REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
En fecha 14 de julio de 2022, se recibió de la Oficina de la URDD, distribución No. TMM-5444-2022, contentivo de la solicitud de DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO con sus recaudos en forma digital, dándose entrada y numeración, instaurada por los ciudadanos ALIXO ENRIQUE DIAZ VALERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-5.562.610, con correo electrónico davica55@gmail.com, y teléfono móvil numero 0424-6514178, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistido por la profesional del derecho MARIANELA GONZALEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 97.755, con correo electrónico marianelagonzalez-01@hotmail.com, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; y MARLA ISABEL VELARDE DAVILA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-9.730.807, con correo electrónico marlavelarded@gmail.com, con teléfono móvil numero +140743607648, domiciliada en la ciudad de Altoona, Estado Iowa, Estados Unidos de Norteamérica, representada por la profesional del derecho MARIANELA GONZALEZ, antes identificada, según poder especial autenticado ante la Notaría Pública del Estado de Florida de Estados Unidos de Norteamérica, de fecha 22 de junio de 2022, bajo el No. 2022-93686, apostillado en el Estado de Florida. Departamento de Estado, de fecha 23 de junio de 2022, bajo el No. 2022-93686.
En fecha 18 de julio de 2022, el Tribunal admitió la presente solicitud de divorcio por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición legal y se ordenó notificar al Fiscal del Ministerio Público, en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
En fecha 19 de julio de 2022, la Alguacil del Tribunal estampó diligencia consignando la boleta de notificación firmada por la Fiscal Trigésima del Ministerio Público, en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia de la Circunscripción Judicial Del Estado Zulia, siendo agregada a las actas en la misma fecha.
EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:
Afirman los solicitantes que contrajeron matrimonio en fecha trece (13) de Julio de 1990, por ante la Unidad de Registro Civil de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, según copia certificada del acta de matrimonio N° 566; que una vez contraído el matrimonio fijaron domicilio conyugal en la Calle 93, Avenida Padilla, Conjunto Residencial Torres del Saladillo, Piso 3, Apartamento Nº 3-2, Torre Cumaná, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del Estado Zulia; donde durante los primeros años la vida conyugal fue de completa armonía brindándose cariño y comprensión cumpliendo cada uno con sus deberes y obligaciones, dicha armonía se mantuvo hasta que ambos cónyuges comenzaron a cambiar su actitud mostrándose despreocupados con sus deberes conyugales al extremo que dejaron de cumplir con las obligaciones fundamentales que la Ley les imponía como cónyuges, su vida conyugal se volvió complicada en reiteradas oportunidades, no habiendo comprensión entre ambas partes e intolerancia entre ellos como pareja y a medida que transcurrió el tiempo se ampliaba la diferencia de caracteres, resultando incomprensible que pudieran compartir familiarmente lo cotidiano de una relación matrimonial y cada vez que pretendían conversar la situación, nunca llegaban a un entendimiento, se terminaba la conversación o se convertía en discusiones airadas, estas situaciones narradas se volvieron frecuentes y la actitud de confrontación entre ambos se fue incrementando, creando entre los solicitantes una perfecta incompatibilidad de caracteres, hasta hace cinco (05) años que decidieron separarse. De igual manera, declararon que durante la unión matrimonial procrearon dos (04) hijos que llevan por nombre ALEXIS ENRIQUE DÍAZ VELARDE, ISABEL CRISTINA DIAZ VELARDE, ROXANA CAROLINA DIAZ VELARDE y ALEJANDRA CAROLINA DIAZ VELARDE, venezolanos y mayores de edad. En cuanto a la liquidación de la Comunidad Conyugal, declaramos que no existen bienes a declarar.
Al respeto estima prudente esta Juzgadora traer a colación la sentencia No. 693 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 2 de junio de 2015, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, exp.12-1163, que expresa:

“…Es indiscutible para esta Sala Constitucional que quien se une en matrimonio aspira y se compromete a las obligaciones que de tal institución derivan, definidas en el encabezamiento del artículo 137 del Código Civil cuando establece: “Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente”. Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal. Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, nos encontramos frente a un vacío, que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida, a través del divorcio, frente a una regulación pre constitucional escasa, incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales. De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva. IV Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento…”

Ahora bien, en vista que los solicitantes pretenden el divorcio por mutuo consentimiento,- y considerando el criterio parcialmente transcrito de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que dice: “que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo, incluyéndose el mutuo consentimiento...” del párrafo del fallo constitucional citado – es incuestionable que los cónyuges con esta regulación podrán manifestar la existencia de la ruptura matrimonial de hecho, sin que estén obligados a mantener el vínculo matrimonial cuando ya no lo desean –quedando garantizado sus derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad y a la tutela judicial efectiva, de acudir ante los órganos jurisdiccionales a peticionar de mutuo acuerdo la disolución del vínculo matrimonial, y en razón que la presente solicitud se encuentra dentro del marco jurídico de romper vínculo matrimonial por mutuo consentimiento, se declara disuelto el matrimonio que los vincula.
DISPOSITIVO
Por los fundamentos expuestos, este TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR LA SOLICITUD DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO incoada por los ciudadanos ALIXO ENRIQUE DIAZ VALERO y MARLA ISABEL VELARDE DAVILA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad números V-5.562.610 y V-9.730.807, con correo electrónico davica55@gmail.com y marlavelarded@gmail.com, teléfono móvil número 0424-6514178 y +140743607648, domiciliado el primero en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia y la segunda domiciliada en la ciudad de Altoona, Estado Iowa, Estados Unidos de Norteamérica.
SEGUNDO: En consecuencia, queda DISUELTO EL MATRIMONIO CIVIL contraído por los ciudadanos ALIXO ENRIQUE DIAZ VALERO y MARLA ISABEL VELARDE DAVILA, en fecha trece (13) de Julio de 1990, por ante la Unidad de Registro Civil de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, según copia certificada del acta de matrimonio N° 566.
Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada por Secretaria de la presente decisión en el copiador de sentencia llevado por el Tribunal; incluso en el sitio Web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gov.ve. Asimismo en la página zulia.scc.org.ve.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en Maracaibo, a los veinticinco (25) días del mes de Julio de 2022. Años: 212° de la Independencia 163° de la Federación
LA JUEZ

ABG. GLENY HIDALGO ESTREDO
LA SECRETARIA
ABG. JOSMILY GUERRERO
En la misma fecha, siendo las diez (10:00) de la mañana en horas de despacho se publicó el presente fallo, se expidió la copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de sentencia. LA SECRETARIA.
Solicitud. JUZ-4to-MCPIO- N° 3661
GHE/gn
TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Maracaibo, 26 de Julio de 2022. Años: 212° de la Independencia 163° de la Federación. El Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, resuelve poner en estado de ejecución la sentencia de Divorcio, dictada en fecha 25 de Julio de 2022, causa signada con el N° 3661, con ocasión a la solicitud de Divorcio por Mutuo Consentimiento interpuesta por los ciudadanos ALIXO ENRIQUE DIAZ VALERO y MARLA ISABEL VELARDE DAVILA, mediante el cual se declaró disuelto el matrimonio Civil celebrado en fecha trece (13) de Julio de 1990, por ante la Unidad de Registro Civil de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, según copia certificada del acta de matrimonio N° 566, a los fines de que estampen la nota marginal correspondiente. Ofíciese.
LA JUEZ

ABG. GLENY HIDALGO ESTREDO


LA SECRETARIA TITULAR

ABG. JOSMILY GUERRERO HERNANDEZ





En la misma fecha se ofició bajo los números 127-2022 y 128-2022. La Secretaria Titular