Expediente N° 7023-18
Sentencia Interlocutoria Nº 67
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE
MEDIDAS DEL MUNICIPIO CABIMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO ZULIA
SOLICITANTES: LEEN ARMANDO BARRERO ALVARADO y NURKIA MARGARITA LEAL MELENDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números 14.084.617 y 13.363.821, respectivamente, domiciliados en el municipio Cabimas del estado Zulia.
APODERADO JUDICIAL
DEL SOLICITANTE: NILSON PADRON SOTO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo la matricula 42.896.
ABOGADA ASISTENTE
DE LA SOLICITANTE: CLARIS ELENA BOLIVAR PARADA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo la matricula 274.488.
MOTIVO: DIVORCIO 185 DEL CÓDIGO CIVIL, CON FUNDAMENTO EN LA SENTENCIA 693 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
Revisado como ha sido el presente expediente signado con el número 7023-18, en el cual el Abogado en ejercicio, NILSON PADRON SOTO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo la matricula 42.896, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano LEEN ARMANDO BARRERO ALVARADO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 14.084.617, domiciliado en el municipio Cabimas del estado Zulia, y la ciudadana NURKIA MARAGARITA LEAL MELENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 13.363.821, y de igual domicilio, debidamente asistida por la Abogada en ejercicio, ciudadana CLARIS ELENA BOLIVAR PARADA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo la matricula 274.488; solicitaron a este Juzgado, la disolución del vínculo matrimonial por ellos contraído, amparados en la sentencia Nº 693 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha dos (2) de junio de 2015, bajo la ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHÁN.
En fecha trece (13) de julio de 2018, se admitió la presente solicitud ordenándose la notificación de la Fiscal del Ministerio Público, y se libró la respectiva Boleta de Notificación junto con sus recaudos.
En fecha tres (3) de agosto de 2018, el Alguacil de este Juzgado, consignó Boleta de Notificación debidamente firmada y sellada por la Fiscal del Ministerio Público, como acuse de recibo y se agregó a las actas.
En fecha cinco (5) de octubre de 2018, la Abogada DAYMANG GONZÁLEZ, Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Trigésima Sexta (36°) del Ministerio Público del Estado Zulia, consignó diligencia mediante la cual solicitó al Tribunal, se inste a los solicitantes a consignar Poder Especial para el asunto que les ocupa.
En fecha ocho (8) de octubre de 2018, vista la exposición de la Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, el Tribunal dictó auto instando a los solicitantes a consignar Poder Especial para el asunto que les ocupa.
En fecha seis (6) de marzo de 2019, el Abogado NILSON PADRÓN SOTO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo la matricula 42.896, diligenció consignando Poder Especial debidamente notariado por ante Notaría Pública Segunda de Cabimas del Estado Zulia, otorgado por el ciudadano LEEN BARRERO, antes identificado.
Ahora bien, observa esta Juzgadora de la lectura y estudio de las presentes actas, que no se ha celebrado ninguna actuación procesal de los solicitantes desde la mencionada fecha; es por lo que, habiendo transcurrido un total de mil ciento nueve (1.109) días, inclusive el de hoy, más de un año de inactividad procesal, se ha producido el efecto previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como es la perención de la instancia.
A los fines de decidir éste Tribunal observa, que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”…
La Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal de la República en Sentencia de fecha 13 de julio de 2001, establece:
“Se trata, así, del simple cumplimiento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. Caso: Cebra, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acuerda de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.(…Omissis…) Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este alto tribunal; por tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos…evidencia un abandono del caso que no puede justificar la incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder Público. En suma, que según los términos del artículo 86 de la Ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos que se ventilen ante este Tribunal Supremo de Justicia, salvo lo previsto en disposiciones especiales”…
En tal sentido, estima oportuno esta Sentenciadora, en ejercicio de la función pedagógica que tenemos todos los Jueces como Administradores de Justicia, resaltar el deber que tienen los litigantes, en observar, asumir y cumplir una conducta diligente en los procesos para evitar desgaste o ser sorprendido por la preclusión de los lapsos, siendo ello un elemento prioritario en el ejercicio de la profesión del derecho y para quienes acuden tanto a los órganos jurisdiccionales como administrativos a hacer valer sus derechos.
Por los fundamentos antes expuestos, éste JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CABIMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 ejusdem, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA la presente solicitud de DIVORCIO conforme a lo establecido en el artículo 185 del Código Civil Venezolano, amparada en la sentencia Nº 693 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha dos (2) de junio de 2015, bajo la ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, seguida por los ciudadanos LEEN ARMANDO BARRERO ALVARADO y NURKIA MARGARITA LEAL MELENDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números 14.084.617 y 13.363.821, respectivamente, domiciliados en el municipio Cabimas del estado Zulia.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE incluso en el la página Web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve así como en la página www.zulia.scc.org.ve, dejándose por Secretaría copia certificada de conformidad con el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil, y los Ordinales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CABIMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a los seis (6) día del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
LA JUEZA,
ELSY GÓMEZ DE MARÍN
LA SECRETARIA,
MARYELIN HUERTA
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