TSJ Regiones - Decisión

Se dio inicio al proceso con ocasión a la pretensión de nulidad de acta de asamblea extraordinaria, propuesta por la ciudadana Carmela Machado, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número 4.518.683, domiciliada en el municipio Mara del estado Zulia, asistida por el profesional del derecho Francisco Pirela, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 73.912; en contra de la Asociación Cooperativa Mixta Don León R.L, inscrita en la Oficina Subalterna de Registro Público de los municipios Mara e Insular Almirante Padilla del estado Zulia, en fecha veintiuno (21) de agosto de 2003, bajo el número 09, tomo III, representada por el director general ciudadano Juan Romero, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número 18.381.214, domiciliado en el municipio Mara del estado Zulia.
La demanda fue admitida por auto de fecha ocho (08) de junio de 2005, ordenándose la citación de la Asociación Cooperativa Mixta Don León R.L, en la persona de su director general Juan Romero, antes identificado, a fin de que diera contestación a la demanda en el lapso de cinco (05) días de despacho siguientes a la constancia en actas de su citación, más un (01) día continuo que se le concedió como término de la distancia, conforme a las reglas del procedimiento ordinario agrario.
En fecha dieciséis (16) de junio de 2005, la ciudadana Carmela Machado confirió instrumento poder apud acta al profesional del derecho Francisco Pirela, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 73.912.
Previa solicitud de la representación judicial de la parte actora realizada en fecha veintitrés (23) de enero de 2006, el Juez Luis Enrique Castillo Soto, se abocó al conocimiento del asunto.

II
De las Consideraciones para Decidir

De la revisión exhaustiva de las actas procesales, este órgano jurisdiccional evidencia la inactividad procesal de la representación judicial de la ciudadana Carmela Machado, demandante en el presente juicio, motivo por el cual procederá a resolver de oficio sobre la consumación o no de la perención de la instancia, para lo cual estima necesario realizar las siguientes consideraciones:

La falta de impulso procesal, cuando la actuación que debe cumplirse dentro de la etapa de procedimiento de que se trate corresponda a una de las partes, acarrea la extinción del proceso, por imperativo de la institución de la perención de la instancia, cuya racionalidad teleológica se halla en la necesidad de evitar la prolongación indefinida de las causas. Al respecto, la extinta Corte Suprema de Justicia en sentencia dictada en fecha 31 de mayo de 1989, con ponencia del magistrado Anibal Rueda, en el caso Giuliano Pascualucci Sidoni, que se refirió sobre la etimología de la perención y sus consecuencias en el proceso, dejó establecido lo siguiente:

“La definición de la institución de la perención de la instancia surge de su propia etimología: perención proviene de perimere, peremptum que significa extinguir e instare de instar que es la palabra compuesta de la preoposición in del verbo stare. Para Marcelino Cautelan, en su trabajo sobre perención de la instancia “tres son las condiciones indispensables para que un proceso se extinga por perención: En primer término el supuesto básico, la existencia de una instancia, en segundo la inactividad procesal y en tercero el transcurso de un plazo señalado por la Ley” Para el tratadista Oscar Rillo Canale, los requisitos del acto interruptivo, son: 1) Debe ser un acto procesal. Es decir, realizado dentro del proceso y admisible…2) Que tenga por efecto impulsar el procedimiento (…) En este orden de ideas, son actos de impulso procesal aquellos que insten la continuación de la causa en busca de una decisión final, no teniendo tal características las diligencias o solicitudes en las cuales se pida el desglose de documentos o su copia, la tasación de honorarios, su retasa (…)”. (Negrilla del Tribunal)

En sede agraria, el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone:

"(…) La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez después de vista la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, no producirá la perención (…)”.

En torno a la figura de la perención dentro del proceso agrario se ha pronunciado la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 0803, de fecha 19 de mayo 2009, donde sostuvo lo siguiente:

“Visto lo acontecido, se aprecia que el asunto de autos ya ha sido resuelto por esta Sala en un caso similar, y como ejemplo de ello se debe reproducir el contenido de la decisión Nº 2140, de fecha 15 de Diciembre del año 2008, (Caso Alí Rodolfo Bermúdez Rincón contra Instituto Nacional de Tierras), donde se estableció de forma pacífica lo siguiente: Omissis…Ahora, motivado a los positivos cambios jurídicos que experimenta nuestra República -los cuales se encuentran adaptados a las realidades nacionales- esta Sala, al considerar que el proceso se constituye en una herramienta esencial para la realización de la justicia, considera oportunamente necesario, en aras de una administración de justicia idónea y sin formalismos innecesarios, abandonar el criterio conforme al cual se sanciona con la perención breve al recurrente en vía de nulidad, cuando no cumple con la obligación de retirar y posterior consignación del Cartel de Notificación de Terceros en el lapso de 10 días hábiles, luego de que el mismo haya sido expedido. Así se decide. Por consiguiente, la perención ha considerar en materia agraria, será la establecida en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que se haya producido ningún Acto de impulso procesal por la parte actora; criterio éste que deberá ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide. Así pues, y dando por ratificado el contenido de la sentencia ut supra transcrita, resulta procedente el recurso de apelación propuesto, en razón de que en el presente asunto se decretó La Perención breve de la instancia sin que hubieran transcurrido 6 meses de inactividad o efectuado algún acto de impulso procesal por parte del accionante, debiendo el Tribunal de la causa, seguir conociendo del presente asunto. De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable, expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece.”. (Negrilla del tribunal).

De acuerdo con el artículo 182 eiusdem y la interpretación establecida en el precedente que antecede, entiende el tribunal, con miras al caso de marras, que la inactividad de la parte actora desde el día veintitrés (23) de enero de 2006, fecha en la cual requirió mediante diligencia el abocamiento del juez, pedimento que fue proveído por auto en la misma fecha, ha acarreado la imposibilidad de continuar el trámite regular del proceso y los estadios subsiguientes hasta concluir con la sentencia, lo que supone un signo sensible de falta de interés que se encuentra sancionado, como se dijo, con la extinción de la instancia.
En ese sentido, esta Sentenciadora constata que desde el día veintitrés (23) de enero de 2006, fecha en la cual el juez suplente Luis Enrique Castillo Soto, se abocó al conocimiento de la causa, previo requerimiento, la parte actora no ha realizado actuación alguna tendente a impulsar las formalidades de la citación personal de la demandada, Asociación Cooperativa Mixta Don León R.L, representada por su director general Juan Romero, por lo que, transcurrido con creces más de seis meses se encuentra obligada a declarar la PERENCIÓN y por tanto la extinción del presente proceso que por nulidad de acta de asamblea extraordinaria, propusiera la ciudadana Carmela Machado, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número 4.518.683, domiciliada en el municipio Mara del estado Zulia; en contra de la Asociación Cooperativa Mixta Don León R.L, inscrita en la Oficina de Registro Subalterno de los municipios Mara e Insular Almirante Padilla del estado Zulia, en fecha veintiuno (21) de agosto de 2003, bajo el número 09, tomo III, representada por el director general ciudadano Juan Romero, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número 18.381.214, domiciliado en el municipio Mara del estado Zulia, de conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se declara.-

III
DEL DISPOSITIVO

Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1°) PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el juicio que por Nulidad de Acta de Asamblea Extraordinaria, propusiera la ciudadana Carmela Machado, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número 4.518.683, domiciliada en el municipio Mara del estado Zulia; en contra de la Asociación Cooperativa Mixta Don León R.L, inscrita en la Oficina de Registro Subalterno de los municipios Mara e Insular Almirante Padilla del estado Zulia, en fecha veintiuno (21) de agosto de 2003, bajo el número 09, tomo III, representada por el director general ciudadano Juan Romero, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número 18.381.214, domiciliado en el municipio Mara del estado Zulia, de conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
2°) SEGUNDO: NO HAY condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código Procesal Civil;
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTÍFIQUESE.
Déjese por Secretaría copia certificada de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho de este JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los treinta y un (31) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020). Años: 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,

ABG. ALESSANDRA PATRICIA ZABALA MENDOZA

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

ABG. YURIBEL LINARES ARTIGAS
En la misma fecha siendo las tres y veinte (3:20 p.m.), se publicó el anterior fallo bajo el No. 008-2020.-
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

ABG. YURIBEL LINARES ARTIGAS