TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, cinco (05) de febrero de 2024
213° y 164°.
(ACLARATORIA)

PARTE DEMANDANTE: RAFAEL JOSE CUBILLAN ORTEGA, venezolano, mayor de edad, titular de cedula de identidad N°V-7.785.314, domiciliado en la ciudad de Miami Florida de los Estados Unidos de Norteamérica, representado por los abogados en ejercicio JULIO CESAR MOLINA ROJAS y MOISES DAVID MOLINA VERA, titulares de la cedula de identidad V-3.939.931 y V-20.277.402, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 13.566 y 292.301, respectivamente, ambos domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia.

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil HOTEL SANTA BARBARA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha seis (06) de agosto de 1985, bajo el Nº 82, Tomo 44ª, posteriormente reformados sus estatutos en fecha veinte (20) de noviembre de 2020, bajo el Nº 40, Tomo 33ª, RM1, en la persona de sus directores, los ciudadanos DANIEL ANDRES VILLASMIL CUBILLAN y DIEGO ANDRES CAMPOS CUBILLAN, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nros. V-19.989.366 y V-19.341.766, domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia, representados por los abogados en ejercicio JORGE FRANK VILLASMIL COLINA, VERONICA BRICEÑO MOLERO y JONAS CASTELLANOS GAVIDIA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 47.886, 141.617 y 278.602, todos de este mismo domicilio.

MOTIVO: RENDICIÓN DE CUENTA.
I
RELACION DE ACTAS
Con ocasión al juicio de RENDICIÓN DE CUENTA, seguido por el ciudadano RAFAEL JOSE CUBILLAN ORTEGA, en contra de los ciudadanos DANIEL ANDRES VILLASMIL CUBILLAN y DIEGO ANDRES CAMPOS CUBILLAN, todos previamente identificados en el inicio del presente fallo, este Tribunal en fecha primero (01) de febrero de 2024, declaró lo siguiente:
(…OMISSIS…)
“PRIMERO: PROCEDENTE la oposición formulada por la representación judicial de la parte actora, RAFAEL JOSE CUBILLAN ORTEGA, representado por los abogados en ejercicio JULIO CESAR MOLINA ROJAS Y MOISEES DAVID MOLINA VERA, suficientemente identificados, y en consecuencia, SUSPENDIDOel juicio de cuentas en el presente juicio de RENDICION DE CUENTAS intentado en contra de los ciudadanosDANIEL ANDRES VILLASMIL CUBILLAN Y DIEGO ANDRES CAMPOS CUBILLAN, previamente identificados.
SEGUNDO:de conformidad con lo establecido en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, se fija un lapso de cinco (05) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado la ultima notificación de las partes con el objeto de que tenga lugar la contestación a la demanda y su continuación por los trámites del proceso ordinario previsto en los articulo 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: En relación a la falta de cualidad del actor alegada por la parte demandada se deja expresa constancia que por ser tal defensa una defensa de fondo la misma se resolverá con punto previo en la sentencia de merito.

CUARTO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión. “

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Al respecto, resulta oportuno realizar las siguientes consideraciones con relación a la figura de la ampliación o aclaratoria de las decisiones judiciales:
El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, constituye el fundamento legal de la aclaratoria, y plantea todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha veintisiete (27) de junio de dos mil siete (2007) (caso: Luisa Rojas Isea), sostuvo lo siguiente:
“…La materia en relación con la cual debe resolver la Sala Constitucional en esta oportunidad, versa sobre la solicitud de aclaratoria del fallo antes mencionado, dictado por esta Sala el 15 de diciembre de 2006. Al respecto, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece la procedencia de la citada figura, en el tenor siguiente: …omissis… Sobre el alcance de la disposición normativa citada, esta Sala señaló, en la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2000 (caso: Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, S. R. L.), “...que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar...”. (Subrayado y Negrilla del Tribunal).

En este mismo sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 01 de junio de 2015, sentencia No. 649, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, se pronuncio en los siguientes términos:
“En este sentido, considera la Sala preciso recordar lo expresado al respecto por la doctrina y jurisprudencia nacionales, de que la posibilidad de aclarar o ampliar la sentencia, tiene como propósito la de rectificar los errores materiales dudas u omisiones, que se hayan podido cometer en el fallo. Pero, con la advertencia, de que la facultad no se extiende hasta la revocatoria o reforma de éste, sino a corregir las imperfecciones, que le resten claridad a sus declaraciones.
En consecuencia, la posibilidad de hacer aclaratorias o ampliaciones de las decisiones judiciales está limitada a exponer con mayor precisión algún aspecto del fallo que haya quedado ambiguo u oscuro, bien porque no esté claro su alcance en un punto determinado de la sentencia (aclaratoria); o bien, porque se haya dejado de resolver un pedimento (ampliación). Además, la aclaratoria permite corregir los errores materiales en que haya podido incurrir la sentencia (errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos). (Vid. sentencia N° 3243/02; caso: María Concepción Aponte y otros).
De allí que, las solicitudes de aclaratoria, ampliación o corrección de sentencias no pueden contener, en ningún caso, la pretensión de que ésta se revoque o reforme.
De lo anterior se concluye, en primer lugar, la imposibilidad de que el tribunal revoque o reforme su propia decisión -sea definitiva o interlocutoria sujeta a apelación- lo cual responde a los principios de seguridad jurídica y de estabilidad e inmutabilidad de las decisiones judiciales. Sin embargo, ciertas correcciones, en relación con el fallo que haya sido dictado, sí le son permitidas al tribunal, por cuanto no vulneran los principios antes mencionados, sino, por el contrario, permiten una eficaz ejecución de lo decidido, tal y como lo efectuó esta Sala Constitucional en oportunidades anteriores (vid. sentencia N° 566/00 caso: Spirydon Makrynioti). Ello responde al mandato contenido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: “El Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión…”. (Negritas del Tribunal)
Para enfatizar, y a objeto de profundizar en lo narrado anteriormente, la Máxima Instancia de la Jurisdicción Constitucional de Venezuela, en sentencia No.1620 de fecha 19 de noviembre de 2014, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, dejó sentado el deber del juez de corregir errores materiales, incluso una vez transcurrido el lapso para la aclaratoria. A tal efecto, indicó la Sala:
…Con lo anterior quiere destacar esta Sala, que habiéndose percibido la señalada incongruencia de fechas, mucho tiempo después del ‘día de la publicación [del fallo] o en el siguiente’, como se indica en la parte in fine del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, así como transcurrido el lapso para apelar, no le era dable al ejecutante hacer uso de tales mecanismos, como los exigió erradamente, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda en su sentencia del 15 de noviembre de 2010.
Cabe destacar, que la falta de ejercicio del recurso de apelación por parte de la ciudadana Carmen Fidelia Reinoza, no obedeció a negligencia alguna de su defensa, sino que a pesar de haber obtenido una sentencia parcialmente con lugar, optó porque se procediera a la ejecución del fallo, tal como se desprende de diligencia presentada el 31 de julio de 2006, cursante al folio 74 de la pieza principal del expediente.
En consecuencia, era al juez de la causa a quien le correspondía como director del proceso y garante del derecho a una tutela judicial efectiva y eficaz, efectuar la inmediata corrección del error material, puesto que en autos constaban los datos exactos del documento que de forma errada se indicó en la sentencia que había de protocolizarse; incluso, no resultó suficiente que dicho juzgador, con la intención de subsanar el error cometido, dirigiera un nuevo oficio al registrador inmobiliario, identificado con el n° 0855-1776 del 7 de diciembre de 2006, en donde le participaba al referido funcionario que ‘en vista de la imposibilidad de protocolizar la sentencia en cuestión por las razones expuestas en el referido oficio, ha ordenado oficiarle nuevamente, con el objeto de que ese Despacho a su cargo se sirva estampar en el documento de venta con pacto de retracto convencional, protocolizado en fecha 16 de abril de 1999, bajo el número 36, tomo 05, Protocolo Primero, la nota marginal referida a que dicho negocio jurídico quedó inexistente tal y como quedó establecido en el particular segundo de la sentencia, cuya copia certificada fue remitida junto con el oficio librado en fecha 05 de octubre de 2006, signado con el número 0855-1382’
Ahora bien, de forma expresa la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reconoció tal potestad de aclaratoria de sentencias de oficio, en fallo de fecha 01 de abril de 2017, en ponencia Conjunta, lo siguiente:
“Sobre la base de lo antes expuesto, en ejercicio de la potestad que para este caso corresponde y con base en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual es aplicable supletoriamente a las causas que conoce este Máximo Tribunal, en concordancia con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala procede de oficio a aclarar…”
En este sentido y con respecto a los criterios jurisprudenciales expuestos, este Tribunal ACLARA DE OFICIO, la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional en fecha primero (01) de febrero de 2024, bajo el Nº 016-2024, en especial el texto que señala lo siguiente:
(…OMISSIS…)
“PRIMERO: PROCEDENTE la oposición formulada por la representación judicial de la parte actora, RAFAEL JOSE CUBILLAN ORTEGA, representado por los abogados en ejercicio JULIO CESAR MOLINA ROJAS Y MOISEES DAVID MOLINA VERA, suficientemente identificados, y en consecuencia, SUSPENDIDOel juicio de cuentas en el presente juicio de RENDICION DE CUENTAS intentado en contra de los ciudadanosDANIEL ANDRES VILLASMIL CUBILLAN Y DIEGO ANDRES CAMPO CUBILLAN, previamente identificados. (Subrayado del Tribunal).

Ahora bien, esta Juzgadora advierte que el objeto del presente fallo es aclarar únicamente del fallo precitado, teniéndose en cuenta que en el juicio que por RENDICIÓN DE CUENTA, sigue el ciudadano RAFAEL JOSE CUBILLAN ORTEGA, venezolano, mayor de edad, titular de cedula de identidad N°V-7.785.314, domiciliado en la ciudad de Miami Florida de los Estados Unidos de Norteamérica, representado por los abogados en ejercicio JULIO CESAR MOLINA ROJAS y MOISES DAVID MOLINA VERA, titulares de la cedula de identidad V-3.939.931 y V-20.277.402, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 13.566 y 292.301, respectivamente, ambos domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia, en contra de la Sociedad Mercantil HOTEL SANTA BARBARA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha seis (06) de agosto de 1985, bajo el Nº 82, Tomo 44ª, posteriormente reformados sus estatutos en fecha veinte (20) de noviembre de 2020, bajo el Nº 40, Tomo 33ª, RM1, en la persona de sus directores, los ciudadanos DANIEL ANDRES VILLASMIL CUBILLAN y DIEGO ANDRES CAMPOS CUBILLAN, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nros. V-19.989.366 y V-19.341.766, domiciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia, representados por los abogados en ejercicio JORGE FRANK VILLASMIL COLINA, VERONICA BRICEÑO MOLERO y JONAS CASTELLANOS GAVIDIA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 47.886, 141.617 y 278.602, todos de este mismo domicilio, en la presente litis fue formulada oposición interpuesta por la representación judicial de la parte demandada de autos, y no siendo el caso intentado por la parte actora como se señala de manera errónea en el referido texto, y en este sentido, queda determinado en estos términos. ASI SE DECIDE-.
Téngase la presente decisión como parte complementaria de la sentencia No. 016-2024, proferida por este Tribunal en fecha primero (01) de febrero de 2024. ASÍ SE DECIDE-.
III
DECISIÓN
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Téngase la presente decisión como parte complementaria de la sentencia No. 016-2024, de fecha primero (01) de febrero de 2024. ASÍ SE DECIDE-.

Publíquese, Regístrese y Notifíquese, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve así como en la página www.zulia.scc.org.ve. Déjese copia certificada por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil, y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los cinco (05) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024). Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación. –
LA JUEZA PROVISORIA,

ABOG. AILIN CÁCERES GARCÍA.
EL SECRETARIOTEMPORAL,

ABOG. JORGE JARABA URDANETA.-