REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, once (11) de mayo de 2023
213º y 614º
EXPEDIENTE Nº: 14.955-
PARTE DEMANDANTE: La ciudadana MARIA ANGELA GONZALEZ ORIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.826.095, domiciliada en el Municipio San Francisco del estado Zulia.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogada YAMELLYS VALBUENA TROCONIS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 147.403.
PARTE DEMANDADA: El ciudadano WILLIAMS RAMON SOLARTE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 6.534.849 domiciliado en el Municipio San Francisco del Estado Zulia.
FECHA DE ENTRADA: catorce (14) de noviembre de 2017-
MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.
La Dra. LOLIMAR URDANETA, en su carácter de Jueza Provisoria, se aboca al conocimiento de la presente causa.
I
ANTECEDENTES
La presente demanda fue admitida mediante auto de fecha catorce (14) de noviembre de 2017, ordenándose la citación de la parte demandada y la notificación del Fiscal Trigésimo del Ministerio Público.
En fecha quince (15) de diciembre de 2017 el Alguacil Natural de este Tribunal dejo constancia de haber recibido por la parte demandante los medios necesarios para practicar la citación de la parte demandada.
En fecha dieciocho (18) de noviembre de 2017, se libraron los recaudos de citación.
En fecha diez (10) de enero de 2018, el Alguacil Natural de este Despacho expone sobre la notificación del Fiscal Trigésimo Noveno del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia debidamente cumplida.
II
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA
Analizada las actas procesales del expediente en análisis, se observa como último acto procesal efectivo, la exposición del Alguacil Natural de este Despacho de fecha diez (10) de enero de 2018, mediante el cual se agrega al expediente notificación del Fiscal Trigésimo del Ministerio Publico, por lo que debido a tal orden procesal del presente PROCEDIMIENTO, no se verifica en el expediente algún elemento de impulso procesal, tomando en consideración el principio dispositivo que rigen a los procedimientos civiles, lo que trae como conclusión, que no hubo actuación alguna por las partes para impulsar el proceso, configurándose una inactividad prolongada por los sujetos procesales, en tal sentido, la norma adjetiva en su artículo 267 ha asentado:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
Asimismo, establece el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y en la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
Es así como las normas ut supra transcritas contemplan la extinción del procedimiento al haber transcurrido un (1) año sin actividad procesal, pudiendo en este caso el Juez, declarar de oficio la perención, por ser una facultad que la ley le otorga, quien al verificar los presupuestos que determinan su procedencia está en obligación de emitir pronunciamiento al respecto, entendiéndose que los efectos de la referida sanción operarán desde el momento en el cual se cumplió el tiempo de paralización del proceso o lo que es lo mismo, el período donde se evidenció la falta de impulso procesal.
En atención a lo previsto en la legislación, la Sala de Casación Civil en Sentencia signada con el No. 211, de fecha veintiuno (21) de Junio de 2000, correspondiente al expediente Nº 86-485, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, dejó sentado lo siguiente:
“La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”
De lo antes citado, se evidencia que la perención anual puede ser declarada aún de oficio por el Tribunal, una vez verificados los extremos de ley, en este caso, el transcurso de un (1) año, sin que las partes hubiesen realizados actos tendientes al impulso del proceso. En este caso, se observa que la última actuación verificada en actas como se dijo anteriormente, fue el día diez (10) de enero de 2018, mediante el cual se agregó al expediente exposición del Alguacil Natural de este Despacho en ocasión a notificación del Fiscal Trigésimo del Ministerio Publico. Por lo cual, desde la aludida fecha, hasta el día diez (10) de enero de 2019, transcurrió un (1) año sin que la parte actora y/o demandada hubiesen efectuado actuación alguna capaz de impulsar el proceso e interrumpir el cómputo de la perención de la instancia, por lo que de conformidad con las normas y el extracto jurisprudencial antes citados, considera esta Juzgadora consumados los extremos concurrentes para la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, por lo que se hace necesario declarar la EXTINCIÓN del presente proceso. Así se decide.-
III
DECISIÓN
Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 269 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar:
PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA, y por consiguiente EXTINGUIDO el presente proceso de DIVORCIO ORDINARIO, intentado por la ciudadana MARIA ANGELA GONZALEZ ORIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.826.095, domiciliada en el municipio San Francisco del estado Zulia, en contra del ciudadano WILLIAMS RAMON SOLARTE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 6.534.849 domiciliado en el Municipio San Francisco del Estado Zulia.
SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS Y COSTOS PROCESALES, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve.
Déjese copia de la presente decisión por secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil Venezolano.
Dada, sellada y firmada en la Sala de del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Es justicia que se dicta en Maracaibo, a los once (11) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023). Años: 213° de la Independencia y 164° de la Federación.
LA JUEZA,
DRA. LOLIMAR URDANETA.
LA SECRETARIA,
ABG. VANESSA ALVES SILVA.
En la misma fecha, siendo la una de la tarde (1:00 pm.), se publicó la anterior decisión quedando anotada bajo el Nº 11.
LA SECRETARIA,
ABG. VANESSA ALVES SILVA.
Exp. Nº 14.955.-
LU/VA/jt
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