REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL UNDÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
211º y 162º
INTRODUCCIÓN
Recibida ante este Juzgado por efectos de la distribución virtual proveniente del correo electrónico de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, con ocasión a la solicitud de Divorcio por mutuo consentimiento incoada por los ciudadanos TERESA JOSEFINA FONSECA FERREBUS, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No V.-4.538.697, con número de teléfono +1(786)4586277, con correo electrónico teresafonseca1004@hotmail.com, representada legalmente por la Abogada en ejercicio REGINA ARANAGA MONASTERIO, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No. V.-4.993.164, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 18.137, con correo electrónico reginaaranaga@hotmail.es con número de teléfono 0414-6444374, de este domicilio, y ORLANDO ANTONIO FERRER DIAZ, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. V.- 5.163.415, con correo electrónico ferreroantonio@hotmail.com, con número de teléfono 0424-6076500, de este domicilio, asistido por la abogada en ejercicio REGIMAR ARANAGA MONASTERIO, venezolana, mayor de edad, portadora e la cédula de identidad No V.- 23..456.529, con correo electrónico regimar_aranaga@hotmail.com, con número de teléfono 0414-6922633, con fundamento al criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 02/06/2015, sentencia No.693.
ANTECEDENTES
En fecha veintisiete (27) de Julio de 2021, se dio entrada y se le asigna numeración, a la presente solicitud de divorcio por mutuo consentimiento.
En fecha cinco (05) de Agosto de 2021, es admitida la presente solicitud cuanto ha lugar en derecho, ordenándose la citación del Fiscal del Ministerio Público del Estado Zulia.
El día once (11) de Agosto de 2021, el Alguacil Titular de este Tribunal dejó constancia de haber practicado la notificación de la representación fiscal.
Siendo la oportunidad legal correspondiente para resolver lo conducente, esta Juzgadora procede a realizar las siguientes consideraciones:
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Establecido el punto anterior, esta Juzgadora trae a colación el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 693, Exp. N° 12-1163 de fecha dos (2) de junio de 2015, que al respecto dispuso lo siguiente:
“(…) Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento…” (Negrillas de la Sala).
En efecto, reitera la Sala en su fallo que resulta indudable que cualquiera de los cónyuges, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente para contraer el vínculo matrimonial, pueden con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas encontrarse interesados en poner fin a su matrimonio por sobrevenidamente existir situaciones que impidan la continuación de la vida en común. Ese interés, relata la Sala, debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtenerse una sentencia que satisfaga su necesidad de requerir tutela del Estado, y en consecuencia, ponga fin al vínculo conyugal.
Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, encontrándose en muchas situaciones ambos cónyuges frente a un vacío que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida frente a una regulación preconstitucional escasa e incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales.
En tal sentido, concluye el criterio vinculante antes transcrito la posibilidad que tienen los cónyuges de requerir el divorcio por cualesquiera otra situación que estimen impida la continuación de la vida en común fuera de las establecidas en la normativa sustantiva vigente, encontrándose entre ellas, el mutuo consentimiento sin necesidad que los solicitantes se encuentren separados de hecho por más de cinco (5) años conforme a lo preceptuado en el artículo 185-A del Código Civil Vigente, o separados de cuerpos judicialmente sin reconciliación por más de un (1) año tal y como lo preceptúa el primer aparte del artículo 185 ejusdem, cuyas situaciones fácticas, constituían las únicas modalidades de divorcio por mutuo consentimiento existentes antes de la publicación del fallo constitucional antes citado.
Aclarado lo anterior, de un análisis del contenido de las actas que integran el presente expediente, prevé esta Operadora de Justicia que los solicitantes contrajeron Matrimonio Civil en fecha siete (07) de noviembre de 1.981, ante la Jefatura Civil de la Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, tal y como se desprende del acta de matrimonio signada con el número mil tres (1003) de los libros llevados por el Registro Civil antes nombrado para el año 1.981 consignada junto a la solicitud mediante copia certificada en atención a lo dispuesto en el primer aparte del artículo 185-A del Código Civil cuya aplicación por analogía realiza éste Órgano Jurisdiccional, y al cual esta Sentenciadora le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, en concordancia con el contenido del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de una copia certificada de un instrumento público.
Asimismo, verifica esta Juzgadora que ambos solicitantes una vez contraído el vínculo matrimonial establecieron como su último domicilio conyugal, Urbanización Lago Azul, Edificio Rio Apón, 4to. Piso, Apartamento 4B, Sector Sabaneta, en jurisdicción de la Parroquia Manuel Dagnino del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Así las cosas, ambos cónyuges declararon haber procreado dos (2) hijos, de nombres SAMUEL ALEJANDRO Y GABRIELA ALEXANDRA FERRER FONSECA, venezolanos, mayores de dad, portadores de la cédula de identidad No. V.-16.780.817 y V.-18.287.163 respectivamente de igual forma manifestaron no haber adquirido bienes que repartir, por lo que este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, ejerciendo su competencia material y de forma exclusiva en todos aquellos asuntos de Jurisdicción voluntaria dentro de los Municipios antes nombrados, resulta plenamente competente en función del criterio vinculante antes transcrito, para pronunciarse sobre la procedencia en derecho de la solicitud incoada y así lo hará en la parte dispositiva del presente fallo. Así se declara.-
En ese sentido, y a pesar que el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la protección que el Estado debe brindar al matrimonio entre el hombre y la mujer, no es menos cierto que la realidad de la vida conyugal puede conllevar a una situación que se haga insostenible para los cónyuges, por lo que esta protección encuentra su límite en la necesidad de disolver la unión matrimonial únicamente en los casos expresamente permitidos por la Ley o la Jurisprudencia constitucionalmente vinculante, como ocurre con esta especial modalidad de divorcio.
No obstante lo anterior, observa además esta Juzgadora que una vez notificada la representación fiscal, éste no acudió al proceso a realizar ninguna oposición sobre la solicitud de divorcio incoada, por lo que al ser este Tribunal competente para declarar la disolución del vínculo legal de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución número 2009-0006, de fecha dieciocho (18) de marzo de 2009, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, concluye quien suscribe el presente fallo que se cumplieron los supuestos establecidos en la ley, para considerar procedente en derecho la disolución del vínculo matrimonial, y así se hará constar en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide.-
DECISIÓN
Con fundamento a las consideraciones de hecho, derecho, jurisprudenciales y doctrinarias ut supra referidas, este TRIBUNAL UNDÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR, la solicitud de Divorcio por Mutuo Consentimiento en atención al criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 02/06/2015, sentencia No.693, presentada por los ciudadanos TERESA JOSEFINA FONSECA FERREBUS, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No V.-,4.538.697, con número de teléfono +1(786)4586277, con correo electrónico teresafonseca1004@hotmail.com, representada legalmente por la Abogada en ejercicio REGINA ARANAGA MONASTERIO, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad Nro. 4.993.164, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 18.137, con correo electrónico reginaaranaga@hotmail.com, con número de teléfono 0414-6444374, de este domicilio, y ORLANDO ANTONIO FERRER DIAZ, venezolano, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad No V.-5.163.415, con correo electrónico ferreroantonio@hotmail.com, con número de teléfono 0424-6076500, de este domicilio. SEGUNDO: En consecuencia del particular anterior, se declara disuelto el vínculo matrimonial que unía a los referidos ciudadanos contraído por ante el Registrador Civil de la Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, acta No. 1003, de fecha siete (07) de noviembre de 1.981, instaurada en la solicitud No. 4211-2021 de la nomenclatura interna del Tribunal. De igual manera, procédase a la ejecución de la presente sentencia, a los efectos de los artículos 523 del Código de Procedimiento Civil y 152 de la Ley Orgánica del Registro Civil, remítanse dos (02) juegos de copias certificadas con oficio a los registros respectivos y expídase las que ameriten las partes.
Publíquese, regístrese, incluso en el sitio Web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve así como en la página www.zulia.scc.org.ve, déjese copia de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este TRIBUNAL UNDÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a los diecisiete (17) días del mes agosto del año 2021. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación.-
La Jueza,
Abog. Beltzaliz Gonzalez Jaimes
La Secretaria
Abog.Jakeline Palencia
En esta fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado en la anterior decisión siendo las 12:00 p.m, bajo el No. 38-2021 y se libraron los oficios Nos. 081-2021 y 082-2021.-
La Secretaria
Abog.Jakeline Palencia
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