TSJ Regiones - Decisión

+REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
CORTE DE APELACIONES
SALA PRIMERA
Maracaibo, 17 de Enero de 2020
209º y 160º

ASUNTO PRINCIPAL : 2C-22.538-2018

ASUNTO : VP03-R-2019-000406

DECISIÓN 018-20

PONENCIA DEL JUEZ DE APELACIONES ERNESTO JOSE ROJAS HIDALGO
Fueron recibidas las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación de autos, interpuesto por los abogados en ejercicio AUER BARRETO COLON, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 43.480 y JOSERAN BARRETO VASQUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 228.203, en su carácter de defensores de los acusados WILLIS ENDER BARRETO ACOSTA, titular de la cédula de identidad N° 15.280.072 y EDDY FRANK GONZALEZ FEREIRA, portador de la cédula de identidad N° 16.365.090, contra la decisión N° 275-2019 de fecha 22 de Agosto del 2019, dictada en el acto de la audiencia preliminar por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control con competencia Municipal del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Zulia, mediante la cual ese Tribunal, realizó entre otros, los siguientes pronunciamientos: Primero Sin Lugar las Nulidades solicitadas por la defensa privada, de conformidad con lo establecido en los artículos 174, 175 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal, Segundo: ADMITE Totalmente la acusación presentada por el Ministerio Publico, en contra de los acusados WILLIAS ENDER BARRETO ACOSTA y EDDY FRANK GONZALEZ, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES, previsto y sancionado en el artículo 406 Ordinal 1 del Código Penal, cometido en perjuicio de quien en vida respondiera a los nombres de RONY JOSE PEÑA y ADOLFO CHARLY VALENTINO PINEDA, SIMULACION DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 239 del Código Penal, cometido en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, AGAVILLAMIENTO previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal, cometido en perjuicio del ORDEN PUBLICO y USO INDEBIDO DE ARMAS ORGANICAS, previsto y sancionado en el artículo 115 de la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; todo de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que declara SIN LUGAR la solicitud de cambio de calificación hecho por la defensa, Tercero: ADMITE totalmente los medios de pruebas ofrecidos por las partes, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 313 del Código Adjetivo Penal, así como la comunidad de la prueba, Cuarto: Acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo establecido en los artículo 236, 237 y 238 del Texto Adjetivo Penal, en consecuencia declara Sin Lugar la imposición de medida cautelar sustitutiva de libertad, de las contempladas en el artículo 242 ejusdem, Quinto: Ordena el auto apertura a juicio, en contra del acusado de autos.
En fecha 14 de Enero de 2020, se ingresó la causa, se dio cuenta en Sala, designándose ponente al Juez profesional ERNESTO ROJAS HIDALGO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Este Tribunal Colegiado, encontrándose dentro de lapso legal, procede a pronunciarse con relación a la admisibilidad del recurso interpuesto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, previo a las siguientes consideraciones:

Una vez realizado un minucioso análisis de los argumentos explanados por los apelantes en su escrito recursivo, los integrantes de esta Sala de Alzada, constatan que el mismos esta conformando por dos particulares, que los hechos investigados no se subsume en los delitos imputados por el Ministerio Publico y la nulidad absoluta de la Experticias de ATD practicada a los occisos y a los acusados de auto, en virtud que no presentan acta de registro de cadena de custodia, así como las declaraciones de las víctima de robo, por cuando fueron obtenidas violentando principios y garantías constitucionales, previstos en los artículos 25, 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Delimitados los motivos de impugnación, este Cuerpo Colegiado, estima propicio realizar las siguientes consideraciones:

En cuanto al primer particular formulado por los recurrentes, atinente a que la precalificación de los delitos por el cual acusó el Ministerio Público a sus defendidos, no se circunscriben a los hechos objeto de la presente controversia; considera este Tribunal Colegiado que de acuerdo a lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, y a los criterios vinculantes emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, resulta INIMPUGNABLE DICHA DENUNCIA, puesto que con relación a los pronunciamientos de admisión de la acusación fiscal con la correspondiente calificación jurídica contenida en la misma, entre otros, decretados por parte del Juzgado de Control en el acto de Audiencia Preliminar, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia No. 1303, de fecha 20-06-05, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, ha establecido lo siguiente:
“…Al finalizar la audiencia preliminar, el Juez, al admitir la acusación y una vez que haya analizado la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral, puede declarar admisibles todos los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público; o bien puede declarar admisibles algunos medios de prueba ofrecidos por la representación fiscal, pero otros no. En estas dos hipótesis, el Juez de Control dictará el auto de apertura a juicio.
Ante tales hipótesis, esta Sala advierte que el acusado no puede interponer recurso de apelación contra el auto de apertura a juicio, al no ocasionar dicha admisibilidad un gravamen irreparable para aquél, ya que tendrá la oportunidad de rebatir dichas pruebas en una oportunidad procesal ulterior, a saber, la fase de juicio.
En otras palabras, el hecho de que el acusado no pueda apelar de la declaratoria de admisibilidad de la acusación o de uno o varios medios de prueba ofrecidos por la representación fiscal, no significa que aquél se vea impedido de ejercer los derechos que considere vulnerados con la decisión contentiva de dicho pronunciamiento, pues en el juicio oral y público, las partes tienen la posibilidad de alegar lo que consideren pertinente para la defensa de sus derechos, y el juez de juicio se encuentra obligado a pronunciarse en relación al mérito del asunto, y en el supuesto en que el Tribunal de Juicio correspondiente tome en cuenta unas pruebas en una sentencia que lo desfavorezca, el acusado podría intentar recurso de apelación conforme a lo dispuesto en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, que prevé:…
…Así, de la lectura de la última frase del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual reza “Este auto será inapelable”, puede evidenciarse que el legislador no consagró el recurso de apelación contra la decisión por la cual el juez admite la acusación fiscal, por lo que las demás providencias que dicte el Juez en el auto que contiene la admisión de la acusación, forma parte de la materia propia de la apertura a juicio y en consecuencia no pueden ser impugnadas por la vía de la apelación, dado que se trata de una sola decisión que fue excluida expresamente del ejercicio de este recurso.
Como corolario de lo antes señalado, esta Sala considera que la naturaleza del auto de apertura a juicio, es la de ser una decisión interlocutoria que simplemente delimita la materia sobre la cual se centrará el debate, y que ordena el pase al juicio oral, por lo que mal puede tal decisión judicial ocasionar un gravamen irreparable al acusado. El fundamento de esta afirmación estriba en que a través de dicho acto, se da apertura a la fase más garantista del proceso penal, a saber, la fase de juicio, en la cual, tal como se señaló supra, aquél podrá rebatir los medios de prueba admitidos al final de la audiencia preliminar y reflejados en el mencionado auto.
Se entiende entonces que el anterior planteamiento constituye la ratio legis del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, al establecer expresamente la prohibición de apelar del auto de apertura a juicio, por lo que aceptar lo contrario, atentaría tanto contra el espíritu de esta norma, así como también contra el principio de impugnabilidad objetiva recogido en el artículo 432 eiusdem, el cual es un principio general que informa a todo el sistema de los recursos en el proceso penal venezolano, y cuyo contenido se traduce en que las decisiones judiciales serán recurribles únicamente por los medios y en los supuestos expresamente establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.
Lo anterior debe concatenarse con lo dispuesto en el literal “c” del artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece como causal de inadmisibilidad de los recursos, que la decisión recurrida sea inimpugnable o irrecurrible por disposición expresa de la mencionada ley adjetiva penal.
Entonces, partiendo de que el auto de apertura a juicio es inapelable, debe afirmarse que el acusado no podrá impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ende, tampoco los que declaren la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado artículo 330 le permite dictar al Juez de Control al finalizar la audiencia preliminar, claro está, siempre que constituyan decisiones susceptibles de ser encuadradas en el catálogo que establece el artículo 447 eiusdem…”: (Las negrillas y el subrayado son de este Órgano Colegiado).

Dicho criterio, fue ratificado en más reciente decisión No. 628, de fecha 22-06-2010, emanada de la misma Sala en la cual se precisó:
“…El auto de apertura a juicio determina el objeto del juicio y hace precluir la fase intermedia del proceso, para impulsar a éste hacia la fase del juicio oral, contemplando el referido artículo la prohibición expresa de su apelación. Es oportuno recordar a la parte accionante que el auto de apertura a juicio, es una decisión interlocutoria que simplemente delimita la materia sobre la cual se centrará el debate, y que ordena el pase al juicio oral, por lo que mal puede tal decisión judicial ocasionar un gravamen irreparable al acusado. El fundamento de esta afirmación estriba en que a través de dicho acto, se da apertura a la fase más garantista del proceso penal, esto es, la fase de juicio.

Lo señalado se apoya en el criterio sostenido por esta Sala en sentencia N° 1.303 del 20 de junio de 2005 (caso: “Andrés Eloy Dielingen Lozada”), que modificó el criterio establecido con anterioridad por esta Sala, según el cual era posible la interposición del recurso de apelación contra la primera parte del auto de apertura a juicio, contentiva de la admisión de la acusación… en consecuencia, estableció que contra tales pronunciamientos no procederá recurso de apelación alguno,….” (Negrilla de Sala)

Debe señalar esta Alzada, que conforme a la decisión vinculante que arriba ha quedado transcrita la calificación jurídica será objeto de debate en el juicio oral, acto en el cual el Tribunal de Juicio determinará en última instancia cuáles son los hechos acreditados, para advertir, y ulteriormente decidir la calificación jurídica que se ajusta al caso en concreto, conforme al artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia, se advierte a la parte accionante que el auto de apertura a juicio, es una decisión interlocutoria que delimita la materia sobre la cual se ajustará el debate, y que ordena el pase al juicio oral, por lo que mal puede tal decisión judicial ocasionar un gravamen irreparable a las partes, en las circunstancias antes enunciadas, pues en caso de que el Juez de Control aceptara la calificación jurídica aportada por el Ministerio Publico, lo cual a su vez forma parte del auto de apertura a juicio, no obsta a que la misma sea nuevamente modificada en la fase de juicio oral, a partir de lo cual dependerá la conclusión del proceso penal. El fundamento de esta afirmación reside en que a través de dicho acto, se da comienzo a la fase más garantista del proceso penal, a saber, la fase de juicio.
De lo expuesto, concluyen quienes aquí deciden, que el primer particular contenido en el escrito recursivo el cual cuestiona la admisión de la acusación y la calificación jurídica atribuida a los hechos, resulta INADMISIBLE, de conformidad con el criterio jurisprudencial contenido en la decisión N° 1303, de fecha 20 de junio de 2005, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ASÍ SE DECIDE.

Ahora bien, con respecto al segundo particular, a través del cual cuestiona la defensa privada, la declaratoria Sin Lugar de la solicitud de Nulidad Absoluta de la Experticias de ATD practicada a los occisos y a los acusados de auto, en virtud que no presentan acta de registro de cadena de custodia, así como las declaraciones de las víctima de robo, que fueron obtenidas violentando los principios y garantías constitucionales, previstos en los artículos 25, 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; constatan quienes aquí deciden, que la interposición de dicho motivo de apelación se realizó de conformidad con lo establecido en los artículos 439 ordinal 5° y 440 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, la acción recursiva fue intentada mediante escrito debidamente fundado, por el legitimado activo, y dentro del lapso legal, es decir, presentado dentro de los cinco (05) días siguientes al dictamen de la decisión impugnada, y no están establecidos entren las decisiones inimpugnables o irrecurribles señaladas por el Código Orgánico Procesal Penal, ya que están referidas admisibilidad de una prueba que cataloga el recurrente como ilícita por estar viciada de nulidad.

Se deja expresa constancia, que la parte recurrente no promovió pruebas en su escrito recursivo. Asimismo, se prescinde de la audiencia oral establecida en el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por otro lado, se observa que hubo contestación al recurso de apelación de autos, por parte de la Representación de la Fiscal 76° del Ministerio Publico del estado Zulia, no obstante, que fue debidamente emplazada, tal como se evidencia al folio veintiocho (28) de la incidencia de apelación.

En razón de lo anteriormente explicado, deben declararse ADMISIBLE el particular segundo contenidos en el recurso de apelación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 442 del mismo Código, acogiéndose esta Alzada de conformidad con el primer aparte de dicha norma al lapso de diez (10) días que prevé la misma disposición legal, para la decisión sobre la procedencia o no de los argumentos expuestos y declarados admisibles por esta Sala.

De acuerdo con todo lo expresado anteriormente, los integrantes de esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, estiman ajustado a derecho declarar: PRIMERO: INADMISIBLES el particular primero de la incidencia recursiva interpuesta por la defensa de los procesados de autos, de conformidad con lo expuesto en la jurisprudencia vinculante emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1303, de fecha 20 de Junio de 2005, cuya ponencia estuvo a cargo del Magistrado Francisco Carrasquero. SEGUNDO: ADMISIBLES el particular segundo contenidos en el recurso de apelación presentado por los profesionales del derecho AUER BARRETO COLON, y JOSERAN BARRETO VASQUEZ, en su carácter de defensores de los acusados WILLIS ENDER BARRETO ACOSTA, titular de la cédula de identidad N° 15.280.072 y EDDY FRANK GONZALEZ FEREIRA, portador de la cédula de identidad N° 16.365.090, contra la decisión N° 275-2019 de fecha 22 de Agosto del 2019, dictada en el acto de la audiencia preliminar por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control con competencia Municipal del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Zulia. En consecuencia, a partir del día hábil siguiente a la presente fecha comienza a transcurrir el lapso de diez (10) días hábiles para el dictamen la decisión correspondiente, conforme lo prevé el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: INADMISIBLES el particular primero de la incidencia recursiva interpuesta por la defensa privada de los procesados de autos, de conformidad con lo expuesto en la jurisprudencia vinculante emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 1303, de fecha 20 de Junio de 2005, cuya ponencia estuvo a cargo del Magistrado Francisco Carrasquero.

SEGUNDO: ADMISIBLES el segundo particular contenido en el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho AUER BARRETO COLON, y JOSERAN BARRETO VASQUEZ, en su carácter de defensores de los acusados WILLIS ENDER BARRETO ACOSTA, titular de la cédula de identidad N° 15.280.072 y EDDY FRANK GONZALEZ FEREIRA, portador de la cédula de identidad N° 16.365.090, contra la decisión N° 275-2019 de fecha 22 de Agosto del 2019, dictada en el acto de la audiencia preliminar por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control con competencia Municipal del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Zulia.
SEGUNDO: A partir del día hábil siguiente a la presente fecha comienza a transcurrir el lapso de diez (10) días hábiles para dictar la decisión correspondiente, conforme lo prevé el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, Sala Primera, en Maracaibo, a los Diecisiete (17) día del mes de enero del año dos mil veinte (2020). Años: 210° de la Independencia y 160° de la Federación.
Publíquese, y regístrese en el libro respectivo, déjese copia certificada en archivo.

JUECES DE CORTE DE APELACIÓN

MAURELYS VILCHEZ PRIETO
Presidenta de Sala

NISBETH KAROLA MOYEDA FONSECA ERNESTO ROJAS HIDALGO
Ponente

LA SECRETARIA

JOSMILY GUERRERO HERNANDEZ
En la misma fecha se publicó la presente Decisión bajo el Nro. 018-2020, en el libro de Decisiones llevado por esta Corte de Apelaciones.
LA SECRETARIA

JOSMILY GUERRERO HERNANDEZ