TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Sala Tercera
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia
Maracaibo, veintidós (22) de junio de 2021
210º y 161º
Asunto Penal N°: 1C-O-2021-223.
Decisión N°: 176-21.
I
PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL MARÍA DEL ROSARIO CHOURIO URRIBARRÍ
Han sido recibidas en esta Alzada las presentes actuaciones contentivas de Acción de
Amparo Constitucional, incoada en fecha veintiuno (21) de junio de 2021 por el
profesional del derecho ENMANUEL GONZÁLEZ, abogado en ejercicio debidamente
inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el N° 123.184,
actuando en representación de los derechos del ciudadano DENNYS JOSÉ
ALBORNOZ, titular de la cedula de identidad N° V.- 27.405.659, en contra del Juzgado
Segundo (2°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal
del estado Zulia, extensión Cabimas, por cuanto a criterio de la parte accionante el
Tribunal de Instancia lesionó los derechos y garantías constitucionales de su defendido
al Debido Proceso, la Tutela Judicial Efectiva, la Defensa y la Libertad Personal
establecidos en los artículos 26, 44 y 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana
de Venezuela, ello al decretar la aprehensión en flagrancia y a su vez la Medida
Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del ciudadano DENNYS
JOSÉ ALBORNOZ, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO
CALIFICADO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD,
con base en unos hechos que ocurrieron diez (10) días antes de su detención y no
cursando en actas fundados y suficientes elementos de convicción para estimar que el
hoy imputado es presunto autor o participe de los hechos que se le imputa.
Recibida como ha sido por esta Sala Tercera de la Corte Superior de Apelaciones la
presente Acción de Amparo Constitucional, se dio cuenta a las Juezas Integrantes de la
misma y de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
designó como ponente a la Jueza Superior MARIA DEL ROSARIO CHOURIO
URRIBARRI, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
II
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTA
El profesional del derecho ENMANUEL GONZÁLEZ, actuando en representación de los
derechos del ciudadano DENNYS JOSÉ ALBORNOZ, interpone Acción de Amparo
Constitucional en contra del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de
Control, extensión Cabimas, refiriendo como fundamento de su acción lo siguiente:
- PRIMERO: Considera la parte accionante que el Tribunal de Instancia lesiona los
derechos y garantías constitucionales de su defendido al Debido Proceso, la Tutela
Judicial Efectiva, la Defensa y la Libertad Personal, establecidos en los artículos 26, 44
y 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, al decretar la
Aprehensión en Flagrancia del ciudadano DENNYS JOSÉ ALBORNOZ por la presunta
comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR
y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, cuando a criterio de la Defensa debió decretarla
solo con relación al delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, ello en virtud de que
los hechos que dieron lugar a la imputación de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO
y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR ocurrieron en fecha dieciocho (18) de abril de 2021
y la detención del hoy imputado se practicó en fecha veintiocho (28) de abril de 2021,
es decir, transcurridos diez (10) días a contar desde la presunta comisión del hecho y
sin mediar siquiera orden judicial de aprehensión que justificara dicha actuación
policial.
- SEGUNDO: Asimismo alega la Defensa que la Jueza de Instancia dictó una
decisión carente de fundamento jurídico al decretar la Medida de Privación Judicial
Preventiva de Libertad en contra del ciudadano DENNYS JOSÉ ALBORNOZ, siendo
que no constan en actas fundados y suficientes elementos de convicción para estimar
que el referido ciudadano es presunto autor o participe de los delitos que se le imputa,
citando como fundamento de su decisión una serie de actuaciones policiales que se
practicaron de manera ilegal y que para nada constituyen un elemento de convicción o
al menos un indicio serio que comprometa su responsabilidad penal.
Es en razón de lo anterior que la parte accionante solicita se ordene el cese de todos
los efectos de la resolución dictada en fecha primero (01) de mayo de 2021 por el
Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia en Funciones de Control, extensión
Cabimas, en el acto de presentación de imputado, por considerar que la misma lesiona
los derechos y garantías constitucionales de su defendido.
III
DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO EN SEDE CONSTITUCIONAL
Corresponde a esta Sala previamente establecer su competencia para decidir la
presente Acción de Amparo Constitucional ejercida en contra del Juzgado Segundo (2°)
de Primera Instancia en Funciones de Control, extensión Cabimas, a objeto de lo cual
considera imprescindible citar las disposiciones legales contenidas en los artículos 2 y
4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los
cuales textualmente prevén:
“Artículo 2: La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión
provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal.
También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas
jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen
violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley.
Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo
aquella que sea inminente…” (Subrayado de la Sala).
“Artículo 4: Igualmente procede la Acción de Amparo cuando un Tribunal de la
República actuando fuera de su competencia dicte una resolución o sentencia u
ordene un acto que lesione un Derecho Constitucional.
En estos casos la Acción de Amparo debe interponerse por ante un Tribunal superior
al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve sumaria y efectiva.”
(Subrayado de la Sala).
Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N°
67 de fecha nueve (09) de marzo del 2000, estableció:
“...Al respecto, observa este máximo Tribunal que, la Acción de Amparo constitucional
prevista en el artículo 4º de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, no está dirigida solamente a las sentencias o fallos judiciales, sino
que la misma puede referirse a cualquier decisión o acto que realice el Juez que, en
criterio del accionante, lesione sus derechos constitucionales. Así, corresponde al
accionante determinar qué acto dictado por el Juez, es el que, en su criterio, lesionó
sus derechos constitucionales...” (Subrayado de esta Alzada).
Asimismo, mediante Decisión N° 2.347 de fecha veintitrés (23) de noviembre de 2001,
la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal señaló:
“…De tal manera que, en el caso sub examine, habiéndose pronunciado la sentencia
interlocutoria por un Tribunal de Primera Instancia, en atención a la doctrina
establecida por esta Sala Constitucional en la citada decisión, le corresponde al
Juzgado superior jerárquico conocer en primera instancia de la Acción de Amparo
constitucional interpuesta y no a esta Sala Constitucional como erróneamente fue
señalado por la representación de la parte accionante…” (El subrayado es de esta
Alzada).
En consecuencia, esta Sala en atención a lo dispuesto en los artículos 2 y 4 de la Ley
Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como a los
criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el
primero de fecha veinte (20) de enero del año 2000 con ponencia del Magistrado Jesús
Eduardo Cabrera Romero, caso Emery Mata Millán, donde se decidió que era
competencia de la Corte de Apelaciones en lo Penal el conocimiento de la Acción de
Amparo como Primera Instancia cuando ésta sea intentada contra cualquiera de los
Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, bien sea de Control, Juicio o Ejecución; y
el segundo de fecha ocho (08) de diciembre del año 2000, caso Chanchamire
Bastardo, donde se fijan las reglas complementarias a la anterior decisión; se declara
COMPETENTE para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional, en
virtud de ser el Juzgado Superior Jerárquico de aquel a quien se le atribuye la presunta
violación de múltiples derechos y garantías de rango constitucional. Así se declara.-
IV
DE LA ADMISIBILIDAD O INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO
CONSTITUCIONAL INTERPUESTA
La presente Acción de Amparo Constitucional ha sido incoada contra el Juzgado
Segundo (2°) de Primera Instancia en Funciones de Control, extensión Cabimas, por
considerar la parte accionante que el Tribunal de Instancia lesionó los derechos y
garantías constitucionales de su defendido al Debido Proceso, la Tutela Judicial
Efectiva, la Defensa y la Libertad Personal establecidos en los artículos 26, 44 y 49 de
la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, ello al decretar la
aprehensión en flagrancia y a su vez la Medida Cautelar de Privación Judicial
Preventiva de Libertad en contra del ciudadano DENNYS JOSÉ ALBORNOZ, por la
presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO, ASOCIACIÓN PARA
DELINQUIR y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, con base en unos hechos que
ocurrieron diez (10) días antes de su detención y no cursando en actas fundados y
suficientes elementos de convicción para estimar que el hoy imputado es presunto
autor o participe de los hechos que se le imputa.
Asumida como ha sido la competencia por esta Sala y vistos los términos de la Acción
de Amparo Constitucional interpuesta, se procede a verificar con carácter previo si la
mencionada acción cumple con los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para determinar si
la pretensión constitucional se encuentra o no incursa en las causales de
inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la precitada Ley Especial; y a tales efectos
se observa:
En relación al primer requisito que debe cumplir la parte accionante a los fines de que
su acción pueda ser admitida y sustanciada por el Tribunal Constitucional, el artículo 18
de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece
lo siguiente:
“…1.-Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la
persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del
poder conferido.
(…Omissis…)” (Subrayado de la Sala).
De la revisión efectuada a la presente Acción de Amparo Constitucional, este Tribunal
de Alzada en Sede Constitucional verifica que consta en actas “Resolución N° 1C-338-
2021” de fecha veintiuno (21) de junio de 2021 inserta en el folio N° dieciocho (18) de
las presentes actuaciones, razón por la cual este Tribunal Colegiado evidencia que la
representación de la parte accionante se encuentra debidamente legitimada para
intentar la presente acción extraordinaria al asistir al imputado de auto y presunto
agraviado, dando cumplimiento a los deberes y obligaciones inherentes a las
responsabilidades que implica el cargo de representación y/o defensa ante un Juez
conforme lo señala el artículo 141 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora, en cuanto a la normativa contenida en el artículo 6 de la citada Ley Especial
este Tribunal Colegiado considera necesario analizar los fundamentos contenidos en la
Decisión N° 001.2020 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia,
dictada en completa armonía y a los fines de garantizar el acceso a la justicia en todas
las áreas, y muy especialmente para garantizar la seguridad jurídica y la tutela judicial
efectiva que asiste a cualquier ciudadano que habite o se encuentre de transito en la
Republica Bolivariana de Venezuela:
“…PRIMERO: …Ello no impide que se practiquen las actuaciones urgentes para el
aseguramiento de los derechos de alguna de las partes, de conformidad con la ley. Los
órganos jurisdiccionales tomaran las debida previsiones para que no sea suspendido el
servicio público de administración de justicia. A tal efecto se acordara su habilitación
para se proceda al despacho de los asuntos urgentes.
SEGUNDO: En materia de amparo constitucional se consideran habilitados todos los
días del periodo antes mencionado. Los jueces, incluso los temporales están en la
obligación de tramitar y sentenciar los procesos respectivos. Las Salas Constitucional
y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia permanecerán de guardia durante el
estado de contingencia.
TERCERO: En cuanto a los tribunales con competencia en materia penal se
mantendrá la continuidad del servicio publico de administración de justicia a nivel
nacional, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 156 del Código Orgánico
Procesal Penal solo para los asuntos urgentes. (Negrillas de la Sala).
CUARTO: Los Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia durante
el periodo de Alarma Constitucional, es decir desde el 16 de marzo al 13 de abril de
las 2020 ambas fechas inclusive mantendrán el quorum necesario para la deliberación
conforme con lo que regula los artículos 10 y 121 de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia.
QUINTO: Los jueces rectores y las juezas rectoras, los presidentes y presidentas de los
juzgados nacionales de lo contencioso administrativo, los presidentes y las presidentas
de los circuitos judiciales penales, los coordinadores y las coordinadoras de los
circuitos judiciales de protección de niños, niñas y adolescentes y los coordinadores y
las coordinadoras de los tribunales con competencia en materia en delitos de violencia
contra la mujer, quedan facultados para que adopten las medidas conducentes para
garantizar el acceso a la justicia en las diversas circunscripciones judiciales, de
conformidad con los objetivos de la presente resolución, debiendo informar
inmediatamente de las misma a la comisión judicial.
SEXTO: LA comisión judicial y la inspectoría general de tribunales atenderán con
prontitud todo reclamo que sea formulado en relación con lo que dispone esta
resolución y con tal finalidad, adoptaran el sistema de guardias para las labores de
coordinación, inspección y vigilancia que les corresponden, priorizando el uso de los
medios electrónicos y pagina Web oficiales.
SEPTIMO: se insta a las juezas, jueces, funcionarias y funcionarios integrantes del
poder judicial a tomar las medidas sanitarias en la ejecución de sus actividades, se
hace obligatorio el uso de guantes y tapabocas en todas las sedes judiciales del
país…”
En este mismo orden de ideas, considera imprescindible esta Alzada citar el contenido
del artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone lo siguiente:
“Artículo 156: Para el conocimiento de los asuntos penales en la fase preparatoria
todos los días serán hábiles. En las fases intermedia y de juicio oral no se computarán
los sábados, domingos y días que sean feriados conforme a la ley, y aquéllos en los que
el tribunal no pueda despachar. La administración de Justicia penal es una función del
Estado de carácter permanente, en consecuencia, no podrá ser interrumpida por
vacaciones colectivas o cualquier otra medida que afecte el cumplimiento de los lapsos
procesales. En materia recursiva, los lapsos se computarán por días de despacho.”
(Subrayado de la Sala).
De las consideraciones anteriormente citadas y con atención a las disposiciones de
orden social emanadas de nuestro Máximo Tribunal en virtud de los graves riesgos de
salud publica y seguridad de los ciudadanos habitantes de la Republica Bolivariana de
Venezuela por motivo de la pandemia COVID-19, en consonancia con las políticas
adoptadas por el Ejecutivo Nacional tendientes a la implementación de medidas
urgentes y efectivas para la protección y preservación de la salud de la población
venezolana, y establecido además que la celeridad y buena marcha de la
administración de justicia esta garantizada por el Estado Venezolano los 365 días al
año, con una organización que el orden jurídico establece procurando el cabal
cumplimento de las garantías de los justiciables a través del sistema de guardias a
nivel de todas la jurisdicciones, en especial en materia penal, todo en atención
necesariamente a lo dispuesto en el artículo 156 del Código Organito Procesal Penal,
el cual encuentra justificación en el artículo 44 de nuestra Carta Magna.
De manera que a pesar de la contingencia que ha motivado la implementación de
medidas urgentes, efectivas y necesarias de protección y preservación de la salud de la
población venezolana, el acceso a la justicia penal esta garantizado en resguardo de
los derechos y garantías constitucionales que le son inherentes a toda persona, por lo
que no le asiste la razón a la parte accionante al indicar que la vía por ella empleada es
la mas expedita e idónea para atender a su pretensión jurídica, ya que el sistema de
justicia esta facultado muy enfáticamente y como excepción, en los tribunales penales,
para habilitar el tiempo necesario para resolución de todas aquellas peticiones
urgentes, dada la competencia espacialísima de la materia penal, pues versa sobre los
derechos mas intrínsecos a la condición humana, razón por la cual considera este
Tribunal Colegiado que, en modo alguno, la vía excepcional del Amparo Constitucional
sea en este caso el medio idóneo que debió ser empleado por la Defensa Privada del
imputado de autos para plantear los fundamentos de su pretensión.
De lo anterior se colige que existe en el presente caso una causal de inadmisibilidad de
la Acción de Amparo Constitucional incoada, a tenor de lo dispuesto en el numeral 5°
del artículo 6 de la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el
cual dispone lo siguiente:
“Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:
(…Omissis…)
5. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o
hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o
amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá
acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la
presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto
cuestionado. (Subrayado de la Sala).
Así las cosas, a criterio de este Tribunal actuando en Sede Constitucional en el
presente caso se observa que la parte accionante contaba efectivamente con otras vías
jurídicas para la satisfacción de su pretensión, siendo que dicha acción versa sobre la
supuesta vulneración de derechos y garantías constitucionales que la Jueza de Control
causó a su defendido al decretar la aprehensión en flagrancia y a su vez la Medida
Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del ciudadano DENNYS
JOSÉ ALBORNOZ, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO
CALIFICADO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD,
con base en unos hechos que ocurrieron diez (10) días antes de su detención y no
cursando en actas fundados y suficientes elementos de convicción para estimar que el
hoy imputado es presunto autor o participe de los hechos que se le imputa, a
consideración del accionante; razón por la cual lejos de configurar una injuria
constitucional, puede ser atacada por medio de otras vías ordinarias que no fueron
utilizadas por el hoy accionante; por lo que al haber evidenciado esta Sala que el
mismo no ejerció las vías ordinarias para la satisfacción de su pretensión, la presente
Acción de Amparo Constitucional resulta forzosamente INADMISIBLE en razón de su
carácter extraordinario.
Asimismo, y en consonancia con lo dispuesto en el párrafo anterior, considera oportuno
este Cuerpo Colegiado citar el criterio expuesto por los autores Humberto Bello
Tabares y Dorgi Jiménez Ramos en su obra “El Nuevo Amparo en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela”, con relación a la causal de inadmisibilidad
prevista en el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos
y Garantías Constitucionales:
“… La norma señalada, contempla lo que se ha denominado el carácter extraordinario
y no residual de la acción de amparo, al cual hemos hecho referencia anteriormente,
dado que esta no es ni supletoria de las vías ordinarias ni depende de ellas, y sólo
cuando no existan vías ordinarias o cuando estas no sean idóneas para restablecer en
forma rápida, breve, expedita, eficaz, oral y sin formalismos alguno la situación
jurídica infringida, es que procede la acción de amparo Constitucional, pero en el caso
de existir otra vía con estas características, y haber optado el agraviado por hacer
valer sus derechos a través de la misma, se cierra el acceso a la vía del amparo
constitucional…” (Subrayado de la Sala).
De igual manera, el autor Rafael Chavero Gazdik en su texto “El Nuevo Régimen del
Amparo Constitucional en Venezuela”, refiere que:
“…En efecto, en este ordinal se dispone como causal de inadmisibilidad de la acción
de amparo cuando “el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales
ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes”. Como puede
observarse, la mencionada causal está referida, en principio, a los casos en que el
particular primero acude a una vía ordinaria y luego pretende intentar la acción
amparo constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia ha entendido, para tratar de
rescatar el principio elemental del carácter extraordinario del amparo, que no solo es
inadmisible el amparo constitucional cuando se ha acudido primero a la vía judicial
ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía
no sea hace, sino que se utiliza el remedio extraordinario…” (Al respecto indica
decisión dictada por la Sala Política-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia,
en fecha 14-8-90, en el caso: Pedro Francisco Grespan Muñoz.) (Subrayado de la
Sala).
En consonancia con la doctrina antes expuesta, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia en Sentencia Nº 510, de fecha siete (07) de mayo de 2013, ha
dejado sentado que la Acción de Amparo Constitucional por su carácter extraordinario
debe agotar los requisitos previos y necesarios que permitan su procedimiento, al
expresar lo siguiente:
“…Ahora bien, es doctrina reiterada de esta Sala, en relación con la norma antes
transcrita, que la admisibilidad de la demanda de amparo está sujeta a que el
interesado no cuente con vías judiciales ordinarias o medios judiciales preexistentes, o
bien que, ante la existencia de éstos, los mismos no permitan la reparación apropiada
del perjuicio a los derechos o garantías constitucionales que se denuncian como
presuntamente vulnerados. De modo que el amparo será procedente cuando se
desprenda, de las circunstancias de hecho y derecho del caso, que el ejercicio de los
medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute
del bien jurídico que fue lesionado…”
En razón de todo lo anterior, mal puede emplearse la vía del Amparo como sustituto de
los mecanismos ordinarios, dado el carácter reparador o restitutor de esta acción, cuyo
objetivo primordial es reparar inmediatamente el daño producido por la violación o
amenaza de violación directa de algún derecho que no pueda ser subsanado de algún
modo por las vías ordinarias, recursos estos que deben ser agotados por las partes
antes de acudir a la vía extraordinaria de Amparo Constitucional, como ya lo ha
señalado nuestro Máximo Tribunal en Sala Constitucional, mediante Sentencia N° 939
de fecha nueve (09) de agosto del 2000:
“…Si esos medios judiciales ordinarios no son agotados antes de intentarse el amparo,
la acción deviene inadmisible, conforme lo señala el numeral 5 del artículo 6 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Sin embargo, la
parte afectada, dentro de la oportunidad de la apelación, puede optar por el amparo en
vez de los medios de impugnación que ofrece el Código Orgánico Procesal Penal, si
existe alguna urgencia, en el caso en concreto, que demuestre que los recursos
existentes en el proceso que motivó el amparo, no darán satisfacción a la pretensión
deducida (ver sentencia N° 963, del 5 de junio de 2001, caso: José Ángel Guía).
En ese caso, la parte que acude al amparo debe señalar las causas por las cuales su
pretensión no puede ser satisfecha, para que el juez constitucional pondere, bajo
análisis, si debe admitir o no el amparo. Si la parte accionante no señala nada,
entonces la vía del amparo no puede abrirse, por cuanto no se demostró la urgencia
requerida para su admisión…”
De la jurisprudencia transcrita ut supra, resulta evidente que la Acción de Amparo
Constitucional es un medio especial y extraordinario que sólo procede en situaciones
muy particulares, y en el caso concreto se observa que el quejoso pretende que esta
Instancia Superior a través de la Vía de Amparo, resarza un presunto daño a su
defendido sin antes haber agotado las vías ordinarias, tal como la establecida en el
artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, a través del recurso de apelación.
Asimismo, consideran oportuno las Juezas Integrantes que conforman esta Sala de
Alzada, citar el criterio emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, mediante fallo N° 394 de fecha veintiséis (26) de abril de 2013, con ponencia
del Magistrado Juan José Mendoza Jover, en el cual estableció:
“…Planteados así los límites de la impugnación, esta Sala, del estudio de las actas que
conforman el presente proceso, aprecia que la demanda de amparo constitucional
invocada, tal y como lo dispuso expresamente el “a quo” constitucional, es
inadmisible, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 5, de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, el hecho supuestamente lesivo, vale decir: la decisión que dictó, el 23 de
noviembre de 2012, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control
del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la cual acordó mantener la
privación judicial preventiva de libertad de la ciudadana Jenny Carolina Rojas
Sánchez, en razón de su presunta participación en la comisión de los delitos de
sicariato y asociación para delinquir, por expresa disposición legal contenida en el
artículo 447 (hoy artículo 439), numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal
vigente para la época, es recurrible ante la Corte de Apelaciones mediante el ejercicio
del recurso de apelación de autos (Vid. entre otras, sentencias n.os 90, de fecha 01 de
marzo de 2005, caso: Claudia Valencia; y, 1584, del 19 de noviembre de 2009, caso:
José Clemente Torres).
De esta manera, es indudable que, en el presente caso, resulta aplicable el artículo 6,
numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, que establece la inadmisibilidad de la acción de amparo, en aquellos
casos en los que el presunto agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales
ordinarias o haya hecho uso de los medios judiciales preexistentes o los tenga a su
disposición, por cuanto la acción de amparo, dado el carácter especial y residual de la
misma, no puede ser considerada como única vía idónea para restituir situaciones
jurídicas presuntamente infringidas, las cuales pueden ser objeto de restablecimiento
mediante el uso de los medios legales preexistentes.
Ello así, por cuanto el amparo constitucional es una acción de carácter extraordinario,
por lo que su procedencia está limitada solo a aquellos casos en los que sean violados
a los solicitantes de manera directa, inmediata y flagrante derechos subjetivos de
rango constitucional o previstos en los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos, para cuyo restablecimiento no existan vías procesales ordinarias, eficaces e
idóneas, o bien porque ante su existencia, las mismas no permitan la reparación
apropiada del perjuicio a los derechos o garantías constitucionales que se denuncian
vulnerados.
De modo que, el amparo será procedente, cuando de las circunstancias de hecho y
derecho del caso, se desprenda que el ejercicio de los medios procesales ordinarios
resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico que fue
lesionado.
En tal sentido, cabe señalar que esta Sala ha interpretado la citada causal de
inadmisibilidad de la acción de amparo (Vid. sentencia n.° 2369, del 23 de noviembre
de 2001, caso: Mario Téllez García y otro), en el sentido siguiente:
(…) la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5
de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra
simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de
amparo.
Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el
agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales
preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y,
a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda
alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.
No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la
opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un
derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el
cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos
23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de
manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya
optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales
preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega
injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los
lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de
los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea
inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria
inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la
jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos
ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho
artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas
integrativas de que dispone el intérprete (…) [Subrayado de la decisión].
Bajo tales premisas, el propio ordenamiento legal ofrece un mecanismo idóneo y
expedito, como lo es: el recurso de apelación, en razón de lo cual, la defensa del hoy
accionante no puede pretender sustituir, a través del amparo, el medio o recurso
ordinario que preceptúa el ordenamiento procesal vigente para el restablecimiento de
la situación jurídica que supuestamente fue infringida, pues, dichos medios constituyen
la vía idónea para garantizar la tutela judicial efectiva y sólo cuando no obtengan
respuesta o haya una dilación procesal indebida, los interesados pueden acudir a la
vía del amparo. En tal sentido, admitir lo contrario comportaría la desaparición de las
vías ordinarias establecidas por el legislador para la eficaz realización de los derechos
e intereses de las partes dentro de un determinado proceso.
De igual manera, esta Sala reitera su doctrina respecto de la idoneidad de los medios
ordinarios de impugnación, en el sentido que, al pronunciarse una sentencia definitiva
o interlocutoria apelable, si de ella resulta que se infringe algún derecho o garantía
constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de
inmediato si se apela, y la alzada decide dentro de los términos para ello. De allí, la
negación del amparo al accionante, con base a la existencia de la vía procesal
ordinaria de la apelación, ya que por esta vía se puede restablecer la situación jurídica
infringida antes que la lesión cause un daño irreparable, descartándose así la amenaza
de violación lesiva, y sólo si los jueces de la alzada, quienes igualmente son
protectores de la Constitución, que conocieren de esta petición decidieran con
violación de derechos y garantías constitucionales, que amenazaran de irreparable su
situación, podría acudir a la vía del amparo…” (Destacado de la Sala).
De la trascripción parcial de la jurisprudencia ut supra mencionada, se infiere que la
parte agraviada puede satisfacer su pretensión mediante otra vía ordinaria, como lo es
el recurso previsto en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal. De igual
forma, es importante indicar que esta causal de inadmisibilidad se refiere no solo a que
la parte haya utilizado efectivamente otro mecanismo para la resolución de su conflicto,
sino que también tenga otra posibilidad jurídica ordinaria que agotar antes de la
interposición del Amparo Constitucional como vía excepcional y autónoma para la
resolución de la eventual conculcación de un derecho o garantía constitucional.
Es en merito de todas las consideraciones anteriores que esta Sala Tercera de la Corte
Superior de Apelaciones, actuando en Sede Constitucional, considera que lo
procedente en derecho en el presente caso es declarar INADMISIBLE la Acción de
Amparo Constitucional interpuesta por el profesional del derecho ENMANUEL
GONZÁLEZ, abogado en ejercicio debidamente inscrito en el Instituto de Previsión
Social del Abogado (IPSA) bajo el N° 123.184, actuando con el carácter de Defensor
Privado del ciudadano DENNYS JOSÉ ALBORNOZ, titular de la cedula de identidad N°
V.- 27-405-659, en contra del Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia en Funciones
de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, todo ello con
fundamento en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales, por tener la parte accionante otras vías jurídicas ordinarias
para la resolución de su pretensión. ASI SE DECIDE.-
V
DECISIÓN
Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Tercera de la Corte Superior de
Apelaciones con Competencia en Ilícitos Económicos del Circuito Judicial Penal del
estado Zulia, en Sede Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República
Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
ÚNICO: INADMISIBLE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por
el profesional del derecho ENMANUEL GONZÁLEZ, abogado en ejercicio debidamente
inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el N° 123.184,
actuando con el carácter de Defensor Privado del ciudadano DENNYS JOSÉ
ALBORNOZ, titular de la cedula de identidad N° V.- 27.405.659, en contra del Juzgado
Segundo (2°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal
del estado Zulia, extensión Cabimas, por tener la parte accionante otras vías jurídicas
ordinarias para la resolución de su pretensión, todo de conformidad con lo establecido
en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales.
Es todo, publíquese y regístrese en el libro respectivo y déjese copia certificada en
archivo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte Superior de Apelaciones,
Sala Tercera del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en Maracaibo a los veintidós
(22) días del mes de junio del año 2021. Años: 210° de la Independencia y 161° de la
Federación.
LAS JUEZAS PROFESIONALES
YENNIFFER GONZÁLEZ PIRELA
Presidenta de la Sala
VANDERLELLA ANDRADE BALLESTEROS MARÍA DEL ROSARIO CHOURIO URRIBARRI
Ponente
LA SECRETARIA
KARITZA MARÍA ESTRADA PRIETO
En esta misma fecha, se registró y publicó la anterior decisión bajo el N° 176-21 en el
libro de Decisiones Interlocutorias llevado por este Tribunal Superior, correspondiente a
la causa signada con el N° 1C-O-2021-223.
LA SECRETARIA
KARITZA MARÍA ESTRADA PRIETO