Solicitud Nº 5731-16 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Previa revisión de las actas procesales, observa este Tribunal que en fecha veintiuno (21) de abril de 2016, se recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Estado Zulia, la solicitud que por DIVORCIO 185-A, interpusieran los ciudadanos RAFAEL DARIO MORENO MATERANO e ISOLINA GREGORIA REYES HERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.745.333 y V-6.746.725, debidamente asistidos por el abogado en ejercicio YAREMY JOSEFINA GONZALEZ GONZALEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 210.666. En fecha veintiuno (21) de abril de 2016, este Juzgado admitió la solicitud por cuanto no era contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a ninguna disposición de la Ley. Ahora bien, se hace constar que esta Juzgadora fue convocada como Jueza Suplente de este Despacho mediante oficio No. 003-2023 emanado de la Coordinación Civil del Estado Zulia, tomando posesión desde el día 6 de marzo de 2023, en tal sentido, se aprehende del conocimiento de la presente solicitud. Determinado lo anterior, se desprende de actas que con posterioridad a la admisión de la presente solicitud de Divorcio 185-A en fecha veintiuno (21) de abril de 2016, la parte actora ni por sí, ni mediante apoderado judicial ha ejecutado ningún acto procesal subsiguiente capaz de mantener activo el presente procedimiento de jurisdicción voluntaria, razón por la cual, se hace pertinente esbozar las siguientes consideraciones: Dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…” En corolario con lo anterior nuestro Máximo Tribunal de Justicia se ha pronunciado respecto a la perención en los siguientes términos: “La perención consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la ley, sin que se hubiese verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio. Este instituto procesal encuentra justificación en el interés del estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar justicia; y por otra parte, en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso.” Establecido lo anterior, observa este Tribunal que desde el día en que se admitió la solicitud en fecha veintiuno (21) de abril de 2016, no se ha producido ningún otro acto de impulso procesal a los fines de dar continuidad a la tramitación de la presente solicitud, transcurriendo sin lugar a dudas más de un (1) año desde dichas actuaciones, generando de esta manera una falta de interés e impulso procesal que atenta contra el normal desenvolvimiento del aparato jurisdiccional. En efecto, se trata de una solicitud tramitada por jurisdicción voluntaria, pero ella no excluye el principio dispositivo que rige todo proceso civil, razón por la cual, para dar continuidad a los trámites respectivos debe permanecer desde su admisión hasta la finalización del procedimiento, el interés procesal y por ende el impulso de las partes a los fines de obtener la tutela judicial requerida. En derivación, habiéndose comprobado de las actas procesales que la parte solicitante no tuvo interés en dar continuidad a su solicitud de divorcio, habiendo transcurrido para el día 21 de abril de 2017 el lapso de un año estipulado en la Ley, sin que se produjera ningún acto de impulso procesal, se generó el decaimiento de la acción por pérdida del interés y como consecuencia de ello, la perención de la instancia, la cual al ser verificable de derecho, puede ser declarada de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece. En tal sentido, en atención a las consideraciones expuestas con anterioridad, se desprende que en el caso bajo examen operó la perención de la instancia, y en tal sentido, se declara la extinción del procedimiento de la presente solicitud de DIVORCIO 185-A, incoada por los ciudadanos RAFAEL DARIO MORENO MATERANO e ISOLINA GREGORIA REYES HERNANDEZ y así se declarará de forma expresa en el dispositivo de la presente resolución. Y ASÍ SE DECLARA. DECISIÓN Este TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente solicitud de DIVORCIO 185-A, incoada por los ciudadanos RAFAEL DARIO MORENO MATERANO e ISOLINA GREGORIA REYES HERNANDEZ, ambos identificados en actas, y en consecuencia, se declara la EXTINCIÓN de la referida solicitud, de conformidad con los motivos señalados con anterioridad y en consonancia con lo dispuesto en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE, incluso en la página web del Tribunal Supremo de Justicia. NOTIFÍQUESE A LA PARTE SOLICITANTE. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023). Año: 213° de la Independencia y 164° de la Federación. LA JUEZA SUPLENTE. ABG. BERTHA CARRILLO POLO. LA SECRETARIA SUPLENTE. ABG. DAYAVID BARROSO. En la misma fecha, siendo la una y treinta minutos de la tarde (3:20 PM), se dictó y publicó la sentencia que antecede, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, quedando anotada bajo el No. 69-2023, en el libro correspondiente. LA SECRETARIA SUPLENTE. ABG. DAYAVID BARROSO. . BCP/DB/df. Sol. 5731-2016.