TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN EL ESTADO DELTA AMACURO
Maturín, 6 de Diciembre de 2022
212° y 163°

ASUNTO PRINCIPAL: NE01-G-2007-000005
ASUNTO ANTIGUO: 3220

En fecha 14 de Agosto de 2007, se recibió ante el entonces Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, hoy Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, demanda contentiva de Nulidad de Acto Administrativo conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, presentada por el ciudadano José Gregorio Salazar Meléndez, titular de la cédula de identidad N° V- 5.595.489, en su condición de Contralor Interventor de la Contraloría Municipal de Maturín, designado mediante Resolución de la Contraloría General de la República N° 01-00-153, debidamente asistido por la abogada en ejercicio Mercedes González, inscrita en el IPSA bajo el N° 120.651, contra la Convención Colectiva 2001-2002 celebrada entre la Alcaldía del Municipio Maturín y el Sindicato de Funcionarios Públicos de las Alcaldías y los Concejos Municipales del estado Monagas.
En fecha 17 de septiembre de 2007, se le dio entrada a la presente demanda.
En fecha 19 de septiembre de 2007, se dictó despacho saneador, ordenándose la notificación de la parte recurrente.
En fecha 9 de octubre de 2007, la parte recurrente solicitó una prórroga a los fines de consignar la aclaratoria; los cuales se acordaron mediante auto de fecha 10 de octubre de 2007.
En fecha 25 de octubre de 2007, la parte recurrente, presentó escrito contentivo de aclaratoria, el cual se ordenó agregar a los autos.
En fechas 6 de noviembre de 2007, se admitió el recurso de nulidad interpuesto, librandose las respectivas notificaciones.
En fecha 25 de junio de 2008, se agregó escrito de contestación, presentado por el ciudadano Gustavo Castillo, titular de la cédula de identidad N° V- 5.216.449, debidamente asistido por el abogado Ivan Estanga inscrito en el IPSA bajo el N° 62.697, el cual se ordenó agregar a los autos en la misma oportunidad.
En fecha 07 de junio de 2008, se fijó lugar para la celebración de la audiencia preliminar; la cual se realizó en fecha 16 de julio de 2008.
En fecha25 de julio de 2008, se celebró la audiencia definitiva.
En fecha 4 de agosto de 2008, el abogado Ivan Estanga, asistiendo a la parte demandada, consignó auto de depósito.
En fecha 5 de agosto de 2008, el tribunal mediante auto, previo la consignación del auto de depósito, procederá a dictar sentencia al tercer día de despacho siguiente al de hoy.
En fecha 11 de agosto de 2008, se difirió el dispositivo del fallo.
En fecha 18 de septiembre de 2008, en la oportunidad de la audiencia a los fines de dictar el dispositivo, se declaró Inadmisible el recurso de nulidad interpuesto.
En fecha n06 de octubre de 2008, se dictó el extenso del fallo; ordenándose notificar al Síndico Procurador Municipal.
En fecha 08 de octubre de 2008, la parte recurrente apeló la decisión dictada.
En fecha 17 de junio de 2010, la entonces Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, hoy Juzgados Nacionales Primero y Segundo de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia mediante la cual, resolvió: Primero: Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida. Segundo: Con Lugar el recurso de apelación ejercido, Tercero: Revoca la decisión dictada el 6 de octubre de 2008 por el Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil y Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas y Cuarto: Ordena la remisión del expediente al tribunal de origen a los fines del pronunciamiento sobre las restantes causales de inadmisibilidad, salvo la correspondiente a la caducidad, la cual ya fue analizada en el presente fallo.
En fecha 28 de julio de 2011, se recibió expediente proveniente de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.
En fecha 02 de mayo de 2012, el abogado Iván Estanga solicito el avocamiento, lo cual se acordó en fecha 25 de junio de 2012, por la otrora jueza de este juzgado, ordenando las notificaciones correspondientes.
En fecha 19 de marzo de 2013, se reanudó la presente causa.
En fecha 13 de mayo de 2013, el tribunal procedió a admitir el presente recurso, ordenándose las notificaciones.
En fecha 03 de julio de 2013, el apoderado de la parte recurrida consignó escrito de contestación.
En fecha 16 de septiembre de 2014, el abogado Terry León Gil, inscrito en el IPSA bajo el N° 209.980, actuando en su carácter de Fiscal 19 del estado Monagas, solicitó se declare la perención y en consecuencia extinguida la instancia.
En fecha 29 de noviembre de 2022, la Jueza Provisoria, se abocó al conocimiento de la presente causa.
I
UNICO

Ahora bien, corresponde a este Tribunal Superior, pronunciarse sobre la paralización de la presente causa, visto que desde la fecha 14 de mayo de 2013, se ordenó librar notificación dirigida a las partes contentiva de la admisión de la misma, siendo debidamente notificados; por lo que se constata que hasta la presente fecha la parte actora no ha realizado actuación alguna destinada a dar continuación al proceso.
Al respecto, se hace necesario expresar, la figura de la Perención de la Instancia consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la Ley, sin que se hubiere verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio; entendiéndose por acto de procedimiento aquél que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, ya sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, debe igualmente revelar su propósito de impulsar o activar la misma. Esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual, la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad cierta de realizar alguna actuación; oportunidad ésta que, en el proceso administrativo, culmina con la presentación de los informes y en los procesos judiciales antes de ser vista la causa, es decir, cuando inicia la fase para dictar sentencia.
En este sentido, debe manifestarse que la institución de la Perención de la Instancia esta concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes y puede ser declarada aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual destaca su carácter imperativo, constituyendo un elemento anómalo para la culminación del procedimiento, es decir, que la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pudiendo el accionante interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines, siendo un mecanismo de Ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen cuando resulte evidente que no existe interés por parte de los sujetos de la litis en la continuación de la causa.
Cabe destacar que la función de esta institución procesal, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que encuentra justificación en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad innecesaria, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en el proceso; es decir, su propósito es impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla con la función jurisdiccional, la cual radica esencialmente en administrar justicia, así como en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso.
Así pues se colige y lo ha interpretado tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, que para que opere la Perención (anual) de la Instancia deben concurrir los requisitos siguientes: i) que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto o impulso procesal en la causa, ii) que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de éstas hayan realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como requerimientos de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias, revisión, del expediente judicial y otras similares. No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del Tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia; por lo que la demora en el dictamen de la sentencia tampoco produce perención.
En tal sentido, debe resaltarse que la Ley .Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Código de Procedimiento Civil, instrumentos legales aplicables al caso que nos ocupa, establece en sus artículos 41 y 267, respectivamente, lo siguiente:
“Articulo 41. Toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después la declaratoria.”
“(…) Artículo 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención (…)”.
Con relación a los artículos parcialmente transcritos, se observa que los mismos regulan la institución procesal de la perención, la cual se puede definir como “el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso…” (Vid. Henríquez La Roche, Ricardo. “Comentarios al Código de Procedimiento Civil” Tomo 2. Editorial Centros de Estudios Jurídicos de Venezuela. Caracas, 2009, p. 318); dirigida a evitar la prolongación indefinida en el tiempo de los procesos judiciales por omisión de impulso de las partes interesadas en la consecución final del mismo.
En tal sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 00853 del 29 de septiembre de 2010, estableció:
“(…) Advertido lo anterior, resulta necesario señalar que la perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento proferido por el operador de justicia que declare la perención no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer
Nuevamente la acción en similares términos como fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Este instituto procesal se constituye, así, en un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales. (…)” (Resaltado de este Órgano Jurisdiccional).

En virtud de las anteriores consideraciones doctrinarias, legales y jurisprudenciales tendentes a verificar la perención de la instancia, este Juzgado, previa revisión efectuada a las actas procesales que conforman el expediente judicial, se verifica que desde el 14 de mayo de 2013, se libraron las notificaciones correspondientes sobre la admisibilidad de la presente causa, y hasta la presente fecha la parte actora no ha realizado actuación alguna destinada a dar continuación al proceso, por lo que ha sido superado con creces el período a que se refieren los artículos 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y 267 del Código de Procedimiento Civil; es por ello que, resulta imperioso para este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, declarar que operó de pleno derecho la Perención, a tenor de lo establecido en los artículos anteriormente señalados y en consecuencia extinguida la instancia. Así se decide.
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: CONSUMADA DE PLENO DERECHO LA PERENCIÓN; y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en el presente Recurso de Nulidad de Acto Administrativo conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, presentada por el ciudadano José Gregorio Salazar Meléndez, titular de la cédula de identidad N° V- 5.595.489, en su condición de Contralor Interventor de la Contraloría Municipal de Maturín, designado mediante Resolución de la Contraloría General de la República N° 01-00-153, debidamente asistido por la abogada en ejercicio Mercedes González, inscrita en el IPSA bajo el N° 120.651, contra la Convención Colectiva 2001-2002 celebrada entre la Alcaldía del Municipio Maturín y el Sindicato de Funcionarios Públicos de las Alcaldías y los Concejos Municipales del estado Monagas.
Publíquese y Regístrese. Notifíquese al ciudadano Sindico Procurador Municipal del Municipio Maturín del Estado Monagas, de conformidad con el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. No se ordena la notificación de la parte actora conforme al criterio establecido en sentencia emanada de la Sala Constitucional Nº 1466 de fecha 5 de agosto de 2004.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro. En Maturín, a los seis (06) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2.022). Años: 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
La Jueza Provisoria,

ABG. MIRCIA A. RODRÍGUEZ
El Secretario,

Abg. JOSÉ A. FUENTES
En la misma fecha, siendo las doce y cuarenta y tres minutos meridiem (12:43 m), se publicó y agregó la presente resolución a las actuaciones del expediente. Se deja constancia que se realizó la inserción en el sistema Juris 2000; asimismo, se ordena la publicación en el portal informático del Tribunal Supremo de Justicia. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente. Conste.
El Secretario,

Abg. JOSÉ A. FUENTES
MAR/JAF/ya