REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES SALA 1

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Sala Primera
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia
Maracaibo, 29 de septiembre de 2020
209º y 160º

ASUNTO PRINCIPAL : 4C-131-2020

DECISIÓN N° 180-20

PONENCIA DE LA JUEZA DE APELACIONES MAURELYS VILCHEZ PRIETO

Visto el RECURSO DE APELACIÓN DE AUTOS, interpuesto por la profesional del derecho LAURA B. CORCUERA AVILA, Fiscal Auxiliar adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Zulia con competencia en Fase Intermedia y juicio con sede en Cabimas, contra la decisión Nº 4C-277-2020, de fecha 11 de septiembre de 2020, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia extensión Cabimas, mediante la cual una vez admitida la Acusación Fiscal así como los medios de pruebas, se SUSTITUYE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION DE LIBERTAD decretada contra los ciudadanos EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ y JOSE ARQUIMEDEZ BALLESTEROS VILLARROEL, titulares de la cédula de identidad Nos. 18.944.703 y 12.413.033, respectivamente, por la comisión de los delito de TRAFICO DE MATERIAL ESTRATEGICO, previsto y sancionado en articulo 34 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, cometido en perjuicio de PDVSA, por la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA de Arresto Domiciliario, prevista en el ordinal 1º del articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal; así como la admisibilidad proferida por esta sala, previa designación como ponente a la Jueza Profesional MAURELYS VILCHEZ PRIETO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión, encontrándose dentro del lapso legal, pasa a resolver sobre la procedencia de la incidencia recursiva, en los siguientes términos:



DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO

La profesional del derecho LAURA B. CORCUERA AVILA, Fiscal Auxiliar adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Zulia con competencia en Fase Intermedia y juicio con sede en Cabimas, refiere que en fecha 11 de septiembre de 2020, el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia con sede en Cabimas. Resuelve una vez admitida la acusación fiscal, con fundamento en los numerales 2 y 9 del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal y admitiendo el hecho en forma voluntaria los imputados, ahora acusados de actas, declaró con lugar el PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR ADMISION DE HECHOS, establecido en el artículo 375 ejusdem, para los ciudadanos EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ y JOSE ARQUIMEDEZ BALLESTEROS VILLARROEL, titulares de la cédula de identidad Nos. 18.944.703 y 12.413.033, respectivamente, a cumplir la pena de CINCO (05) AÑOS DE PRISION MAS LAS ACCESORIAS DE LEY, por la comisión de los delito de TRAFICO DE MATERIAL ESTRATEGICO, previsto y sancionado en articulo 34 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, cometido en perjuicio de PDVSA, por la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA de Arresto Domiciliario, prevista en el ordinal 1º del articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, y como consecuencia de ello modifica la medida impuesta y le impone la medida de coerción personal antes mencionada hasta tanto el tribunal de ejecución determine el cumplimiento de la pena.

A criterio de la recurrente la Jueza a quo no tomó en consideración el nivel de afectación del Estado Venezolano por la comisión de este tipo de delitos, siendo que es uno de los delitos más recurrentes en el Estado, como lo es el delito de TRAFICO DE MATERIAL ESTRATEGICO, donde se ven afectados los bienes y servicios de la industria petrolera, Petróleos de Venezuela S.A, donde fueron aprehendidos EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ y JOSE ARQUIMEDEZ BALLESTEROS VILLARROEL, debidamente identificados en actas y a quienes les fueron incautados Cuatro (04) Rollos de cable asperado de cien metros revestidos de material sintético plástico de color negro utilizados para el suministro de energía eléctrica en los pozos petroleros, una caladora de metal (Cizalla), una caja contentiva de grapas de metal (cizalla), una caja contentiva de grapas de metal, una balanza de peso de color gris, siendo que este material es utilizado por la industria y por ende deteriora más al sistema venezolano.

Así mismo hace constar la representante fiscal que no es que el Ministerio Público se oponga a las admisiones de hechos realizadas por los imputados sino que no se otorguen medidas cautelares una vez que el acusado haya admitido los hechos, aun cuando considera quien recurre que es discrecional del Juez aplicar cómputos a los límites que más considere convenientes, pero en este caso, arguye este tipo de delitos involucran directamente los recursos de la industria venezolana por lo que se debería considerar el daño causado.

Argumenta asimismo que la Jueza de Control usurpó funciones propias del Juez de Ejecución, pues después de condenados solo a ese órgano subjetivo de corresponde señalar la forma como será el cumplimiento de esa pena, conforme lo establece el artículo 470 y siguientes del Còdigo Orgànico Procesal Penal.

Finaliza señalando que su pedimento versa únicamente en la REVOCATORIA DE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD decretada a favor de los ciudadanos EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ y JOSE ARQUIMEDEZ BALLESTEROS VILLARROEL, titulares de la cédula de identidad Nos. 18.944.703 y 12.413.033, respectivamente, se mantenga la Medida de Privación de Libertad.

DE LA CONTESTACION EFECTUADA POR LA DEFENSA PÙBLICA

Por su parte la defensora Pública Tercera adscrita a la Unidad de Defensa Pública de Cabimas ABG. YULIANA VALECILLOS, actuando con el carácter de defensora de los ciudadanos EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ y JOSE ARQUIMEDEZ BALLESTEROS VILLARROEL, titulares de la cédula de identidad Nos. 18.944.703 y 12.413.033, respectivamente, en su escrito de contestación transcribe parte de la decisión judicial a los fines de esquematizar la forma como ocurrió la audiencia preliminar.

Señalando en defensa de sus defendidos, que la Jueza de Control actuó con la autoridad conferida y apegada a la norma, tal cual como lo fundamentó en su decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal el cual indica que una vez finalizada la audiencia el Juez o Jueza resolverá, en presencia de las partes sobre las cuestiones, según corresponda – admitir total o parcialmente la acusación fiscal, atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación fiscal, decidir acerca de las Medidas Cautelares, Sentenciar conforme al Procedimiento por Admisión de Hechos –.

En su entender es facultad del Juez de Control decidir sobre la Medida Cautelar en esa oportunidad más si se toma en cuenta la pena impuesta más aun cuando no se logró precisar el daño causado a la Industria del Estado.

Finaliza y solicita sea declarado sin lugar el recurso presentado por el Ministerio Público y sea confirmada la decisión recurrida.

CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR

Se ha elevado al conocimiento de esta Alzada por vía del recurso de apelación autos en efecto suspensivo, la revisión de la decisión Nº 4C-277-2020, de fecha 11 de septiembre de 2020, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia extensión Cabimas, en el Acto de Audiencia Preliminar pero únicamente con respecto al pronunciamiento efectuado por la Jueza A quo con respecto a la Sustitución de la Medida de Privación de Libertad, siendo ese el punto medular del medio impugnativo, por cuanto considera que usurpó funciones propias correspondientes al Juez de Ejecución.
Ahora bien, se considera necesario, señalar que la fase intermedia del proceso penal conforme lo ha sostenido con criterio vinculante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Sentencia N° 728, de fecha 20 de Mayo de 2011), comprende la realización y el control de diversas actuaciones, que tal como explana el aludido criterio jurisprudencial reiterado, se han sistematizado en tres grupos fundamentales, dependiendo del momento procesal en que se ejecutan, un primer grupo que comprende, todas aquellas actuaciones previas a la audiencia preliminar, como lo son la acusación, y el ejercicio por parte del Fiscal, de la víctima (siempre que se haya querellado o haya presentado acusación particular propia), y del imputado, de las facultades que les otorga el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal.
En el segundo grupo se encuentran aquellas, que se realizan durante el desarrollo de la audiencia preliminar, las cuales se encuentran reguladas en el artículo 312 del Código Adjetivo Penal, como lo son la exposición breve de los fundamentos y peticiones de cada una de las partes, recibir la declaración del imputado si éste a bien lo considere, con las formalidades establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, la información por parte del Juez de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, así como la información clara, precisa y detallada de los hechos que al imputado o imputados, le atribuye el Ministerio Público. Y finalmente, un tercer grupo que comprende los actos posteriores a la audiencia preliminar, que no son otros, que los distintos pronunciamientos que puede emitir el Juez de Control al finalizar dicha audiencia, con base a las peticiones formuladas por las partes y con fundamento a lo establecido en los artículos 313 y 314 de dicha Ley Adjetiva Penal.
Ahora bien, en lo que respecta al desarrollo de la audiencia preliminar, debe destacarse que es en ésta, donde el respectivo Juez de Control, realiza un control tanto material como formal de la acusación, lo cual se logra mediante el análisis de los fundamentos que tomó en cuenta el Fiscal del Ministerio Público para estimar que existen motivos para acusar y solicitar la realización de un juicio oral y público. Asimismo, el Juzgador en ella realiza el estudio sobre la licitud, pertinencia y necesidad de los medios de prueba que le son promovidos por las partes.

A tal efecto, quienes aquí deciden reiteran, que la fase intermedia del procedimiento penal ordinario, tal como lo ha establecido la jurisprudencia patria, tiene por finalidades esenciales: a) Depurar el procedimiento; b) Comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra; y c) Permitir que el Juez ejerza el control de la acusación. Esta última finalidad implica la realización de un análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, fungiendo esta fase procesal entonces como un filtro, a los fines de evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias (Vid. Sentencia N° 1.303, de fecha 20 de Junio de 2005, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

En tal sentido, la fase preparatoria está dirigida a la preparación del juicio oral y público, cuyo objeto es la recaudación de todos los elementos de convicción que permitan esclarecer la verdad de los hechos, es decir, donde las partes presentan los medios de prueba que serán debatidos en un eventual juicio oral y público, en efecto, en esta fase se sustentan las pruebas de las partes sin que las mismas se formen como tal, lo cual sí ocurrirá en la fase de juicio, donde se controvertirá acerca de la certeza de la acusación fiscal o del querellante.

Dicho de otro modo, en la fase intermedia se puede apreciar con mayor claridad la materialización del control riguroso del procedimiento penal instaurado, ya que en la misma, el Juez o Jueza lleva a cabo, el análisis sobre la existencia de motivos o no para admitir la acusación fiscal o de la víctima (según sea el caso), si ésta cumple con los requisitos de ley (artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal), la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la pruebas ofrecidas por las partes, entre otras, y en general, que tal verificación se desarrolle sin violaciones graves que lo invaliden o produzcan su nulidad. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha expresado lo siguiente:

“…El control de la acusación lo realiza el juez de control en la audiencia preliminar, en la cual, una vez finalizada, resolverá según corresponda sobre la admisión total o parcial de la acusación del Ministerio Público o del querellante y ordenará la apertura a juicio; así como también decidirá sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la pruebas ofrecidas para el juicio oral (…) el control judicial de la acusación se justifica como un modo de evitar que los defectos propios del acto acusatorio o sus presupuestos, afecten el derecho a la defensa del imputado…”. (Sentencia Nº 1156, de fecha 22 de Junio de 2007).

En ese orden de ideas, y de la revisión de la actuaciones presentadas, se constata que en fecha 11 de septiembre de 2020, el Juzgado Cuarto de Primera instancia en funciones de Control extensión Cabimas, llevo a efecto Acto de Audiencia Preliminar en la causa signada con el No 4C-131-2020 seguida contra los ciudadanos EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ y JOSE ARQUIMEDEZ BALLESTEROS VILLARROEL, titulares de la cédula de identidad Nos. 18.944.703 y 12.413.033, respectivamente, por la comisión del delito de TRAFICO DE MATERIAL ESTRATEGICO, previsto y sancionado en articulo 34 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, cometido en perjuicio de PDVSA, en esa oportunidad la Jueza instancia hizo los siguientes pronunciamientos:
“PR1MERO: SE ADMITE LA ACUSACION FISCAL, interpuesta por la Fiscalía 44° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, presentado en tiempo hábil, en contra de los imputados JOSE ARQUIMEDES BALLESTERO VILLARREAL, Venezolano, Titular de la Cedula de Identidad Nro. 12.413.033, estado civil soltero, Profesión u oficio pescador, hijo de José Ballesteros y Maria Villareal residenciado en la calle Venezuela, Barrio el Pincio, casa s/n, Bachaquero Estado Zulia, teléfono 0414.668.42.13 y EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ, Venezolano, Titular de la Ceduia de Identidad Nro. 18.944.703, estado civil soltero, profesión u oficio ama de casa, hijo de EL.BIA SUAREZ Y MANUEL BRACHO, residenciado en la calle Venezuela, barrio el pincio, casa s/n, Bachaquero/ Estado Zulia, Teléfono: 0424.621.68.72, por la presunta comisión del delito de de TRAFICO PE MATERIAL ESTRATEGICO, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento a! Terrorismo, cometido en perjuicio de la empresa PDVSA, así como los Medios de Pruebas ofrecidos en el escrito de acusación, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del articulo 313 del Código Orgánico Pracesql Penal.
SEGUNDO: Se ADMITEN todas las pruebas promovidas por el Ministerio Publico, por considerar este Tribunal que tales medios de pruebas son lícitos, legales necesarios y pertinentes, de conformidad con lo establecido en el numeral 9° del 313 del Código Orgánico Procesal Penal, acogidos por la defensa en atención al principio de comunidad de la prueba.
TERCERQ: Se SUSTITUYE la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LA LIBERTAD, a favor del imputada JOSE ARQUIMEDES BALLESTERO VILLARREAL, Venezolano, Titular de la Cedula de Identidad Nro. 12.413.033, estado civil soltero, Profesión u oficio pescador, hijo de José Ballesteros y Maria Villareal, residenciado en la calle Venezuela, Barrio el Pincio, casa s/n, Bachaquero Estado Zu'iia, teléfono 0414.668.42.13 y EUKARY IRENIABRACHO PEREZ, Venezolano, Titular de la Ceduia de Identidad Nro. 18.944,703, estado civil soltero, profesión u oficio ama de casa, hijo de ELBIA SUAREZ Y MANUEL BRACHO, residenciado en la calle Venezuela, barrio elpincio, casa s/n, Bachaquero, Estado Zulia, Teléfono: 0424.621.68.72, por la presunta comisión del delito TRAFICO DE MATERIAL ESTRATEGICO, previsto y sancionado en el articulo 34 de la Ley Organica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento a! Terrorismo, o n perjuicio de la empresa PDVSA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 242 ordinal ; del Código Orgánico Procesal Penal, como Io es el arresto Domiciliario, por Io que funcionarios adscritos al Coordinación Policial NO.- 09 Bachaquero deberán trasladar a los ciudadanos a la siguiente direcoion: EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ, en la calle Venezuela, barrio el principal, casa s/n, Bachaquero, Estado Zulia, Teléfono: 0424.621.63.72 y para el caso del ciudadano JOSJ ARQUIMEDES BALLESTERO VILLARREAL, en la calie Venezuela, Barrio el Pincio, casa s/n, Bachaquero Estado Zulia, teléfono 0414.668.42.13.-
CUARTO: Se CONDENA a los hoy penados JOSE ARQUIMEDES BALLESTERO VILLARREAL, Venezolano, Titular de la Ceduia de Identidad Nro. 12.413.033, estado civil soltero, Profesión u oficio pescador, hijo de Jose Ballesteros y Maria Villareal, residenciado en la calle Venezuela, Barrio el Pincio, casa s/n, Bachaquero Estado Zulia, teléfono 0414.663.42.13 y EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ, Venezolano, Titular de la Cedula de Identidad Nro. 18.944.703, estado civil soltero, profesión u oficio ama de casa, hijo de ELBIA SUAREZ Y MANUEL BRACHO, residenciado en la calle Venezuela, barrio el pincio, casa s/n, Bachaquero, Estado Zulia, Teléfono: 0424.621.68.72. por la comisión del delito de de TRAFICO DE MATERIAL ESTRATEGICO, previsto y sancionado en e! artículo 34 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento ql Terrorismo, cometido en perjuicio de la empresa PDVSA, a cumplir la pena de CINCO (05) ANOS DE DE PRISION, mas las accesorias de ley, conforme a lo dispuesto en el Articulo 375 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con e! Articulo 16 del Código Penal.
QUINTO: Asimismo, se ordena que una vez vencido el lapso de Ley, se remita la presente causa al Departamento de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, a los fines de que sea distribuida al Tribunal de Ejecución.”

Ahora bien, el Ministerio Público en su escrito recursivo señala que no se opone a la admisión de los hechos ni al cómputo de la pena, pero rechaza que la medida cautelar impuesta en ese acto de la Audiencia Preliminar, sea otorgada como premio a los imputados por su acción, aunado a ello, considera que no le corresponde al Juez de Control efectuar ese pronunciamiento luego de que el acusado haya manifestado su voluntad de de admitir los hechos.
En atención a esa denuncia, es oportuno traer a colación lo señalado en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone lo siguiente:

“Artículo 313. Finalizada la audiencia el Juez o Jueza resolverá, en presencia de las partes, sobre las cuestiones siguientes, según corresponda:
1. En caso de existir un defecto de forma en la acusación de el o la Fiscal o de el o la querellante, éstos podrán subsanarlo de inmediato o en la misma audiencia, pudiendo solicitar que ésta se suspenda, en caso necesario, para continuarla dentro del menor lapso posible.
2. Admitir, total o parcialmente, la acusación del Ministerio Público o de el o la querellante y ordenar la apertura a juicio, pudiendo el Juez o Jueza atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la de la acusación Fiscal o de la víctima.
3. Dictar el sobreseimiento, si considera que concurren algunas de las causales establecidas en la ley.
4. Resolver las excepciones opuestas.
5. Decidir acerca de medidas cautelares.
6. Sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos.
7. Aprobar los acuerdos reparatorios.
8. Acordar la suspensión condicional del proceso.
9. Decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral.” [Destacado de esta Sala].
Como es sabido, el objetivo fundamental de la Audiencia Preliminar es lograr la depuración del procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra, y permitir que el Juez ejerza el control formal y material de la acusación (Vid. Sentencia n° 1303 de 20 de junio de 2005 (caso: Andrés Eloy Dielingen Lozada), que fue dictada con carácter vinculante), lo cual conlleva a su vez a los pronunciamientos subsiguientes referidos a: Dictar el sobreseimiento, si considera que concurren algunas de las causales establecidas en la ley, Resolver las excepciones opuestas, Decidir acerca de medidas cautelares, Sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos, Aprobar los acuerdos reparatorios, Acordar la suspensión condicional del proceso y Decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral.
Ahora bien, observa esta instancia del acta que recoge lo suscitado en el acto de Audiencia Preliminar, que en primer lugar el Ministerio Público ratificó el escrito acusatorio y solicitó la admisión del mismo y el pase a la fase de Juicio Oral, solicitando se mantuviera la Medida de Coerción Decretada, posterior a ello la Jueza de Control le otorga la oportunidad a los ciudadanos EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ y JOSE ARQUIMEDEZ BALLESTEROS VILLARROEL, titulares de la cédula de identidad Nos. 18.944.703 y 12.413.033, respectivamente, de declarar previa imposición de los hechos y sus derechos, a lo cual manifestó que no deseaban declarar, subsiguientemente la Defensa Pública informa al Tribunal que sus defendidos les han manifestado su interés de admitir los hechos, que ella como defensa solicita asimismo la revisión de la Medida de Privación de Libertad. Acto seguido la Jueza efectúa el control de la acusación y decide admitir la misma en su totalidad, así como las pruebas ofertadas, cumpliendo con el control formal y material de la acusación, igualmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313.5 del texto procesal penal decide modificar la medida decretada argumentando que considerando la PANDEMIA por el virus conocido como CORONAVIRUS (COVID -19), culminada la fase de investigación, estimando que en el caso de marras el Ministerio Público a lo largo de su investigación no logró demostrar la afectación o el daño causado a la industria petrolera, pues no se cuenta con la experticia correspondiente del material incautado, tomando en cuenta además en el presente caso, en relación a la ciudadana EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ constan en actas exámenes médicos correspondientes que comprueban que la imputada se encuentra en estado de gestación y que la misma presenta fuertes quebrantos de salud, dejando constancia la jueza A quo, que debido a la situación actual del país con el suministro de combustible, fueron autorizados varios traslados vía telefónica desde el comando policial donde se encontraban detenidos en Bachaquero, Municipio Valmore Rodríguez del Estado Zulia, hasta el hospital más cercano, no pudiendo ser trasladada a medicatura forense, por lo que siendo que el Tribunal observa el avanzado estado de gravidez de la imputada aplica lo preceptuado en el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal, y que además, el imputado aportó la dirección de su residencia fija y que su comportamiento no ha sido reticente, decide modificar para ambos acusados, la Medida de Privación por la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA de Arresto Domiciliario, prevista en el ordinal 1º del articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en el artículo 231 ejusdem en relación a la acusada EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ. Se constata del acto que luego de esos pronunciamientos la Jueza impone al acusado de las Formulas Alternativas a la Prosecución del Proceso, y éstos deciden manifestar su voluntad personal de admitir los hechos, de forma libre, sin apremio ni coacción, por lo que la Jueza procede inmediatamente a imponer la pena correspondiente.
De la revisión efectuada y anteriormente narrada, no es cierto que la Jueza haya revisado y sustituido la Medida de Privación de Libertad luego de que los acusados EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ y JOSE ARQUIMEDEZ BALLESTEROS VILLARROEL, titulares de la cédula de identidad Nos. 18.944.703 y 12.413.033, respectivamente, hubiesen manifestado su voluntad de admitir los hechos, tampoco se constata que se tratara de un premio a la admisión, como denuncia la recurrente pues para el momento de la decisión judicial ello no había ocurrido, aun cuando la defensa pública lo hubiese anunciado, debe recordarse que la admisión de los hechos es personalísima y solo los imputados y/o acusados pueden efectuarla a viva voz ante el Juez competente.
De manera que la supuesta invasión de competencia denunciada por la recurrente tampoco queda acreditada en este caso, pues en las audiencias preliminares los Jueces de Control pueden perfectamente pronunciarse sobre el mantenimiento de las Medidas de Coerción Personal, y ello tiene extrema lógica, pues culmina una fase de investigación en las cuales existen otros elementos y quizás la medida de coerción personal decretada ya no tiene la utilidad inicial, y conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal que reza: "El imputado o imputada podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez o jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. …", es obligación hasta de oficio para los jueces, la revisión para el mantenimiento de cualquier medida de coerción personal que por excelencia es la mas grave del sistema procesal, por ser personal y limitante al derecho fundamental a la libertad.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2426 de fecha 27/11/2001, mediante criterio vinculante precisó, con ocasión al instituto de la revisión, lo siguiente:
“…Respecto de la revisión de la situación del imputado, lee esta Sala que el Código Orgánico Procesal Penal ha previsto de forma clara la posibilidad de revisar y examinar las medidas cautelares en el artículo 264 (que corresponde al artículo 273 anterior a la Reforma del instrumento), el cual prescribe que “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente.” Así mismo, dispone la prenombrada norma que “En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas”. Ahora, se entiende que esta previsión regula exactamente dos supuestos: a) El irrestricto derecho del imputado a obtener un pronunciamiento judicial respecto de la necesidad de sostener o mantener la medida precautelativa de la que ha sido objeto con anterioridad, esto es, de incoar el examen de la vigencia de los supuestos de la medida; b) La obligación para el juez de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares, de oficio, cada tres meses y “cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas”, obligación que, de acuerdo al principio pro libertatis, debe entenderse que consagra la posibilidad de sustituir y aun de revocar la medida precautelativa en cualquier momento en que los supuestos que la fundan hayan cesado de manera alguna, absoluta o parcialmente…”.

Así las cosas, concluye esta Sala que el Juez o Jueza de Control tiene la facultad de revisar y sustituir, modificar, mantener o revocar las medidas cautelares y esta es una obligación; el conflicto se produce, en este caso, tanto la sustitución como la condenatoria se pronuncia en un acto procesal “La Audiencia Preliminar”, sin embargo, se logró constatar que la A quo en dicha audiencia procuró efectuar sus pronunciamientos en secuencia lógica, y antes de que los acusados adquirieran la condición de penados efectuó la revisión de la medida. Afirmar que es un premio otorgado a los mismos en razón de las actuales tendencias de autocomposición procesal, resulta arriesgado sin que exista prueba alguna, pues estos Juzgadores consideran apegados a las máximas de experiencias, que al efectuar la Jueza de instancia un pronunciamiento de esa naturaleza en forma oral, quedaba la posibilidad de que los imputados no admitiesen los hechos y solicitaran la apertura a juicio o decidieran como en efecto lo hicieron admitir los hechos, pues ya el pronunciamiento judicial estaba efectuado y no podía ser modificado, no comprende esta Alzada como el Ministerio Público afirma que fue un obsequio cuando no hay circunstancias objetivas para declararlo.
Tampoco hay elementos para afirmar que la Jueza no estimo los hechos ni su gravedad, en este punto esta alzada, observa que la recurrente entra en franca contradicción.
Resulta evidentemente desacertado, afirmar que la Jueza de Instancia no valoró la gravedad de los hechos, pues en la motiva la A quo aduce abiertamente que el Ministerio Público no logró demostrar la afectación o el daño causado al Estado pues no se cuenta con la experticia correspondiente al material incautado que precise el mismo, en relación a la acusada EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ, aplica obligatoriamente lo preceptuado en el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece una limitante para el mantenimiento de la medida de privación de libertad, fundamentos que considera no solo para sustituir la Medida de Coerción sino para imponer la pena, ya que ello se valora para ambos casos, ha de recordarse que la finalidad de las medidas cautelares no son iguales a la de la pena, la primera garantiza un proceso la segunda busca retribuir el daño causado y crear consciencia preventiva social, en ambas se estima el principio de proporcionalidad atendiendo al daño causado y su alcance, y si bien en las medidas cautelares se enaltece el principio de inocencia y afirmación de libertad en la segunda se procura el uso mínimo del sistema carcelario o la prisión y se buscan formulas alternativas de cumplimiento de pena que implican la libertad.
De manera que, la solicitud del Ministerio Público no es cónsona con las finalidades del proceso, al argumentar que la instancia de forma arbitraria sin considerar el daño causado otorgó una medida cautelar y ello de alguna forma le causa un gravamen aunque deja claro, que está de acuerdo con la pena de cinco años de prisión, la cual en la fase de ejecución eventualmente le permite a los condenados optar a una formula alternativa al cumplimiento de pena que no sea la prisión, entonces se pregunta este Órgano Colegiado, ¿Cuál es la finalidad de mantener la medida de privación? ¿Qué utilidad tendría la misma en la fase procesal que sigue?, preguntas a las cuales el Ministerio Público no proporciona respuesta alguna para considerar que su apelación esta fundamentada en criterios serios, que justifiquen un gravamen irreparable. En este caso, hay una sentencia condenatoria y el estado posee los mecanismos para hacer cumplir la misma, y allí el Juez de Ejecución, si le corresponderá dictar las medidas conducentes.
Entonces existiendo la posibilidad de que en la fase posterior -en caso de un eventual incumplimiento por parte de los condenados-, hay mecanismos para someterlos al proceso, no se configura el gravamen anunciado por la recurrente. Así se declara.
Para quienes aquí deciden, la decisión impugnada resulta progresista, apegada a los principios de Afirmación de Libertad, Provisionalidad, Variabilidad e Instrumentalidad, que apuesta a la Proporcionalidad, tal y como lo ha reiterado la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia al definir las medidas de coerción personal, como instrumentos adjetivos que garantizan la permanencia y sujeción de los procesados penalmente, al desarrollo y resultas del proceso penal que se les sigue. Esa finalidad instrumental de las medidas de Coerción Personal, deben acoplarse los principios de proporcionalidad, y afirmación de libertad; según los cuales en el primero de los casos -proporcionalidad-, la medida de coerción personal impuesta, debe ser equitativa a la magnitud del daño que causa el delito, la probable sanción a imponer y no perdurable por un periodo superior a dos años, o al término menor de la pena que prevé el respectivo delito, todo ello a los fines de no convertir una cautelar preventiva en una pena anticipada; y en el segundo de los referidos principios -afirmación de libertad-, la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye una medida de carácter excepcional, sólo aplicable en los casos expresamente autorizados por la ley.
En este caso la sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad, obedece a la regla rebus sic stantibus, según la cual toda providencia cautelar, está sometida a los cambios que presente posterior a su decreto, lo que quiere decir, que mientras permanezcan los motivos que condujeron a su imposición, la misma no se sustituye o revoca. Sobre este aspecto, Monagas citando a Asencio Mellado, señala que la doctrina ha fijado el contenido y operatividad de esta regla, y a tales efectos indica:

“a) Contenido. La regla “rebus sic stantibus” hace referencia a la dependencia de la vigencia de la prisión preventiva en un proceso determinado, de la subsistencia o invariabilidad de las razones y motivos que constituyeron la base de su adopción.
En su virtud, si dichos motivos desaparecen o varían a lo largo de la causa, correlativamente, la medida cautelar ha de sufrir los efectos derivados de tal modificación y, consecuencialmente debe ser levantada o acomodada a la nueva situación”.
b) Operatividad. La operatividad de la regla “rebus sic stantibus” a diferencia de la temporalidad y la provisionalidad, depende, fundamentalmente, del libre criterio del Juez, el cual, mediante la valoración de los elementos contenidos en los artículos 503 y 504 de la Lecrim, podrá mantener o levantar la prisión si considera que los mismos han variado o si, por el contrario, permanecen inalterables” (X Jornadas de Derecho Procesal Penal. (2007). Monagas Orlando; Silva María y Zerpa Ángel. Debido Proceso y Medidas de Coerción Personal. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas).

De todo lo anterior, se establece, que en el caso en análisis en criterio de esta Alzada, no se vulneraron los principios, garantías y/o derechos denunciados como transgredidos por la Vindicta Pública; pues la decisión cumple con los parámetros de ley contiene los elementos y razones de juicio que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión asimismo dicha motivación se encuentre fundada en derecho, no se evidencia incompetencia del Tribunal, ni un gravamen que no pueda ser reparado, por ello, no le asiste la razón a la accionante en las denuncias contenidas en su recurso de apelación de autos, y en consecuencia, el mismo se declara sin lugar. ASÍ SE DECIDE.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, considera procedente declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho LAURA B. CORCUERA AVILA, Fiscal Auxiliar adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Zulia con competencia en Fase Intermedia y juicio con sede en Cabimas, contra la decisión Nº 4C-277-2020, de fecha 11 de septiembre de 2020, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia extensión Cabimas, mediante la cual una vez admitida la Acusación Fiscal así como los medios de pruebas, se SUSTITUYE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION DE LIBERTAD decretada contra EUKARY IRENIA BRACHO PEREZ y JOSE ARQUIMEDEZ BALLESTEROS VILLARROEL, titulares de la cédula de identidad Nos. 18.944.703 y 12.413.033, respectivamente, en el presente asunto seguido en su contra, por la comisión de los delito de TRAFICO DE MATERIAL ESTRATEGICO, previsto y sancionado en articulo 34 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, cometido en perjuicio de PDVSA, por la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA de Arresto Domiciliario, prevista en el ordinal 1º del articulo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.

Notifíquese al Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia extensión Cabimas, a los fines de que se emiten los oficios de libertad respectivos dando cumplimiento a la decisión suspendida.

DISPOSITIVA

Por los fundamentos expuestos esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara:

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho LAURA B. CORCUERA AVILA, Fiscal Auxiliar adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Zulia con competencia en Fase Intermedia y juicio con sede en Cabimas.

SEGUNDO: CONFIRMA la Decisión Nro. Nº 277-2020, de fecha 11 de septiembre de 2020, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia extensión Cabimas.

Publíquese, regístrese en el libro respectivo, déjese copia certificada en archivo y remítase la presente causa en la oportunidad legal correspondiente, al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control con Competencia Funcional Municipal del Circuito Judicial Penal del estado Zulia extensión Cabimas a los fines legales consiguientes.

JUECES DE CORTE DE APELACIÓN

ERNESTO ROJAS HIDALGO
Presidente de Sala

NISBETH KAROLA MOYEDA FONSECA MAURELYS VILCHEZ PRIETO
Ponente

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

KARLA BRACAMONTE

En la misma fecha se publicó la presente Decisión bajo el Nro. 180-20, en el libro de Decisiones interlocutorias llevado por esta Corte de Apelaciones.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

KARLA BRACAMONTE