TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control Audiencias y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.
Maracaibo, 22 de Marzo del 2023
212º y 164°
ASUNTO PRINCIPAL: 4CV-2022-727
ASUNTO : 4CV-2022-727

SENTENCIA DEFINITIVA: 11-2023

EL JUEZ PROFESIONAL: ABOG. ESP. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.
EL SECRETARIO: ABOG. JESUS ORLANDO HERNANDEZ CORDERO
MINISTERIO PÚBLICO: FISCALÍA TRIGÉSIMA TERCERA (33°) DEL MINISTERIO PÚBLICO, ABG. JHOVANA RENE MARTINEZ
VICTIMA: LURIANNY URDANETA DE (06) AÑOS DE EDAD
DEFENSA PÚBLICA: ABG. JHEAN CARLOS GONZALEZ, DEFENSA PÚBLICA VIGESIMA NOVENA DE INDIGENA CON COMPETENCIA EN PENAL ORDINARIO PARA LA FASE DEL PROCESO

IMPUTADO: VICTOR JOSÉ URDANETA GONZÁLEZ, VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD V-24.242.731, DE 32 AÑOS DE EDAD, FECHA DE NACIMIENTO: 28/07/1990, DE PROFESIÓN U OFICIO: BOTADOR DE BASURA, GRADO DE INSTRUCCIÓN: 1° GRADO, DOMICILIADO EN: LOS CORTIJOS, ANDRES BELLO, PUNTO DE REFERENCIA: A UNA CUADRA DE LA SEDE DE LOS CARRITOS DE LOS CORTIJOS, TELÉFONO (NO POSEE), HIJO DE CARMEN URDANETA Y JOSEANY URDANETA GONZALEZ (PADRES DE CRIANZA (+).

DELITO: ABUSO SEXUAL SIN PENETRACIÓN, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 259 ENCABEZADO DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTEAS (LOPNNA).

En horas de despacho del día de hoy, miércoles veintidós (22) de Marzo de 2023, siendo las cuatro (04:00 PM), horas de la tarde, se constituye éste Juzgado, a los fines de realizar Audiencia Preliminar, de conformidad con lo previsto en el vigente artículo 123 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, con motivo de la acusación interpuesta por la Fiscalía Trigésima Tercera (33°) Del Ministerio Público, en contra del ciudadano: VICTOR JOSE URDANETA GONZALEZ, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD V-24.242.731, antes identificado; estando presentes el Juez Provisorio ABOG. ESP. CARLOS ANDRES ALBORNOZ CHACIN, el Secretario ABG. JESUS ORLANDO HERNANDEZ CORDERO, y el Alguacil de Guardia. Acto seguido se procede a verificar la presencia de las partes, se pudo constatar que se encuentran presentes en la audiencia: LA FISCAL TRIGÉSIMA TERCERA (33°) DEL MINISTERIO PÚBLICO ABG. JHOVANA RENE MARTINEZ, el Imputado VICTOR JOSE URDANETA GONZALEZ, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD V-24.242.731, EN COMPAÑÍA DE SU DEFENSA PUBLICA ABG. JHEAN GONZALEZ, SE DEJA CONSTANCIA DE LA INASISTENCIA DE LA VICTIMA DE AUTOS, LA CUAL SE ENCONTRABA DEBIDAMENTE NOTIFICADA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 165 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL.

Acto seguido, se dio inicio a la Audiencia Preliminar, informando en la audiencia los motivos de su comparecencia, advirtiendo de inmediato a las partes sobre los Medios Alternativos a la Prosecución del Proceso insertos en el Libro Primero, Titulo I, Capítulo III, Secciones Primera, Segunda y Tercera del Código Orgánico Procesal Penal e igualmente se les indicó que bajo ningún concepto se permitirá en ésta Audiencia Preliminar se planteen cuestiones que son propias del Juicio Oral y Reservado.
DEL MINISTERIO PÚBLICO
En este estado se le concede el derecho de palabra a la representante del Ministerio Público, ABG. JHOVANA RENE MARTINEZ, quien expone: “Buenas tardes ciudadano Juez, y todos los demás presentes el Ministerio Publico presentó en fecha 17 de octubre del 2022, escrito acusatorio donde, acusó al ciudadano VICTOR JOSE URDANETA GONZALEZ, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD V-24.242.731 por la comisión del delito de: VIOLENCIA SEXUAL PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA AUNADO A LA AGRAVANTE GENERICA CONTENIDA EN EL ARTICULO 217 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, en perjuicio de la niña LURIANNY URDANETA DE (06) AÑOS DE EDAD. Ahora bien, de los hechos se desprende que el mismo fue aprehendido por funcionarios adscritos al CUERPO DE POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA ESTACION POLICIAL PARROQUIAL LOS CORTIJOS Y JOSE DOMINGO RUSS, en virtud de la denuncia interpuesta por la ciudadana; MARIA URDANETA en fecha 14/09/2022 en su carácter de progenitora de la víctima de autos, quien refirió lo siguiente; Yo estaba en el cuarto hablando por teléfono, escucho a mis hijos por el fondo de mi casa, abro la ventana sin que él se dé cuenta y veo a mis hijos jugando, el varón y la hembra, yo veo que mi hijo se tira de la carreta y el bicho ese sube a mi hija (la carga) y le está metiendo sus dedos en su parte íntima (la vagina) y que jugando al avioncito le dijo a mi hija, yo los vi, cerré la ventana y agarré la escoba y salí a pegarle y yo le dije que lo iba a meter preso, yo no estoy ciega, yo sé lo que ví y de ahí se fue a la iglesia y de ahí llamé a la Policía y esperé que llegaran, es todo (….)”. Acto seguido se deja constancia del acta de entrevista que riela en las presentes actuaciones, donde la víctima de autos refiere; "Cada día él hace lo mismo que vamos a jugar al avioncito y ahorita en la noche me dijo lo mismo y me cargó y me dio vueltas, es todo”, siendo así, los funcionarios procedieron a trasladarse al sitio de la aprehensión del imputado de autos, motivo por el cual fue presentado ante este despacho. En razón de ello, Ciudadano Juez, del transcurso de la investigación, éste Despacho Fiscal, evidencia que no existen suficientes elementos de convicción para mantener la calificación jurídica acusada, razón por la cual, hace presumir a ésta representación fiscal que la conducta desplegada por el imputado de autos, se adecúa dado el contexto, a la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA SIN PENETRACIÓN PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 259 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (LOPNNA), es por lo que, ésta Representante del Ministerio Publico, teniendo también como base una resolución dictada en Febrero del año 2021, por el Fiscal General de la República Doctor Tareck William Saab según la cual los Despachos Fiscales, deben ser muy objetivos que si no hay un pronóstico de Ley, no se debe presentar un acto conclusivo que se debe adecuar, por lo que yo, basándome en esa resolución, en virtud de no existir pronóstico de condena respecto al delito de VIOLENCIA SEXUAL PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA AUNADO A LA AGRAVANTE GENERICA CONTENIDA EN EL ARTICULO 217 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, es por lo que solicito muy respetuosamente la ADECUACIÓN al delito de: ABUSO SEXUAL A NIÑA SIN PENETRACIÓN PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 259 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (LOPNNA), todo ello, en perjuicio de la niña LURIANNY URDANETA DE (06) AÑOS DE EDAD; en virtud de no haber mediado amenaza ni violencia para la comisión del tipo penal acusado y no haberse podido realizar la toma de entrevista de la victima de autos en la modalidad de prueba anticipada lo que hubiese podido esclarecer mas la relación precisa y concisa de los hechos ,asimismo esta representante fiscal quiere dejar constancia en el presente acto que me comunique vía telefónica con la representante legal de la victima de autos, en este caso su abuela materna, la cual me manifestó que no habían llevado a la víctima al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses del Municipio Maracaibo, a practicarle las evaluaciones medicas forenses según lo establecido en Ley, y que su progenitora se había trasladado al país vecino Colombia queriendo dejar el proceso penal así, en este sentido, siendo el caso que es un delito sexual del cual no existe la posibilidad de acogerse a una suspensión condicional del proceso sino pudiera optar por la admisión pura y simple solicitando que se condene a la pena más baja que pudieran considerar si es que así lo desea el referido imputado acogerse a tal procedimiento, sino darle paso a la siguiente fase correspondiente que sea un Juicio Oral y Reservado, y en todo caso ratificando los medios de pruebas que fueron ofertados en el escrito acusatorio es todo”.

DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL IMPUTADO
Seguidamente el Tribunal impone al acusado de las Garantías Constitucionales previstas en el Artículo 49 Ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los Artículo 132 Y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, y le pregunta si quiere declarar: quien siendo las cuatro y cinco (04:05pm) horas de la tarde, expone lo siguiente: “NO, DESEO DECLARAR, ES TODO”.
DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL IMPUTADO
Acto seguido se le concede la palabra a la DEFENSA PÚBLICA ABG. JHEAN GONZALEZ, para que realice sus alegatos, quien expone: “En razón de eso solicito se admita parcialmente la acusación del escrito y que sea adecuado la norma penal, que sea modificada a la de la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescentes y no de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y podría solicitar mi defendido sea solicitado el cambio de la norma y sea revisada la medida de privación judicial preventiva de libertad”.

MOTIVOS PARA DECIDIR
PUNTO PREVIO
DE LA ADECUACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURIDICA
Este Juzgado, visto lo solicitado por el Ministerio Público mediante el cual solicita se adecué la conducta desplegada por el ciudadano: VICTOR JOSE URDANETA GONZALEZ, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD V-24.242.731 el cual fue acusado por el delito de: VIOLENCIA SEXUAL PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA AUNADO A LA AGRAVANTE GENERICA CONTENIDA EN EL ARTICULO 217 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE en perjuicio de la niña: LURIANNY URDANETA DE (06) AÑOS DE EDAD y en la presente audiencia solicita la representante Fiscal se adecúe la acusación al delito de: ABUSO SEXUAL A NIÑA SIN PENETRACIÓN PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 259 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (LOPNNA), todo ello, en perjuicio de la niña LURIANNY URDANETA DE (06) AÑOS DE EDAD el cual establece: ¨Quien realice actos sexuales con un niño o niña, o participe en ellos, será penado o penada con prisión de dos a seis años¨; en tal sentido, este Juzgador del análisis realizado a las actas que conforman la presente causa, precisa destacar, en cuanto al derecho aplicable, que el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece a todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en la misma constitución y en la ley, la obligación de asegurar la integridad del texto fundamental, si bien es cierto el Ministerio Público es el Director de la Investigación Penal, conforme a lo establecido en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 111 del Código Orgánico Procesal, debe señalar, quien aquí decide, que el llamado control judicial le corresponde, única y exclusivamente a los Jueces de Control, quienes tienen además, la obligación de garantizar la finalidad del proceso, que no es otra que establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho, conforme a lo establecido en los artículos 13, 66, 236, 237, 238 y 242 del Código Orgánico Procesal Penal.

Respecto al Control Judicial, establece el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:
“A los Jueces o Juezas de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República, y en este Código; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones.

Este juzgador procede a ejercer el Control Judicial al ponderar intereses legítimos contrapuestos, por un lado, la garantía del debido proceso y del derecho a la defensa de la persona investigada, y de otro, la efectividad en la aplicación de la ley penal, por medio de la administración de la justicia penal, evidenciando que se encuentran garantizados los derechos constitucionales como el debido proceso, y el derecho a la defensa, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, sobre el cambio de calificación jurídica, este Juzgador observa que si bien el artículo 313, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal establece que al finalizada la audiencia preliminar:

“el juez o jueza resolverá, en presencia de las partes, sobre las cuestiones siguientes, según corresponda:
2. Admitir, total o parcialmente, la acusación del Ministerio Público o de el o la querellante y ordenar la apertura a juicio, pudiendo el juez o jueza atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación fiscal o de la víctima.”

Como se establece expresamente en la norma ut-supra transcrita, el juez de control al ordenar el juicio oral y público, discrecionalmente en la audiencia preliminar, con base a los hechos planteados y el derecho aplicable, le está dado cambiar la calificación jurídica de la situación fáctica aducida por la Representación Fiscal; pero debe entenderse, a la luz de la citada disposición legal, que la calificación adoptada por el órgano jurisdiccional en la audiencia preliminar, es meramente provisional.
(…)

En este sentido Juan Montero Aroca, en su texto intitulado “Principios del Proceso Penal Una Explicación Basada en la Razón” (1.997, Editorial Tiran lo Blanch.), ha expresado:

“El ius ut procedatur« (derecho de acceso al proceso), implica la determinación precisa y circunstanciada del hecho, constitutivo de delito por cuya presunta comisión hace uso de esa facultad el Ministerio Público, en contra de determinada persona, por lo que igualmente debe exponer las razones por las cuales considera que el tipo legal sustantivo, en el cual sostiene debe ser subsumida esa conducta calificada jurídicamente de tal manera, es el apropiado o correcto, lo que es sometido al examen del Juez, en el momento de realizarse la audiencia preliminar según se dispone en el Artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, imponiéndole al titular de la acción penal las obligaciones que derivan de ello, es decir, de señalar detenidamente todas las circunstancias atinentes a la delimitación del tipo punible aplicable, pero conforme lo expresa el autor cuya obra se consulta y se cita, esa exigencia obedece a la vigencia del derecho de la defensa y que el acusado tiene de conocer los hechos por los que es acusado y sus implicaciones jurídicas, mas no puede suponer.

Al respecto, la Sala de Casación Penal, en sentencia N° 516, de fecha 24-11-2006, cuya ponencia correspondió a la Magistrada Dra. Deyanira Nieves Bastidas, dictaminó: “Del análisis que realiza la Sala al numeral 2 de la mencionada norma, infiere respecto al cambio de calificación jurídica de los hechos acusados por el Ministerio Público o por el acusador privado, que el juez de control podrá atribuirle una calificación jurídica provisional, en virtud de que ésta puede ser variada o reformulada durante el juicio oral, producto de una incidencia presentada en el mismo o conforme a una ampliación de la acusación, concluyendo la Sala que tal cambio es procedente, siempre y cuando se ordene la celebración del juicio oral y público, de otra forma está impedido de cambiar la calificación dada por el Ministerio Público o en su defecto por la acusación privada.”

Como corolario de lo anterior, la Sala Penal ha expresado que en la audiencia preliminar: “…el Juez de Control conforme a lo dispuesto en el artículo 330, numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal, tenía la potestad de atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación fiscal, y ello no causó un gravamen irreparable para las otras partes(Ministerio Público y víctima), pues durante el debate el juez de juicio podrá advertir al imputado sobre un cambio en la calificación jurídica de los hechos (artículo 350 eiusdem)…”. (Sentencia Nº 237 del 30-5-06. Ponencia del Magistrado Dr. Héctor Coronado Flores).

De forma pues, aplicando el Control Judicial, se encuentra facultado en esta fase incipiente, a adecuar o atribuir a la conducta desplegada por el imputado, una distinta a la calificada por el Ministerio Público, máxime cuando la invocada éste errado o no se adecúe con las circunstancias de modo, tiempo y lugar que originaron la aprehensión y los elementos de convicción consignados, tal como ocurre en el caso de marras. Así se decide.

De manera pues que este Juzgado, habida cuenta que de las circunstancias de modo, tiempo y lugar referidos en la denuncia; este Tribunal, observa y así aprecia este Juzgado, que la conducta asumida por el imputado y denunciada por la víctima, se adecúa al tipo penal que en la presente audiencia califica el titular de la acción penal, observándose así que, se encuentra ajustada la adecuación de la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público, por lo que se admite la adecuación propuesta al delito de ABUSO SEXUAL SIN PENETRACIÓN, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 259 ENCABEZADO DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTEAS (LOPNNA). Así se decide.

DE LA REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD
EN CUANTO A LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, propuesta por la Defensa Publica del imputado en relación a la solicitud de Revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, éste Juzgado, al analizar respecto a las reglas procesales establecidas, para decretar una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de Código Orgánica Procesal Penal, no sin antes indicar que es criterio reiterado de la Sala Constitucional considerar que la libertad consagrada en nuestra Carta Magna es la regla, y la privación de libertad o restricción de ella durante el proceso, constituye una medida excepcional, todo en armonía con lo previsto en el artículo 44 del citado Texto Constitucional y el artículo 9 del Código Adjetivo Penal. De modo que las disposiciones del Código Adjetivo Penal, además de consagrar lo excepcional de cualquier medida que prive o restrinja la libertad, cualquier norma que prevea alguna vulneración al principio de la libertad, debe interpretarse restrictivamente.

En ese orden de ideas, es preciso señalar que toda persona inculpada por la comisión de un delito, tiene derecho a que se presuma legalmente su inocencia, y a que se le trate como inocente, mientras que no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme; la regla es el juzgamiento en libertad, pues tal estado de inocencia, en principio, impide la afectación de cualquiera de sus Derechos, entre ellos el de libertad. No obstante, los Códigos y leyes de procedimiento penal, admiten por estrictas razones de orden procesal, la limitación de algunos derechos del imputado, cuando ello resulte imprescindible para garantizar la finalidad del proceso, por lo que no siempre tal limitación a la libertad, u otros derechos del imputado constituye una lesión a la presunción de inocencia, pues esta garantía y aquella restricciones, igualmente son reguladas en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución y Leyes.

A tal marco normativo no ha escapado nuestra Legislación Penal, y en ese sentido, el Código Orgánico Procesal Penal, declara que toda persona, a quien se le impute participación de un hecho punible, permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones legales y, que la Privación de Libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas sean insuficientes para asegurar la finalidad del proceso. De conformidad a lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánica Procesal Penal, el imputado tiene derecho a solicitar la revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, las veces que lo considere pertinente, y, en todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de tales medidas cada tres (03) meses, y cuando lo considere prudente las sustituirá con otras menos gravosas, aunado al derecho que asiste a todo persona, a quien se le acuse, por un hecho punible, de permanecer en libertad, durante el proceso, conforme a lo establecido en el artículo 243 ejusdem.

Ahora bien, una vez decretada una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo previsto en los artículo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, ésta solo puede ser modificada o sustituida a través del examen y revisión de la misma de acuerdo a la regla rebús sic stantibus, según la cual toda providencia cautelar, está sometida a los cambios que presente posterior a su decreto, lo que quiere decir, que mientras permanezcan los motivos que condujeron a su imposición, las mismas no se sustituyen o revocan; por lo que se observa y así se aprecia que las condiciones por las cuales se decretó la Privativa de Libertad, han variado, y las mismas no se encuentran inalterables, tal como fue debidamente motivado en la presente decisión, así como la regla “rebús sic stantibus” este Juzgado, procede a SUSTITUIR LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, decretada por este Tribunal en fecha 04 de Noviembre de 2022 y posterior luego del pronunciamiento realizado por la alzada, se decreta nuevamente la medida de privación judicial preventiva de libertad en el acto de presentación de imputado de fecha 12 de Enero de 2023 sobre el imputado VICTOR JOSE URDANETA GONZALEZ, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD V-24.242.731; por una medida menos gravosa pero suficiente para garantizar las resultas del proceso, la cual considera éste Juzgador pudiera verse satisfecha con los numerales: 3° y 4° del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, que a tal efecto establece lo siguiente: “Artículo 242. Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado o imputada, el Tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado o imputada, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada algunas de las medidas siguientes: (…) 3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe 4. La prohibición de salir sin autorizaron del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. Así se decide

DE LA ADMISIBILIDAD DEL ESCRITO ACUSATORIO
Este Juzgado, observa que dicha acusación Fiscal reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el Artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la relación de los hechos con precisión del modo, tiempo y lugar como fueron ejecutados por el ciudadano imputado en perjuicio de la víctima y habida consideración conforme a los hechos narrados en dicha acusación y que le son atribuidos al acusado de autos, este Tribunal evidencia que de acuerdo a los elementos de convicción obtenidos por el Ministerio Público así como los medios de pruebas ofertados, existe una total coherencia y congruencia entre los mismos, dada la necesidad y pertinencia que nos conllevan a establecer la verdad de los hechos y su pertinencia se encuentra dada por ser necesarios para la determinación y acreditación de los hechos atribuidos, es por lo que se 1) ADMITE EN SU TOTALIDAD LA ACUSACIÓN PRESENTADA por la Fiscalía 33° del Ministerio Público, en contra del ciudadano: VICTOR JOSE URDANETA GONZALEZ, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD V-24.242.731 , por la comisión del delito de: ABUSO SEXUAL A NIÑA SIN PENETRACIÓN PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 259 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (LOPNNA); en perjuicio de la niña: LURIANNY URDANETA DE (06) AÑOS DE EDAD AD.

2) ADMITE PARCIALMENTE LAS PRUEBAS OFERTADAS POR LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO, en todas y cada una de sus partes, los cuales son: A.- TESTIMONIALES. EXPERTOS: 1.- DECLARACION TESTIMONIAL DEL MEDICO FORENSE QUE PRATICO EL EXAMEN MEDICO FORENSE A LA NIÑA LURIANNY URDENATA DE 06 AÑOS DE EDAD, (NO FUE REALIZADA). FUNCIONARIOS: 1.-OFICIAL JEFE (CPNB) ANDRY TORRES, OFICIAL (CPNB) EDGAR MENGUAL, OFICIAL (CPNB) DOUGLAS RODRIGUEZ, OFICIAL (CPNB) ALIARY MORALES, Y OFICIAL AGREGADO (CPNB) MONTIEL RAYNER, ADSCRITOS AL CUERPO DE POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA ESTACION POLICIAL PARROQUIAL LOS CORTIJOS Y JOSE DOMINGO RUSS. B-PRUEBAS DOCUMENTALES. 1.- ACTA POLICIAL DE FECHA 14/09/2022, SUSCRITA POR LOS FUNCIONARIOS: OFICIAL JEFE (CPNB) ANDRY TORRES, OFICIAL (CPNB) EDGAR MENGUAL, OFICIAL (CPNB) DOUGLAS RODRIGUEZ, OFICIAL (CPNB) ALIARY MORALES, Y OFICIAL AGREGADO (CPNB) MONTIEL RAYNER, ADSCRITOS AL CUERPO DE POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA ESTACION POLICIAL PARROQUIAL LOS CORTIJOS Y JOSE DOMINGO RUSS, 2.- ACTA DE INSPECCION TECNICA DE SITIO DEL HECHO CPNB-DIP-ZU-0514-2022, DE FECHA 15-09-2022, SUSCRITA POR LOS FUNCIONARIOS OFICIAL JEFE (CPNB) ANDRY TORRES, OFICIAL (CPNB) EDGAR MENGUAL, OFICIAL (CPNB) DOUGLAS RODRIGUEZ, OFICIAL (CPNB) ALIARY MORALES, Y OFICIAL AGREGADO (CPNB) MONTIEL RAYNER, ADSCRITOS AL CUERPO DE POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA ESTACION POLICIAL PARROQUIAL LOS CORTIJOS Y JOSE DOMINGO RUSS, 3.- RESULTADO DEL EXAMEN GINECOLOGICO Y ANO-RECTAL, SOLICITADO BAJO OFICIO NRO. CPNB-003-017ZU-SVP-SPGD-001318-2022, DE FECHA 14-09-2022, SUSCRITA POR EL MEDICO FORENSE ADSCRITO AL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, REALIZADO A LA NIÑA LURIANNY URDENATA, (NO FUE REALIZADA), 4.- RESULTADO DE LA DECLARACION DE LA VICTIMA COMO PRUEBA ANTICIPADA, (NO FUE REALIZADA). C.- PRUEBAS NUEVAS O COMPLEMENTARIAS. En tal sentido, este Juzgado, considera que debe ADMITIR, los medios de pruebas, por considerarlos útiles, necesarios, pertinentes y legales, a excepción de; el literal 3° ofertado en la acusación fisca referente al resultado del informe ginecológico y ano- rectal como quiera que el mismo no fue recabado durante la fase de investigación y habida cuenta de lo manifestado por la Representante del Ministerio Público el cual no fue realizado a la misma, así como también la prueba ofertada en el literal 4° referida a la Prueba Anticipada, como quiera que la misma no fue evacuada durante la fase de control, dada la incomparecencia de la víctima, por lo que este tribunal declara dichas pruebas INADMISIBLES. Así se decide.

Una vez admitida la Acusación y los medios de prueba ofrecidos, este Juzgado, impone de los Medios Alternativos a la Prosecución del Proceso, establecidos en los artículos 38, 41, 43 Y 375 del Código Orgánico Procesal Penal, al Acusado de autos y seguidamente, EL JUEZ PROVISORIO, de conformidad con el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal, se dirigió al imputado: VICTOR JOSE URDANETA GONZALEZ, plenamente identificado en autos si desea acogerse a alguno de los Medios Alternativos a la Prosecución del proceso, quien siendo las 04:30 PM expone lo siguiente: “ADMITO LOS HECHOS POR LOS QUE ME ACUSA EL MINISTERIO PÚBLICO, ES TODO”.
Acto seguido se le concede la palabra a la DEFENSA PÚBLICA: ABG. JHEAN GONZALEZ quien manifiesta: “Una vez habiendo escuchado la voluntad de mi defendido de admitir pura y simple los hechos por los cuales se le acusa, le pido al tribunal imponga la sentencia correspondiente tomando en consideración las rebajas de ley, es todo”. En este estado, Vista la admisión pura, simple, sin coacción, presión ni apremio por parte del acusado VICTOR JOSE URDANETA GONZALEZ, este Tribunal de conformidad a lo establecido en el artículo 313 ordinal 6 del Código Orgánico Procesal Penal se procede a declarar con lugar el procedimiento especial de admisión de los hechos artículo 375 ejusdem, en los siguientes términos:

“(…) El procedimiento por admisión de los hechos procederá en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación o ante el tribunal unipersonal de juicio una vez admitida la acusación y antes de la apertura del debate. En caso de que el juzgamiento corresponda a un tribunal mixto, el acusado o acusada podrá solicitar el presente procedimiento una vez admitida la acusación y hasta antes de la constitución del tribunal. El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitió los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva. En estos casos, el Juez o Jueza deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta. Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o de los previstos en la ley que regula la materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio. En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, la sentencia dictada por el Juez o Jueza, no podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente”.

PENALIDAD
Vista la admisión de los hechos efectuada por el acusado VICTOR JOSE URDANETA GONZALEZ, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD V-24.242.731 , de acuerdo al tipo penal ajustado por el Tribunal, siendo el delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA SIN PENETRACIÓN PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 259 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (LOPNNA), con la agravante genérica establecida en el articulo 217 ejusdem, en perjuicio de la niña LURIANNY URDANETA DE (06) AÑOS DE EDAD, calificación jurídica esta, que considera este Tribunal Especializado es la que se encuentra perfectamente subsumida en dicha normativa legal; razón por la cual esta sentencia debe ser condenatoria y se procede a dictarla, en los siguientes términos:

El ciudadano VICTOR JOSE URDANETA GONZALEZ, perpetró el delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA SIN PENETRACIÓN PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 259 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (LOPNNA), con la agravante genérica establecida en el articulo 217 ejusdem, en perjuicio de la niña ANLEIDYS ANGARITA, estableciendo dicha norma:

Artículo 259
Abuso sexual a niños y niñas. Quien realice actos sexuales con un niño o niña, o Participe en ellos, será penado o penada con prisión de dos a seis años

El referido artículo prevé una pena prevé una pena de dos (02) a seis (06) años de prisión quedando un total de ocho (08) años de prisión reduciéndose ½ para una pena de cuatro (04) años de prisión, para un computó global, conforme al término medio a imponer de cinco (04) años de prisión, en este orden, habiendo aplicado el tribunal de Control el término MEDIO, de conformidad con lo establecido en lo previsto en el artículo 37 del Código Penal tendríamos una pena en concreto de CUATRO (04) AÑOS DE PRISIÓN.

Ahora bien, considerando lo previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal autos lo procedente en derecho es rebajar un tercio de conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo es UN (01) AÑO y CUATRO (04) MESES DE PRISIÓN quedando como pena en concreto a cumplir es DOS (02) AÑOS Y OCHO (08) MESES DE PRISION, más las penas accesorias establecidas en el artículo 69 ordinales 2° y 3° de la Ley Especial de Genero en concordancia con el artículo 16 del Código Penal.

De esta forma, se busca armonizar las dos finalidades que en la actualidad, y en el marco de un Estado Social de Derecho y de Justicia, se le conceden a la pena: de un lado, que defiendan a la sociedad de las agresiones de los particulares para que pueda subsistir (prevención general); de otro, en que el delincuente, y siempre respetando su personalidad, sea convenientemente tratado a fin de conseguir su adaptación a la sociedad (prevención especial). Y en atención a que los delitos de Violencia contra las Mujeres se trata, de una violencia que se dirige sobre las mujeres por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos fundamentales de libertad, respeto, capacidad de decisión y del derecho a la vida. La violencia en contra de la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violación sistemática de sus derechos humanos, que muestra en forma dramática, los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer por razones de género en la sociedad. El ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en materia de violencia basada en género, se ha visto afectado significativamente también por las concepciones jurídicas tradicionales, basadas en paradigmas positivistas y sexistas.

Hasta hace unas décadas se creía, desde una perspectiva generalista, que el maltrato a las mujeres era una forma más de violencia, con un añadido de excepcionalidad y con una causa posible en una patología del agresor o de la víctima. Desde los años setenta, en el siglo veinte, es reconocido su especificidad y el hecho de que sus causas están en las características estructurales de la sociedad. Además, las distintas formas de violencia contra las mujeres son tácticas de control con el objetivo de mantener y reproducir el poder patriarcal sobre las mujeres, para subyugarlas y descalificarlas, y ante ese poder que les niega el goce, disfrute y ejercicio de sus derechos, debe erigirse el Estado como garante de los derechos humanos, en particular aprobando leyes que desarrollen las previsiones constitucionales. Es importante resaltar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promueve la construcción de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, lo cual constituye la base fundamental para el desarrollo y elaboración de una nueva Ley que conlleve la materialización de los fines esenciales del Estado como son la defensa, desarrollo y respeto a la dignidad de las personas y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz.

Con esta Ley se pretende dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar, por parte del Estado, el goce y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de las mujeres, así como su derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, sin ningún tipo de limitaciones, Por ello el Estado está obligado a brindar protección frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad de las mujeres, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante el establecimiento de condiciones jurídicas y administrativas, así como la adopción de medidas positivas a favor de éstas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva.

Estos principios constitucionales constituyen el basamento fundamental de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La presente Ley tiene como característica principal su carácter orgánico con la finalidad de que sus disposiciones prevalezcan sobre otras leyes, ya que desarrolla principios constitucionales en materia de derechos humanos de las mujeres y recoge los tratados Internacionales en la materia que Venezuela ha ratificado. Con esta Ley se pretende crear conciencia en todos los sectores del país sobre el grave problema que constituye para la sociedad venezolana que se vulneren los derechos humanos de la mitad de su población, por ello es necesario trabajar en su instrumentación y garantizar el cumplimiento de la misma. Ahora bien, es por lo que la pena en concreto a cumplir es de DOS (02) AÑOS Y OCHO (08) MESES DE PRISION, más las penas accesorias establecidas en el artículo 69 ordinales 2° y 3° de la Ley Especial De Genero en concordancia con el artículo 16 del código penal. SE MANTIENE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, a favor del ciudadano VICTOR JOSE URDANETA GONZALEZ, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD V-24.242.731 .

Finalmente, se MANTIENEN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA VICTIMA DE LAS CONTENIDAS EN EL ARTICULO 106 ordinales 5° y 6° de Ley Especial. Se ordena remitir una vez cumplido el lapso de Ley al Departamento del alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal a los fines de que sea distribuido al Tribunal Único de Ejecución de este Circuito Especializado, a los fines de su ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 482 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, quedan las partes debidamente notificadas de la presente decisión, la cual se fundamenta en los artículos 2, 24, 26, 49 y 257 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, artículo 45 y 65.7 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículos 37 del Código Penal y artículos 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 42, 222, 238, 239, 326, 327, 313, 354, 355, 375 y 482 del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE DECLARA.
DISPOSITIVA
Por todo lo anteriormente expuesto éste JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS DEL CIRCUITO JUDICIAL CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley decreta: PRIMERO: ADMITE LA ADECUACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURIDICA INVOCADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, en los términos explanados en la parte motiva de la presente decisión, SEGUNDO: SE DECLARA CON LUGAR la solicitud de revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad solicitada por la Defensa Publica del ciudadano VICTOR JOSE URDANETA GONZALEZ, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD V-24.242.731, por lo que se le imponen las Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, establecidas en los numerales: 3° y 4° del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, que a tal efecto establece lo siguiente: “Artículo 242. Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado o imputada, el Tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado o imputada, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada algunas de las medidas siguientes: (…)3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe 4. La prohibición de salir sin autorizaron del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal”; por lo que consecuencialmente se revoca la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, TERCERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por la Fiscalía 33° del Ministerio Público, en contra del acusado: VICTOR JOSE URDANETA GONZALEZ, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD V-24.242.731 por la comisión del delito de: ABUSO SEXUAL A NIÑA SIN PENETRACIÓN PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 259 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (LOPNNA) en perjuicio de la niña: LURIANNY URDANETA DE (06) AÑOS DE EDAD. CUARTO: ADMITE PARCIALMENTE LAS PRUEBAS ofrecidas por la Fiscalía del vindicta pública, en los términos explanados en la parte motiva de la presente decisión. QUINTO: CON LUGAR EL PROCEDIMIENTO DE ADMISION DE HECHOS, de conformidad con lo establecido en el Artículo 313 Ordinal 6° del Código Orgánico Procesal Penal. SEXTO: CONDENA al ciudadano: VICTOR JOSE URDANETA GONZALEZ, VENEZOLANO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD V-24.242.731, a cumplir la pena de DOS (02) AÑOS Y OCHO (08) MESES DE PRISION, más las penas accesorias establecidas en el artículo 69 ordinales 2° y 3° de la Ley Especial De Género en concordancia con el artículo 16 del código penal; por la comisión del delitos de ABUSO SEXUAL A NIÑA SIN PENETRACIÓN PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 259 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (LOPNNA) en perjuicio de la niña: LURIANNY URDANETA DE (06) AÑOS DE EDAD. SÉPTIMO: SE MANTIENEN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA VICTIMA DE LAS CONTENIDAS EN EL ARTICULO 106 ordinales 5° y 6° de Ley Especial; OCTAVO: Una vez vencido el lapso remítase la presente causa al Departamento de Alguacilazgo de este mismo Circuito Judicial Penal, a los fines de que sea distribuida al Tribunal Único de Ejecución de este Circuito Especializado, a los fines de su ejecución, de conformidad con lo establecido en el artículo 482 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, quedan las partes debidamente notificadas de la presente decisión, la cual se fundamenta en los artículos 2, 24, 26, 49 y 257 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, artículo 45 y 65.7 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículos 37 del Código Penal y artículos 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 42, 222, 238, 239, 326, 327, 313, 354, 355, 375 y 482 del Código Orgánico Procesal Penal. Se deja constancia que se cumplieron con todas las formalidades exigidas por ley. Culminó el acto siendo las cinco (05:00pm) horas de la tarde. Se Terminó, se leyó y conformes firman. ASÍ SE DECIDE, PUBLIQUESE Y REGISTRESE.
EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. ESP. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN

EL SECRETARIO,

ABG. JESUS ORLANDO HERNANDEZ CORDERO