REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, veinte (20) de noviembre de 2.023. 213° y 164° EXPEDIENTE Nº: 14.688. PARTE DEMANDANTE: La ciudadana MILEYXI CAROLINA GONZALEZ BRACHO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.610.128, domiciliada en Maracay, Estado Aragua. PARTE DEMANDADA: El ciudadano DAVID MOCADA VILLEGAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.216.702, domicilado en Maracay, Estado Aragua; el ciudadano HUMBERTO MALDONADO MORENO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.668.505, domiciliado en San Cristóbal, Estado Táchira; la sociedad mercantil COMERCIALIZADORA MUNDOMICA COMPAÑÍA ANÓNIMA, inscrita en el Registro Mercantil Tercero del Estado Zulia, en fecha 01 de abril de 2.009, anotado bajo el Nro. 15, Tomo 35-A, posteriormente modificada mediante actas de Asambleas de fechas diecisiete (17) de junio de 2.010 y veintidós (22) de agosto de 2.011, inscritas bajo los Nros. 18, Tomo 50-A, y 33, Tomo 78-A 485, inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F), bajo el Nro. J-29739709-4, domiciliada en la Maracaibo, Estado Zulia; la sociedad mercantil INVERSIONES RINCONES M&M, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto, de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 03 de agosto de 2.011, anotado bajo el Nro. 14, Tomo 58-A, RM 4to, domiciliada en Maracaibo, Estado Zulia; y la sociedad mercantil MI BANCO, BANCO MICROFINANCIERO, C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capita y Estado Miranda, en fecha 14 de junio de 2.006, bajo el Nro. 74, Tomo 114-A, Sdo, cuya modificación de denominación consta en acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionista, de fecha 11 de julio de 2.012, inscrita en el citado Registro Mercantil, en fecha 10 de diciembre de 2.012, bajo el Nro. 21, Tomo 331-A Sdo, domiciliada en Maracaibo, Estado Zulia. FECHA DE ADMISIÓN: veintisiete (27) de septiembre de 2.016.- MOTIVO: SIMULACIÓN. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.- La Dra. LOLIMAR URDANETA, en su carácter de Jueza Provisoria, se aboca al conocimiento de la causa. I ANTECEDENTES En fecha veintisiete (27) de septiembre de 2.016, este Juzgado admitió cuanto ha lugar en derecho la presente demanda, asimismo ordenó la citación de la parte demandada e instó a la parte actora a consignar por diligencia las copias simples que fueren necesarias para el libramiento de las compulsas certificadas, indicar el domicilio de la parte demandada y proveer al Alguacil los emolumentos necesarios para practicar la citación. En fecha once (11) de octubre de 2.016, la parte actora consignó las copias simples y los emolumentos necesarios para practicar la citación de la parte demandada. En esa misma fecha, el Alguacil Natural de este Juzgado dejó constancia de haberlos recibido. En fecha diecisiete (17) de octubre de 2.016 y dieciocho (18) de octubre de 2.016, el Alguacil Natural de este Juzgado expuso no haber podido practicar la citación de la parte demandada. En fecha veintinueve (29) de noviembre de 2.016, la parte actora solicitó se ordenara la citación cartelaria de la parte demandada. En fecha treinta (30) de noviembre de 2.016, el Alguacil Natural de este Juzgado consignó copia de los oficios de fecha catorce (14) de octubre de 2.016. En fecha dos (02) de diciembre de 2.016, este Juzgado proveyó conforme a lo solicitado, en consecuencia se ordenó librar cartel de citación a la parte demandada En fecha veinticinco (25) de enero de 2.017, la parte actora solicitó a este Juzgado copias fotostáticas certificadas. Asimismo, dejó constancia de haber consignado los emolumentos necesarios para fijar carteles de citación a la parte demandada. En fecha veintisiete (27) de enero de 2.017, este Juzgado proveyó conforme a lo solicitado, en consecuencia se ordenó expedir por secretaria las copias certificadas solicitadas. Asimismo, se instó a la parte interesada a consignar las copias simples correspondientes. En fecha nueve (09) de mayo de 2.017, se recibió comisión emanada del TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. II DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Analizada las actas procesales del expediente en análisis, se observa como último acto procesal efectivo, en fecha nueve (09) de mayo de 2.017, donde se recibió comisión emanada del TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.. Por lo que debido a tal orden procesal del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, no se verifica en el expediente algún elemento de impulso procesal, tomando en consideración el principio dispositivo que rigen a los procedimientos civiles, lo que trae como conclusión, que no hubo actuación alguna por las partes para impulsar el proceso, configurándose una inactividad prolongada por los sujetos procesales, en tal sentido, la norma adjetiva en su artículo 267 ha asentado: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. Asimismo, establece el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y en la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Es así como las normas ut supra transcritas contemplan la extinción del procedimiento al haber transcurrido un (1) año sin actividad procesal, pudiendo en este caso el Juez, declarar de oficio la perención, por ser una facultad que la ley le otorga, quien al verificar los presupuestos que determinan su procedencia está en obligación de emitir pronunciamiento al respecto, entendiéndose que los efectos de la referida sanción operarán desde el momento en el cual se cumplió el tiempo de paralización del proceso o lo que es lo mismo, el período donde se evidenció la falta de impulso procesal. En atención a lo previsto en la legislación, la Sala de Casación Civil en Sentencia signada con el No. 211, de fecha veintiuno (21) de Junio de 2000, correspondiente al expediente Nº 86-485, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, dejó sentado lo siguiente: “La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…” De lo antes citado, se evidencia que la perención anual puede ser declarada aun de oficio por el Tribunal, una vez verificados los extremos de ley, en este caso, el transcurso de un (1) año, sin que las partes hubiesen realizados actos tendientes al impulso del proceso. En este caso, se observa que la última actuación verificada en actas como se dijo anteriormente, fue el día nueve (09) de mayo de 2.017, donde se recibió comisión emanada del TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTOBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.; y hasta el día nueve (09) de mayo de 2.018, transcurrió un (1) año sin que la parte actora y/o demandada hubiesen efectuado actuación alguna capaz de impulsar el proceso e interrumpir el cómputo de la perención de la instancia, por lo que de conformidad con las normas y el extracto jurisprudencial antes citados, considera esta Juzgadora consumados los extremos concurrentes para la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, por lo que se hace necesario declarar la EXTINCIÓN del presente proceso. Así se decide.- III DECISIÓN Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 269 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar: PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA, y por consiguiente EXTINGUIDO el presente proceso de SIMULACIÓN intentado por la ciudadana MILEYXI CAROLINA GONZALEZ BRACHO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.610.128, domiciliada en Maracay, Estado Aragua. SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS Y COSTOS PROCESALES, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve. Déjese copia de la presente decisión por secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil Venezolano. Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Es justicia que se dicta en Maracaibo, a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2.023. Años: 213° de la Independencia y 164° de la Federación. LA JUEZA, DRA. LOLIMAR URDANETA. LA SECRETARIA, ABG. VANESSA ALVES SILVA. En la misma fecha, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), se publicó la anterior decisión quedando anotada bajo el Nº LA SECRETARIA, ABG. VANESSA ALVES SILVA.