TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Sala Segunda
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia
Maracaibo, 12 de diciembre de 2022
212º y 163º

ASUNTO PRINCIPAL: 6U-1161-22.-
DECISIÓN Nº 375-2022.-

PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL MARYORIE EGLEE PLAZAS HERNANDEZ

Han subido las presentes actuaciones a esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en virtud del recurso de apelación de autos interpuesto por el profesional del derecho JOSE GREGORIO RIVERA MEDINA, inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 300.983, actuando como defensor de los ciudadanos DAVID BENITO VILLALOBOS MORAN y LUIS ALBERTO VERA LABARCA, titulares de las cédulas de identidad Nos. 15.193.455 y 21.491.408, respectivamente; contra el Comisionado Jefe, FALLIZ ZAMBRANO y la Oficial Jefe de Retención ELIANNIS MORAN, Adscritos al Cuerpo de Policía del Municipio Mara.

Recibidas las actuaciones en esta Sala de Alzada, en fecha 12 de diciembre de 2022, se da cuenta a las integrantes de la misma, designándose como ponente a la Jueza Profesional del Derecho MARYORIE EGLEE PLAZAS HERNANDEZ, quien con tal carácter suscribe la siguiente decisión.
Ahora bien, una vez efectuada la revisión exhaustiva de las actuaciones que conforman la presente causa, así como de los hechos que dieron origen al proceso esta Alzada considera procedente emitir pronunciamiento acerca de la competencia para conocer del precitado recurso, y a tal efecto hace las siguientes consideraciones:

I
DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALA PARA CONOCER EL RECURSO PROPUESTO

Cursa por ante este Tribunal de Alzada, amparo interpuesto por el profesional del derecho JOSE GREGORIO RIVERA MEDINA, inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 300.983, actuando como defensor de los ciudadanos DAVID BENITO VILLALOBOS MORAN y LUIS ALBERTO VERA LABARCA, titulares de las cédulas de identidad Nos. 15.193.455 y 21.491.408, respectivamente contra el Comisionado Jefe, FALLIZ ZAMBRANO y la Oficial Jefe de Retención ELIANNIS MORAN, Adscritos al Cuerpo de Policía del Municipio Mara.

Ahora bien, de la referida decisión evidencia esta Sala de Alzada que referido amparo va dirigido en contra del Comisionado Jefe, FALLIZ ZAMBRANO y la Oficial Jefe de Retención ELIANNIS MORAN, Adscritos al Cuerpo de Policía del Municipio Mara, por cuanto refiere el accionante que “a sus defendidos no se les permite visitas de ningún tipo dentro del sitio de reclusión, ni se les da información de su estado de salud a sus familiares, asimismo refiere que no se les proporciona los medicamentos al ciudadano LUIS VERA que sufre de asma y alergias, así como también indica que el ciudadano DAVID VILLALOBOS, presenta Hipertensión arterial que es controlada por los Bomberos del Municipio Mara ya que los funcionarios se niegan al traslado médico a un Centro de salud, lo que atenta contra los derechos fundamentales a la salud de los internos”.

En tal sentido, observa esta Alzada que la causa principal se lleva por la presunta comisión de los delitos de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en grado de Co-autores, INTIMIDACIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 296 último aparte del Código Penal y adicionalmente para el ciudadano DAVID VILLALOBOS, el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de a Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y de los ciudadanos CARINA VILLALOBOS y ALEXANDER VILLALOBOS, por el tribunal Décimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

En este orden de ideas, esta Sala de Alzada considera oportuno destacar que en relación al precepto jurídico al que se refiere al debido proceso en el ordenamiento jurídico venezolano, es la suma de las Garantías Constitucionales mínimas que debe reunir todo proceso, sea o no sea judicial, para que pueda calificársele de justo, razonable y confiable, que garantice a los ciudadanos la efectividad de su derecho material. Este conjunto de garantías aseguran los derechos del ciudadano frente al Poder Judicial y que establecen los límites al poder Jurisdiccional del Estado para afectar los derechos de las personas, por lo que el debido proceso al juicio imparcial, transparente e idóneo, es el instrumento más importante del ser humano en defensa de su vida, libertad, valores, bienes y derechos.

En tal sentido, es pertinente recordar, que el Debido Proceso, a tenor de lo expresado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia No. 046, dictada en fecha 29-03-2005, debe entenderse como:

“… garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas...”.

Se establece entonces, que el Debido Proceso constituye un Principio Constitucional, aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, comprendiendo a su vez una serie de presupuestos, que avalan el derecho de toda persona a ser oída durante todo el proceso, otorgándole además el tiempo y los medios adecuados para ejercer la defensa de sus intereses.

En este orden de ideas, debe precisarse que dentro del conjunto de garantías que conforman la noción del debido proceso, entendido éste en su sentido formal, se encuentra el derecho de toda persona a ser juzgada de acuerdo con el procedimiento judicial establecido con anterioridad en la ley y; por su Juez natural, ello en virtud del principio de legalidad procesal que rige en ordenamientos jurídicos como el Venezolano. La legalidad de las formas procesales, atiende al principio de seguridad jurídica que rige en las relaciones jurídicas existentes entre los particulares y entre éstos y el Estado específicamente, en cuanto a la determinación previa de las vías judiciales que deberán seguirse en aquellos casos en los que surjan conflictos con motivo de dichas relaciones, y que deban ser dirimidos en definitiva por los órganos jurisdiccionales competentes.

Como corolario de lo anterior, considera esta Alzada, que siendo que el derecho a ser juzgado por el Juez Natural es una garantía de rango constitucional, conforme a lo previsto en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido al Debido Proceso, y que, en consecuencia, la competencia por la materia es de estricto orden público (vid. Sentencia No. 449 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 19 de mayo de 2010 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán); resulta procedente citar el contenido de los artículos 7, 71 y 80 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales en cuanto a la declinatoria señala lo siguiente:

“Articulo 7. Juez o Jueza Natural. Toda persona debe ser juzgada por sus jueces o juezas naturales y, en consecuencia, nadie puede ser procesado ni juzgados por jueces o juezas, o tribunales ad hoc. La potestad de aplicar la ley en los procesos corresponde, exclusivamente, a los jueces y juezas, y tribunales ordinarios o especializados establecidos por las leyes, con anterioridad al hecho objeto del proceso.

“Artículo 71. Declaratoria de Incompetencia. La incompetencia por la materia debe ser declarada por el tribunal de oficio o a solicitud del Ministerio Publico o del imputado o imputada…omissis…)

“Artículo 80. Declinatoria. En cualquier estado del proceso el Tribunal que esté conociendo de un asunto podrá declinarlo, mediante auto motivado, en otro Tribunal que considere competente. “

Ahora bien, tomando en cuenta que la presente causa se inicio por los delitos de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en grado de Co-autores, INTIMIDACIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 296 último aparte del Código Penal y adicionalmente para el ciudadano DAVID VILLALOBOS, el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de a Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y de los ciudadanos CARINA VILLALOBOS y ALEXANDER VILLALOBOS, por el tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. En tal sentido y siendo que refiere la defensa que “…es el caso que desde hace un tiempo he estado solicitándole al Tribunal Sexto de Juicio, en la causa signada con el Nº 6U-1161-22, el cambio de reclusión del ciudadano DAVID VILLALOBOS, del Cuerpo de Policía del Municipio Mara (Polimara), a la sede del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ)… asimismo es menester traer a colación que desde hace mas de tres meses dicho Tribunal Sexto en Funciones de Juicio, ha estado librando constantes oficios de traslado médico para verificar el estado actual de salud del ciudadano DAVID VILLALOBOS, para así formalizar el cambio de reclusión de los mismos al Cuerpo Bolivariano de Policía del Estado Zulia (CPBEZ), del Municipio Mara…”

Ahora bien, esta Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, debe determinar si es competente para conocer y decidir, según la condición del presunto agraviante (ratione condicio personarum), la presente acción de amparo constitucional, la cual como se expresó anteriormente, fue interpuesta en contra de los funcionarios adscritos al Cuerpo Bolivariano de Policía del Estado Zulia (CPBEZ), del Municipio Mara.

Por lo que en tal sentido, se trae a colación el contenido del artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece:

“Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia a fín con la naturaleza del derecho a la garantía constitucionales violados o amenazadas de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo. En caso de duda, se observarán en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia. Si un Juez se considera incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia…”. (Las negrillas son de esta Alzada).

En consonancia con la anterior disposición, resulta oportuno citar la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 20 de Enero de 2000, cuya ponencia estuvo a cargo del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, en la cual se dejó establecido en cuanto a las competencias para conocer de las solicitudes de amparo lo siguiente:

“…Por las razones expuestas, esta Sala declara que, la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la ley antes citada, se distribuirá así: 1.- Corresponde a la Sala Constitucional, por su esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo…. 2.- Asimismo, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia. 3.- Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta. 4.- En materia penal, cuando la acción de amparo tenga por objeto la libertad y seguridad personales, será conocida por el Juez de Control, a tenor del artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal, mientras que los Tribunales de Juicio Unipersonal serán los competentes para conocer los otros amparos de acuerdo a la naturaleza del derecho o garantía constitucional violado o amenazado de violación que sea afín con su competencia natural. Las Cortes de Apelaciones conocerán de las apelaciones y consultas de las decisiones que se dicten en esos amparos…”. (Las negrillas son de este Órgano Colegiado).

Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 68, estable la competencia de los Tribunales de Juicio:

“Es de la competencia del Tribunal de Juicio el conocimiento de:
1.- La fase de juicio en las causas provenientes de los tribunales de primera instancia municipal en funciones de control.
2.-La fase de juicio en las causas provenientes de los tribunales de primera instancia estadal en funciones de control.
3.-Las causas por delitos respecto de los cuales pueda proponerse la aplicación del procedimiento abreviado.
4.- La acción de amparo cuando la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violado o amenazado de violación sea afín con su competencia natural, salvo que el derecho o la garantía se refiera a la libertad y seguridad personal.”.(Las negrillas son de este Cuerpo Colegiado).

Como corolario a lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 13 de Febrero de 2001, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando dejó sentado:
“Es doctrina de este máximo Tribunal que, en materia de amparo, no sólo es necesario analizar la naturaleza del derecho o garantía constitucionales presuntamente violadas o amenazadas de violación, a los efectos de determinar la competencia, sino que debe atenderse a la relación existente entre la violación denunciada y la situación jurídica existente entre las partes, a fin de subsumirla objetivamente dentro de los principios de competencia”. (Las negrillas son de la Sala).

Por otra parte, observa este tribunal colegiado que existe causa principal cursante por ante el Tribunal sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito judicial Penal del estado Zulia, por los delitos de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en grado de Co-autores, INTIMIDACIÓN PÚBLICA, previsto y sancionado en el artículo 296 último aparte del Código Penal y adicionalmente para el ciudadano DAVID VILLALOBOS, el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y de los ciudadanos CARINA VILLALOBOS y ALEXANDER VILLALOBOS, razón por la cual la competencia para conocer el presente amparo le corresponde al tribunal que conoce la causa principal conforme al criterio asentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sentencia N°01 del 20 de enero de 2000 la que establece:

“… cuando las violaciones a derechos y garantías constitucionales surgen en el curso de un proceso debido a actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicias o de funcionarios judiciales diferentes a los jueces, el amparo podrá interponerse ante el juez que este conociendo la causa que lo sustanciara y decidirá en cuaderno separado…”

Al aplicar los argumentos legales y jurisprudenciales señalados ut-supra al caso bajo estudio, concluyen las integrantes de este Cuerpo Colegiado, que resulta ajustado a derecho realizar los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Esta Alzada SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer la presente acción de amparo constitucional conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y SEGUNDO: Declara COMPETENTE al Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, conforme a lo establecido en el artículo 68 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido, en aras de garantizar que el presente asunto sea conocido por el Juez competente por la materia, el principio de unidad del proceso, contenido en el artículo 76 del Código Orgánico Procesal Penal, así como el principio del Juez natural, previsto en el artículo 49 ordinal 4° de la Carta Magna concatenado con el articulo 7 y 71 de la norma adjetiva penal, este Cuerpo Colegiado estima que lo ajustado a derecho es declinar al mencionado Tribunal sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el conocimiento del presente asunto. ASÍ SE DECIDE.-

Así las cosas, afirma este Tribunal Superior, que suprimida, como fue, la competencia para el conocimiento, en segunda instancia, del conocimiento del presente asunto penal, esta Sala Segunda de la Corte de apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, considera que lo procedente es DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER del Recurso de Apelación interpuesto por el profesional del derecho JOSE GREGORIO RIVERA MEDINA, inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 300.983, actuando como defensor de los ciudadanos DAVID BENITO VILLALOBOS MORAN y LUIS ALBERTO VERA LABARCA, titulares de las cédulas de identidad Nos. 15.193.455 y 21.491.408, respectivamente y, en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA PARA EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO, al JUZGADO SEXTO DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 49 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 7, 71 y 80 del Código Orgánico Procesal Penal.

III
DISPOSITIVA

Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: se DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER del amparo interpuesto el profesional del derecho JOSE GREGORIO RIVERA MEDINA, inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 300.983, actuando como defensor de los ciudadanos DAVID BENITO VILLALOBOS MORAN y LUIS ALBERTO VERA LABARCA, titulares de las cédulas de identidad Nos. 15.193.455 y 21.491.408, respectivamente y, en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA PARA EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO, al JUZGADO SEXTO DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 49 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 7, 71 y 80 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: REMITE la presente incidencia al JUZGADO SEXTO DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA.

Publíquese, regístrese y remítase. Dada, sellada y firmada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, Sala Segunda, en Maracaibo, a los doce (12) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidós (2022). Años: 212° de la Independencia y 163° de la Federación.

LAS JUEZAS PROFESIONALES

DRA. JESAIDA KARINA DURAN MORENO
Presidenta de la Sala

DRA. LIS NORY ROMERO FERNANDEZ

DRA. MARYORIE EGLEE PLAZAS HERNANDEZ
Ponente

LA SECRETARIA

ABG. ISABEL MARIA AZUAJE NAVEDA

En la misma fecha se registró la anterior decisión bajo el No. 375-2022 quedando asentado en el Libro de Registro llevado por esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, en el presente año.

LA SECRETARIA

ABG. ISABEL MARIA AZUAJE NAVEDA

MEPH/Carmen.
ASUNTO PRINCIPAL: 6U-1161-22.-