TSJ Regiones - Decisión

Exp. 13.665

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Aprehende este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, de la distribución signada con el N° TSM-101-2023, presentada por ante esta Superioridad en fecha cuatro (04) de agosto de dos mil veintitrés (2023), en razón del Recurso de Hecho interpuesto por el abogado en ejercicio GUILLERMO ALFONSO CALLEJA ANDRADE, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 185.298, quien actuare en representación de la Sociedad Mercantil C.A DE SEGUROS LA OCCIDENTAL; todo ello en contra de auto dictado en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil veintitrés (2023) por el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, mediante el cual se oye en el solo efecto devolutivo la apelación que fuere propuesta por el apoderado judicial in comento, derivado de juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y COBRO DE BOLÍVARES se incoare por la ciudadana MARIA JOSÉ PETIT MATOS en contra de la Sociedad Mercantil C.A. DE SEGUROS LA OCCIDENTAL. En razón a ello, esta Superioridad procede a decidir previo análisis de las siguientes consideraciones:

I
DE LA COMPETENCIA
Este Tribunal resulta competente para conocer de la resolución del presente recurso de hecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, por ser este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, el Tribunal de Alzada competente al TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Y ASÍ SE DECLARA.

II
DE LA NARRATIVA

En fecha cuatro (04) de agosto de dos mil veintitrés (2023), esta Superioridad recibió distribución por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del presente Recurso de Hecho que efectuare el abogado en ejercicio GUILLERMO ALFONSO CALLEJA ANDRADE, en contra de auto emitido por el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, por cuanto el recurso de apelación propuesto por el apoderado judicial de la parte demandada del juicio principal, se oyó en el sólo efecto devolutivo. En razón a lo anterior, el presente Recurso de Hecho se fundamentó en lo siguiente:
“(...Omissis…)
(…) interpongo el presente Recurso de Hecho, contra el decreto de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en la que oye la apelación propuesta en el solo efecto devolutivo; a los fines de que este Juzgado Superior (…), admita la Apelación en ambos efectos (…).
Actualmente la causa contenida en el expediente 42.999 se encuentra aún en estado de ejecución de sentencia, debiendo recalcar que, la ejecución del referido fallo, producto de un procedimiento donde se violaron los principios y garantías constitucionales del debido proceso, y donde además se omitieron normas procesales de orden público al no practicar la debida notificación a la Procuraduría General de la República (…).

En la misma fecha, la parte recurrente consignó copias certificadas que considerase pertinentes, en las que se deja constancia de actuaciones concernientes al curso del juicio principal, mediante las cuales se indican que:
• En fecha diez (10) de octubre de dos mil dieciséis (2016) el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, admitió la demanda por cuanto ha lugar en derecho.
• En fecha seis (06) de abril de dos mil veintidós (2022), el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA dictó sentencia resolviendo el fondo del asunto, mediante la cual se declara con lugar la demanda incoada por la parte demandante.
• En fecha once (11) de octubre de dos mil veintidós (2022), el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, dictó auto mediante el cual se decreta Medida Ejecutiva de Embargo, por cuanto han transcurrido íntegramente lapso de ejecución voluntaria de sentencia previamente proferida.
• En fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023), el abogado en ejercicio GUILLERMO ALFONZO CALLEJA ANDRADE, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandada del juicio principal, consignó escrito mediante el cual solicita el que se declare la reposición de la causa.
• En fecha trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023), el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, declaró improcedente la reposición de la causa solicitada.
• En fecha diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023), el apoderado judicial de la Sociedad Mercantil C.A. DE SEGUROS LA OCCIDENTAL, consignó diligencia mediante la cual aspira servirse de los efectos que produjere el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión anteriormente proferida.
• En fecha veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023), el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, oye la apelación en un solo efecto devolutivo.

Posterior a ello, en fecha nueve (09) de agosto de dos mil veintitrés (2023), este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, emitió auto mediante el cual le da entrada al presente expediente.

En fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), la abogada en ejercicio Nora Bracho, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte demandante del juicio principal; consignó escrito, con copias certificadas anexas.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Vista y analizadas las actas procesales que conforman las actas del presente expediente; se desprende que el presente recurso de hecho fue incoado por el apoderado judicial de la parte demandada de juicio que por Cumplimiento de Contrato y Cobro de Bolívares se incoare por la ciudadana MARÍA JOSÉ PETIT MATOS, en contra de la Sociedad Mercantil C.A. DE SEGUROS LA OCCIDENTAL, ello motivado al auto dictado por el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, mediante el cual se oye la apelación ejercida en un solo efecto, a su vez dictado en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023). A este respecto, este Juzgado Superior a dictar sentencia, previas siguientes consideraciones:
De las actuaciones que conforman el expediente en curso se desprende que, en fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), la apoderada judicial de la ciudadana María José Petit Matos, parte demandante del juicio principal, consigna escrito mediante el cual promueve a su vez, serie de copias certificadas que logran otorgar certeza a este Órgano Jurisdiccional de no ocurrencia de ejecución voluntaria de la sentencia proferida por el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, de fecha seis (06) de abril de dos mil veintidós (2022), y por tanto, de la necesidad de que se llevare a cabo, ejecución forzosa de la misma; razón por la cual, se ha decretado Medida Ejecutiva de Embargo. Tal es el caso en que, del contenido del propio escrito se desprende que, la parte promovente elabora defensas que pudieren tomarse en consideración por el tribunal que conociere de la apelación admitida por el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023) en un sólo efecto; por cuanto refiere razones por las cuales esta Superioridad debiese declarar la IMPROCEDENCIA de solicitud de reposición de la causa, y por cuanto la misma no es objeto de decisión por ante este Juzgado Superior Segundo, sino que, únicamente se decide sobre la procedencia del Recurso de Hecho, se desestiman tales alegatos.
Como elemento inicial para hacer procedente el Recurso de Hecho que se intentare en contra de auto que niegue el ejercicio del recurso de apelación que fuere solicitado por alguna de las partes, el Código de Procedimiento Civil contempla lo siguiente:
Artículo 305. Negada la apelación, o admitida en un solo efecto, la parte podrá recurrir de hecho, dentro de cinco días, más el término de distancia, al Tribunal de alzada solicitando que se ordene oír la apelación o que se la admita en ambos efectos y acompañará copia de las actas del expediente que crea conducentes y de las que indique el juez si éste lo dispone así. También se acompañará copia de los documentos o actas que indique la parte contraria, costeándolos ella misma. El auto que niegue la apelación o la admita en un solo efecto, fijará el término de la distancia, si fuere procedente, a los efectos del recurso de hecho.

Entonces, de las disposiciones normativas anteriormente establecidas se entiende que, el Recurso de Hecho surge de la necesidad de que fuere resguardado el ejercicio del Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución Nacional, respectivamente; todo ello en razón de que, su ejercicio depende de alguna condición en que la parte que deseare se oyera apelación a la que hubiere lugar por la disconformidad que se presente sobre decisión anteriormente proferida por el tribunal que conoce del asunto, y que, a pesar de pretender hacerse valer del derecho que tiene de ejercer recurso ordinario de apelación sobre la sentencia dictada, el a-quo mediante auto decide negarla, o en todo caso, oírla en un solo efecto.
De igual forma, se entiende que, en tanto el recurso de hecho inicia en cuaderno separado, será la parte solicitante quien debe proveer al Juzgado Superior que corresponda conocer según lo atribuido por Órgano Distribuidor, las copias de actuaciones presentes en el expediente de causa principal que considere pertinentes; ello en razón de que, serán estas actas las que permitan otorgar mayor verosimilitud al Juez de los hechos que fueren esgrimidos. En razón a ello, y en vista de que la parte solicitante acompañó copias respectivas junto con el escrito que diere lugar al inicio del Recurso in comento, este Juzgado Superior Segundo procederá a decidir con base a los elementos que se encontraren en el expediente en curso. ASÍ SE DECIDE.
Entonces, vale decir por esta Superioridad que, para que el presente recurso fuere procedente, se hace necesario el análisis del objeto de la interposición de un Recurso de Apelación. Tal criterio lo dispone la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 272 de fecha 19 de febrero de 2002, bajo ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini; mediante la cual se expresa:
“(…) el recurso de hecho como garantía procesal del derecho de apelación, tiene por objeto la revisión del juicio o dictamen emitido por el juez de la causa en torno a la admisibilidad del recurso ejercido y, en tal sentido, supone como presupuestos lógicos, en primer lugar, la existencia de una decisión susceptible de ser apelada; en segundo lugar, el ejercicio válido del recurso de apelación contra ésta y, finalmente, que el órgano jurisdiccional haya negado la admisión de dicho recurso o la haya limitado al sólo efecto devolutivo. Por tanto, ninguna legitimación puede tener para ejercer el recurso de hecho, la parte que no ha ejercido apelación”.
De lo expresado previamente, destaca esta Superioridad que, si bien el Recurso de Hecho configura medio alterno que tiene como propósito fundamental garantizar la protección a lo contenido en el artículo 26 y 49 de la Constitución Nacional, al cual pudiere acceder la parte que ha aspirado servirse de los efectos del recurso ordinario de apelación, pero que por su parte, ha sido negado por el Tribunal que conociere de la causa; el mismo para que fuere procedente deberá cumplir con una serie de requisitos. Conforme a lo indicado, se considera necesario que, para que el Juez de Alzada tenga conocimiento del recurso in comento se requiere de: 1) una decisión que fuere susceptible de ser apelada; bien fuere auto decisorio o sentencia definitiva; 2) que el recurso de apelación ha sido interpuesto con motivación certera y legal, donde se evidenciare el agravio que supone el dictamen de la misma en contra de alguna de las partes; y finalmente, 3) que el recurso de hecho al que hubiere lugar se ha interpuesto con ocasión a la negativa de oír la apelación que se ejerciere sobre una decisión previa, o que fuere oída en un solo efecto.
En lo que respecta a los requisitos mencionados anteriormente, y de las actas que rielan en el expediente en curso, se evidencia que el recurso de apelación sobre el cual ha sido oído en un solo efecto; ha sido ejercido por el abogado en ejercicio GUILLERMO CALLEJA, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandada en el juicio principal; operando en contra de auto decisorio dictado en fecha trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023) mediante el cual el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, declara Improcedente la Reposición de la Causa previamente propuesta por el abogado ut supra referido. Tal es el caso en que, se visualiza actuación devenida del ejercicio de las funciones jurisdiccionales que se le atribuyen al Tribunal en cuestión; y por tanto, susceptible de ser objeto de apelación en caso de que evidenciare gravamen irreparable a alguna de las partes. ASÍ SE ESTABLECE.
Aunado a ello, y en lo que respecta a la negativa de oír en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada del juicio principal; se entiende que, la presencia de tal elemento será el que le otorgue la legitimación activa al solicitante de aspirarse servir de los efectos que produjere el recurso de hecho al que hubiere lugar. Esto es, que el auto decisorio que niegue el recurso de apelación interpuesto, configura requisito primordial que otorgue legitimación al solicitante para que interponga recurso de hecho. Para el caso de actas, es relevante evidenciar pronunciamiento dictado por el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, de fecha veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023) donde se manifiesta: “este Tribunal, oye la apelación EN EL SOLO EFECTO DEVOLUTIVO de conformidad con los artículos 289, 291 y 295 del Código de Procedimiento Civil”; evidenciando así, el que únicamente fuere posible la devolución del expediente al tribunal de la causa luego de la decisión que fuere proferida por el tribunal ad-quem, y no la suspensión del curso del proceso al que se refiera. ASÍ SE ESTABLECE.
Finalmente, es necesario que esta Superioridad verifique no sólo la existencia de una decisión que fuere objeto de apelación, sino que, por su parte, la misma fuere ejercida válidamente. Esto es, que hubiere relación directa entre el contenido de la decisión a la que se refiere, y el carácter de apelable que se le atribuya. Tal es el caso en que, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 661 de fecha 07 de noviembre de 2003, bajo ponencia del Magistrado Franklin Arrieche, se establece lo siguiente:
“(…) el objeto de la apelación es provocar un nuevo examen de la relación controvertida mediante el juez del segundo grado de la jurisdicción. Esta es la razón por la cual la doctrina, al definir el interés en la apelación, expone que está determinado por el agravio, perjuicio o gravamen que la decisión judicial apelada causa a uno de los litigantes o a los dos recíprocamente, por haber acogido o rechazado total o parcialmente la pretensión planteada en el primer grado de la jurisdicción. Por tanto, como bien lo afirma la doctrina, si la apelación en esencia es una instancia sobre los hechos, que debe culminar en una nueva resolución, es obvio que su objeto no es otro que la pretensión reconocida o negada por la sentencia apelada”. (SUBRAYADO DE ESTA SUPERIORIDAD).
Por ello, y en relación al criterio jurisprudencial anteriormente mencionado se desprende que, el recurso de apelación únicamente opera en contra de las decisiones que ocasionaren un gravamen a alguna de las partes intervinientes en el juicio, o ambas inclusive. La naturaleza del contenido que deriva de la decisión apelada, será la que le otorgue la posibilidad al tribunal a-quo de dictaminar si el recurso de apelación procede en uno o en ambos efectos. Conforme a lo previamente establecido, el Código de Procedimiento Civil dispone:
Artículo 290. La apelación de la sentencia definitiva se oirá en ambos efectos, salvo disposición especial en contrario.
Artículo 291. La apelación de la sentencia interlocutoria se oirá solamente en el efecto devolutivo, salvo disposición especial en contrario.
En razón a lo anterior, se determina que, conforme a lo dispuesto por el legislador en la norma adjetiva civil, cuando alguna de las partes considerase que se le ha ocasionado algún gravamen que pudiere ser solventado mediante la interposición del recurso de apelación para que un tribunal superior conociere del asunto, consignará por ante el tribunal de la causa su voluntad de aspirar servirse de los efectos que produjere el recurso ordinario de apelación; y será el mismo juzgado a-quo, quien emita pronunciamiento mediante dictamen de auto en el que manifieste en los efectos en que se oirá la apelación, o si por el contrario, decidiere negarla. Por ello, será oída en ambos efectos, únicamente las sentencias definitivas o interlocutorias con fuerza de definitiva, por cuanto son en ellas, en las que se conoce sobre el fondo del asunto debatido. Tal es el caso en que, del análisis del contenido de las actas que conforman el expediente en curso, se evidencia que, el auto del cual apela el apoderado judicial de la Sociedad Mercantil C.A. DE SEGUROS LA OCCIDENTAL en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023); dictado a su vez, por el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA en fecha trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023), declara Improcedente la reposición de la causa anteriormente propuesta por la parte hoy recurrente; determinando así, que tal pronunciamiento no da fin a la controversia que se suscita, sino que por el contrario, desconoce sobre el fondo del asunto debatido. En todo caso, por considerarse una decisión interlocutoria que no posee interés directo en las resultas del proceso, no exige la suspensión del juicio principal respectivo; sino que bastará con la devolución de las resultas de la apelación, al tribunal de la causa para que el mismo esté en conocimiento sobre lo decidido. Por ello, esta Superioridad manifiesta la imposibilidad de que fuere procedente el Recurso de Hecho propuesto, por cuanto la actuación del tribunal a-quo ha sido ajustada a derecho. ASÍ SE DECIDE.
En tanto la exigencia de los tres (03) requisitos a los que se ha hecho mención en el cuerpo de la motiva del presente fallo, deben ser cumplidos de manera concurrente para que fuere procedente el presente recurso de hecho; resulta forzoso, para este Órgano Jurisdiccional, declarar IMPROCEDENTE el recurso de hecho propuesto por el abogado en ejercicio GUILLERMO ALFONSO CALLEJA ANDRADE, apoderado judicial de la Sociedad Mercantil C.A DE SEGUROS LA OCCIDENTAL; en contra de auto dictado por el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023), y así, se plasmará en forma expresa, precisa y positiva en el dispositivo del presente fallo. Y ASÍ SE DECIDE.
IV
DISPOSITIVO

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en recurso de hecho interpuesta por el abogado en ejercicio GUILLERMO ALFONSO CALLEJA ANDRADE, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 185.298, quien actuare en representación de la Sociedad Mercantil C.A DE SEGUROS LA OCCIDENTAL, ejercido en contra del auto dictado en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia; se declara:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de hecho ejercido por la abogada en ejercicio GUILLERMO ALFONSO CALLEJA ANDRADE, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 185.298; en contra del auto dictado en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón de la naturaleza del presente fallo.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Incluso en el sitio Web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve así como en la página www.zulia.scc.org.ve, déjese copia de la presente decisión y Notifíquese de conformidad con lo establecido en el artículo 248 y 251 del Código de Procedimiento Civil, remítase el presente expediente en la oportunidad correspondiente.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veinticinco (25) días del mes de Septiembre de dos mil veintitrés (2023). Años: 213° de la Independencia 164° de la Federación.

LA JUEZA SUPERIOR PROVISORIA

DRA. ISMELDA LUISA RINCÓN OCANDO.
EL SECRETARIO,

ABG. JONATHAN LUGO VARGAS
En la misma fecha, siendo la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde (01:45 p.m.), en hora de despacho, se publicó el presente fallo, se expidió la copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de sentencias, quedando anotada bajo el No. S2-064-2023.
EL SECRETARIO,

ABG. JONATHAN LUGO VARGAS
IRO/ngat.-
Exp. 13.665