TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Sala Tercera
Corte Superior de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia
Maracaibo, diez (10) de febrero de 2022
211º y 162º

Asunto Penal Nº: 10C-19305-21.
Asunto Nº: VP03-R-2022-000016.
Decisión Nº: 019-22.
I
ADMISIBILIDAD DE RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO
PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL VANDERLELLA ANDRADE BALLESTEROS
Visto el recurso de apelación de auto interpuesto por los profesionales del derecho FRANCISCO BRICEÑO FERNÁNDEZ y OVELIO SALÓM, debidamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo los Nº 140.610 y 199.319, respectivamente, actuando con el carácter de defensores privados de los ciudadanos CARLOS ALFONSO BURGOS GOMEZ y ARELIS LISETH PETIT CHACÍN, titulares de la cedula de identidad Nº V.-7.806.271 y V.-14.951.238, respectivamente, dirigido a impugnar la decisión Nº 637-21 de fecha ocho (08) de diciembre de 2021, dictada por el Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con ocasión a la celebración de la audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal; este Tribunal Colegiado observa lo siguiente:
Recibidas como fueron las actuaciones en esta Alzada en fecha cuatro (04) de febrero de 2022, se da cuenta a las Juezas integrantes de la misma y de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se designó como ponente a la Jueza Profesional VANDERLELLA ANDRADE BALLESTEROS, quien con tal carácter suscribe el presente auto.
En este sentido, este Tribunal Colegiado entra a revisar los requisitos de procedibilidad del recurso a efectos de verificar la admisibilidad o inadmisibilidad del mismo, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en el artículo 428 ejusdem, observando lo siguiente:
II
DE LA LEGITIMIDAD DE LA PARTE RECURRENTE
En relación al primer requisito, se observa que el profesional del derecho FRANCISCO BRICEÑO FERNÁNDEZ, quien actúa con el carácter de defensor privado del ciudadano CARLOS BURGOS GOMEZ, se encuentra debidamente legitimado para ejercer la presente acción según se evidencia del “Acta de Aceptación y Juramentación” de fecha veintiséis (26) de noviembre 2021, inserta en el folio Nº noventa y nueve (99) de la pieza denominada “Acusación”, oportunidad en la cual el referido abogado aceptó y juró cumplir los deberes inherentes a la representación del ciudadano antes mencionado en los actos del proceso iniciados en su contra, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139 y 141 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 424 y 428 ejusdem.
Asimismo, se observa que el profesional del derecho OVELIO SALÓM, quien actúa con el carácter de defensor privado de la ciudadana ARELIS LISETH PETIT CHACÍN, se encuentra debidamente legitimado para ejercer la presente acción según se evidencia del acta levantada por el Tribunal de fecha dos (02) de septiembre de 2021, inserta en el folio Nº treinta y tres (33) de la pieza denominada “Imputación”, oportunidad en la cual el referido abogado aceptó y juró cumplir los deberes inherentes a la representación de la ciudadana antes mencionada en los actos del proceso iniciados en su contra, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139 y 141 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 424 y 428 ejusdem.
III
DE LA TEMPESTIVIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO
En lo que respecta al lapso procesal para la interposición del recurso de apelación de auto, de las actas se desprende que el mismo fue presentado dentro del lapso legal correspondiente, por cuanto se observa que la decisión recurrida fue dictada en fecha ocho (08) de diciembre de 2021, quedando notificada la defensa privada al término de la audiencia preliminar; asimismo el presente recurso de apelación fue interpuesto en fecha catorce (14) de diciembre de 2021, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Departamento de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, según se evidencia del sello húmedo estampado por dicho departamento, el cual corre inserto en el folio Nº uno (01) de las presentes actuaciones, todo lo cual se verifica del cómputo de audiencias suscrito por el Secretario del Juzgado conocedor de la causa, constante en el cuaderno especial contentivo de la incidencia recursiva en los folios Nº veintiuno (21) y veintidós (22), de conformidad con lo establecido en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 156 ejusdem.
IV
DE LA RECURRIBILIDAD DE LA DECISIÓN IMPUGNADA
Seguidamente, esta Sala evidencia que la defensa privada ejerce el presente recurso de apelación de auto de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 4° y 5° del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, observando al respecto este Tribunal Colegiado que el escrito de apelación incoado versa sobre los siguientes puntos de impugnación:
1. La decisión controvertida no cumple con el protocolo que exige el fallo vinculante de reproducir los tres documentos procesales: acta de audiencia preliminar, auto fundado que contenga los pronunciamientos realizados en la audiencia preliminar y auto de apertura a juicio.
2. Inobservancia de los presupuestos procesales requeridos para el decreto de la medida de coerción personal impuesta.
3. Procedencia de la medida cautelar nominada de prohibición de enajenar y gravar.
4. Admisión de medios de pruebas impugnados por la defensa.
5. Inmotivación de la decisión Nº 637-21 de fecha 08/12/2021, dictada por el Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.
6. Falta de adecuación entre la norma penal invocada y la conducta desplegada por los imputados de autos.
Precisado lo anterior, las Juezas integrantes de esta Sala consideran necesario distinguir en cuanto a las cuatro primeras denuncias, relativas la primera a la falta de reproducción de los tres documentos procesales exigidos por el fallo vinculante emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, a saber acta de audiencia preliminar, auto fundado que contenga los pronunciamientos realizados en la audiencia preliminar y auto de apertura a juicio; la segunda a la inobservancia de los presupuestos procesales requeridos para el decreto de la medida de coerción personal impuesta; la tercera a la improcedencia de la medida cautelar nominada de prohibición de enajenar y gravar; y la cuarta dirigida a cuestionar la admisión de medios de pruebas impugnados por la defensa, que las mismas son recurribles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 439 ordinales 4° y 5° del Código Orgánico Procesal Penal, referidos a la impugnabilidad de las decisiones “que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa o sustitutiva de libertad” y “las que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por este Código”, toda vez que la decisión objeto de impugnación versa, entre otras cuestiones, sobre la declaratoria con lugar de las solicitudes de imposición de medidas cautelares sustitutivas en contra de los ciudadanos CARLOS ALFONSO BURGOS GOMEZ y ARELIS LISETH PETIT CHACÍN, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 numeral 9 del Código Penal Adjetivo; y medida cautelar nominada de prohibición de enajenar y grabar sobre el bien inmueble objeto de la presente causa; así como la admisión de medios de pruebas que fueron impugnados oportunamente por la defensa, por lo que al tratarse de las causales establecidas en los referidos ordinales, se determina que las cuatro primeras denuncias son recurribles, considerando quienes aquí deciden que en virtud de ser las denuncias explanadas objeto del pronunciamiento emitido por el Tribunal de Instancia en el acto de audiencia preliminar, se ordenará el tramite de la presente incidencia conforme a lo dispuesto en el artículo 439, ordinal 5° del Código Orgánico Procesal Penal. Se deja constancia que la parte recurrente no promovió pruebas. Así se decide.-
Por otra parte, con relación a la quinta denuncia esgrimida por el apelante, relativa a la inmotivación de la decisión recurrida, consideran oportuno las Juezas integrantes de este Cuerpo Colegiado citar el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión N° 617 de fecha 04/06/2014, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en la cual se estableció lo siguiente:
“…En el caso de autos, se observa que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida (en Sala Accidental), actuando como primera instancia constitucional, admitió la acción de amparo únicamente respecto a la impugnación de las resoluciones del auto de apertura a juicio no sujetas a apelación, a saber, la admisión de la acusación (lo cual abarca necesariamente la calificación jurídica) y la orden de abrir el juicio oral, ello en vista de que estos pronunciamientos son inapelables (sentencias 1.303/2005, del 20 de junio; y 1.768, del 23 de noviembre de 2011), y en consecuencia, juzgó sobre tal impugnación y la declaró improcedente in limine litis.
Como bien lo estimó el Tribunal a quo constitucional, los mencionados aspectos del auto de apertura a juicio eran los únicos que podían ser impugnados mediante la acción de amparo, y por ende, aquél estaba habilitado para analizarlos en cuanto a su mérito. Sobre este particular, se examinará si la decisión accionada en amparo cumplió o no con la exigencia de motivación.
En este sentido, del análisis integral del texto del auto del apertura a juicio dictado, el 14 de enero de 2014, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida (folios 16 al 22), se evidencia que el Juez expuso de forma sucinta las razones de hecho y de derecho sobre las cuales justificó su decisión de admitir la acusación presentada por el Ministerio Público contra el ciudadano José Leonardo González Durán, por el delito de acto carnal con víctima especialmente vulnerable en grado de continuidad, previsto y sancionado en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia con los artículos 99 del Código Penal y 217 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, lo cual conllevó, forzosamente, a la orden de abrir el respectivo juicio oral, utilizando para ello argumentos racionales, es decir, argumentos válidos y legítimos, articulados con base en los principios y normas del ordenamiento jurídico vigente.
Como bien lo señaló el Tribunal a quo constitucional, si bien el Juzgado de Control no articuló una rigurosa y exhaustiva motivación del auto de apertura a juicio, no es menos cierto que de la lectura integral de dicha decisión se desprende, a todas luces, la identificación de la persona acusada, la relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos que serán objeto del juicio oral, así como también la calificación jurídica provisional de tales hechos, la cual comprendió la indicación exacta y fundamentada del tipo penal en el que aquéllos encuadran (acto carnal con víctima especialmente vulnerable, previsto y sancionado en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica sobre el Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), junto con la norma que regula el delito continuado (artículo 99 del Código Penal) y la circunstancia agravante aplicable (artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes). Igualmente, en dicha decisión se expresaron claramente cuáles son los medios de prueba que se admitieron (por considerarlos el Juez de Control legales, lícitos, pertinentes y necesarios) y que serán recibidos en el juicio oral, y la declaratoria de procedencia de la medida de coerción personal decretada contra el acusado, a saber, la medida de privación judicial preventiva de libertad. Por último, en dicho auto también constan el correspondiente pase a juicio (orden de abrir el juicio oral) y la instrucción al secretario de remitir las actas al Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio competente.
Entonces, se observa con meridiana claridad que el Juez de Control sí exteriorizó -aunque sucintamente- los motivos por los cuales: a) Consideró cumplidos los requisitos formales de la acusación fiscal (control formal); b) Avaló la solidez de los fundamentos de dicho acto conclusivo (control material); y c) Estimó correcta la calificación jurídica vertida por el Ministerio Público. La conjugación de todos estos elementos constituyó, a todas luces, la premisa esencial que llevó a dicho juez a concluir que sí existía un pronóstico de condena contra el hoy quejoso, y que por lo tanto, era viable el pedimento del Ministerio Público de abrir el juicio oral en ese proceso penal. Todo ello consta en la decisión accionada en amparo y fue debidamente apreciado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.
En criterio de esta Sala, el Juzgado de Control cumplió a cabalidad la exigencia de motivación prevista en los artículos 157 y 314.2 de la ley adjetiva penal, y por ende, y no ocasionó la injuria constitucional delatada por la parte actora.
Entonces, del análisis de los hechos que rodean el presente caso, a la luz de las normas legales y los criterios jurisprudenciales antes reseñados, se concluye que el Tribunal a quo constitucional actuó ajustado a derecho, cuando estableció (acertadamente) que la decisión accionada cumplió con la exigencia de motivación y que no generó lesión alguna al derecho a la tutela judicial efectiva ni al derecho a la defensa del hoy quejoso, ni tampoco incumplió los criterios jurisprudenciales que sobre el particular ha dispuesto esta Sala Constitucional.”
Con base en las anteriores afirmaciones, esta Sala considera que en este primer aspecto no le asiste la razón al recurrente, razón por la cual se desecha el presente alegato. Así se declara.- (Negrillas de la Sala).

De igual forma, y en armonía con el criterio anteriormente referido, la misma Sala de nuestro Máximo Tribunal mediante sentencia N° 861 de fecha 18/10/2016, con ponencia del Magistrado Calixto Ortega Ríos, dejó establecido que:
“Respecto a la necesidad de la motivación de las sentencias como garantía judicial, esta Sala en sentencia n° 1963 del 16 de octubre de 2001, caso: Luisa Elena Belisario Osorio, señaló que dentro de las garantías procesales ‘se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual, tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución’.
El derecho a la tutela judicial efectiva, ‘(...) no garantiza sólo el libre acceso a los Juzgados y Tribunales, sino también que éstos resuelvan sobre el fondo de las pretensiones que ante ellos se formulan. En términos gráficos escribe Díez-Picazo Jiménez que el derecho a la tutela judicial efectiva no es sólo el derecho a traspasar el umbral de la puerta de un tribunal, sino el derecho a que, una vez dentro, éste cumpla la función para la que está instituido’ [Cfr. Fernando Garrido Falla, Comentarios a la Constitución, 3ª edición, Madrid, Civitas, Edit., 2001, pág. 538].
La motivación de una decisión no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador. La obligación de motivar el fallo impone que la misma esté precedida de la argumentación que la fundamente, atendiendo congruentemente a las pretensiones, pues lo contrario implicaría que las partes no podrían obtener el razonamiento de hecho o de derecho en que se basa el dispositivo, se impediría conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión y con ello, se conculcaría el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
(…Omissis…)
En atención a lo expuesto, considera esta instancia, tal como se señaló, que si bien la fase más garantista dentro del proceso penal es la fase de juicio, ello no excluye que las decisiones que se tomen en las etapas anteriores, como la intermedia, previo pase a juicio oral y público del imputado, sean desprovistas de motivación por la simple excusa o la errada convicción de que al que compete motivar sus decisiones es al juez de juicio.
Ahora bien, como lo ha señalado esta Sala no será admisible el amparo cuando se pretenda impugnar la declaratoria sin lugar de las excepciones por parte del Juzgado de Control, toda vez que aquéllas podrán ser nuevamente opuestas en la fase de juicio; no obstante, excepcionalmente, la pretensión de amparo no será inadmisible cuando el punto cuestionado sea la falta de motivación de la decisión accionada [Cfr. Sent. 327 del 7 de mayo de 2010, caso: Jesús Inciarte Almarza].” (Negrillas de esta Alzada).

A tenor de los criterios jurisprudenciales que anteceden, observan quienes aquí deciden que la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, ha establecido mediante criterio pacifico y reiterado que será excepcionalmente competente, a través de la vía de amparo, para conocer las denuncias derivadas de la audiencia preliminar que versen sobre la inmotivación de la decisión que la contenga, no pudiendo ser analizadas tales cuestiones por vía ordinaria, por cuanto solo será admisible el recurso de apelación en contra de la decisión que se dicte con ocasión a la celebración del acto formal de audiencia preliminar, cuando esta verse sobre la declaratoria sin lugar de la nulidad que allí fuere planteada, o la admisibilidad o inadmisibilidad de los medios de prueba ofrecidos dentro del plazo a que se refiere el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, siempre y cuando estos sean lícitos, necesarios y pertinentes, siendo que la declaratoria de inadmisibilidad de los permitidos o la admisión de aquellos que sean ilegales, podría constituir una violación del derecho a la defensa consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución Nacional, pues se estaría cercenando el derecho de los justiciables a contar con los medios de prueba que permitan sostener o desvirtuar la imputación fiscal, motivo por el cual estima este Cuerpo Colegiado que la presente denuncia resulta inadmisible en virtud del señalamiento expreso realizado por el Máximo Tribunal. Así se decide.-
Asimismo, con relación a la sexta denuncia esgrimida por la parte recurrente en su escrito de apelación, relacionada con la calificación jurídica atribuida a los hechos objeto de la presente causa, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 18/10/2016, con ponencia del Magistrado Calixto Ortega Ríos, fijó con carácter vinculante el siguiente criterio:
“…En primer lugar, respecto a la admisión de la acusación y la distinta calificación dada por el juez a los acusados ante un mismo hecho, se observa que el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 313 y 314 establece:
“Artículo 313. Finalizada la audiencia el Juez o Jueza resolverá, en presencia de las partes, sobre las cuestiones siguientes, según corresponda:
(…) 2. Admitir, total o parcialmente, la acusación del Ministerio Público o de el o la querellante y ordenar la apertura a juicio, pudiendo el Juez o Jueza atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación Fiscal o de la víctima…”
“Artículo 314. La decisión por la cual el Juez o Jueza admite la acusación se dictará ante las partes. El auto de apertura a juicio deberá contener:
(…) Este auto será inapelable, salvo que la apelación se refiera sobre una prueba inadmitida o una prueba ilegal admitida.”
Al respecto, esta Sala Constitucional en sentencia N° 1346 del 13 de agosto de 2008, caso: Libia Margarita Ramírez Uzcátegui y otros, reiterando el criterio expuesto en jurisprudencia vinculante N° 1303 del 20 de junio de 2005, caso: Andrés Eloy Dielingen Lozada, expuso que:
“…Así, de la lectura de la última frase del artículo 331 [hoy artículo 314 Código Orgánico Procesal Penal] del Código Orgánico Procesal Penal, la cual reza ‘Este auto será inapelable”, puede evidenciarse que el legislador no consagró el recurso de apelación contra la decisión por la cual el juez admite la acusación fiscal, por lo que las demás providencias que dicte el Juez en el auto que contiene la admisión de la acusación, forma parte de la materia propia de la apertura a juicio y en consecuencia no pueden ser impugnadas por la vía de la apelación, dado que se trata de una sola decisión que fue excluida expresamente del ejercicio de este recurso.
(…) Entonces, partiendo de que el auto de apertura a juicio es inapelable, debe afirmarse que el acusado no podrá impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal […]; pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado artículo 330 le permite dictar al Juez de Control al finalizar la audiencia preliminar, claro está, siempre que constituyan decisiones susceptibles de ser encuadradas en el catálogo que establece el artículo 447 eiusdem.”
Conforme a ello, vemos que la admisión de la acusación y la calificación jurídica, es uno de los pronunciamientos considerados inimpugnables, visto que la admisión de la acusación fiscal por parte del Tribunal de Control, que implica la admisión de la calificación jurídica dada a los hechos por el Ministerio Público o atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta, forma parte del auto de apertura a juicio, y siendo que este pronunciamiento es de los previstos en el artículo 313.2 y 313 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es señalado como inapelable por sentencia vinculante y la norma antes indicada, por lo que esta Sala Constitucional concluye que la Sala 1 de la Corte de Apelaciones en lo Penal y Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo falló inadecuadamente cuando incluyó esta pretensión de la accionante en la inadmisibilidad declarada de conformidad con el numeral 5, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al considerar que constituía uno de los actos que podían recurrirse en apelación… ” (Destacado de la Sala).

Para mayor abundamiento en cuanto a este punto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1895 de fecha 15/12/2011, con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, estableció que:
“…En el mismo orden de ideas en lo atinente a la cuarta denuncia elevada, mediante apelación, en la cual se opone la falta de acatamiento de tribunal de control, de decisiones emanadas de la Sala 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, referentes a la calificación del hecho, la Sala precisa indicar, que las calificaciones jurídica surgidas durante el desarrollo de las audiencias de presentación de imputado- de acuerdo a las previsiones del artículo 250 o 373 del Código Orgánico Procesal Penal- son provisionales, que de acuerdo a las incidencias que surjan en el transcurso de la investigación, podrán mantenerse o cambiarse, en cuyo último caso, el imputado, deberá ser imputado por estos nuevos hechos surgidos, que hayan originado ese cambio, por lo que, de manera alguna, debe entenderse que la decisión referida a este cambio de calificación por la alzada en la fase investigativa, sea vinculante para el fiscal del Ministerio Público a cargo de quien esté la investigación o para el tribunal causa. De lo que se concluye que, este tipo de pronunciamiento dictado por el tribunal de control, al finalizar la audiencia preliminar, referido a la calificación jurídica, es de aquéllos que tampoco son objeto de apelación, pues inclusive, en esta fase sigue siendo provisional, habida cuenta que en el transcurso del debate pudieren surgir nuevos elementos que permitan al fiscal ampliar la acusación fiscal o al juez de juicio anunciar un cambio de calificación antes de dictar la definitiva –artículos 351 y 350, respectivamente eiusdem – siendo, por ende, de las decisiones incursas en el auto de apertura a juicio que resulta, de igual modo, irrecurribles por no causar un gravamen irreparable…” (Destacado de esta Alzada).
De esta manera, atendiendo a los criterios jurisprudenciales citados ut supra, se concluye que el Máximo Tribunal de la República señaló en criterio reiterado la inimpugnabilidad de la decisión que devenga de la audiencia preliminar, en la cual el Juez de Control se haya pronunciado con respecto a la admisión del escrito acusatorio, así como a la calificación jurídica de los tipos penales imputados por el Ministerio Público, o cualquiera de los pronunciamientos contenidos en los numerales del artículo 308 de la Norma Penal Adjetiva, estimando en consecuencia esta Sala que la presente denuncia resulta inadmisible, toda vez que los hechos que dieron origen a la imputación del tipo penal señalado por el Ministerio Público, serán objeto de un eventual juicio oral y público en el que un Juez de Juicio podrá determinar, de conformidad con lo establecido en el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal, si la conducta desplegada por los encausados de autos se subsume o no en el tipo penal imputado. Así se decide.-
A tales efectos, consideran pertinente y oportuno las Juezas Integrantes de este Cuerpo Colegiado, citar el contenido del artículo 428, literal “C” del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone con respecto a las causales de inadmisibilidad de los recursos de apelación, lo siguiente:
“Artículo 428. Causales de Inadmisibilidad. La Corte de Apelaciones sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:
(…Omissis…)
C. Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley…” (Negrillas nuestras).

A tenor de lo establecido en la disposición normativa anteriormente trascrita, este Tribunal ad quem precisa que las denuncias esgrimidas por el recurrente en su escrito de apelación, específicamente las contenidas en los particulares quinto y sexto relativas a la inmotivación de la audiencia preliminar y a la calificación jurídica acordada por el Tribunal de Instancia, según fueron enumeradas ut supra, son inadmisibles de conformidad con la ley, toda vez que las mismas se refieren a cuestiones que, por una parte, no pueden impugnarse por vía ordinaria a través del recurso de apelación, y por otra, son materia propia de la fase de juicio, razón por la cual no causan un gravamen irreparable a las partes, tal como lo ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. Se deja constancia que la parte recurrente no promovió pruebas. Así se decide.-
V
DEL EMPLAZAMIENTO Y LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN INCOADO
Ahora bien, presentado como fue el recurso de apelación por la defensa privada de los imputados de autos, observa esta Sala que la Representación Fiscal Quincuagésima (50°) del Ministerio Público, ABOG. EDUARDO MAVAREZ GARCÍA, debidamente emplazado en fecha doce (12) de enero de 2022 de conformidad con lo establecido en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, según se evidencia del folio Nº veintiocho (28) contentivo en la incidencia recursiva, procedió a dar contestación al recurso de apelación de auto en tiempo hábil, por cuanto de las actas se verifica que dicho escrito fue presentado en fecha diecisiete (17) de enero de 2022, es decir, al tercer (3°) día hábil de despacho siguiente a su emplazamiento, razón por la cual esta Sala admite conforme a derecho el referido escrito de contestación al recurso de apelación incoado. Se deja constancia que la Vindicta Pública no promovió pruebas. Así se decide.-
De igual forma, observa esta Sala que el profesional del derecho NUMAN VILLASMIL CHÁVEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el Nº 160.899, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ARTURO CELESTINO ALVAREZ SUAREZ, víctima en la presente causa, según se evidencia de Instrumento Poder debidamente autenticado por ante la Notaria Pública Quinta (5°) del municipio Maracaibo estado Zulia, en fecha 05/03/2021 bajo el Nº 36, tomo 4, folios 153 al 156 de los libros de autenticaciones llevados por dicha notaria, e inserto al folio Nº 67 y 68 de las presentes actuaciones; debidamente emplazado en fecha trece (13) de enero de 2022 de conformidad con lo establecido en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, según se evidencia del folio Nº veintiséis (26) contentivo en la incidencia recursiva, procedió a dar contestación al recurso de apelación de auto en tiempo hábil, por cuanto de las actas se verifica que dicho escrito fue presentado en fecha diecisiete (17) de enero de 2022, es decir, al segundo (2°) día hábil de despacho siguiente a su emplazamiento, razón por la cual esta Sala admite conforme a derecho el referido escrito de contestación al recurso de apelación incoado. Así se decide.-
Se deja constancia que el profesional del derecho NUMAN VILLASMIL CHÁVEZ, promovió como medios de prueba las actas que conforman el expediente Nº 10C-19305-21, y copia simple del poder de representación otorgado por el ciudadano ARTURO CELESTINO ALVAREZ SUAREZ, por lo que esta Sala las admite y las tomará en cuenta al momento de resolver el fondo del asunto, siendo que las mismas se tratan de pruebas documentales cuya utilidad y pertinencia pueden ser corroboradas directamente cuando se resuelva la incidencia recursiva. Asimismo, considera procedente esta Sala prescindir de la fijación de la audiencia oral conforme lo establece el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.-
A tales efectos, las Juezas integrantes de esta Sala Tercera de la Corte Superior de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, consideran que lo procedente en derecho en el presente caso es ADMITIR el recurso de apelación de auto interpuesto por los profesionales del derecho FRANCISCO BRICEÑO FERNÁNDEZ y OVELIO SALÓM, actuando con el carácter de defensores privados de los ciudadanos CARLOS ALFONSO BURGOS GOMEZ y ARELIS LISETH PETIT CHACÍN, plenamente identificados en actas, dirigido a impugnar la decisión Nº 637-21 dictada en fecha ocho (08) de diciembre de 2021, por el Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con ocasión a la celebración de la audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal, únicamente en cuanto a las denuncias que se dirigen a cuestionar primero, la falta de reproducción de los tres documentos procesales exigidos por el fallo vinculante emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, a saber acta de audiencia preliminar, auto fundado que contenga los pronunciamientos realizados en la audiencia preliminar y auto de apertura a juicio; segundo, la inobservancia de los presupuestos procesales requeridos para el decreto de la medida de coerción personal impuesta; tercero, la improcedencia de la medida cautelar nominada de prohibición de enajenar y gravar; la cuarta dirigida a cuestionar admisión de medios de pruebas impugnados por la defensa e INADMITIR las denuncias dirigidas a atacar la motivación del fallo impugnado y la calificación jurídica atribuida a los hechos objeto de la presente causa, por expresa disposición del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, y en observancia de los criterios jurisprudenciales establecidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 428, literal “C”, en concordancia con lo preceptuado en el encabezado del artículo 442 ejusdem. ASÍ SE DECIDE.-
De igual forma, consideran procedente estas Juzgadoras ADMITIR los escritos de contestación presentados, el primero por la Representación Fiscal Quincuagésima (50°) del Ministerio Público, y el segundo por el profesional del derecho NUMAN VILLASMIL CHÁVEZ, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ARTURO CELESTINO ALVAREZ SUAREZ, así como los medios de prueba promovidos en dicho escrito; y prescindir de la fijación de la audiencia oral conforme lo establece el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, a partir del día hábil de despacho siguiente a la presente fecha comienza a transcurrir el lapso legal de diez (10) días hábiles de despacho para dictar la decisión correspondiente, conforme lo prevé el artículo 442 ejusdem. ASÍ SE DECIDE.-
VI
DISPOSITIVO
Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta Sala Tercera de la Corte Superior de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: ADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO interpuesto por los profesionales del derecho FRANCISCO BRICEÑO FERNÁNDEZ y OVELIO SALÓM, actuando con el carácter de defensores privados de los ciudadanos CARLOS ALFONSO BURGOS GOMEZ y ARELIS LISETH PETIT CHACÍN, dirigido a impugnar la decisión Nº 637-21 dictada en fecha ocho (08) de diciembre de 2021, por el Juzgado Décimo (10°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, únicamente en cuanto a las siguientes denuncias: primero, la falta de reproducción de los tres documentos procesales exigidos por el fallo vinculante emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, a saber acta de audiencia preliminar, auto fundado que contenga los pronunciamientos realizados en la audiencia preliminar y auto de apertura a juicio; segundo, la inobservancia de los presupuestos procesales requeridos para el decreto de la medida de coerción personal impuesta; y tercero, la improcedencia de la medida cautelar nominada de prohibición de enajenar y gravar y la cuarta dirigida a cuestionar la admisión de los medios de pruebas impugnados por la defensa.
SEGUNDO: INADMISIBLES las denuncias dirigidas a cuestionar: la motivación del fallo impugnado y la calificación jurídica atribuida a los hechos objeto de la presente causa, por expresa disposición del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, y en observancia de los criterios jurisprudenciales establecidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 428, literal “C”, en concordancia con lo preceptuado en el encabezado del artículo 442 ejusdem.
TERCERO: ADMISIBLE EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN presentado por la Representación Fiscal Quincuagésima (50°) del Ministerio Público, en contra del recurso de apelación interpuesto por la defensa privada de los imputados de autos.
CUARTO: ADMISIBLE EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN presentado por el profesional del derecho NUMAN VILLASMIL CHÁVEZ, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ARTURO CELESTINO ALVAREZ SUAREZ, en contra del recurso de apelación interpuesto por la defensa privada de los imputados de autos.
QUINTO: ADMISIBLES LAS PRUEBAS promovidas por el profesional del derecho NUMAN VILLASMIL CHÁVEZ, por cuanto las mismas se tratan de pruebas documentales cuya utilidad y pertinencia pueden ser corroboradas directamente cuando se resuelva el presente recurso de apelación.
En consecuencia, a partir del día hábil de despacho siguiente a la presente fecha, comienza a transcurrir el lapso legal de diez (10) días hábiles de despacho para dictar la decisión correspondiente.
Es todo, publíquese y regístrese en el libro respectivo, y déjese copia certificada en archivo, todo a los fines legales consiguientes.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte Superior de Apelaciones, Sala Tercera del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en Maracaibo a los diez (10) días del mes de febrero del año 2022. Años: 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

LAS JUEZAS PROFESIONALES

YENNIFFER GONZÁLEZ PIRELA
Presidenta de la Sala

VANDERLELLA ANDRADE BALLESTEROS MARÍA DEL ROSARIO CHOURIO URRIBARRI
Ponente

LA SECRETARIA

KARITZA MARÍA ESTRADA PRIETO

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede, registrándose la presente resolución en el libro de decisiones llevado por esta Sala en el presente mes y año bajo el Nº 019-22 de la causa Nº VP03-R-2022-000016.

LA SECRETARIA

KARITZA MARÍA ESTRADA PRIETO