TSJ Regiones - Decisión

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO AGRARIO SUPERIOR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO, Y COMPETENCIA TERRITORIAL EN EL ESTADO FALCÓN

-I-
INTRODUCCIÓN

Conoce este órgano jurisdiccional del RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, CON SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, presentado por la ciudadana YARELIS DEL CARMEN CHOURIO DE CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-13.282.322, actuando en representación de la Asociación Cooperativa Socialista Revolucionaria “EL CAPITAL R.L.”, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº J-07028042-5, asistida por el abogado en ejercicio JOSÉ DE LOS SANTOS MARÍN SILVA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-4.161.042, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 175.654; propuesto contra el Acto Administrativo de efectos particulares dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), en reunión Nº ORD 1019-18, celebrada en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018), punto de cuenta número01, mediante el cual se acordó la REVISIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en sesión Nº ORD 998-18, celebrada en fecha tres (03) septiembre de dos mil dieciocho (2018), punto de cuenta Nº03, acordando INICIO DEL RESCATE DE TIEERAS AUTÓNOMO Y ACUERDO DE MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO DE LA TIERRA, sobre el predio denominado “LA VICTORIA”, ubicado en el sector La Ranchería, Parroquia Carlos Quevedo, Municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, constante de una superficie de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO HECTÁREAS CON DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (644 Has con 2.459 M2), comprendida dentro de los siguientes linderos:Norte:Terreno por Fundo La Materita; Sur: terrenos ocupados por Fundo Guaramito; Este:Terrenos ocupados por Fundo Mata de Limón, Río Mucujepe y Fundo Guaramito; y, Oeste: Terrenos ocupados por Fundo La Esperanza, Fundo San Lorenzo y Fundo La Añoranza Caño Pital.
-II-
RELACIÒN PROCESAL

En fecha trece (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019), la ciudadana YARELIS DEL CARMEN CHOURIO DE CONTRERAS, actuando en representación de la Asociación Cooperativa Socialista Revolucionaria “EL CAPITAL R.L.”asistida por el abogado en ejercicio JOSÉ DE LOS SANTOS MARÍN SILVA, presentó ante la secretaría, escrito contentivo del RECURSOCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, CON SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA propuesto contra el acto administrativo de efectos particulares dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI),en reunión Nº ORD 1019-18, celebrada fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018), punto de cuenta número 01; el cual fue admitido en fecha diecisiete (17) de septiembre del mismo año, ordenándose practicar la citación y las notificaciones correspondientes.

En fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve (2019), el abogadoen ejercicio JOSÉ DE LOS SANTOS MARÍN SILVA, solicito se comisionara al tribunal del Área Metropolitana de Caracas, para la prácticas de la citación y las notificaciones respectivas; lo cual fue negado en fecha treinta (30) del mismo mes y año, dada la falta de representación del abogado solicitante.

En fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve (2019), la ciudadana YARELIS DEL CARMEN CHOURIO DE CONTRERAS, actuando con el carácter de autos, confirió poder apud-acta al abogado en del ejercicio OMAR JESÚS PUENTE,venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número, V-22.159.599, inscrito en el Inpreabogado bajo Nº 183,527; siendo que en esa misma fecha el referido abogado, solicitó se librará despacho de comisión al Juzgado Agrario de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para la práctica de la citación y las notificaciones ordenadas, lo cual fue proveído en fecha cuatro (04)de noviembre del mismo año.

En fecha trece (13) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), el alguacil presentó exposición dejando constancia de la notificación del Ministerio Público.

En fecha catorce (14) de febrero de dos mi veinte (2020), se recibió y se agregó a las actas las resultas del despacho de comisión proferido al JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y ESTADO MIRANDA, debidamente cumplido.

En fecha cuatro (04) de abril de dos mil veintidós (2022), la profesional en el derecho MARENA CHIQUINQUIRÁ PITTER CHIRINOS, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-10.207.706, actuando en su carácter de Fiscal Auxiliar Interina (E) Nonagésimo Séptima Nacional del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, solicitó se declarase la perención de la instancia en la presente causa.

-III-
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA

El instituto de la Perención de la Instancia como modo anormal de terminación del proceso, ha sido analizado y estudiado por diversos procesalistas nacionales y extranjeros en tal sentido el autor Emilio Calvo Baca en su obra “Vocabulario Derecho Procesal Civil Venezolano. Jurisprudenciado” (Ediciones Libra C.A Caracas 2012. Pág. 703), señala que “PERENCION (sic) O CADUCIDAD. Del latín peremptio, onis,de perimere, destruir. El DRAE define la perención como: Prescripción que anulaba el procedimiento, cuando transcurría cierto número de años sin haber hecho gestiones las partes. En materia procesal háblese de perención de la instancia para referirse a la figura que extingue en proceso por la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo.”

El autor Ricardo Henríquez La Roche señala que “La Perención de la Instancia es la extinción del proceso que se origina por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno. La Perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prologada del proceso. Toda paralización contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones legales que las determinen” (Cejuv.2013. Pág. 503).

Por su parte, Arístides Rangel Romberg expresa que es una institución afín al desistimiento que “extingue el proceso, no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo” (2016. Pág. 333); mientras que Chiovenda establece que es “la extinción de la instancia judicial, ocasionada por el abandono en que las partes han dejado el juicio, absteniéndose de realizar actos de procedimiento por el tiempo establecido en la Ley” (Tomo III, pág. 763).

De lo afirmado por tan reconocidos autores se puede concluir que, esta institución jurídica constituye una sanción establecida por el legislador ante el incumplimiento, durante un período de tiempo expresamente previsto en la norma, de la carga procesal de las partes de ejecutar actos que impulsen el procedimiento hasta su modo normal de terminación (sentencia), entendiendo por estos últimos toda actividad encaminada a hacerlo avanzar a través de cada uno de los momentos o estadios procesales que lo componen.

La doctrina venezolana más reconocida ha señalado que la perención tiene un elemento subjetivo y un elemento objetivo, el primero viene dado por la actitud omisiva de los sujetos que intervienen en la relación jurídico procesal, teniendo en cuenta que esta es interpretada como la intención de abandonar el procedimiento; y, el segundo que comporta la inactividad o ausencia del impulso procesal por las partes. Rangel Romberg señala que estos elementos son condiciones esenciales para la consumación de la perención, a saber: “objetiva, la inactivada, que se reduce a la falta de la realización de los actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes (…).” (2016. Pág. 336).

Es importante resaltar que esa ausencia de ejecución de actos procesales debe provenir de las partes, no siendo válido para la configuración de la perención de instancia de actividad proveniente del juez, puesto que con ello se desvirtúa la naturaleza sancionatoria de dicha institución procesal. Siendo además que, ante este último supuesto se estaría en presencia de otra figura denominada denegación de justicia, según lo establecido por la sala de casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha nueve (09) de febrero de dos mil diez (2010), al señalar que:

“Dicho instituto procesal, encuentra justificación en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y tiene por objetivo garantizar que se cúmplala función jurisdiccional, la cual radica en el ejercicio de administrar justicia y en la necesidad de sancionar la conducta negligente de las partes, por el abandono de la instancia y el desinterés en la continuación del proceso. De manera pues, que la actividad del Juezno es capaz de interrumpir el lapso de perención por ser parte en el proceso. De manera pues, que la actividad del juez no es capaz de interrumpir el lapso de perención por ser parte en el proceso, ya que, se insiste, esta (sic)constituye una sanción dirigida a las partes de la relación litigiosa(demandado-demandante) producto de su inactividad por un lapso de tiempo que solo puede ser interrumpido por ellas mismas y no por el Juez adicionalmente, cabe señalar que la inactividad del órgano decisor se traduce en denegación de justicia, conducta sancionada por los preceptos contenidos en los artículos 18 y 19 de nuestra ley adjetiva, que en todo caso carece de relación alguna con la sanción de perención de la instancia impuesta por las partes”

La misma sala mediante sentencia Nº RC.000010-Exp. 09-486, de fecha nueve (09) de febrero de dos mil diez (2010), al referirse a esta institución señaló:

“La perención de las instancian constituye una sanción de tipo legal que genera la consecuente extinción del proceso por causas imputables a las partes entendidas éstas (sic) como aquellas pertenecientes a la relación litigiosa, es decir, como sujeto activo o pasivo de la pretensión procesal. Dicha sanción se configura cuando transcurre el lapso que dispone la ley, sin que hubiese verificado acto de procedimiento alguno por las partes, sea actor o demandado, capaz de impulsar el curso del juicio; mientras que el Juez es el sujeto procesal facultado por la ley para declararla, incluso de oficio.
Dicho instituto procesal, encuentra justificación en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y tiene por objeto garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en el ejercicio de administrar justicia y en la necesidad de sancionar la conducta negligente de las partes, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso.”

Respecto los efectos que se derivan de esta institución, el principal efecto es meramente procesal, como es el fenecimiento del procedimiento, sin excluirse la posibilidad de poder volver a proponer el juicio; siendo que además no comporta la imposición de costas procesales, puesto que no existe parte vencedora ni vencida. Destacándose que las decisiones interlocutorias dictadas conservan sus efectos y por ende pueden ser redargüidas como providencias de cosas juzgada en el nuevo juicio. Siendo que, al igual que las decisiones interlocutorias, las pruebas articuladas conservan su eficacia probatoria, siendo perfectamente posibles que sean traídas e incorporadas en al nuevo juicio en copias fotostáticas certificadas (traslado de pruebas), siempre y cuando se trate de la misma partes intervinientes en el juicio perimido; en este sentido, Devis Echandía opina que “Es claro un prueba practicada en el proceso cuya caducidad se declaró válida, porque no se trata de nulidad ni de algo similar”. Por último, es importante señalar que en caso de perimir el proceso en el transcurso de la apelación, la sentencia proferida en primera instancia quedará revestida del carácter de cosa juzgada.

Todo lo anterior se concluye del contenido del artículo 270 del Código del Procedimiento Civil, el cual dispone: “La perención no impide que se vuelva a proponer una nueva demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que resulten de loa autos; solamente extingue el proceso. Cuando el juicio en que se verifique la perención se hallé en apelación, la sentencia apelada quedará con fuerza de cosa juzgada, salvo que se trate de sentencias sujetas a consultas legal, en las cuales no habrá lugar a perención”.

Definida como ha sido la perención de la instancia, cuales son los requisitos para su comunicación, sus efectos y/o consecuencias, corresponde en el caso de este órgano jurisdiccional especializado analizar los dispuesto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario sobre la misma, por lo que se observa el contenido del artículo 182 del referido cuerpo legal, que prevé lo siguiente:

“Artículo 182.-La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del juez o jueza después de vista la causa, o habiéndose producido la paralización por causas, no imputables a las partes, no producirá la perención”.

La disposición adjetiva agraria supra transcrita consagrada la institución de la perención de la instancia, enmarcada dentro del capítulo referido a las Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Estatales Agrarios, como la sanción impuesta a las parte por la falta de impulso procesal dentro del procedimiento, siempre que transcurra el periodo de tiempo previsto en dicho cuerpo legal, a saber, seis (06) meses.

Sanción esta que tiene como presupuestos de procedencia la existencia de un procedimiento, la inactividad o activada inadecuada de las partes, el transcurso del lapso del tiempo previsto en la norma y la declaratoria de la misma por parte del órgano jurisdiccional, bien sea oficio o a petición de parte.

La norma supra transcrita, como norma especial, ha sido objeto de distorsiones en su aplicación, considerando algunos juristas que solo deben aplicarse a los procedimientos contenciosos administrativos agrarios y a las demandas contra entre agrarios, por cuanto la aludida norma se encuentra enmarcada en el Título V, Capítulo IV denominado “Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Agrarios”; sin embargo, considera que este órgano jurisdiccional que cuando una norma especial disponga un recurso distinto al derecho común, debe aplicarse la norma especial, en caso contrario se estaría en un error de derecho por parte del juzgador.

En este sentido se pronunció la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 0803 de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil nueve (2009). (Caso: Ganadera Agrobárbara C.A.), al señalar lo siguiente:

“Visto lo acontecido, se aprecia que el asunto de autos ya ha sido resuelto por esta Sala en un caso similar, y como ejemplo de ello se debe producir el contenido de la decisión Nº2140, de fecha 15 de Diciembre del año 2008, (Caso Alí Rodolfo Bermúdez Rincón contra el Instituto Nacional de Tierras), donde se estableció de forma pacífica lo siguiente: Omissis…Ahora, motivo a los positivos cambios jurídicos que experimenta nuestra República – los cuales se encuentran adaptados a la realidades nacionales- esta Sala, al considerar que el proceso se constituye en una herramienta esencial para la realización de la justicia, considera oportunamente necesario, en aras de una administración de justicia idónea y sin formalismos innecesarios, abandonar el criterio conforme al cual se sanciona con la perención breve al recurrente en vía de nulidad, cuando no cumple con la obligación de reiterar y posterior consignación del Cartel de Notificación de Terceros en el lapso de 10 días hábiles, luego de que el mismo haya sido expedido. Así se decide. Por lo consiguiente, la perención ha considerar en Materia Agraria, será la establecida en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que haya producido ningún Acto del impulso procesal por la parte actora; criterio éste (sic) que deberá ser acatado por todos los Tribunales Agrarios, de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide. Así pues, y dando por ratificado el contenido de la sentencia ut supra transcrita, resulta procedente el recurso de apelación propuesto, en razón de que en el presente asunto se decretó La Perención breve de la instancia sin que hubiere transcurrido 6 meses de inactividad o efectuado algún acto de impulso procesal por parte del accionante, debiendo el tribunal de la causa, seguir conociendo del presente asunto. De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece.”

Por lo que, se puede evidenciar que la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, dejo claramente establecido cual norma se debe de aplicar al momento de considerar la consumación de la perención de la instancia dentro de la jurisdicción (competencia) Agraria, al precisar que se debía aplicar lo dispuesto del artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, indicando además que ese criterio debía ser acatado por todos los Juzgados Agrarios, de la República.

Es importante resaltar que la sentencia antes transcrita no hace distinción si son los Juzgados Superiores Agrarios, con competencia en lo contencioso administrativo, o los Juzgados de Primera Instancia Agrarios, dentro del procedimiento ordinario agrario, los que deben aplicar la norma in comento. Por lo que se puede afirmar que, el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, consagrado en el Título V, Capítulo IV denominado “Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Agrarios”, se debe de aplicar por todos los Juzgados Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela.

Precisado todo lo anterior, y con el objeto de determinar la procedencia o consumación de la perención de la instancia en la presente causa, se hace necesario considerar igualmente considerar lo que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº RC.000425, de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil diecisiete (2017), estableció con respecto a la forma de computar el lapso previsto para la perención de la instancia, al establecer lo siguiente:

“(…) Por otro lado, las vacaciones –como derecho laboral- son el periodo que abarca el cese temporal por el descanso legal en el trabajo o en los estudios, el cual constituye el derecho y la obligación que la ley reconoce e impone a todos los trabajadores después de haber laborado interrumpidamente durante un lapso de un (1) año de servicio bien durante del primer año o en los siguientes, gozando de su salario tal como si lo estuviera trabajando, (Artículo 190 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras), siendo obligatoria sus disfrute salvo las circunstancias mencionadas en los artículos 197 y 199 eiusdem.
Y en lo que refiere a las vacaciones judiciales, es el periodo mediante el cual la ley reconoce el derecho de descanso de los trabajadores tribunalicios y abogados en libre ejercicio que disfrutan desde el día 15 de agosto al 15 de septiembre y desde el día 24 de diciembre al 6 de enero, todos inclusive, durante el cual las causas permanecerán en suspenso y no correrán lapso procesal alguno,salvo las excepciones establecidas en el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, en la denuncia que seanaliza el formalizante en casación refiere a dos escenarios mediante los cuales la ad quem no debió haber declarado la perención anual y la consecuente extinción del proceso y por ello, alegó que se encuentra incursa en el quebrantamiento de las formas sustanciales del proceso que le menoscabaron su derecho a la defensa.
Por lo tanto, la Sala para a considerar si en el presente asunto operó o no a la perención anual por haber transcurrido más de un (1) año sin que haya habido actuación procesal de la demandante, verificará en qué fecha se da inicio al respectivo cómputo y si se debe o no contabilizar los periodos comprendidos desde el día 15 de agosto al quince de septiembre y desde el día 24 de diciembre al 6 de enero, todos inclusive, como parte de dicha temporalidad anual.
Así pues, en relación a la fecha de inicio del cómputo anual para verificar si operó la discutida perención anual en el presente juicio, de las actas del expediente se constató que el a quo mediante auto de fecha 24 de abril de 2000, admitió la presente casusa y que en fecha 15 de mayo de 2000,amplio el auto de admisión antes señalado, por haber omitido señalar los documentos fundamentales de la demanda.
Ante esta situación, siendo la figura procesal de la perención de la instancia materia de orden público procesal, el auto que debe prevalecer para dar inicio al cómputo anual es el realizado por el a quo en fecha 15 de mayo de 2000, pues, el mismo suplanta o sustituye al anterior por haber ampliado y modificado en su estructura, y de esta manera, la Sala da cumplimiento al Principio de Seguridad Jurídica- que es universalmente reconocido- el cual se basa en la <> tanto en el ámbito de su publicidad como en su publicación.
Así pues, de una simple observación visual, partiendo del día 15 de mayo de 2000, fecha queda inicio al cómputo anual del lapso de perención en el presente juicio, hasta el día 14 de mayo de 2001, fecha en la cual la presentación judicial de la demandante mediante diligencia impulsó el presente proceso a fin de practicar la citación de los demandados, evidentemente no transcurrió la anualidad exigida por el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, para que opere la perención de la instancia, lo cual es suficiente para la declaratoria con lugar de la denuncia. Así decide.
No obstante, la Sala considera necesario dar respuesta al formalizante en casación respecto al lapso del cómputo para que opere la perención anual, si en el mismo se debe incluir los periodos comprendidos desde el día 15 de agosto al 15 de septiembre y desde el día 24 de diciembre al 6 de enero, todos inclusive, como parte de dicha temporalidad anual.
Al respecto, sobre el lapso de vacaciones judiciales, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en su sentencia Nº1264 de fecha 11 de junio de 2002, caso de Jesús Rendón Carrillo, expediente Nº2000-1281, señaló lo siguiente
“…De acuerdo con todas las consideraciones expuestas, estima esta Sala que en un sistema coherente que garantice el derecho de los jueces y demás funcionarios al goce de las vacacionesy que, a su vez, permita a los usuarios del sistema judicial su derecho al libre acceso a la jurisdicción para el ejercicio de sus derechos, no tiene que paralizar las actividades del Tribunal. Por lo tanto, visto que el órgano legislativo nacional no demostró que las restricciones contenidas en el artículo 201 del Código de procedimiento Civil y en la Resolución Nº 53, emanada del entonces Consejo de la Judicatura, el 3 de febrero de 1976, que fue dictada con fundamento en el equivalente normativo del artículo 201 del Código de Procedimiento Civil de 1987, en el Código Civil de 1916, eran el único medio para alcanzar la eficacia para el proceso judicial durante los periodos comprendidos entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre y entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, estima esta Sala, que el sistema actual de las llamadas “vacaciones judiciales “, al obedecer a los referidos períodos, es contrario al espíritu de la Constitución, la cual atiende de un logro de un Estado de Derecho y de Justicia, informado, entre otros, por los valores de la igualdad, la justicia, y preeminencia de los derechos humanos, al cual está obligado, por disposición del propio texto constitucional, garantizando así una justicia accesible, gratuita, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos y reposiciones inútiles. Por ello, la paralización de las actividades de los órganos de administración de justicia durante los referidos periodos, por la sola razón de que se tratan de “vacaciones judiciales”, constituye una transgresión flagrante al derecho al acceso a la justicia que acogió el artículo 26 de la Constitución de 1999 y al derecho a la defensa establecido en su artículo49 eiusdem, y al mismo tiempo atenta contra la norma que contiene su artículo 257 ibídem, por cuanto se suspende el proceso judicial, que, como lo establece el citado artículo, constituye el instrumento fundamental para la realización de la justicia.
No obstante lo anterior, debe observar esta sala que la suspensión de los lapsos procesales durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, si encontraría justificación, no por la supuesta “vacaciones del tribunal”, sino porque en dicho lapso, se celebra en nuestra sociedad la festividad decembrina, que- siguiendo Feo (Vid. Obra citada)-, es “(…) más cónsona con la costumbre universal, que destina en todos los pueblos esos días á regocijos del hogar, reuniéndose los miembros dispersos de las familias para reiterar el respeto y amor á los padres y el cariño á la niñez, á quien se dedican estas fiestas infantiles tan gratas y tan inocentes; y mas cónsono á la vez con la creencias católicas de nuestro pueblo, que guardan especiales regocijos para época de Navidad (…)” cumpliéndose así con el elemento cultural requerido en el estándar establecido por el presente fallo, y que justifica que en dicho periodo se suspendan los lapsos procesales” (…) porque en esos días, difícil es lograr que testigos, peritos y cuántos son llamados á intervenir en asuntos judiciales ajenos, cuando desatienden los propios para pasear y divertirse, se presten a ir á labores de tribunales. Así se evita, que corran en esos díasinútilmente los lapsos judiciales, en perjuicio de (las partes)”.
Por tanto, en atención a tal circunstancia, esta Sala declara la nulidad parcial de la norma contenida en el artículo 201 de la Ley de Reforma Parcial del Código de Procedimiento Civil, publicado en la Gaceta Oficial Nº 34.522 del 18 de septiembre de 1990, en lo que respecta a la frase “del 15 de Agosto al 15 de Septiembre y”, quedando en consecuencia la redacción de la referida norma de la siguiente manera: (…).
Sin embrago, con fundamento en la argumentación sostenida en el texto de esta sentencia, la frase “Los Tribunales vacarán” del órgano jurisdiccional, sino como la prohibición durante ese periodo de continuar con la tramitación de las causas y con el transcurrir de los lapsos procesales, ello, como se indicara supra, para garantizar la seguridad jurídica. Así se decide…”. (Cursivas y subrayado del texto, se resaltado de la Sala Civil).
De acuerdo a la anterior sentencia vinculante de la Sala Constitucional, en los casos de receso judicial los juicios en curso deberán quedar en suspenso y paralizados sus lapsos procesales sin que pueda transcurrir acto procesal alguno, aun cuando dichos lapsos se computen por días calendarios o consecutivos hasta la efectiva reanudación de las actividades jurisdiccionales.
Así pues, en resumen se tiene que el lapso correspondiente al receso judicial comprendido entre el 15 de agosto al 15 de septiembre y de las vacaciones judiciales que se disfrutan entre los días 24 de diciembre al 6 de enero, todos inclusive, las causas deberán permanecer en suspenso y en ellas no correrán lapso procesal alguno, motivo por el cual, dichos periodos de tiempo que totalizan la cantidad de cuarenta y seis (46) días de inactividad judicial, se deberán excluir del respectivo cálculo para que opere la perención de la causa, sea esta mensual, semestral o anual, establecidas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (…).”

Por lo que, entendiendo al anterior criterio, al momento de analizar el discurrir de los lapsos procesales, para verificar la consumación de la perención en la presente causa, resulta necesario excluir el periodo de tiempo declarado como No Laborable del Decreto Emergencia Nacional por la pandemia ocasionada por el Virus Sars–CoV-2 o Covid 19 durante al año 2020, las semanas declaradas como “Cuarentena Radical”, durante los 2020 y 2021, y el receso Judicial 2021-2022, toda vez que durante dicho periodo tiempo no corren los lapsos procesales, y por ende no deben ser computados para el cálculo del lapso de la perención de la instancia. Así se observa.

Teniendo claro lo anterior, de la revisión exhaustiva, de las actas que conforman el presente expediente, aprecia este órgano jurisdiccional que, desde la fecha a considerar como inicio del cómputo del lapso de perención, a saber, del lapso de perención, a saber, el último acto de impulso procesal efectuado el catorce (14) de febrero de dos mil veinte (2020) (auto mediante el cual se ordena agregar a las actas el despacho de comisión), hasta la fecha de dictarse la presente sentencia, ha trascurrido con creces un lapso de tiempo superior a seis (06) meses, ciento ochenta (180) días calendarios computables, sin que se haya sin que se haya presentado por la interesada un acto de impulso procesal capaz de evitar la consumación de la perención de la instancia. Así las cosas, al verificarse en la presente causa el cumplimiento del supuesto de hecho previsto en el artículo 182 de la citada Ley, debe aplicársele la con secuencia jurídica correspondiente.Así se establece.

En virtud de todo anteriormente expuesto, y visto que el recurrente dejó transcurrir el lapso de tiempo previsto en la norma, sin realizar algún acto impulsara el procedimiento para lograr la resolución de la controversia mediante la sentencia, este Juzgado Agrario Superior en el dispositivo del fallo declarará CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en el marco el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, CON SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA,presentado por la ciudadana YARELIS DEL CARMEN CHOURIO DE CONTRERAS, actuando en representación de la Asociación Cooperativa Socialista Revolucionaria “EL CAPITAL R.L.”, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº J-07028042-5, asistida por el abogado en ejercicio JOSÉ DE LOS SANTOS MARÍN SILVApropuesto contra el Acto Administrativo de efectos particulares dictado por el Director del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), en reunión Nº ORD 1019-18, celebrada en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018), punto de cuenta número 01, mediante el cual se acordó otorgar la REVISIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en sesión Nº ORD 998-18, celebrada en fecha tres (03) septiembre de dos mil dieciocho (2018), punto de cuenta Nº03. Así se decide.

-IV-
DISPOSITIVO

Por los fundamentos anteriormente expuestos, este juzgado Agrario Superior de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo, y con competencia territorial en el estado Falcón, administrando justicia en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

10) LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en relación al RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, CON SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, presentado por la ciudadana YARELIS DEL CARMEN CHOURIO DE CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-13.282.322, actuando en representación de la Asociación Cooperativa Socialista Revolucionaria “EL CAPITAL R.L.”, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº J-07028042-5, asistida por el abogado en ejercicio JOSÉ DE LOS SANTOS MARÍN SILVA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-4.161.042, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 175.654; propuesto contra el Acto Administrativo de efectos particulares dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), en reunión Nº ORD 1019-18, celebrada en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018), punto de cuenta número 01, mediante el cual se acordó la REVISIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en sesión Nº ORD 998-18, celebrada en fecha tres (03) septiembre de dos mil dieciocho (2018), punto de cuenta Nº03, acordando INICIO DEL RESCATE DE TIERRAS AUTÓNOMO Y ACUERDO DE MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO DE TIERRA, sobre el predio denominado “LA VICTORIA”, ubicado en el sector La Ranchería, Parroquia Carlos Quevedo, Municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, constante de una superficie de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO HECTÁREAS CON DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (644 Has con 2.459 M2), comprendida dentro de los siguientes linderos; Norte:Terreno por Fundo La Materita; Sur:con terrenos ocupados por Fundo Guaramito; Este:Terrenos ocupados por Fundo Mata de Limón, Río Macujepe y Fundo Guaramito; y, Oeste: Terrenos ocupados por Fundo La Esperanza, Fundo San Lorenzo y Fundo La Añoranza Caño Pital;

20) EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, CON SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, presentado por la ciudadana YARELIS DEL CARMEN CHOURIO DE CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-13.282.322, actuando en representación de la Asociación Cooperativa Socialista Revolucionaria “EL CAPITAL R.L.”, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº J-07028042-5, asistida por el abogado en ejercicio JOSÉ DE LOS SANTOS MARÍN SILVA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-4. 161.042, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 175.654; propuesto contra el Acto Administrativo de efectos particulares dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), en reunión Nº ORD 1019-18, celebrada en fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018), punto de cuenta número 01, mediante el cual se acordó la REVISIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en sesión Nº ORD 998-18, celebrada en fecha tres (03) septiembre de dos mil dieciocho (2018), punto de cuenta Nº03, acordando INICIO DEL RESCATE DE TIERRAS AUTÓNOMO Y ACUERDO DE MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO DE TIERRA, sobre el predio denominado “LA VICTORIA”, ubicado en el sector La Ranchería, Parroquia Carlos Quevedo, Municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, constante de una superficie de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO HECTÁREAS CON DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (644 Has con 2.459 M2), comprendido dentro de los siguientes linderos; Norte:Terreno por Fundo La Materita; Sur:con terrenos ocupados por Fundo Guaramito; Este:Terrenos ocupados por Fundo Mata de Limón, Río Macujepe y Fundo Guaramito; y, Oeste: Terrenos ocupados por Fundo La Esperanza, Fundo San Lorenzo y Fundo La Añoranza Caño Pital; y,

30) NO HAY CONDENA EN COSTAS en conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código Procesal Civil, como norma de aplicación supletoria a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRCE y NOTIFÍQUESE.

Déjese, por secretaría copia certificada de la presente sentencia, en conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, sellada y firmada en la sala de este JUZGADA AGRARIO SUPERIOR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO, Y CON COMPETENCIA TERRITORIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO, Y CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN EL ESTADO FACÓN, en Maracaibo, a los dos (02) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022). 2120y 1630 de la Federación.
EL JUEZ AGRARIO SUPERIOR.

ABG MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.
LA SECRETARIA,

ABG. ZULY MAGARITA RINCÓN BRACHO.

En la misma fecha siendo diez de la mañana (11:00 a.m.), se publicó el anterior fallo bajo el N0 1191-2022, se expidió la copia certificada ordenada la cual se archivó en el copiador de sentencias llevado por este órgano jurisdiccional.
LA SECRETARIA

ABG. ZULY MARGARITA RINCON