TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, Dieciocho (18) de Abril de dos mil Veinticuatro
Años: 213° y 165°

ASUNTO: N° MANUAL-O-2024-79
ACCIONANTE: RAMON ANTONIO RIVAS RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.396.236, tío de quien en vida fuera: ROBERTO ANTONIO RIVAS RAMIREZ, quien en vida fuera, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-31.152.144; fallecido at intestato en el Departamento de Atlantico, Municipio Barranquilla de la República de Colombia, el día 15 de Abril del 2024, conforme al certificado de defunción N°240428205442071, expedido por la autoridad competente del gobierno de la Alcaldía de Barranquilla de la REPUBLICA DE COLOMBIA.

ABOGADA ASISTENTE: Defensora Pública Primera del estado Lara, Abg. LILIANA GUERRERO, debidamente inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 177.101.

ACCIONADO: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, en la persona del (a) Registrador Civil de la Parroquia Guerrera Ana Soto del Municipio Iribarren del estado Lara.

MOTIVO: ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL
SENTENCIA DEFINITIVA

Recibido en este Tribunal y habilitado como ha sido el tiempo por tratarse de materia de amparo constitucional, interpuesta por el ciudadano: RAMON ANTONIO RIVAS RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.396.236, Defensora Pública Primera del estado Lara, Abg. LILIANA GUERRERO, debidamente inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 177.101, en su condición de tío del quien en vida fuera llamado: ROBERTO ANTONIO RIVAS RAMIREZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-31.152.144; fallecido at intestato en el Departamento de Atlantico, Municipio Barranquilla de la República de Colombia, el día 15 de Abril del 2024, conforme al certificado de defunción N°24042820544207, expedido por la autoridad competente del gobierno de la Alcaldía de Barranquilla de la República de Colombia, a los fines de interponer formalmente y de manera verbal una Acción de Amparo, fundamentada en los artículos 26, 27, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los artículos 1, 2, 16, 22 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y los artículos 3 numeral 11, 4, 5, 7, 8, 14 y 26 de la Ley Orgánica de Registro Civil contra el Consejo Nacional Electoral del estado Lara en la persona del Registrador Civil de laParroquia Gustavo Vegas de León del Municipio Simón Planas del estado Lara, procede el tribunal a pronunciarse.

DE LA ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA
Este Tribunal con apego al debido proceso, igualdad entre las partes y el derecho a la defensa y garantías establecidas en los artículos 49 y 26 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, procede a realizar las siguientes consideraciones:
Realizado el estudio del reclamo, corresponde entonces pronunciarse acerca de la competencia para conocer del presente asunto por motivo de reclamo por prestación de servicio público; en tal sentido la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que hasta tanto entren en funcionamiento los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conocerán de las competencias atribuidas por esta Ley a dichos tribunales, los Juzgados de Municipio. (destacado nuestro), por lo que se desprende de la norma transcrita que son los Juzgados de Municipio los competentes para conocer de las acciones y demandas que interpongan los usuarios o usuarias de los servicios públicos, con relación a la prestación de los mismos, hasta tanto sean creados los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en este sentido este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, se declara COMPETENTE para conocer de la presente demanda de reclamo por demora en la prestación de servicio público interpuesta en contra el Consejo Nacional Electoral del estado Lara en la persona del Registrador Civil de la Parroquia Gustavo Vegas de León del Municipio Simón Planas del estado Lara, procede el tribunal a pronunciarse. Así se declara.

DE LA ADMISIBILIDAD
Determinada como ha sido la competencia de este Tribunal, se procede a analizar la admisibilidad de la presente demanda, en atención a lo establecido en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 33 ibídem, y visto que la misma no está incursa en las causales de inadmisibilidad prevista en el artículo 35 eiusdem que hagan imposible su tramitación, dada la naturaleza del derecho reclamado y en aras del resguardo efectivo del mismo, en consecuencia, se ADMITE en cuanto ha lugar en derecho, mediante el procedimiento breve regulado en los artículos 65 al 75 eiusdem, procurando esta juzgadora la debida asistencia y representación para los actos subsiguientes, a través de los órganos competentes, de conformidad con el artículo 28 de la mencionada ley. Así se decide.
En consecuencia se ordena notificar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la notificación del Ministerio Publico, a los fines de exponer lo que ha bien tenga lugar, sobre el hecho controvertido. Asimismo cítese a la parte contra quien se ejerce el recurso el coordinador del Consejo Nacional Electoral del estado Lara, en la persona del Registrador (a) Civil de la Parroquia Guerrera Ana Soto del Municipio Iribarren del estado Lara. Líbrese boletas y oficios.
Procede este tribunal a pronunciarse, por las consideraciones procedentemente expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO IRIBARREN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:
1. Su COMPETENCIA, para conocer del presente asunto por motivo de demora por la prestación de servicio público.
2. Se ADMITE, la acción de amparo constitucional interpuesta.
3. Y conforme a los alegatos y motivos esenciales de la interposición del amparo, la violación de derechos constitucionales, y en atención a la sentencia 993 de fecha 16 de julio de 2013 de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Marchan, mediante el cual modifico criterio imperante en relación con la tramitación de la acción de amparo constitucional que verse sobre el mero derecho y estableció que en dichos supuestos se podrá en el momento de su admisión decretar el caso como el mero derecho y dictar la decisión de fondo que restablezca la situación jurídica lesionada, sin necesidad de convocar la audiencia de juicio.
Concretamente la Sala Constitucional estableció lo siguiente:
“(…) Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de prueba fehaciente constitutivo de presunción grave de la violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.
(…)
Así pues, la Sala considera que la celebración de la audiencia oral en estos tipos de acciones de amparo constitucional, en las que se planteen la resolución de puntos de mero derecho, sería antagónico con lo señalado en el artículo 27 de la Carta Magna, que establece que: el procedimiento de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella (destacado de este fallo); debido a que el Juez constitucional debe esperar, aun cuando cuenta con todo lo necesario en autos para dictar la decisión de fondo en forma inmediata, la celebración de la audiencia oral que no va a aportar nada nuevo a la controversia. Se trataría, entonces, de una audiencia inútil o redundante que crearía una dilación innecesaria en el procedimiento de amparo incompatible con su naturaleza.
De modo que, condicionar la resolución del fondo del amparo a la celebración de la audiencia oral sería inútil en aquellos casos en los cuales se intenta el amparo contra una decisión judicial por un asunto de mero derecho o de obvia violación constitucional, toda vez que ello ocasionaría la violación del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 eiusdem, que se concreta en materia de amparo constitucional en el artículo 27 ibídem, debido a que el Estado no garantizaría, en estos casos, una justicia expedita.
Por lo tanto, a pesar de que en anterior oportunidad la Sala, con base en la necesidad de celebrar la audiencia oral contradictoria, negó una solicitud de declaratoria de mero derecho en un procedimiento de amparo (vid. sentencia N° 988 del 15 de octubre de 2010, caso: Clarense Daniel Rusian Pérez), se impone en el presente caso un complemento de la sentencia N° 7/2000 y se establece, con carácter vinculante, que, en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucional podrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad de convocar y celebrar la audiencia oral, la decisión de fondo que permita restablecer inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Así se establece.”
Ha sido jurisprudencia reiterada del Alto Tribunal Supremo de Justicia que el privilegio o prerrogativa procesal del antejuicio de mérito es un procedimiento especial previo, y visto que se trata de un venezolano que murió el 15 de Abril del 2024, fuera de nuestra República Bolivariana de Venezuela, este despacho considera que en virtud de las resultas infructuosas de las diligencias realizadas por los familiares para obtener la orden de enterramiento por parte del Registro Civil, debido a que se ha hecho imposible la homologación del documento de registro de muerte otorgado por las autoridades colombianas, en razón a que las relaciones internacionales entre Venezuela y Colombia están quebrantadas, esta operadora de justicia considera necesario aplicar criterio de nuestro máximo Tribunal Supremo de Justica, no dilatando mas esta situación grave, por no cumplir con una formalidad, aunado al hecho que ya se convirtió en un problema de salubridad para el núcleo familiar y la comunidad vecina, afectando la salud pública, debido a que el cuerpo se encuentra en la vivienda principal, teniendo este tres (03) días de haber fallecido, encontrándose un fase de descomposición y en aras de mantener una salud ambiental y brindarles paz espiritual a los familiares con la santa sepultura de su ser querido, este tribunal considera procedente el presente amparo de mero trámite. Y así se establece.
Así, declarado el presente caso como un asunto de mero derecho, este Tribunal procede a resolver el mérito del amparo y, a tal efecto valora las pruebas documentales aportadas por la parte interesada, relativas a:Copia simple del certificado de defunción emitido por una autoridad colombiana N° 24042820544207, del causante: ROBERTO ANTONIO RAMIREZ RIVAS; Copia simple de cédula del fallecido; Copia Simple de la licencia de inhumación de fecha 16/04/2024; permiso de traslado del cadáver de fecha 16/04/2024, las cuales se aprecian de conformidad con lo dispuesto en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil.
Y conforme a los alegatos y motivos esenciales de la interposición del amparo, la violación de derechos constitucionales, y en atención a la sentencia 993 de fecha 16 de julio de 2013 de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Marchan mediante el cual modifico criterio imperante en relación con la tramitación de la acción de amparo constitucional que verse sobre el mero derecho y estableció que en dichos supuestos se podrá en el momento de su admisión decretar el caso como el mero derecho y dictar la decisión de fondo que restablezca la situación jurídica lesionada, sin necesidad de convocar la audiencia de juicio.

DISPOSITIVA
En mérito de los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: Su COMPETENCIA, para conocer del presente asunto por motivo de demora por la prestación de servicio público.
SEGUNDO: Se ADMITE, la acción de amparo constitucional interpuesta.
TERCERO: Se declara CON LUGAR, la acción de amparo por servicio público interpuesto por el ciudadano: RAMON ANTONIO RIVAS RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.396.236 debidamente asistido por la Abogada LILIANA GUERRERO, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 177.101 en su carácter de Defensora Pública Primera del estado Lara, contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL en la personal del Registrador Civil de la Parroquia Guerrera Ana Soto del Municipio Iribarren del estado Lara o el que se encuentre de guardia.
CUARTO: Se ordena Notificar al Ministerio Público.
QUINTO: En consecuencia se ordena librar oficio dirigido al Registrador Civil de la Parroquia Guerrera Ana Soto del Municipio Iribarren del estado Lara,a los fines de ordenarle expida la orden de enterramiento de quien en vida se llamara: ROBERTO ANTONIO RIVAS RAMIREZ, titular de la cédula de identidad N° V-31.152.144, fallecido en fecha 15 de Abril de 2024, según certificado de defunción matriculado con el N° 24042820544207, expedido por la autoridad competente del gobierno de la República de Colombia, suscrito por la Dra. Nelly Patricia Martínez Gandoza Así se establece.
La Jueza,

Abg. Mariani Selena Linares Peraza.
La Secretaria,

Abg. María Isabel Godoy Viloria.

MSLP/Migv/san