REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Maracaibo, primero (01) de Noviembre de dos mil veintidós (2022).
212° y 163°
SOLICITUD NO: 3246-22
SOLICITANTE: ciudadano, JOSE GREGORIO RODRIGUEZ LOZADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de dientidad No. 8.722.706.
PARTE ACCIONADA: ciudadana, DIAMELIS DEL ROSARIO NAVA CARRIZO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de dientidad No. 10.604.089, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
ABOGADA ASISTENTE DE LA SOLICITANTE: ANABEL MARIA QUIJADA NAVA, inscrita en el Inpreabogado bajo los No. 295.539, domiciliada en el municipio Maracaibo del Estado Zulia.
MOTIVO: DIVORCIO DESAFECTO.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.

INTRODUCCION
Previa revisión de las actas procesales observa este Tribunal que en fecha veintisiete (27) de octubre de 2022, se recibió a través de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Poder Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, signada bajo el No. TM-M0-243-2019, la solicitud de DIVORCIO DESAFECTO, presenteada por el ciudadano JOSE GREGORIO RODRIGUEZ LOZADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de dientidad No. 8.722.706, debidamente asistido en este acto por la abogada en ejercicio ANABEL MARIA QUIJADA NAVA, inscrita en el Inpreabogado bajo los No. 295.539, domiciliada en el municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra de la ciudadana DIAMELIS DEL ROSARIO NAVA CARRIZO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de dientidad No. 10.604.089, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Se le da entrada fórmese solicitud y numérese.

Ahora bien, de una revisión a las actas procesales puede constatarse que el presente asunto fue introducido ante la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos de la Sede Judicial Torre Mara del Estado Zulia en veintisiete (27) de octubre de 2022, correspondiéndole el conocimiento a este Tribunal previa distribución aleatoria y sistematizada del mismo, no obstante, desde el momento de su distribución hasta la presente fecha, se evidencia el transcurso de más de tres (03) días continuos, sin que el solicitante ni su abogado asistente hayan comparecido ante la Secretaría de este despacho con el ánimo de estampar sus firmas respectivas.
En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional pasa a realizar las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:

“…Las partes harán sus solicitudes mediante diligencias escritas que extenderán en el expediente de la causa en cualquier hora de las fijadas en la tablilla o Cartel a que se refiere el artículo 192, y firmarán ante el Secretario; o bien por escrito que presentarán en las mismas horas al Secretario, firmado por la parte a sus apoderados…” (Resaltado propio).

En efecto, la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de fecha 28 de noviembre de 1996, con ponencia del Magistrado Rafael Alfonso Guzmán, Juicio Jozué Zambrano Vs. Agrícola San Javier, S.A., en relación al punto antes mencionado estableció lo siguiente:
“…las partes podrían hacer sus solicitudes por diligencias ante el Secretario o por escrito que presentarán al Juez o al Secretario, lo que entraña la presentación personal de la parte que las formula o de su apoderado judicial, ello, en concepto de esta Corte, es cuando se trate de aquellos actos que estructuran el proceso y dan impulso al mismo, como son, entre otros, la presentación del libelo, la contestación de la demanda, la promoción de pruebas, los informes, las apelaciones. En principio no puede concebirse un juicio sin esos actos y por tanto éstos deberán celebrarse por las partes ante el Juez que conoce del asunto, pues lo contrario sería aceptar que se puede litigar a distancia…” (Negrillas del Tribunal).

A este respecto, igualmente la aludida Sala de Casación Civil ha manifestado de forma reiterada lo siguiente: “las diligencias que no hubieren sido debidamente firmadas por la parte diligenciante, no tienen eficacia jurídica, constituyendo actuaciones inexistentes y, como tal, no alcanzan la finalidad perseguida…” (Ver Sentencia Sala Casación Civil, 26 de marzo de 1992, Ponente: Magistrado Dr. Luís Darío Velandia, Exp. N° 90-0253).

En efecto, la falta de firma de la parte o su abogado asistente en el escrito contentivo de la solicitud privan el acto procesal de la debida autenticidad, viciando de nulidad absoluta el acto en cuestión, y en su defecto, impidiendo las posibles consecuencias jurídicas potencialmente derivables de éste, por lo que, verificándose el transcurso de un tiempo considerable sin que el aludido abogado asistente haya acudido ante la Secretaría del Tribunal a suscribir la debida solicitud, este Órgano Jurisdiccional al encontrarse imposibilitado de admitir el asunto incoado, y así procurar su correspondiente sustanciación atendiendo las formas procesables inherentes a la naturaleza de la solicitud incoada, se encuentra en la obligación de declarar inadmisible la solicitud presentada por considerarla inválida por falta de firma del solicitante.

Transcrito lo anterior, a criterio de quien Juzga, para que el acto sea válido, es necesario que esté suscrito por los comparecientes, por lo que la omisión de las firmas de éstos afecta enteramente la validez del acto, y por ende su posible admisibilidad y sustanciación, todo ello por la ausencia de este requisito, de manera que, este Tribunal evidenciando que el solicitante ni su abogada asistente cumplieron con la obligación de suscribir la respectiva solicitud ante la Secretaría de este órgano, a fin de imprimirle autenticidad y en consecuencia otorgarle validez jurídica alguna en atención a la norma procesal antes citada en adminiculación a los criterios jurisdiccionales antes esbozados, resulta forzoso declarar la inadmisibilidad de la presente solicitud, y así se hará constar en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide.-

DISPOSITIVO
Por los fundamentos antes expuestos, este TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la presente solicitud formulada por el ciudadano JOSE GREGORIO RODRIGUEZ LOZADA, antes identificado.-
Déjese copia por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, el primero (01) días del mes de Noviembre de 2022. Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación.


LA JUEZA PROVISORIA,

ABG. JENNY MEISNER VERA.
LA SECRETARIA,

ABG. JOSCARILY SANCHEZ.

En la misma fecha, se publicó SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA, que antecede, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, quedando anotado bajo el Número 82-22 en el libro correspondiente.
LA SECRETARIA,

ABG. JOSCARILY SANCHEZ.

JMV/JS
S-3246-22