de Alzada le dio entrada a este expediente mediante auto de fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024); y en base a ello, este Juzgado Superior procede a dictar su máxima decisión procesal, previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA COMPETENCIA

La inhibición planteada fue formulada por la Abg. ADRIANA LUISA MARCANO MONTERO, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-9.783.213, en su carácter de Jueza del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en el juicio que por NULIDAD DE CONTRATO DE FIANZA interpuesto por la Sociedad Mercantil LA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., en contra de la Sociedad Mercantil IDEAS INVERSORA INTERNACIONAL, C.A.; por lo que corresponde a este Juzgado, como Órgano Jurisdiccional Superior pronunciarse acerca de la procedencia o improcedencia de la inhibición planteada por la profesional del derecho ut supra identificada, ello en conformidad con lo previsto en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, será conocedor de la presente inhibición. ASÍ SE DECLARA.
II
DE LOS ANTECEDENTES
En fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), la Abg. ADRIANA LUISA MARCANO MONTERO, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-9.783.213, en su carácter de Jueza del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, formulo inhibición en base a los siguientes términos:
“(…) demanda ésta de cuyo conocimiento me inhibo formalmente, pues es el caso que, una vez efectuada la revisión de la misma, pude percatarme que se trata de un caso sobre el cual emití opinión indirectamente, ya que hace aproximadamente dos (02) meses el profesional del derecho José Ignacio Baptista me abordó en los pasillos del Tribunal a mi cargo y me consulto sobre un caso que había llegado al bufete de abogados del que forma parte, manifestándome sobre el mismo que la empresa de seguros LA INTERNACIONAL DE SEGUROS, C.A. habría otorgado unas fianzas de fiel cumplimiento y anticipo a una sociedad mercantil representada por un ciudadano de nombre Edgar Díaz Raal, para que sirviera de garantía en otro contrato que la empresa representada por el referido ciudadano tenía con Carbones del Zulia, S.A., pero que a la fecha el mencionado ciudadano no aparecía y dejó de cumplirle a la misma, por lo que lo mas probable es que dicha empresa procediera a ejecutar la fianza con la aseguradora, procediendo entonces la empresa se (sic) seguros a su vez a verificar el estado de los bienes dados en contragarantía por la empresa del referido ciudadano, percatándose que los mismos no existían; razón por la cual me comento que la aseguradora pretendía incoar una demanda de nulidad de contrato de fianza y solicitar medidas contra la empresa por el ciudadano Edgar Díaz Raal. En ese sentido, escuchado su planteamiento procedí a manifestarle que jurídicamente eso no es viable desde mi punto de vista, ya que la empresa aseguradora al momento de otorgar la fianza se constituye en fiadora solidaria y principal pagadora del afianzado, siendo obligación de la misma pagar a la empresa que otorgó el anticipo y en todo caso ejercer posteriormente su derecho de cobro frente al afianzado, por ejemplo, con el ejercicio de una acción por repetición, además que la nulidad de ese contrato dejaría desprotegida a la empresa perjudicada por el incumplimiento del afianzado, en la cual no solo tiene participación decisiva el Estado, sino que además presta una actividad de interés publico.
Ahora bien si bien es cierto que de ninguna forma tengo relación con las partes intervinientes en el juicio, no es menos cierto que, una vez que se le dio entrada al expediente en mi Tribunal, me percate que se trata de la misma causa sobre la cual había sido consultada anteriormente, por lo cual resulta evidente que ya me he formado un criterio respecto al asunto en cuestión incluso antes de que se haya interpuesto formalmente una demanda, criterio que hasta este momento sostengo, lo que implicaría juzgar sin la transparencia que se le debe a todo aquel usuario de justicia que acude ante los órganos jurisdiccionales en busca de una tutela judicial efectiva, por lo que considero necesario manifestar mi voluntad de inhibirme al conocimiento de la presente causa, numerada bajo el No. 49.991, ello en virtud de que tal como lo he señalado en líneas anteriores, he efectuado pronunciamiento indirecto al fondo del asunto, formándome un criterio determinado sobre la presente demanda, el cual yo misma manifesté a uno de los apoderados judiciales de la parte actora, lo que implicaría un prejuzgamiento sobre las resultas del juicio. De este modo aplicando la causal contenida en el numeral 15° del articulo 82 del Código de Procedimiento Civil, (…), considerando que los argumentos emitidos por esta juzgadora se encuentran tan intima y directamente vinculados con el fondo de la pretensión propuesta en esta oportunidad, procedo a Inhibirme formalmente del conocimiento de la demanda interpuesta.
En derivación, dada la existencia de dicha causal, en aras de mantener la transparencia de la justicia y lealtad procesal, garantizando a las partes la objetividad e imparcialidad que requieren de la persona que juzga y dirime la controversia planteada, me INHIBO formalmente señalando que la referida inhibición obra en contra de la parte demandante.
Las actuaciones en relación a la incidencia fueron recibidas por ante la secretaría de este Juzgado en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), el cual se le dio entrada en misma fecha, encontrándose dentro del lapso para decidir de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual se procede a dictar sentencia previa las siguientes consideraciones:
III
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Tomando en consideración la totalidad de los elementos probatorios que fueren consignados al presente expediente por quien pretende servirse de los efectos que pudiere producir la inhibición, a fines de que se acredite lo alegado y el Juez tenga plena convicción de los hechos, este Juzgado Superior Segundo decide bajo previas consideraciones:
Toda vez que el Juez tiene pleno conocimiento de los instrumentos normativos respectivos, y a su vez, de los derechos y las obligaciones que de su labor derivan, el legislador impone dos (02) figuras o instituciones legales que regulan la potestad del Juez de conocer sobre determinados asuntos, siempre y cuando existiere relación alguna con una o ambas partes intervinientes en el proceso, afectando de este modo, la imparcialidad del Jurisdicente al momento de decidir. Éstas se denominan: Inhibición y Recusación.
La primera de ellas, alude a la actuación voluntaria del Juez, por la que decide abandonar el conocimiento de determinado proceso, por encontrarse inmerso en alguno de los supuestos señalados para la Recusación. Esto es, el reconocimiento voluntario del Jurisdicente acerca de la imposibilidad de conocer sobre determinado asunto tramitado por ante el Órgano Jurisdiccional bajo su cargo, por tener vinculación con alguna de las partes del proceso, que pudiere afectar directa o indirectamente la parcialidad al momento de poner fin a la controversia.
En principio, cualquier Juez que se encuentre inmerso en cualquiera de estas mencionadas causales y tuviere conocimiento de esta, se encuentra en el innegable deber de apartarse voluntariamente de la causa en curso, haciéndose valer su debida inhibición. Sin embargo, ante el supuesto de existir omisión de su parte concerniente a la causal en la que halle inmerso, las partes se encuentran investidas de la facultad de solicitar tal apartamiento, siendo esta la institución de la recusación, lo que deberá entonces ser decidido por un Juez Superior.
Es pertinente traer a colación, el primer aparte del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:
“(…) El funcionario judicial que conozca que en su persona exista alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse, a fin de que las partes, dentro de los dos días siguientes, manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido. (…)”.

Complementario a lo anteriormente indicado, el doctrinario Arminio Borjas, establece en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”. Editorial Biblioamericana. Tomo I, Pág. 263, lo siguiente:
“La justicia ha de ser siempre obra de un criterio imparcial. Cuando el funcionario encargado de administrarla en un negocio dado, se hace sospechoso de parcialidad por concurrir en su persona algún motivo capaz de inclinar su voluntad a favor o en contra de alguna de las partes, pierde el atributo esencial de los dispensadores de justicia, sufre de incompetencia personal y es inhábil para conocer del negocio o para intervenir en él. Es natural que por motu propio declare el motivo de su inhabilidad y se separe de toda intervención en el asunto (…)”.

En tal sentido, evidencia este Juzgado Superior Segundo, que la Juez en su escrito inhibitorio, manifiesta lo siguiente:
“(…Omissis…)
(…)De este modo aplicando la causal contenida en el numeral 15° del articulo 82 del Código de Procedimiento Civil, (…), considerando que los argumentos emitidos por esta juzgadora se encuentran tan intima y directamente vinculados con el fondo de la pretensión propuesta en esta oportunidad, procedo a Inhibirme formalmente del conocimiento de la demanda interpuesta.”
Por lo expuesto precedentemente, se considera que la competencia subjetiva se origina, por la ausencia de toda vinculación del operador de justicia con los sujetos o con el objeto de dicha causa, determinándose de manera expresa, que en el caso in examine, se subsumen las circunstancias de la referida disposición legal, al manifestar el Juez en cuestión, su voluntad de inhibirse de conocer de la presente causa, en cumplimiento de su insoslayable deber jurisdiccional.
De igual manera es menester para este Juzgado Superior traer a colación lo preceptuado en la sentencia No. 2140 proferida en fecha 07 de agosto de 2003, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual establece la posibilidad que tiene el Juez de inhibirse en base a causales que no se encuentren taxativamente establecidas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, al indicar lo siguiente:
“…Sin embargo, la Sala la sala ha reconocido que estas causales no abarcan todas las conductas que puede desplegar el juez a favor de una de las partes, lo cual resulta lógico, pues “los textos legales envejecen (…) y resulta anacrónicos para comprender nuevas situaciones jurídicas, y la reforma legislativa no se produce con la rapidez necesaria para brindar las soluciones adecuadas que la nueva sociedad exige” (Enrique R. Aftalión. Introduce al Derecho. Tercera edición. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1999, p. 616). En este sentido, la Sala en sentencia N°144/2000 del 24 de marzo ha indicado lo siguiente:
En la persona del Juez del Juez Natural además de ser un Juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor V.G.S. (Constitución y Proceso. Editorial Tecno. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) ser independientemente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crea inclinaciones inconscientes. La Transparencia en la administración de justicia, que garantizara el artículo 26 de la vigente constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del Juez. La parcialidad objetiva de éste no solo se (sic) emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes; y así una recusación hubiese sido declarada sin lugar, ello no significa que la parte fue juzgada por un juez imparcial si los motivos de parcialidad existieron, y en consecuencia la parte así lesionada careció de juez natural; 3) tratarse de una persona identificada e identificable; 4) preexistir como juez, para ejercer la jurisdicción sobre el caso, con anterioridad al acaecimiento de los hechos que se van a juzgar es decir no ser un tribunal de excepción; 5) ser un juez idóneo como lo garantiza el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez se apto para Juzgar, en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar.
En virtud de lo anterior, visto que la recusación es una institución destinada a garantizar la imparcialidad del Juzgador, cuyas causales, aunque en principio taxativas para evitar el abuso en las recusaciones, no abarcan todas aquellas conductas del Juez que lo hagan sospechoso de parcialidad, y en aras de preservar el derecho a ser juzgado por un juez natural, lo que implica un juez predeterminado por la ley, independiente, idóneo e imparcial, la Sala considera que el Juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el articulo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique, en modo alguno dilaciones indebidas o retardo judicial…”.
En base a lo expresado, esta Superioridad concluye, si bien el legislador plantea dentro de su ordenamiento jurídico adjetivo civil las causales por las que se ejerce Recusación en contra del Juez que ha venido conociendo de la causa; o bien el mismo Jurisdicente se aparta voluntariamente del asunto al que se refiera acogiéndose a la figura de la Inhibición. En el caso sub judice la Abog. ADRIANA MARCANO, manifiesta de manera expresa en su escrito de inhibición que podría estar en duda su parcialidad, por cuanto ha manifestado su opinión al fondo del asunto, y así lo plasmó al momento de presentar la inhibición, por lo expuesto, es válido que la Juez haya planteado su inhibición, y así este Tribunal Superior debe decretarla. Hacer lo contrario, sería avalar que en el ejercicio de la justicia se incumpla uno de sus deberes fundamentales: La imparcialidad en el conocimiento de los asuntos sometidos a la competencia del órgano jurisdiccional. Así pues, se evidencia de lo antes expuesto, que la inhibición formulada se subsume a las circunstancias del dispositivo contenido en el artículo 82, de igual manera a lo preceptuado en el Artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, todo ello siguiente el criterio jurisprudencial establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de lo cual y en cumplimiento de su labor manifestó su voluntad de inhibirse de conocer la presente causa y por consiguiente, este Despacho deberá declarar impretermitiblemente CON LUGAR la inhibición propuesta por la ABOG. ADRIANA MARCANO JUEZA DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
IV
DISPOSITIVO

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, en la INHIBICIÓN formulada por la Abog. ADRIANA MARCANO, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-9.783.213, en su carácter de Jueza del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en el juicio que por NULIDAD DE CONTRATO DE FIANZA interpuesto por la Sociedad Mercantil LA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, Estado Miranda, en fecha 02 de noviembre de 1990, bajo el Nº 21, Tomo 44-A-PRO, modificado en su documento estatutario en reiteradas ocasiones, siendo la ultima contenido en el acta de asamblea debidamente registrada por el precipitado Registro Mercantil en fecha 07 de diciembre de 2016, bajo el Nº 3, Tomo 208-A; en contra de la Sociedad Mercantil IDEAS INVERSORA INTERNACIONAL, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 12 de septiembre de 2007, bajo el Nº 07, Tomo 98-A, modificado en su documento estatutario en reiteradas ocasiones, siendo la ultima modificación la que consta en el acta de asamblea debidamente registrada por el precipitado Registro Mercantil en fecha 09 de diciembre de 2022, bajo el Nº 2, Tomo 88; declara:

PRIMERO: CON LUGAR la inhibición propuesta por la Abog. ADRIANA MARCANO, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-9.783.213, en base a la causal número 15 del Articulo 82 del Código de Procedimiento Civil, en su carácter de Jueza del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA; que impide el conocimiento del juicio que por NULIDAD DE CONTRATO DE FIANZA interpuesto por la Sociedad Mercantil LA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., en contra de la Sociedad Mercantil IDEAS INVERSORA INTERNACIONAL, C.A.,, todos ut supra identificados plenamente.

SEGUNDO: No hay condenatoria en costas procesales, dada la naturaleza del fallo.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, déjese copia de la presente decisión a los fines previstos por el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase por Secretaría copia certificada y déjese en este Tribunal, remítase el presente expediente en la oportunidad correspondiente.
NOTIFÍQUESE por oficio de esta decisión al juez inhibido, en acatamiento de la sentencia Nº 1175, de fecha 23 de noviembre de 2010, proferido con carácter vinculante por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expediente Nº 08-1497.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, al primer (01) día del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024). AÑOS: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,
DRA. ISMELDA LUISA RINCÓN OCANDO. EL SECRETARIO,
ABOG. JONATHAN LUGO.
En la misma fecha, siendo las dos y treinta minutos de la tarde (02:30 p.m.) y, previo el anuncio de Ley dado por el Alguacil a las puertas del Despacho, se dictó y publicó el fallo que antecede bajo el número S2-018-2024.
EL SECRETARIO
ABOG. JONATHAN LUGO.

Exp. 13.712