REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, doce (12) de Abril del Dos Mil Veinticuatro (2024).

ASUNTO: KP02-V-2024-000680.
PARTE ACTORA: Ciudadanas MARITZA YOLANDA ALVAREZ BRANDT Y LESVIA CONSUELO ALVAREZ BRANDT, venezolanas, titulares de las cedulas de Identidad Nos. V-1.276.926 y V-3.315.565, respectivamente y de este domicilio.
PODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado ARISTOTELES TINIACOS ALVAREZ, venezolano, Inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 92.285de este domicilio.
PARTE DEMANDADA: Ciudadanas EDDA MARINA ALVAREZ DE HERNANDEZ Y SAGRARIO ALVAREZ DE ABREU, venezolanas, titulares de las cedula de Identidad Nos. V-3.317.487 y V-3.186.400 respectivamente y de este domicilio.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.
JUICIO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
-I-
SECUENCIA PROCIDEMENTAL.
Se inició el presente asunto mediante escrito libelar de fecha 21 de Marzo del año 2024, Previo sorteo de ley le correspondió a este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, conocer de la presente causa, dándole entrada a la misma en razón de auto de fecha veinticinco de Marzo del año 2024.-
-II-
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR.
ALEGATOS EXPLANADOS POR LA PARTE ACTORA:
El apoderado Judicial de la parte actora alegó que sus mandantes suscribieron un documento, denominado acuerdo de entendimiento con las señoras EGDDA MARINA ALVAREZ Y SAGRARIO ALVAREZ DE ABREU, antes identificadas. La firma del mencionado documento se realizo de forma separada y privada, donde firmaron las señoras MARITZA ALVAREZ BRANDT Y LESVIA ALVAREZ BRANDT, que fue enviado por correo electrónico en fecha 21 de Febrero de 23024, desde el correo maritzalvarezbrandt@hotmail.com. Manifestó, que con la firma del acuerdo de entendimiento, el cual fue suscrito de forma autónoma entre todas las partes, estas llegaron a un acuerdo, alcanzaron unos compromisos y quedaron sometidas a unas obligaciones respecto al objeto del acuerdo de entendimiento, en relación al funcionamiento de la sociedad de comercio Industrial Sisalara C.A, registrada por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo civil, Mercantil y del Trabajo. En fecha 11 de enero de 1956, quedando inscrita bajo el N° 02, folio 04 Vto al 11 fte del Libro de Registro de Comercio N° 06, con RIF J-000195064. Alego, que el referido acuerdo de entendimiento recoge la intención de las partes, en relación a la situación de insolvencia e iliquidez que atraviesa Industrial Sisalara, C.А., У recoge una serie de obligaciones, las cuales se especifican a continuación:1. Dentro de un lapso de tiempo máximo de treinta (30) dias continuos, contados a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo de Entendimiento, se contratarán los servicios personales de un profesional en contaduría, administración o finanzas, con suficientes credenciales académicas, profesionales, de reconocido prestigio y con suficientes años de experiencia, para ocupar el cargo de Gerente General de Industrial Sisalara, C.A., debido a la aceptación por parte de la Junta Directiva del retiro de la Licenciada Aida Macías del cargo que ha venido desempeñando. 2. Contratar los servicios del Licenciado Aquiles Figueroa Zabala para implementar un Plan de Emergencia y configurar una etapa de transición, mediante la realización de un diagnóstico organizacional y puesta en marcha de la empresa, que incluya a la figura del Gerente General y el diseño de una estrategia de producción, ventas y cobranza, que permita sostener el flujo de caja, y, así equilibrar la situación de iliquidez que atraviesa la empresa, con el fin de cubrir los gastos operativos, y especialmente para sufragar los compromisos laborales, adquisición de materias primas, y todos aquellos costos o gastos relacionados al proceso productivo de la empresa. 3. La firma de un préstamo con el Banco Provincial, por la cantidad de Ciento Sesenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$160.000,00), por parte de las accionistas Maritza Álvarez Brandt y Lesvia Álvarez Brandt sujeto a la condición que se cumplieran los acuerdos alcanzados en el Acuerdo de Entendimiento, y los compromisos allí adquiridos, en espera del comienzo en funciones del próximo Gerente General. En todo caso, y a pesar de las grandes diferencias que separan a las partes sujetas al Acuerdo de Entendimiento, por diferentes razones que no forman parte del objeto de esta demanda, el préstamo con el Banco Provincial se firmó el día 29 de febrero de 2024. Del mismo modo, alego que en la carta sin fecha, enviada por el correo electrónico de la señora Egdda Marina Álvarez de Hernández, egalven@gmail.com, fechado 02 de marzo de 2024, las codemandadas resuelven de forma intempestiva dejar sin efectos y anular el Acuerdo de Entendimiento, aduciendo que el mismo fue supuestamente incumplido por la señora Lesvia Alvarez Brandt, con lo cual se rehúsan a cumplir con la contratación de un nuevo Gerente General para Industrial Sisalara, C.A., en reemplazo de la actual Gerente General la Lic. Aida Macias Liscano.
De la misma manera, manifestó que formalmente se opone las codemandadas a la firma de la carta sin fecha, arriba mencionada, mediante la cual pretenden anular el Acuerdo de Entendimiento, es decir, la firma de las señoras EGDDA MARINA ALVAREZ DE HERNANDEZ Y SAGRARIO ALVAREZ DE ABREU, de acuerdo a lo previsto en los articulos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil y 1363 del Código Civil, en concordancia con el artículo 1368 del Código Civil, reservándonos la oportunidad procesal correspondiente para solicitar el valor probatorio de los correos electrónicos intercambiados entre las Partes relacionados al objeto de esta demanda, conforme al artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, mediante la aplicación de los servicios de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), de conformidad con el Decreto con fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.
Posteriormente, alego que las señoras Maritza Alvarez Brandt y Lesvia Alvarez Brandt, quiénes fueron sorprendidas en su buena fe, enviaron una carta en respuesta a la recibida que anula de forma unilateral el Acuerdo de Entendimiento, mediante correo electrónico de fecha 05 de marzo de 2024, expresando su contundente rechazo a lo que vieron como una burla a los compromisos adquiridos, y, además, una forma burda de sustraerse de manera unilateral del cumplimiento de las obligaciones adquiridas de manera autónoma y bilateral, en contravención al presupuesto de paridad que deriva del pacta sunt Servanda, ya que el objeto del contrato fue alcanzado, lo cual demuestra que no hubo el incumplimiento supuestamente aducido, y que además el préstamo bancario con el Banco Provincial fue firmado por las señoras MARITZA ALVAREZ BRANDT Y EGDDA ALVAREZ DE HERNANDEZ, en fecha 29 de febrero de2024, el dinero proveniente de ese préstamo entro en la cuenta bancaria de Industria Sisalara C.A, como beneficiario del préstamo y la gerencia general de Industria Sisalara C.A, realizo diferentes operaciones tendientes a convertir los bolívares en divisas, con diferentes empresas, entre las cuales destacan Egalmar Trading Internacional, C.A, Suministros Elite Plus, C.A.
-III-
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR.
El Juez como director del proceso, debe velar porque el mismo se desarrolle dentro de un estado de derecho y de justicia, siempre en resguardo del derecho a la defensa; igualmente los jueces están en la obligación de procurar la estabilidad de los juicios como directores del proceso; estar vigilantes de corregir y evitar que se cometan faltas que más adelante pudiesen acarrear la nulidad de todo lo actuado, o de alguno de los actos de procedimiento.

Ello es así por cuanto el proceso, constitucionalmente, ha sido concebido como uno de los medios para alcanzar la justicia. Esta justicia se vislumbra como uno de los fines esenciales del Estado. (Art. 2 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)

De manera que, no en balde, el juez está dotado de grandes poderes de dirección por cuanto la labor que desarrolla, no sólo es para resolver un conflicto entre dos partes, sino a la final como un acto por el cual se imparte justicia, lo que se traduce como una garantía de la paz social que debe imperar en todo tiempo en el Estado venezolano.

Es por ello que, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 2278/2001 de fecha 16-11-2001, caso Jairo Cipriano Rodríguez Moreno, estableció lo siguiente:

“En su condición de director del proceso, el juez interviene de forma protagónica en la realización de este instrumento fundamental para la realización de la justicia, para la efectiva resolución de los conflictos y el mantenimiento de la paz social. Siendo rector del proceso, el juzgador no puede postrarse ante la inactividad de las partes, ni adoptar una actitud inerte o estática, sino asumir la posición activa que le exige el propio Texto Fundamental. Cuando la Constitución, en su condición de norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, le exige que sea el principal garante de la actuación circunstanciada de la ley y de sus propios mandatos normativos, le está imponiendo el deber constitucional de hacer valer, permanentemente, los principios asociados al valor justicia, indistintamente del proceso de que se trate, de la jerarquía del juez o de la competencia que le ha conferido expresamente el ordenamiento.
La Constitución fundamenta la validez de todas las normas del ordenamiento y regula la aplicación de las normas válidas. Es por ello que, siendo la actuación judicial el medio para la emanación de una norma, precisamente de una “norma concreta”, de una decisión sujeta a la Constitución, el juez está obligado no solo a garantizar a la persona el acceso a los órganos de administración de justicia, sino a velar porque esa justicia se imparta de forma, cuando menos, imparcial e idónea, y sobre todo expedita; evitando las dilaciones indebidas, o la adopción de formalismos no esenciales e inútiles a la finalidad del proceso. El proceso no es un fin en sí mismo, lo que parece no es entendido por los procedimentalistas, y el hecho de que tenga un carácter instrumental en relación con la justicia, le imprime a la actuación del juez, el carácter de garante permanente del sistema de valores constitucionales y en especial, de la justicia como valor superior (artículo 2 de la Constitución).”
En el presente caso, esta juzgadora realiza tales consideraciones por cuanto se observa y se considera oportuno pronunciarse sobre la necesidad de acompañar el libelo con los instrumentos fundamentales de la pretensión. En ese sentido, nuestro Máximo Tribunal, en Sala Político Administrativa, con ponencia del MAGISTRADO LEVIS IGNACIO ZERPA (Exp. Nº 2001-0211 – caso: FRIGORÍFICO EL TUCÁN, C.A., 06 de julio de 2005) estableció lo siguiente:

…Conforme se desprende de las normas antes transcritas, corresponde a la parte actora presentar junto con el escrito de la demanda el instrumento fundamental del cual se derive la relación contractual que según alega ha sido incumplida por la demandante.
Al respecto, advierte la Sala que el instrumento fundamental en el presente caso es aquel de donde deriva la relación jurídica que la parte actora alega existe entre las partes, esto es, el contrato de suministro de energía eléctrica.
En el presente caso, de la revisión efectuada a los documentos que cursan en el expediente, no se encontró el contrato cuyo cumplimiento se reclama y el cual constituye el documento fundamental de la demanda que, se reitera, debe ser producido por la parte actora en cumplimiento de sus cargas procesales contenidas en el artículo 434 eiusdem; tampoco existe ningún otro instrumento del cual pueda derivarse la relación contractual alegada por la parte actora.
Por tanto, al no existir en autos instrumento alguno del cual pueda evidenciarse la existencia del contrato cuyo cumplimiento reclama la parte demandante, resulta forzoso para esta Sala declarar inadmisible la acción intentada. Así se declara…

Analizada y estudiada como han sido las actas que conforman el presente expediente; esta Juzgadora pasa a considerar lo relativo a la admisibilidad de la pretensión incoada. En ese orden de ideas, se tiene que el Juez como director del proceso, debe velar porque el mismo se desarrolle dentro de un estado de derecho y de justicia, siempre en resguardo del derecho a la defensa; igualmente los jueces están en la obligación de procurar la estabilidad de los juicios como directores del proceso; estar vigilantes de corregir y evitar que se cometan faltas que más adelante pudiesen acarrear nulidad de todo lo actuado, o de alguno de los actos de procedimiento.

Ello es así por cuanto el proceso, los requisitos para la admisión de la demanda el Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil establece:

“El libelo de la demanda deberá expresar:

1° La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda.
2° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene.
3° Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.
4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales.
5° La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones.
6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.
7° Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas.
8° El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.
9° La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174.”

Es por todo lo anteriormente expuesto que esta juzgadora, determina que para la admisibilidad de la demanda son fundamentales los instrumentos de los cuales deriva directamente la pretensión deducida, es decir, que prueben la existencia de la pretensión, estando vinculado o conectados directamente con esta, en consecuencia emanando el derecho que se invoca, los cuales sino se presentan junto con la demanda, la parte actora pierde toda oportunidad de que la pretensión solicitada sea admitida, en el caso bajo estudio se observa que en razón que no acompaño junto el libelo de demanda los instrumentos fundamentales de la pretensión.

Así las cosas y analizando el caso bajo estudio, atendiendo a la norma antes citada y a los criterios jurisprudenciales transcritos, esta Juzgadora efectuó una revisión exhaustiva a los medios probatorios acompañados al libelo de demanda; no se evidencia, el documento de convenio objeto de la presente acción, por lo que constituye la ausencia de un requisito considerado por la norma y los criterios jurisprudenciales de la sala anteriormente señalados, como un instrumento fundamental por lo que lo más ajustado a derecho es declarar la Inadmisibilidad de la presente demanda, y así quedará establecido en la dispositiva de la presente decisión. Así se establece.

-IV-
DECISIÓN.
En mérito de las precedentes consideraciones, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: INADMISIBLE, la acción que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO que han intentado las ciudadanas MARITZA YOLANDA ALVAREZ BRANDT Y LESVIA CONSUELO ALVAREZ BRANDT, venezolanas, titulares de las cedulas de Identidad Nos. V-1.276.926 y V-3.315.565, respectivamente y de este domicilio, contra las ciudadanas EDDA MARINA ALVAREZ DE HERNANDEZ Y SAGRARIO ALVAREZ DE ABREU, venezolanas, titulares de las cedula de Identidad Nos. V-3.317.487 y V-3.186.400 respectivamente y de este domicilio

No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese, regístrese. En el sitio Web del Tribunal Supremo de Justicia http://www.lara.scc.org.ve déjese copia certificada

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, a los doce (12) días del mes de Abril del Dos Mil Veinticuatro (2024). Años 213° de la Independencia y 165° de la Federación. Sentencia N°146 . Asiento N°56 .
La Juez Provisorio.


Abg. Johanna Dayanara Mendoza Torres.
El Secretario.


Abg. Luis Fernando Ruiz Hernández.

En la misma fecha se publicó siendo las 02:09 p.m., y se dejó copia certificada de la presente decisión.-

El Secretario.

Abg. Luis Fernando Ruiz Hernández.