TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
EXPEDIENTE No. 15.250
PARTE DEMANDANTE: La Sociedad Mercantil INVERSIONES Y PROMOTORA TURÍSTICA MAFAL,
C.A. (IPTUMACA), inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del Estado Zulia, en fecha treinta (30) de enero de 2001, bajo el Nro. 58, Tomo 2-A,
domiciliada en la ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia.
REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: El abogado en ejercicio Javier Antonio
González Pérez, venezolano, mayor de edad, inscrito por ante el Instituto de Previsión
Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nro. 114.719, de conformidad a Poder
debidamente Autenticado por ante la Notaria Publica Primera de Ciudad Ojeda en
fecha diez (10) de mayo de 2012, signado con el Nro.20, Tomo 49.
PARTE DEMANDADA: La Sociedad Mercantil SUBSUELO CONSULTORES, C.A., debidamente
inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado
Anzoátegui, bajo el Nro. 47, Tomo A-18, de fecha diez (10) de Marzo de 1999, Expediente
47, y domiciliada en la Carretera N, entre avenidas 51 y 52, Zona Industrial, Parroquia
Alonso de Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia, según Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionista celebrada en Lechería en fecha catorce (14) de julio de
2020, y posteriormente Protocolizadas por ante el Registro Mercantil Tercero de la
Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, bajo el Nro. 242, Tomo 4-A.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (VÍA INTIMACIÓN)
DE LA RELACIÓN DE LAS ACTAS
Se inició el presente procedimiento por Cobro de Bolívares Vía Intimación, instaurado
por la sociedad mercantil INVERSIONES Y PROMOTORA TURÍSTICA MAFAL, C.A. (IPTUMACA),
en contra de la sociedad mercantil SUBSUELO CONSULTORES, C.A., ambas plenamente
identificadas en las actas.
De autos se desprende, que en fecha diecisiete (17) de noviembre de 2021, se
admitió la demanda por no considerarla contraria a derecho, las buenas costumbres, ni
disposición expresa de la ley, en el mismo acto se ordena la citación de los
codemandados.
Posteriormente, el día (10) de diciembre de 2021, el apoderado judicial de la parte
actora indico; “…Visto el Auto de admisión dictado por este Juzgado de la presente
demanda, dejo constancia que he cancelado al alguacil de este tribunal los
emolumentos necesarios y a su vez he consignado las copias del libelo de Demanda
necesarias para la intimación de la parte demandada…”.
En la misma fecha, el alguacil del Juzgado dejó constancia de que; “…a los fines
legales pertinentes que recibí el día diez de diciembre del año 2021, por parte del
demandante los medios y recursos necesarios para practicar la citación…”.
Siendo la oportunidad procesal correspondiente, debe este Juzgado profundizar
sobre la institución de la perención de la instancia, prevista en el artículo 267 del Código
de Procedimiento Civil, en el cual versa:
“…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse
ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del
Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la
demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le
impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de
la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese
cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada
la citación del demandado.
3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del
proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el
carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la
continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley
les impone para proseguirla”. (Subrayado del Tribunal).
De conformidad a la disposición legal que precede, la Sala de Casación Civil del
Tribunal Supremo de Justicia, ha manifestado en reiteradas oportunidades que la
perención es una institución de orden público, que; “se traduce en una sanción que
produce el declive del juicio como consecuencia de la inactividad de las partes, quienes
durante el transcurso de un tiempo previsto en la ley, no impulsan el proceso ocasionando
su extinción”.
En este sentido, se considera pertinente traer a las actas el criterio esgrimido por la
Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de mayo de 2012,
exp. Aa20-c-2012-000038, con Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.
”. Con respecto a aquellos casos en que la citación de la parte demandada
deba llevarse a cabo a través de un tribunal comisionado, esta Sala, en sentencia N° 007,
de fecha 17 de enero de 2012, caso: Bolívar Banco, C.A. contra Ferrelamp, C.A. y otros,
estableció lo siguiente:
“…esta Sala de Casación Civil reitera que en el caso concreto la parte
demandante solicitó el libramiento de la respectiva comisión. Con este
proceder la parte impulsó la citación y cumplió con las obligaciones a su
cargo para lograr la citación, quedando a cargo del tribunal los actos
relacionados con la efectiva materialización de la comisión, todo lo cual
evidencia que el retardo u omisión en el cumplimiento de las actividades que
son por cuenta del tribunal no pueden erigirse en sanciones para la parte.
En efecto, no puede colocarse en los hombros de la parte actora, la
responsabilidad de que el tribunal sea diligente y cumpla con los actos de
trámite necesarios para la práctica de la comisión en un lapso tan breve. Por
el contrario, estima la Sala que cumplidos los actos de impulso procesal y
demostrado el interés de la parte de cumplir con las obligaciones impuestas
en la ley para la citación, basta para que se interrumpa la perención breve, y
tenga lugar la perención anual.
Hechas esas consideraciones la Sala observa que en el caso concreto la parte
actora impidió la consumación de la perención breve, al realizar actos de
impulso destinados a lograr la citación, todo lo cual permite determinar que a
partir del primer acto de impulso comenzó a correr desde el día siguiente el
lapso para la perención anual, quedando bajo su cargo el cumplimiento de la
obligación de suministrar al alguacil los medios necesarios para lograr la
citación, lo que debe ser cumplido frente al alguacil del tribunal comisionado,
acto este que en el caso no ha ocurrido por haber sido indebidamente
declarada la perención breve. (Subrayado de la Sala).
Del criterio jurisprudencial precedentemente expuesto, el cual se aplica al
caso concreto, queda claro que en aquellos casos de citación por comisión, luego de
que la parte actora suministre el domicilio procesal de los demandados y realice actos de
impulso procesal, como la solicitud de libramiento de comisión, con los cuales demuestra
interés en la prosecución del juicio, se interrumpe la perención breve, quedando en
manos del tribunal realizar las gestiones necesarias para materializar la comisión y de esta
manera lograr la citación de los demandados…”
Ahora bien, de una revisión exhaustiva de las actas procesales y en armonía con el
criterio antes anotado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se observa que en
la presente causa, el actor en el libelo de la demanda indicó el domicilio procesal de los
representantes de la empresa Sociedad Mercantil SUBSUELO CONSULTORES, C.A., inscrita
en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, bajo
el Nro. 47, Tomo A-18, de fecha diez (10) de Marzo de 1999, Expediente 47, ciudadanos
ANDRY JOHANNALI LABARCA VALENCIA y SANDRA MARIA MARÍN SALAZAR, venezolanos,
mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V-14.574.084 y V-19.561.714
respectivamente, en su carácter de Presidente y Vice-Presidente, - en la Carretera N,
entre avenidas 51 y 52, Zona Industrial, en jurisdicción de la Parroquia Alonso de Ojeda,
Municipio Lagunillas del Estado Zulia, conforme el Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionista celebrada en Lechería en fecha catorce (14) de julio de
2020, posteriormente, protocolizadas por ante el Registro Mercantil Tercero de la
Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, bajo el Nro. 242, Tomo 4-A., -para la
práctica de la citación de la sociedad mercantil demandada, significando que el
domicilio señalado para la citación de la demandada se encuentra en una localidad
distinta a la sede de este Juzgado, por lo cual era conveniente para impulsar actos
procesales tendientes a la citación de la parte demandada que se solicitara que se
librara comisión al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio
Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
De manera que, en este caso de citación por comisión, el Tribunal estima que se
configuró la perención breve de la instancia, aunque la parte actora haya indicado el
domicilio de la empresa demandada en el libelo de demanda –según es fuera de la
residencia del Tribunal y consignado ante este Tribunal los emolumentos del Alguacil para
la citación del demandado, que no tiene jurisdicción para citar en el Municipio Lagunillas,
empero que no dio cumplimiento cabal con los actos de impulso procesal para evitar la
consumación de la perención breve como es la solicitud de libramiento de la comisión,
situación que no se verifica de autos. Por lo tanto, como la presente demanda fue
admitida el día 17 de noviembre de 2021, hasta la presente fecha, han transcurrido los
treinta días consecutivos previsto en el ordinal primero del artículo 267 del Código de
Procedimiento Civil, sin que se haya librado comisión al Juzgado correspondiente por el
territorio para la práctica de la citación del demandado, por lo que resulta forzoso para
este Tribunal declarar la perención breve en la presente causa, y consecuencialmente
extinguida la misma.

DISPOSITIVO
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por
Autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: LA PERENCIÓN BREVE en la presente causa que sigue la Sociedad Mercantil
INVERSIONES Y PROMOTORA TURÍSTICA MAFAL, C.A. (IPTUMACA), contra Sociedad
Mercantil SUBSUELO CONSULTORES, C.A., ambas identificadas plenamente en las actas.
SEGUNDO: No existe condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente
fallo.
PUBLÍQUESE. NOTIFÍQUESE. REGÍSTRESE.
Déjese copia certificada de la Sentencia por secretaría, conforme a lo previsto en el
artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Cuarto de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia,
a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022). Años: 211º de
la Independencia y 162º de la Federación.
LA JUEZA SUPLENTE
Abg. GLENY HIDALGO ESTREDO LA SECRETARIA ACCIDENTAL
Abg. JOHANA PAYARES
En la misma fecha, siendo las dos (2:00 p.m.) de la tarde se publicó la anterior
decisión quedando anotada bajo el Nº 06.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL