REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, diez (10) de mayo de 2023 213° y 164° EXPEDIENTE Nº: 14.959- PARTE DEMANDANTE: El ciudadano EDGAR NIÑO, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nro. V-15.061.496, domiciliado en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia. PARTE DEMANDADA: La ciudadana MARIA EUGENIA CASTILLO LUZARDO, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nro. V-13.607.588. FECHA DE ADMISIÓN: 21 de noviembre de 2017 MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION) SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA. La Dra. LOLIMAR URDANETA, en su carácter de Jueza Provisoria se aboca al conocimiento de la presente causa. I ANTECEDENTES La presente demanda se recibió y se admitió cuanto ha lugar en derecho mediante auto de fecha veintiuno (21) de noviembre de 2017, ordenándose la intimación de la parte demandada. En fecha veintisiete (27) de noviembre de 2017, el ciudadano EDGAR JESUS NIÑO OMAÑA, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nro. V-15.061.496, quien es parte actora en la presente demanda, confirió Poder Apud-Acta a los abogados en ejercicio ciudadanos ANGEL ENRIQUE MENDOZA, ALFREDO CALDERA URDANETA Y HELI RAMON ROMERO, debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros, 61.920, 228.211 y 50.637. Igualmente, el abogado ALFREDO CALDERA URDANETA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 228.211 consigno los emolumentos necesarios a los fines de practicar la intimación de la parte demandada En fecha treinta (30) de noviembre de 2017, el Alguacil de este Tribunal, expuso y consigno boleta de intimación de la parte demandada, la cual se agrego a las actas, resultando negativa la misma. Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones: II DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Analizada las actas procesales del expediente en análisis, se observa como último acto procesal efectivo la exposición de fecha treinta (30) de noviembre de 2017, mediante el cual el Alguacil de este Tribunal, expuso y consigno boleta de intimación de la parte demandada la cual se agrego a las actas, por lo que debido a tal orden procesal del presente procedimiento, no se verifica en el expediente algún elemento de impulso procesal, tomando en consideración el principio dispositivo que rigen a los procedimientos civiles, lo que trae como conclusión, que no hubo actuación alguna por las partes para impulsar el proceso, configurándose una inactividad prolongada por los sujetos procesales, en tal sentido, la norma adjetiva en su artículo 267 ha asentado: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. Asimismo, establece el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y en la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Es así como las normas ut supra transcritas contemplan la extinción del procedimiento al haber transcurrido un (1) año sin actividad procesal, pudiendo en este caso el Juez, declarar de oficio la perención, por ser una facultad que la ley le otorga, quien al verificar los presupuestos que determinan su procedencia está en obligación de emitir pronunciamiento al respecto, entendiéndose que los efectos de la referida sanción operarán desde el momento en el cual se cumplió el tiempo de paralización del proceso o lo que es lo mismo, el período donde se evidenció la falta de impulso procesal. En atención a lo previsto en la legislación, la Sala de Casación Civil en Sentencia signada con el No. 211, de fecha veintiuno (21) de junio de 2000, correspondiente al expediente Nº 86-485, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, dejó sentado lo siguiente: “La regla general en materia de perención, expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…” De lo antes citado, se evidencia que la perención anual puede ser declarada aun de oficio por el Tribunal, una vez verificados los extremos de ley, en este caso, el transcurso de un (1) año, sin que las partes hubiesen realizado actos tendientes al impulso del proceso. En este caso, se observa que la última actuación verificada en actas como se dijo anteriormente, fue el día treinta (30) de noviembre de 2017, mediante el cual el Alguacil de este Tribunal, dejo expuso y consigno boleta de intimación de la parte demandada la cual se agrego a las actas. Por lo cual, desde la aludida fecha, hasta el día treinta (30) de noviembre de 2018, transcurrió un (1) año sin que la parte actora y/o demandada hubiesen efectuado actuación alguna capaz de impulsar el proceso e interrumpir el cómputo de la perención de la instancia, por lo que de conformidad con las normas y el extracto jurisprudencial antes citados, considera esta Juzgadora consumados los extremos concurrentes para la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, por lo que se hace necesario declarar la EXTINCIÓN del presente proceso. Así se decide.- III DECISIÓN Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 269 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar: PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA, y por consiguiente EXTINGUIDO el presente proceso de COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION) intentado por el ciudadano EDGAR NIÑO venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nro. V- V-15.061.496, domiciliado en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en contra la ciudadana MARIA EUGENIA CASTILLO LUZARDO, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nro. V-13.607.588 SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS Y COSTOS PROCESALES, de conformidad con la normativa estatuida por el legislador venezolano en el artículo 283 del vigente Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve. Déjese copia de la presente decisión por secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil Venezolano. Dada, sellada y firmada en la Sala de del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Es justicia que se dicta en Maracaibo, a los diez (10) días de mayo de dos mil veintitrés (2023). Años: 213° de la Independencia y 164° de la Federación. LA JUEZ, DRA. LOLIMAR URDANETA. LA SECRETARIA, Abg. VANESSA ALVES SILVA. En la misma fecha, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.), se publicó la anterior decisión quedando anotada bajo el Nº 10. LA SECRETARIA, Abg. VANESSA ALVES SILVA.