REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, dos (02) de noviembre de 2.023. 213° y 164° EXPEDIENTE Nº: 14.480 PARTE DEMANDANTE: El ciudadano RUBEN DARIO MARTINEZ NEGRETTE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.297.627, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. PARTE DEMANDADA: La sociedad mercantil A.R.F. & ASOCIADOS, C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 3 de abril de 2.006, con el Nro. 10, Tomo 26-A, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; la ASOCIACIÓN CIVIL “HATO NORTE COUNTRY CLUB”, debidamente constituida y registrada por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 28 de abril de 1.998, bajo el Nro. 15, Protocolo 1°, Tomo 10°; la sociedad mercantil B&D CONSULTORES GERENCIALES, C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 4 de febrero de 2.002, bajo el Nro. 14, Tomo 6-A, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y la sociedad mercantil CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLOS URBANOS, C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 11 de diciembre de 2.012, bajo el Nro. 3, Tomo 133-A, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. FECHA DE ADMISIÓN: primero (01) de diciembre de 2.015.- MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.- La Dra. LOLIMAR URDANETA, en su carácter de Jueza Provisoria, se aboca al conocimiento de la causa. I ANTECEDENTES En fecha primero (01) de diciembre de 2.015, este Juzgado admitió cuanto ha lugar en derecho la presente demanda, y ordenó la citación de la parte demandada. En fecha diecisiete (17) de diciembre de 2.015, el Alguacil Titular de este Juzgado expuso haber recibido los emolumentos necesarios para practicar la citación de la parte demandada en fecha seis (06) de noviembre de 2.015. En esa misma fecha, la parte actora expuso haber entregado al Alguacil Titular de este Juzgado los emolumentos necesarios al Alguacil y consignó las copias fotostáticas necesarias para librar las boletas de citación de la parte demandada. II DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Analizada las actas procesales del expediente en análisis, se observa como último acto procesal efectivo, en fecha diecisiete (17) de diciembre de 2.015, donde el Alguacil Titular de este Juzgado expuso haber recibido los emolumentos necesarios para practicar la citación de la parte demandada en fecha seis (06) de noviembre de 2.015. Y en esa misma fecha, la parte actora expuso haber entregado al Alguacil Titular de este Juzgado los emolumentos necesarios al Alguacil y consignó las copias fotostáticas necesarias para librar las boletas de citación de la parte demandada. Por lo que debido a tal orden procesal del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, no se verifica en el expediente algún elemento de impulso procesal, tomando en consideración el principio dispositivo que rigen a los procedimientos civiles, lo que trae como conclusión, que no hubo actuación alguna por las partes para impulsar el proceso, configurándose una inactividad prolongada por los sujetos procesales, en tal sentido, la norma adjetiva en su artículo 267 ha asentado: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. Asimismo, establece el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y en la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Es así como las normas ut supra transcritas contemplan la extinción del procedimiento al haber transcurrido un (1) año sin actividad procesal, pudiendo en este caso el Juez, declarar de oficio la perención, por ser una facultad que la ley le otorga, quien al verificar los presupuestos que determinan su procedencia está en obligación de emitir pronunciamiento al respecto, entendiéndose que los efectos de la referida sanción operarán desde el momento en el cual se cumplió el tiempo de paralización del proceso o lo que es lo mismo, el período donde se evidenció la falta de impulso procesal. En atención a lo previsto en la legislación, la Sala de Casación Civil en Sentencia signada con el No. 211, de fecha veintiuno (21) de Junio de 2000, correspondiente al expediente Nº 86-485, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, dejó sentado lo siguiente: “La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…” De lo antes citado, se evidencia que la perención anual puede ser declarada aun de oficio por el Tribunal, una vez verificados los extremos de ley, en este caso, el transcurso de un (1) año, sin que las partes hubiesen realizados actos tendientes al impulso del proceso. En este caso, se observa que la última actuación verificada en actas como se dijo anteriormente, fue el día diecisiete (17) de diciembre de 2.015, donde el Alguacil Titular de este Juzgado expuso haber recibido los emolumentos necesarios para practicar la citación de la parte demandada en fecha seis (06) de noviembre de 2.015. Y en esa misma fecha, la parte actora expuso haber entregado al Alguacil Titular de este Juzgado los emolumentos necesarios al Alguacil y consignó las copias fotostáticas necesarias para librar las boletas de citación de la parte demandada; y hasta el día diecisiete (17) de diciembre de 2.016, transcurrió un (1) año sin que la parte actora y/o demandada hubiesen efectuado actuación alguna capaz de impulsar el proceso e interrumpir el cómputo de la perención de la instancia, por lo que de conformidad con las normas y el extracto jurisprudencial antes citados, considera esta Juzgadora consumados los extremos concurrentes para la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, por lo que se hace necesario declarar la EXTINCIÓN del presente proceso. Así se decide.- III DECISIÓN Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 269 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar: PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA, y por consiguiente EXTINGUIDO el presente proceso de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO intentado por el ciudadano RUBEN DARIUO MARTINEZ NEGRETTE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-11.297.627, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS Y COSTOS PROCESALES, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve. Déjese copia de la presente decisión por secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil Venezolano. Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Es justicia que se dicta en Maracaibo, al segundo (02) día del mes de noviembre de 2.023. Años: 213° de la Independencia y 164° de la Federación. LA JUEZA, DRA. LOLIMAR URDANETA. LA SECRETARIA, ABG. VANESSA ALVES SILVA. En la misma fecha, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), se publicó la anterior decisión quedando anotada bajo el Nº03 LA SECRETARIA, ABG. VANESSA ALVES SILVA.