TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control Audiencias y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Zulia
Maracaibo, 09 de Febrero del 2024
212º y 163°

ASUNTO PRINCIPAL : 4CV-2021-511
ASUNTO : 4CV-2021-511

DECISIÓN: 256-2024

EL JUEZ PROVISORIO: ABG. ESP. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ
EL SECRETARIA: ABG. EVA MEDINA ROJO

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
MINISTERIO PÚBLICO: ABOG. GISELA PARRA FISCAL PROVISORIA TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO
VICTIMA: SANDRA JOSEFINA GONZALEZ JIMENEZ, VENEZOLANA, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD V- 7.786.985
DEFENSA PÚBLICA: ABOG. YASMELY FERNANDEZ, ADSCRITA A LA UNIDAD DE DEFENSORIA PÚBLICA
IMPUTADO: WILMER DANIEL GONZALEZ JIMENEZ, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD V-7.786.986, VENEZOLANO, DE 59 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA URBANIZACION LA VICTORIA, AVENIDA 80, CON CALLE 69 CASA 69-07, PARROQUIA CARACCIOLO PARRA PEREZ, MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA.

DELITO: VIOLENCIA PSICOLOGICA PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.
ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR.
En horas de despacho del día de hoy, viernes nueve (09) de febrero de 2024, siendo las once y treinta (11:30 A.M.) horas de la mañana, previo lapso de espera para realizar la Audiencia Preliminar, de conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con motivo de la acusación interpuesta por la Fiscalía Segunda (02°) del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en contra del ciudadano: WILMER DANIEL GONZALEZ JIMENEZ, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD V- 7.786.986, por la presunta comisión del delito de: VIOLENCIA PSICOLOGICA PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA en perjuicio de la ciudadana: SANDRA JOSEFINA GONZALEZ JIMENEZ. Seguidamente se constituye el Tribunal con la presencia del JUEZ PROVISORIO, ABG. CARLOS ALBORNOZ CHACIN, la Secretaria ABG. EVA MEDINA ROJO y el Alguacil de Guardia. Acto seguido la Secretaria deja constancia de la presencia de las partes, se pudo constatar que se encuentran presentes en la Audiencia: La FISCALIA TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO ABG. GISELA PARRA, el imputado: WILMER DANIEL GONZALEZ JIMENEZ, quien solicito el derecho de palabra manifestando lo siguiente: “solicito un defensor publico de turno. Es todo”. Acto seguido se procedio a solicitar un defensor publico de turno correspondiendole a la Abg, Yasmely Fernandez, la cual acepta el cargo recaido en su persona.”. Acto seguido, procede el Juez Provisorio a informar de la audiencia los motivos de su comparecencia, advirtiendo de inmediato a las partes sobre las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso insertas en el Libro Primero, Titulo I, Capítulo III, Secciones Primera, Segunda y Tercera del Código Orgánico Procesal Penal e igualmente se les indicó que bajo ningún concepto se permitirá en esta Audiencia Preliminar se planteen cuestiones que son propias del Juicio Oral y Público.
DEL MINISTERIO PÚBLICO
EN ESTE ESTADO SE LE CONCEDIÓ LA PALABRA A LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCALIA TERCERA ABG. GISELA PARRA, QUIEN EXPONE: “Revisada como ha sido la acusación presentada en fecha oportuna por la fiscalía segunda del ministerio público a cargo de la doctora Sandra Carolina Antúnez Pirela, de la revisión está representante del ministerio público observa que efectivamente en fecha 30 de noviembre del 2023 se presentó acusación en contra del ciudadano Wilmer Daniel González Jiménez quien se encuentra debidamente identificado en actas por estar presuntamente incurso en la comisión del delito de violencia psicológica previsto y sancionado en el artículo 39 de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en perjuicio de la ciudadana Sandra Josefina Jiménez quien se encuentra ya fallecida según registro de defunción de fecha 8 de diciembre del 2022, observa está representante que no se observan suficientes elementos de convicción que soporten un auto de enjuiciamiento por el delito de violencia psicológica en virtud de que se desprende del mismo examen psicológico presentado por la medicatura forense a cargo de la psicóloga maikelys Medina quien diagnóstico que la ciudadana Sandra Josefina González Jiménez hoy fallecida presenta problemas relaciones con el grupo de apoyo primario incluidas las circunstancias familiares, este diagnóstico se encuentra apoyado con las testimoniales de los testigos Ruperto estori debidamente identificado y el ciudadano Danilo David González Jiménez que refieren que desde joven la ciudadana Sandra Josefina González Jiménez presento problemas de perturbación mental desde muy pequeña y que ella era la única que no pudo avanzar en los estudios y por lo tanto todos sus hermanos se dedicaron a cuidarla pero debido a su mismo problema mental la llevaban a decir cosas que no correspondía, es por ello ciudadano juez que ante la presencia de este examen psicológico que revela y que durante todo el escrito es subrayado por la fiscalía segunda de que la misma presenta problemas relacionados con el grupo de apoyo primario y dadas las circunstancias familiares al adminicular este examen forense junto con las testimoniales presentadas por la defensa del ciudadano Wilmer Daniel González Jiménez podemos concluir que estamos en presencia de una ciudadana que padecía trastornos mentales es por ello que solicito que se decrete el sobreseimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 300 ordinal 1 es decir, que el hecho denunciado no se cometió y no se le puede atribuir al ciudadano Wilmer Daniel Jiménez González por cuánto así se desprende de la misma acusación y es por ello que al no haber un pronóstico de condena de llevar esto a un pase de enjuiciamiento, solicito y ratificó el sobreseimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 300 ordinal 1 del código orgánico procesal penal. Es todo.”.
DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL IMPUTADO
Seguidamente, el Juez Provisorio ABOG. CARLOS ALBORNOZ CHACIN de conformidad con el artículo 138 del Código Orgánico Procesal Penal, se dirigió al ciudadano: WILMER DANIEL GONZALEZ JIMENEZ, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD V- 7.786.986, le solicitó que se pusiera de pie, lo impuso del contenido del los Preceptos Constitucionales previstos en los ordinales 2 y 5 del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que lo exime de declarar y, aún en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento, quien siendo las (12:30 p.m.) horas de la tarde, expone lo siguiente: “No deseo declarar, es todo”.

DE LA DEFENSA PUBLICA DEL IMPUTADO DE AUTOS
SEGUIDAMENTE TOMA LA PALABRA LA DEFENSA PUBLICA ABG. YASMELY FERNANDEZ QUIEN EXPUSO: “Esta defensa esta de acuerdo con la solicitud de la fiscalia y asimismo solicito de igual manera el sobreseimiento de la causa, y en caso de no decretarlo este tribunal solicito el pase a juicio, es todo.”.
MOTIVOS PARA DECIDIR:
ACTO SEGUIDO ESTE JUZGADO PROCEDE A REALIZAR LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS: En primer lugar, el Estado Venezolano, suscribió y es parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer o mejor denominada como “Convención de Belem Do Para”; emitida por la Organización de Estados Americanos en fecha 09/06/1994, la cual estableció en su artículo 7 lo siguiente: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención. Artículo 8 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer; c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados”; por otro lado la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o mejor conocida como “Convención de la CEDAW”, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, en fecha 18/12/1979, estableció en su articulo 1 lo siguiente: “A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera; por otro lado en su artículo 2 refiere lo siguiente: “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda; f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social; g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia. Finalmente, estableció en su artículo 5 lo siguiente: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; (…)”; todo lo cual fue recogido por el Legislador patrio e incluido en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, lo cual demarca y se ajusta a los mandatos Internacionales; por lo que se considera que al entrar a conocer sobre la presente causa, Este Tribunal a pronunciarse respecto a la admisibilidad del acto conclusivo presentado y lo hace de la siguiente manera: Vista la solicitud de sobreseimiento planteada por el profesional del derecho ABOG . GISELA PARRA en su carácter de Fiscal Provisoria de la Fiscalia Tercera (03°) en la causa iniciada 19-11-2021 en contra del ciudadano: WILMER DANIEL GONZALEZ JIMENEZ, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD V- 7.786.986,, por la presunta comisión del delito de: VIOLENCIA PSICOLOGICA PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA en perjuicio de la ciudadana: SANDRA JOSEFINA GONZALEZ JIMENEZ,; El Ministerio Publico, fundamenta su solicitud de Sobreseimiento, en lo dispuesto en el ordinal 1° del articulo 300 del Código Orgánico Procesal Penal por considerar que el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, es por lo que, procede a solicitar el sobreseimiento de la causa y así se plantea. Del examen minucioso y exhaustivo de las actuaciones que sustenta la solicitud Fiscal, se observa que de la investigación penal adelantada en la presente causa, aparece que no fue acreditada la existencia del delito de VIOLENCIA PSICOLOGICA PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA y de la revisión de las actas consta inserto Evaluacion Psicologica, del cual se desprende en su conclusion: “La consultante femenina presenta indicadore suficientes que permiten soportar el diagnostico pues su sintomatologia responde a una situacion familiar atipica con su hermano, interaccion que responde al malestar emocional.”, es por lo que, se considera que el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado; no desprendiéndose de las actas procesales suficientes elementos de interés criminalísticos que permitan demostrar la responsabilidad penal en el hecho y sin evidenciar el mismo que exista un pronostico de condena. Por lo cual este Tribunal ORDENA, cesar cualquier medida de protección y de seguridad, así como cautelar que se hubiere dictado durante el transcurso del proceso y en consecuencia lo procedente y ajustado a Derecho es aceptar la solicitud Fiscal y en consecuencia se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA de conformidad con lo dispuesto en el Ordinal 1º del Artículo 300 y Articulo 302 del Código Orgánico Procesal Penal vigente. Se ordena hacer cesar la persecución penal en contra del referido ciudadano y consecuencialmente se declara LA EXTINCION DE LA ACCIÓN PENAL, DECLARÁNDOSE COSA JUZGADA. Se ordena el cese de toda medida impuesta al referido ciudadano. Se acuerda proveer las copias solicitadas por Secretaria. Se deja constancia que se cumplieron con todas las formalidades exigidas por ley, para la realización de la presente Audiencia, quedando notificadas las partes de la presente decisión. Culminó el presente acto siendo las una y treinta (01:30 PM.). Es todo. Terminó, se leyó y conformes firman. ASÍ SE DECLARA.-
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos antes expuestos este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas Itinerante del Circuito Judicial Penal con Competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA: 1) CON LUGAR lo solicitado por el Ministerio Público y en consecuencia, declara EL SOBRESEIMIENTO de la causa seguida al ciudadano WILMER DANIEL GONZALEZ JIMENEZ, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD V- 7.786.986,, por la presunta comisión del delito de: VIOLENCIA PSICOLOGICA PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA en perjuicio de la ciudadana: SANDRA JOSEFINA GONZALEZ; por cuanto el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, es por lo que, de conformidad con el artículo 300 ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal y, 2) EL CESE de cualquier medida cautelar o medida de protección y de seguridad que se haya dictado durante el proceso tal como lo establece el artículo 301 del referido Código Adjetivo Penal, así como la condición de imputados de los referidos ciudadanos. 3) LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.-
EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. ESP. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN
LA SECRETARIA,
ABG. EVA MEDINA ROJO