REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: TRIBUNAL UNDÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA DECIDE: Recibida en el día treinta y uno (31) de Octubre de 2022, mediante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Jurisdicción Civil (URDD-ZULIA) asignada bajo la numeración TMM-263-2022, como se hizo saber en el auto de entrada que antecede, la presente DEMANDA DE RESOLUCION DE CONTRATO, a la cual se le dio curso, formó expediente y asigna el número E-2976-2022, numeración de este Tribunal. Seguidamente el día tres (03) de Noviembre de 2022, se recibió el libelo de la demanda con sus anexos, planilla de distribución y fue refrendada por el accionante ante la Secretaria del Tribunal. El Tribunal pasa a resolver en esta oportunidad sobre su admisibilidad, previa las siguientes consideraciones: La demanda de RESOLUCION DE CONTRATO fue interpuesta por la ciudadana NORMA TULLI MUCCILLO, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. V.- 7.793.820, domiciliada en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en su propio nombre y representación, y con carácter de comunera y representante de la sucesión hereditaria del ciudadano GIOVANNI TULLI DE PILLA, fallecido ab intestato, quien en vida era venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° V.- 4.143.852 y del mismo domicilio, tramitada y declarada por ante el SENIAT con numero de Registro de Información Fiscal N° J-401415261, representación que consta en documento poder, otorgado por ante la Notaría Publica Tercera de Maracaibo del Estado Zulia, en fecha cuatro (04) de Febrero del año dos mil trece (2013), bajo el No 34, Tomo 8; y por la Notaria Sexta del Municipio Chacao del Estado Miranda el veinte (20) de febrero del mismo año, bajo el N° 03, Tomo 23, asistida por la abogada en ejercicio ASTRID GUTIERREZ, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo N° 284.635, del mismo domicilio, en contra del ciudadano JORGE ALBERTO DELGADO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V.- 82.302.015 y de este mismo domicilio. Haciendo la salvedad tal como destaca en el escrito libelar que el ciudadano JORGE ALBERTO DELGADO GONZALEZ, ya identificado arriba es Representante Legal en su condición de Presidente de la sociedad mercantil TELEGUARDIANES 24 HORAS C.A., empresa de comercio domiciliada en la Ciudad y Municipio Maracaibo, debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha primero (01) de marzo del año dos mil cinco (2005), bajo el No. 6, tomo 16-A tal como consta en actas. MOTIVACIÓN En primer lugar pasa esta juzgadora y considera importante traer a colación el contenido del artículo 136 del Código de Procedimiento Civil vigente, el cual establece lo siguiente: “Son capaces para obrar en juicio, las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley.” En tal sentido, afirma el Dr. Ricardo Henríquez La Roche que, los sujetos de derecho, por el solo hecho de ser personas naturales o entes morales, tienen la capacidad de goce, que consiste en la posibilidad de ser titulares de derechos subjetivos y de obligaciones de carácter privado y deberes frente a la autoridad pública. La capacidad de ejercicio es, por el contrario, la potencia de toda persona para ejercer y actuar, por sí mismo, sus derechos subjetivos y poder comprometer sus bienes y aún su persona (Matrimonio). Sin embargo, esta capacidad de ejercicio puede encontrarse, temporal o definitivamente limitada o anulada de un todo, sea por razones naturales (Minoridad, senectud) o patológicas (Enfermedad mental o en los sentidos); no obstante, en el ámbito del derecho procesal, la capacidad de goce recibe el nombre de capacidad para ser parte. La capacidad de ejercicio recibe el nombre de capacidad procesal, referida a la potestad de toda persona para actuar en el proceso, ejercer los “derechos” y asumir las cargas procesales que devienen de las normas que tutelan el proceso y de las vicisitudes que ocurren en el mismo. Según el aludido Artículo 136 ejusdem, las partes se encuentran por norma general facultadas para obrar en juicio por sí mismas o por medio de apoderados, siempre que tengan el libre ejercicio de sus derechos, es decir, que no tengan su capacidad disminuida (Capitis-disminutio. De igual manera el Artículo 166 de la Ley Adjetiva Civil vigente, prevé: “Sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados.” Precisamente, los Artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados vigente, establecen: Artículo 3: “Para comparecer por otro en juicio, evacuar consultas jurídicas, verbales o escritas y realizar cualquier gestión inherente a la abogacía, se requiere poseer el título de abogado, salvo las excepciones contempladas en la Ley. Los representantes legales de personas o de derechos ajenos, los presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados sin la asistencia de abogados en ejercicio.” Artículo 4: “Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de Justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso…” Es lo que se denomina capacidad de postulación “ius postulandi”, evidenciándose que el aludido ciudadano IDELMO ARENAS URDANETA, no es abogado, por lo tanto carece de la capacidad de postulación o representación. En tal sentido, el autor patrio Dr. Ricardo Henríquez La Roche en su obra Código de Procedimiento Civil (pp.56-57, tomo III; 2004) establece lo siguiente: “b) Falta de capacidad de postulación o representación. Esta causal, más amplia que la excepción dilatoria que preveía el Código derogado, comprende: la falta de capacidad de postulación en el apoderado indicada en el artículo 166, sea porque no es abogado o porque no tiene el libre ejercicio de la profesión; la ineficiencia del poder o relación de representación por no llenar los requisitos legales y la insuficiencia del poder para proponer la demanda. Así por ej., en el caso de demandas intuitu personae, el poder debe ser especial para el caso, son pena de inadmisibilidad de la demanda (cfr comentario al Art. 154)”... Al respecto, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 0027 de fecha 09 de marzo de 2000, con ponencia del magistrado Dr. Omar Mora Díaz, expediente Nº 98-0378 (Caso: ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA, PETROQUÍMICA Y CARBONÍFERA NACIONAL (A.J.I.P.) contra la empresa PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. -P.D.V.S.A-.), dejó sentado el siguiente criterio jurisprudencial: “...el tratadista Arístides Rengel-Romberg, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo Código de 1987, señala: ´La capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio ...omissis... es la capacidad de postulación, esto es: la capacidad que corresponde a los abogados para realizar actos procesales con eficacia jurídica, en calidad de representantes o asistentes de la parte, que es una capacidad meramente profesional y técnica que corresponde exclusivamente a los abogados, según la mencionada disposición del Artículo 166 C.P.C. ...omissis... La segunda causa de ilegitimidad de la persona que se representa como apoderado del actor, es la de no tener la representación que se atribuya. Como se ha visto, sin poder no hay representación. Por tanto, se estará en la hipótesis de la ilegitimidad que estamos considerando, tanto en el supuesto de que el poder no haya sido otorgado, como cuando habiendo sido otorgado, sin embargo, no consta de autos el poder. ...omissis... Finalmente, la tercera causa de ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor se produce cuando el poder no está otorgado en forma legal o sea insuficiente...´. “De ello se desprende que la finalidad de esta cuestión previa es impugnar, según los supuestos que allí se establecen, a la persona que se presente como apoderado del actor o representante de éste, de manera que se persigue evitar que alguien atribuyéndose un falso mandato pueda intentar un juicio en nombre de otro.”. Asimismo, nuestra Sala Constitucional en fecha 15 de junio de 2004 (M.M. Capón en Amparo, Sent. 1170, con Ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz), estableció: “… Para el ejercicio de un poder dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho…”. Criterio éste, ratificado por la Sala Constitucional, en fallo de reciente data del 30 de Noviembre de 2006 (R.D. Zerpa en Amparo, Sentencia Nro. 2.129. Con ponencia del Magistrado Dr. Arcadio Delgado Rosales), donde expuso: “… Sin duda que cuando una persona, sin que sea abogado en ejercicio, ejerce un poder judicial, incurre en lo que ésta Sala ha denominado falta de representación para actuar, por carecer de la capacidad de postulación que detenta todo abogado en ejercicio…” En el mismo orden de ideas, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 0075 de fecha 23 de enero de 2003, con ponencia del magistrado Dr. Levis Ignacio Zerpa, expediente Nº 01-0015 (Caso: Consorcio Radiodata - Datacraft-Saeca contra C.V.G.), señaló: “… Ahora bien, entiende esta Sala, con base en los argumentos aportados por la demandada, que lo cuestionado por su representación judicial no es la capacidad de los abogados para obrar en juicio, ya que este supuesto está referido a la capacidad de postulación, al ius postulandi, vale decir, a la capacidad técnica que tienen los profesionales del derecho para gestionar y realizar actos procesales eficaces jurídicamente”. “Lo controvertido por la demandada en forma indirecta, es la capacidad para obrar en juicio de la parte actora, legitimatio ad processum, aquella que corresponde a la facultad o medida de la aptitud que tienen las personas para contraer y tener derechos y obligaciones, en el caso sub júdice su capacidad para otorgar poderes, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil. 1.1.- El primer supuesto del ordinal 3º del artículo 346 eiusdem, relativo a la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio; se refiere a que para poder realizar actos dentro del proceso se requiere tener capacidad técnica para representar o asistir a las partes, esto es, sólo pueden actuar en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados. Dicha exigencia la encontramos en el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil y en los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados, (Gaceta Oficial Nº 1.081 Extraordinario del 23 de enero de 1967). … capacidad se ve afectada, en casos en que no se tiene el título de abogado, o cuando teniéndolo hay una imposibilidad en el ejercicio de carácter transitorio, como por ejemplo sanciones de suspensión temporal del ejercicio de la profesión o el caso de abogados que presten sus servicios profesionales a tiempo completo en organismos oficiales nacionales, estadales o municipales o en institutos autónomos, salvo que actúen en representación de tales entes; o casos donde el abogado haya sido declarado entredicho o inhabilitado”… (…) Ello así, a tenor del contenido literal del documento poder trascrito parcialmente ut supra, se evidencia que el mismo no es un poder general en “stricto sensus” (Sentido estricto), sino un poder especial referente única y exclusivamente a la “gestión y administración de sus bienes, habidos y por haber”, siendo general sus facultades en lo referente a dicha función o mandato sobre los indicados bienes, no siendo posible entender que tal mandato permita el ejercicio de acciones distintas a las de naturaleza de simple administración de bienes; así tenemos que nuestro Código Civil venezolano vigente establece respecto al Mandato, que: “Artículo 1.687. El mandato es especial para un negocio o para ciertos negocios solamente, o general para todos los negocios del mandante” (Negrillas y subrayado de este Tribunal). “Artículo 1.688. El mandato concebido en términos generales no comprende más que los actos de administración”. (Resaltado propio)” Igualmente en el mismo sentido señala la Sala Civil, en sentencia n.° 740, de 27 de julio 2004, ratificó el siguiente criterio: El artículo 3 de la Ley de Abogados establece que “...Los representantes legales de personas o de derechos ajenos, los presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados sin la asistencia de abogados en ejercicio...”. Por su parte, el artículo 4 eiusdem dispone que “...Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso...”. De acuerdo con las referidas normas es necesario para comparecer a un juicio en nombre de otro, estar asistido o representado por un profesional del derecho. Dicha tarea está reservada por expresa disposición de la ley a quienes ostentan el título de abogado, con la finalidad de que cualquier solicitud judicial tenga el debido sustento jurídico. En el presente caso, consta de las actas que Eloín Chirinos Silva, quien invocó su condición de Presidente de la Asociación Civil Unión de Transportadores Rurales El Cañafístola “UTRELCA” del estado Zulia, sin ser abogado, compareció a la Sala para interponer recurso de interpretación contra el artículo 2 del Reglamento Parcial de la Ley de Tránsito Terrestre sobre Transporte Terrestre Público de personas, en franca violación de los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados y 144 del Código de Procedimiento Civil. Tal actuación es ineficaz, pues de acuerdo con las normas antes transcritas no puede un ciudadano comparecer en nombre de una persona jurídica a interponer un recurso sin ser abogado. La Sala, en anteriores oportunidades ha establecido el mismo criterio; por ejemplo, en fallo del 27 de octubre de 1988 en el juicio de Oscar Antonio Liendo c/ José Luis Liendo, dejó sentado que: “...El mencionado ciudadano en su carácter de apoderado general de la parte co-demandada, ha venido actuando en este juicio sin que conste que es abogado contraviniendo la Ley de Abogado (...). En sentencia de esta Sala de fecha 18 de abril de 1956, se estableció lo siguiente: “Como tal representante de otros, no puede dicho señor sin ser abogado ni procurador comparecer en juicio, ni realizar ninguna gestión (...) inherente al ejercicio de la profesión de abogado (Art. 2º de la Ley de Abogado) (...). En el actual régimen procesal el legislador ha puesto énfasis en conferir la capacidad de postulación en juicio por otra persona en forma exclusiva a los abogados, al establecer tal cualidad en forma imperativa en el artículo 166, que sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las decisiones de la Ley de Abogados...”. (Subrayado de la Sala). En igual sentido, en sentencia dictada el 22 de enero de 1992 (Raúl Lubo Lozada c/ Asociación Civil Fundación para la Orquesta Juvenil del Estado Aragua), se estableció que de conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley de Abogados, en concordancia con el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, sólo los abogados pueden representar en juicio a otras personas mediante poder, considerando que “...resulta ineficaz la actuación en procesos judiciales de apoderados no abogados, sin que esa incapacidad pueda ser subsanada con la asistencia de un profesional...”. En el caso que se estudia, el Presidente de la Asociación no podía comparecer al juicio en nombre de ella ni actuar en el recurso por no ser abogado; por este motivo, la Sala considera que la presente solicitud debe ser declarada inadmisible, y en consecuencia, no es posible interpretar el artículo 2 del Reglamento Parcial de la Ley de Tránsito Terrestre sobre Transporte Terrestre Público de Personas, como fue solicitado. Así se decide. En razón de todo lo que fue expuesto, esta Sala considera que la falta de capacidad de postulación, conlleva, en estos casos, a una falta de representación que ocasiona ineludiblemente la inadmisión de la demanda interpuesta, de conformidad con lo que ordena el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, porque es contraria a la Ley, debido a que expresamente los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de la Ley de Abogados disponen que, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio. Así se decide.”… Ahora bien, constata esta Juzgadora de la revisión de las documentales anexas al escrito libelar presentado, específicamente del instrumento poder del cual se deriva la representación ejercida por el hoy peticionante quien encabeza dicho escrito, que el referido instrumento fue otorgado de manera amplia como un poder general de administración y disposición a la ciudadana NORMA TULLI MUCCILLO, arriba identificada y la mencionada ciudadana es una persona natural a quien no se le acredita la profesión de abogado, por ende no puede comportar facultad de actuar ante los Órganos Jurisdiccionales realizando peticiones en nombre propio y como comunera representante de la sucesión hereditaria del fallecido ciudadano GIOVANNI TULLI DE PILLA, arriba identificado, quien en vida fungió como ARRENDADOR. Inteligencia que se deriva del tenor de las máximas jurisprudenciales reseñadas y reglas positivas vigentes de nuestro sistema normativo anteriormente aludidas, circunstancia que no puede ni siquiera verse con validada por la circunstancia de hacerse asistir de abogado en ejercicio para la interposición de esta postulación de jurisdicción ordinaria o contenciosa. Concluyente que dicha ciudadana carece de capacidad de postulación al no ser abogado en ejercicio, por lo que entiende esta Sentenciadora, que el poder que interpone como medio de representación resulta insuficiente para acreditarla como tal, esto es, como apoderado de quien aquí se erige como pretensora de la demanda de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (LOCAL COMERCIAL), en contra del ciudadano JORGE ALBERTO DELGADO GONZALEZ, arriba identificado; resultando forzoso para esta operadora de justicia declarar inadmisible la presente demanda. ASÍ SE DECIDE. DECISIÓN Con fundamento en las consideraciones de hecho, derecho y jurisprudencial, ut supra referidas este Tribunal Undécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA: PRIMERO: INADMISIBLE POR FALTA DE POSTULACIÓN la presente demanda de RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (LOCAL COMERCIAL), interpuesta por la ciudadana NORMA TULLI MUCCILLO, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. V.-7.793.820, domiciliada en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en su propio nombre y representación, y con carácter de comunera y representante de la sucesión hereditaria del ciudadano GIOVANNI TULLI DE PILLA, fallecido ab intestato, quien en vida era venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° V.-4.143.852 y del mismo domicilio, tramitada y declarada por ante el SENIAT con numero de Registro de Información Fiscal N° J-401415261, representación que consta en documento poder, otorgado por ante la Notaría Publica Tercera de Maracaibo del Estado Zulia, en fecha cuatro (04) de Febrero del año dos mil trece (2013), bajo el No 34, Tomo 8; y por la Notaria Sexta del Municipio Chacao del Estado Miranda el veinte (20) de febrero del mismo año, bajo el N° 03, Tomo 23, asistida por la abogada en ejercicio ASTRID GUTIERREZ, venezolana, mayor de edad, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo N° 284.635, del mismo domicilio, en contra del ciudadano JORGE ALBERTO DELGADO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V.-82.302.015 y de este mismo domicilio. Haciendo la salvedad tal como destaca en el escrito libelar que el ciudadano JORGE ALBERTO DELGADO GONZALEZ, ya identificado arriba es Representante Legal en su condición de Presidente de la sociedad mercantil TELEGUARDIANES 24 HORAS C.A., empresa de comercio domiciliada en la Ciudad y Municipio Maracaibo, debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha primero (01) de marzo del año dos mil cinco (2005), bajo el No. 6, tomo 16-A tal como consta en actas. NO HAY CONDENATORIAEN COSTAS PROCESALES, en virtud de la naturaleza del fallo. Publíquese, regístrese incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, así como en la página www.zulia.scc.org.ve y déjese copia certificada por secretaría para el archivo del Tribunal. Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del TRIBUNAL UNDÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a los ocho (08) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós (2022), Años 212º de la independencia y 163° de la federación. LA JUEZA SUPLENTE, ABOG. BELTZALIZ GONZALEZ JAIMES LA SECRETARIA, ABOG. MILAGROS C. URDANETA VERA En la misma fecha se publicó siendo las once (11:00 a.m.) de la mañana, registrada bajo el No. 139 - 2022. LA SECRETARIA, ABOG. MILAGROS C. URDANETA VERA EXPEDIENTE No. 2976-2022.