TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
SALA SEGUNDA
CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
MARACAIBO, JUEVES, CATORCE (14) DE SEPTIEMBRE DE 2023
213º y 164º

ASUNTO PRINCIPAL: 4C-1731-2023.-
DECISIÓN No. 316-23.-

I
PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL SUPERIOR MARYORIE EGLEE PLAZAS HERNÁNDEZ

Se recibieron en esta Instancia Superior, las presentes actuaciones en fecha catorce (14) de septiembre de 2023, contentiva de la incidencia de inhibición formulada por la DRA. YESSIRE LEINS RINCÓN PERTUZ, en su carácter de Jueza Superior suplente integrante de la Sala Segunda (2°) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, para el conocimiento del Amparo Constitucional interpuesto por el profesional del derecho FRANKLIN LEONARDO LÓPEZ MEDINA, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el número 168.716, actuando con el carácter de defensor privado de los ciudadanos 1.- CARMELA JOSEFINA LA MARCA BRACHO y 2.- JOSÉ LUIS LA MARCA BRACHO, titulares de las cédulas de identidad V.- 7.708.756 y V.- 9.753.184, respectivamente, relacionado a la causa signada con la nomenclatura de instancia 4C-1731-2023, en razón de la denegación de justicia y omisión de pronunciamiento judicial incurrida, según el defensor, por la Juez A Quo adscrita al Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.

Realizados los trámites legales consiguientes, se designó como ponente a la ciudadana MARYORIE EGLEE PLAZAS HERNÁNDEZ, Jueza Profesional Presidenta Encargada de esta Sala Segunda (2°) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. En consecuencia, se pasa a analizar la respectiva acta de inhibición, y para decidir se observa:
II
CAUSAL JURÍDICA DE LA INHIBICIÓN FORMULADA:

La abogada YESSIRE LEINS RINCÓN PERTUZ, en su carácter de Jueza Profesional Superior integrante de la Sala Segunda (2°) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, se inhibe de conocer la mencionada causa por estimar encontrarse incurso en la causal de inhibición prevista en el numeral 8° del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal.
III
FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA CAUSAL ALEGADA:

La abogada YESSIRE LEINS RINCÓN PERTUZ, en su carácter de Jueza Profesional Superior integrante de la Sala Segunda (2°) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, manifestó como circunstancias fácticas de la inhibición formulada, las siguientes:

“…Yo, YESSIRE LEINS RINCÓN PERTUZ, en mi carácter de Jueza Suplente integrante de la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en virtud de la convocatoria Nº 026-2023, emitida por la Presidencia de este Circuito Judicial Penal, de fecha 12 de Junio de 2023, en sustitución de la Jueza Provisoria Dra. JESAIDA KARINA DURÁN MORENO, titular de la cédula de identidad N° V-14.357.110, a quien, en fecha 12 de Junio de 2023, fue autorizada por la instancia superior administrativa para el disfrute de sus vacaciones legales correspondientes a los periodos 2015-2016, 2017-2018 y 2018-2019, en atención a las directrices emanadas por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, a partir del día jueves quince (15) de junio de 2023, hasta el día viernes seis (06) de octubre de 2023, ambas fechas inclusive, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 89, ordinal 8° ejusdem, me INHIBO de conocer la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesto por el ABG. FRANKLIN LÓPEZ MEDINA; por OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO, en contra del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, acción que ejerce de conformidad con lo consagrado en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto se evidencia de la revisión del escrito interpuesto por el profesional del derecho, que el mismo hace la advertencia que mi persona ejerciendo funciones como Jueza Provisoria del Tribunal Cuarto de Control de este Circuito, celebré el acto de imputación formal por delitos menos graves, y que fui recurrida por el mismo vicio en el referido acto, de igual forma hace alusión que ha sido este vicio denunciado en dos oportunidades. Motivo por el cual a fin de evitar dudas en relación a las partes intervinientes sobre la imparcialidad a la que pueda estar sujeta como administradora de Justicia, y en acatamiento al criterio de nuestro máximo tribunal, en el cual ha dejado claro que la figura de la inhibición “…es un acto voluntario que determina el propio juzgador cuando observa que su imparcialidad puede afectar el proceso judicial que este conociendo…”. (Sala de casación Penal, Sentencia N° 35 de Fecha 17-02-2023). Por consiguiente, en aras de garantizar una limpia y transparente administración de justicia, ME INHIBO de conocer de la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 89, ordinal 8° ejusdem…”. (Negritas, mayúsculas y subrayado de la Jueza Inhibida).

IV
MOTIVACIÓN DE LA SALA PARA DECIDIR

Esta Sala para decidir la presente inhibición, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 99 del Código Orgánico Procesal Penal y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acoge el criterio sostenido por el Dr. Arminio Borjas, quien en su obra “Exposición del Código de Enjuiciamiento Criminal”, expone:

“… Los Ministros de la Justicia han de conservarse imparciales y hacer que así se les considere por todo el mundo. No es menester por lo tanto, que se crean parcializados, basta con que teman estarlo y con que las partes o la sociedad puedan sospechar que lo están”.

De igual forma, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 211, dictada en fecha 15 de febrero de 2001, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, dejó establecido lo siguiente:

"…La inhibición es un deber jurídico impuesto por la ley al funcionario judicial de separarse del conocimiento de una causa, en virtud de encontrarse en una especial vinculación con las partes, con el objeto del proceso o con otro órgano concurrente en la misma causa, calificada por la ley como causal de recusación y, por ser un deber procesal, el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil dispone que si el funcionario retarda esa declaratoria a sabiendas de que está incurso en el impedimento, deberá responder de los daños que con su intervención haya causado a la parte que resulte afectada y está sujeto también a multa, por retardo en el cumplimiento de este deber...”

Por su parte, el procesalista Alberto Binder, refiere que:

“…En cuanto a la recusación o inhibición ha establecido la doctrina que son mecanismos procesales establecidos para preservar la imparcialidad del Juez, entendiendo por ésta que el Juez para la solución del caso, no se dejará llevar por ningún otro interés fuera de la aplicación correcta de la Ley y la solución justa para el litigio, tal como la Ley lo prevé” (Auto citado. “Introducción al Derecho Procesal Penal”. p.p: 320 y 321).”.

Igualmente, si se toma en cuenta el sentido que la Doctrina ha dado tanto a la institución de la Inhibición como de la Recusación; en efecto las decisiones de los administradores de Justicia tienen no que convencernos a nosotros mismos sino que ellas sean capaces de convencer al colectivo y en tal sentido José Monteiro Da Rocha ha dejado establecido en su obra “La Recusación y la Inhibición en el Procedimiento Civil, página 22 que:

“…Es fácil entender que las partes requieren confiar en la imparcialidad y rectitud de quien los juzga, o de quienes pueden influir en la decisión de la causa o incidencia presentada, y en definitiva al producirse una sentencia favorable o contraria por un juez imparcial, se convierte en una decisión eficaz y justa que será mas fácil de ejecutar voluntariamente por la parte perdidosa que no se deberá considerar lesionada en su derecho...”

En este sentido, el citado autor José A. Monteiro respecto a la naturaleza jurídica de la inhibición ha establecido que:

“…Mientras la naturaleza jurídica de la inhibición nace de la obligación moral, impuesta por la ley, que tiene el juez o funcionario judicial de separarse del proceso cuando en él existan causas que comprometan su imparcialidad. Partiendo en todo momento del respecto que debe tener con ocasión de su cargo a las partes y a él mismo como persona investida de una autoridad judicial…”

Ciertamente, el artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone las causales o fundamentos legales, en las cuales deben fundarse las inhibiciones formuladas por los Jueces Profesionales, Fiscales del Ministerio Público, Secretarios, Expertos e Intérpretes, así como cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, que consideren que le son aplicables una o algunas de las causales señaladas, en el artículo in commento. La indicada disposición procesal, establece en su numeral 8°: “… Cualquier otra causa fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad…”.

Al respecto, quienes deciden observan que las causales de recusación previstas en el artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, versan sobre la inhabilidad del funcionario judicial para intervenir en la controversia sometida a su conocimiento. De tal modo, que dichos motivos de limitación subjetiva del juzgador, se refieren únicamente a la relación entre el juez con las partes del proceso que este conoce, o su relación con el objeto del mismo.

Es necesario señalar que, las causales de recusación e inhibición previstas en los ocho numerales del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, contemplan hechos objetivos y argumentos subjetivos que determinan la recusación o inhibición del juez, y en este sentido, podría señalarse que la sistematización acogida por el legislador es equitativamente directa a las acciones que identifican a cada una de ellas; así, tenemos que dentro de las causales objetivas se ubican las contenidas en los numerales uno, dos y tres relacionadas con el grado de parentesco existente entre las partes, bien por afinidad o por consaguinidad; el numeral sexto directamente referido a la prohibición de mantener contacto directa o indirectamente con alguna de las partes, para tratar asuntos relacionados con la materia a conocer por el Juez; y, finalmente la contenida en el numeral siete que prevé la inhibición o recusación del Juez, cuando éste hubiese tenido conocimiento del proceso por intervención previa directa y en función de ello, hubiese emitido opinión. Y se consideran objetivas, porque su existencia surge de hechos materiales de inmediata observación, que poca duda dejan de su existencia entre las partes, como es el caso del parentesco, o de la intervención, conocimiento y concepto u opinión emitida en función a la materia de que trata el asunto, circunstancias que obligan a la inhibición del funcionario, so pena de ser recusado.

Por otra parte, las causales contenidas en los numerales 4, 5 y 8 son de naturaleza subjetivas, así tenemos que el numeral cuarto establece la amistad o enemistad manifiesta como causal de inhibición, el numeral quinto consagra el interés directo que pudiese tener el recusado, su cónyuge o algunos de sus afines o parientes consanguíneos, dentro de los grados requeridos, en el resultado del proceso, y el numeral octavo, que refiere cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte la imparcialidad del funcionario.

En atención a tal circunstancia, quienes aquí deciden consideran que lo alegado por quien se inhibe tiene suficientes fundamentos en Derecho, por cuanto la ciudadana abogada YESSIRE LEINS RINCÓN PERTUZ, en su carácter de Jueza Profesional Superior integrante de la Sala Segunda (2°) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, según la inhibición planteada de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 89 numeral 8° eiusdem, considera que su participación directa o indirecta en el asunto signado con el alfanumérico 4C-1731-2023, relacionado al amparo constitucional, interpuesto por el profesional del derecho FRANKLIN LEONARDO LOPÉZ MEDINA, inscrito debidamente en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el número 168.716, actuando con el carácter de defensor privado de los ciudadanos 1.- CARMELA JOSEFINA LA MARCA BRACHO y 2.- JOSÉ LUIS LA MARCA BRACHO, titulares de las cédulas de identidad V.- 7.708.756 y V.- 9.753.184, respectivamente, genera objetivamente una situación de riesgo en cuanto a la imparcialidad requerida para la Jueza Inhibida en la presente causa, con soporte en el hecho de su exposición rendida.

En tal sentido, quien aquí decide, considera que ante esta situación se podría afectar la objetividad del Juzgador en la administración de Justicia, razón por la cual considera que lo procedente en derecho es declarar CON LUGAR la inhibición formulada por la abogada YESSIRE LEINS RINCÓN PERTUZ, en su carácter de Jueza Profesional Superior integrante de la Sala Segunda (2°) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, para el conocimiento del presente Amparo Constitucional, interpuesto por el profesional del derecho FRANKLIN LEONARDO LÓPEZ MEDINA, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el número 168.716, actuando con el carácter de defensor privado de los ciudadanos 1.- CARMELA JOSEFINA LA MARCA BRACHO y 2.- JOSÉ LUIS LA MARCA BRACHO, titulares de las cédulas de identidad V.- 7.708.756 y V.- 9.753.184, respectivamente, en contra del Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en virtud de encontrarse incursa en la causal de inhibición prevista en el numeral 8° del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de evitar dudas en relación a las partes intervinientes sobre la imparcialidad a la que pueda estar sujeta como administradora de Justicia que es en el presente proceso. Así se declara.-
V
DISPOSITIVA

Por los fundamentos de Derecho expuestos esta Sala Segunda (2°) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

ÙNICO: CON LUGAR LA INHIBICIÓN formulada por la abogada YESSIRE LEINS RINCÓN PERTUZ, en su carácter de Jueza Profesional Superior integrante de la Sala Segunda (2°) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, para el conocimiento del Amparo Constitucional interpuesto por el profesional del derecho FRANKLIN LEONARDO LÓPEZ MEDINA, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.), bajo el número 168.716, actuando con el carácter de defensor privado de los ciudadanos 1.- CARMELA JOSEFINA LA MARCA BRACHO y 2.- JOSÉ LUIS LA MARCA BRACHO, titulares de las cédulas de identidad V.- 7.708.756 y V.- 9.753.184, respectivamente, relacionado a la causa signada con la nomenclatura de instancia 4C-1731-2023, en virtud de encontrarse incursa en la causal de inhibición prevista en el numeral 8° del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal.

Publíquese, regístrese en el libro respectivo, déjese copia certificada en archivo y notifíquesele a la Jueza Inhibida remitiéndole copia certificada de la presente decisión. Así mismo remítase el presente cuaderno de inhibición en la oportunidad correspondiente.

LA JUEZA SUPERIOR PROFESIONAL

DRA. MARYORIE EGLEE PLAZAS HERNÁNDEZ
Presidenta Encargada de la Sala-Ponente

LA SECRETARIA

ABOG. ISABEL MARIA AZUAJE NAVEDA

MEPH/Moreno
Asunto Principal: 4C-1731-2023