REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES SALA 2

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Sala Segunda
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia
Maracaibo, 06 de junio de 2019
209º y 160º

ASUNTO PRINCIPAL : 7C-32675-18
ASUNTO : VP03-R-2019-000228


DECISIÓN Nº 118-2019


PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL LOHANA KARINA RODRIGUEZ TABORDA

Han subido las presentes actuaciones a esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en virtud del recurso de apelación de autos interpuesto por la profesional del derecho YULITZA YNCIARTE, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 121.055, actuando como representante legal de la ciudadana ZOBEIRA COROMOTO CARRUYO CARLY, titular de la cedula de identidad Nº 10.684.890; contra de la decisión Nº 0036-19, de fecha 30 de Enero de 2019, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual entre otros pronunciamientos decretó SIN LUGAR la solicitud de entrega material de los vehículos: VEHICULO 1: Clase Camión, Tipo Chuto, Marca Mack , Modelo Visión Ch613, año 1993, Color Vinotinto, Uso Carga, Serial de Carrocería 1M1AAA18YXWW087980, Serial del Motor 6 Cilindros, Placas A56CJ0G VEHICULO 2: Clase Camión, Tipo Chuto, Marca Mack, Modelo Ch 613, Serial De Carrocería 1M1AA12Y1VW074932, Serial Del Motor 6 Cilindros , Color Blanco Y Verde, Año 1997, Placas A55CJ9G, Uso Carga. VEHICULO 3: Clase Semi Remolque, Tipo Batea, Marca Carrocería Chama, Modelo BT-3R 22,5, Serial de Carrocería 8X9SP13386M005090, Serial del Motor S/M, Color Naranja, Año 2006, Placa: 99OABJ, Uso Carga. VEHICULO 4: Numero de Plaqueta R23654, Fecha 30-03-2011, Tipo de Tramite Traspaso, Tipo de Carrocería Tanque, Modelo 1996, Numero de Ejes 3, Marca Dite S.a Ancho 2,60, Alto 4,00, Largo 13,00 Vol Posterior 1,70, Peso Vacio 52,00 Capacidad de Diseño (1) 35,90. VEHICULO 5: Clase Camión, Tipo Tanque; Chuto; Marca Chevrolet, Modelo Super Brigadier, Año 1997, Serial de Carrocería; CH97971806, Serial del Motor; 30359398, Color: Amarillo y Blanco, Placas; A66BF7S, Uso Carga, VEHICULO 6: Clase Semi Remolque, Tipo Cisterna, Marca Transporte Y MQ HNOS. Jr Modelo TVDJR, Año 2013, Serial de Carrocería N/A, Serial N.I.V: 8X9TVCDT8DS142026, Serial de Motor S/M Color Blanco y Verde Placas A12BM7S, Uso Carga. VEHICULO 7: Clase Camión, Tipo Chuto, Marca Kenworth, Modelo T8006X4TRACTOR/T800, Serial N.I.V 3WKDD40X99F244188, Serial de Motor: 79331615, Color Verde, Placas A97AC1G, Uso Carga. Todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 296, todos del Código Orgánico Procesal Penal.
Recibidas las actuaciones en esta Sala de Alzada, en fecha 04 de Junio del presente año, se da cuenta a las integrantes de la misma, designándose como ponente a la Jueza Profesional del Derecho LOHANA KARINA RODRIGUEZ TABORDA, quien con tal carácter suscribe la siguiente decisión.
Ahora bien, una vez efectuada la revisión exhaustiva de las actuaciones que conforman la presente causa, así como de los hechos que dieron origen al proceso esta Alzada considera procedente emitir pronunciamiento acerca de la competencia para conocer del precitado recurso, y a tal efecto hace las siguientes consideraciones:

I
DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALA PARA CONOCER EL RECURSO PROPUESTO
Cursa por ante este Tribunal de Alzada, recurso de apelación de autos interpuesto por la profesional del derecho YULITZA YNCIARTE, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 121.055, actuando como representante legal de la ciudadana ZOBEIRA COROMOTO CARRUYO CARLY, titular de la cedula de identidad Nº 10.684.890; contra de la decisión Nº 0036-19, de fecha 30 de Enero de 2019, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.
Ahora bien, de la referida decisión evidencia esta Sala de Alzada que versa sobre la decisión de de fecha 30 de Enero de 2019, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual entre otros pronunciamientos decretó SIN LUGAR la solicitud de entrega material de los vehículos: VEHICULO 1: Clase Camión, Tipo Chuto, Marca Mack , Modelo Visión Ch613, año 1993, Color Vinotinto, Uso Carga, Serial de Carrocería 1M1AAA18YXWW087980, Serial del Motor 6 Cilindros, Placas A56CJ0G. VEHICULO 2: Clase Camión, Tipo Chuto, Marca Mack, Modelo Ch 613, Serial De Carrocería 1M1AA12Y1VW074932, Serial Del Motor 6 Cilindros , Color Blanco Y Verde, Año 1997, Placas A55CJ9G, Uso Carga. VEHICULO 3: Clase Semi Remolque, Tipo Batea, Marca Carrocería Chama, Modelo BT-3R 22,5, Serial de Carrocería 8X9SP13386M005090, Serial del Motor S/M, Color Naranja, Año 2006, Placa: 99OABJ, Uso Carga. VEHICULO 4: Numero de Plaqueta R23654, Fecha 30-03-2011, Tipo de Tramite Traspaso, Tipo de Carrocería Tanque, Modelo 1996, Numero de Ejes 3, Marca Dite S.a Ancho 2,60, Alto 4,00, Largo 13,00 Vol Posterior 1,70, Peso Vacio 52,00 Capacidad de Diseño (1) 35,90. VEHICULO 5: Clase Camión, Tipo Tanque; Chuto; Marca Chevrolet, Modelo Super Brigadier, Año 1997, Serial de Carrocería; CH97971806, Serial del Motor; 30359398, Color: Amarillo y Blanco, Placas; A66BF7S, Uso Carga. VEHICULO 6: Clase Semi Remolque, Tipo Cisterna, Marca Transporte Y MQ HNOS. Jr Modelo TVDJR, Año 2013, Serial de Carrocería N/A, Serial N.I.V: 8X9TVCDT8DS142026, Serial de Motor S/M Color Blanco y Verde Placas A12BM7S, Uso Carga. VEHICULO 7: Clase Camión, Tipo Chuto, Marca Kenworth, Modelo T8006X4TRACTOR/T800, Serial N.I.V 3WKDD40X99F244188, Serial de Motor: 79331615, Color Verde, Placas A97AC1G, Uso Carga, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 296, todos del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, observa esta Alzada que la Juzgadora a quo en el auto recurrido hace mención al hecho de que en fecha 14-12-2018, en el acto de Audiencia Preliminar el cual se acordó APERTURA A JUICIO , por los delitos de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 20 numeral 14 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, Y CAMBIO ILICITO DE PLACAS, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo Automotor para el ciudadano NILSON JOSE ATENCIO RODRIGUEZ y BELMAN ALEXIS CAMARGO RODRIGUEZ cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO ; y mantuvo el decomiso de los vehículos: VEHICULO 1: Clase Camión, Tipo Chuto, Marca Mack , Modelo Visión Ch613, año 1993, Color Vinotinto, Uso Carga, Serial de Carrocería 1M1AAA18YXWW087980, Serial del Motor 6 Cilindros, Placas A56CJ0G. VEHICULO 2: Clase Camión, Tipo Chuto, Marca Mack, Modelo Ch 613, Serial De Carrocería 1M1AA12Y1VW074932, Serial Del Motor 6 Cilindros, Color Blanco Y Verde, Año 1997, Placas A55CJ9G, Uso Carga. VEHICULO 3: Clase Semi Remolque, Tipo Batea, Marca Carrocería Chama, Modelo BT-3R 22,5, Serial de Carrocería 8X9SP13386M005090, Serial del Motor S/M, Color Naranja, Año 2006, Placa: 99OABJ, Uso Carga. VEHICULO 4: Numero de Plaqueta R23654, Fecha 30-03-2011, Tipo de Tramite Traspaso, Tipo de Carrocería Tanque, Modelo 1996, Numero de Ejes 3, Marca Dite S.A. Ancho 2,60, Alto 4,00, Largo 13,00 Vol Posterior 1,70, Peso Vació 52,00 Capacidad de Diseño (1) 35,90. VEHICULO 5: Clase Camión, Tipo Tanque; Chuto; Marca Chevrolet, Modelo Súper Brigadier, Año 1997, Serial de Carrocería; CH97971806, Serial del Motor; 30359398, Color: Amarillo y Blanco, Placas; A66BF7S, Uso Carga. VEHICULO 6: Clase Semi Remolque, Tipo Cisterna, Marca Transporte Y MQ HNOS. Jr Modelo TVDJR, Año 2013, Serial de Carrocería N/A, Serial N.I.V: 8X9TVCDT8DS142026, Serial de Motor S/M Color Blanco y Verde Placas A12BM7S, Uso Carga. VEHICULO 7: Clase Camión, Tipo Chuto, Marca Kenworth, Modelo T8006X4TRACTOR/T800, Serial N.I.V 3WKDD40X99F244188, Serial de Motor: 79331615, Color Verde, Placas A97AC1G, Uso Carga.
En este orden de ideas, esta Sala de Alzada considera oportuno destacar que en relación al precepto jurídico al que se refiere al debido proceso en el ordenamiento jurídico venezolano, es la suma de las Garantías Constitucionales mínimas que debe reunir todo proceso, sea o no sea judicial, para que pueda calificársele de justo, razonable y confiable, que garantice a los ciudadanos la efectividad de su derecho material. Este conjunto de garantías aseguran los derechos del ciudadano frente al Poder Judicial y que establecen los límites al poder Jurisdiccional del Estado para afectar los derechos de las personas, por lo que el debido proceso al juicio imparcial, transparente e idóneo, es el instrumento más importante del ser humano en defensa de su vida, libertad, valores, bienes y derechos.

En tal sentido, es pertinente recordar, que el Debido Proceso, a tenor de lo expresado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia No. 046, dictada en fecha 29-03-2005, debe entenderse como:

“… garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas...”.


Se establece entonces, que el Debido Proceso constituye un Principio Constitucional, aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, comprendiendo a su vez una serie de presupuestos, que avalan el derecho de toda persona a ser oída durante todo el proceso, otorgándole además el tiempo y los medios adecuados para ejercer la defensa de sus intereses.

En este orden de ideas, debe precisarse que dentro del conjunto de garantías que conforman la noción del debido proceso, entendido éste en su sentido formal, se encuentra el derecho de toda persona a ser juzgada de acuerdo con el procedimiento judicial establecido con anterioridad en la ley y; por su Juez natural, ello en virtud del principio de legalidad procesal que rige en ordenamientos jurídicos como el Venezolano. La legalidad de las formas procesales, atiende al principio de seguridad jurídica que rige en las relaciones jurídicas existentes entre los particulares y entre éstos y el Estado específicamente, en cuanto a la determinación previa de las vías judiciales que deberán seguirse en aquellos casos en los que surjan conflictos con motivo de dichas relaciones, y que deban ser dirimidos en definitiva por los órganos jurisdiccionales competentes.

Como corolario de lo anterior, considera esta Alzada, que siendo que el derecho a ser juzgado por el Juez Natural es una garantía de rango constitucional, conforme a lo previsto en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido al Debido Proceso, y que, en consecuencia, la competencia por la materia es de estricto orden público (vid. Sentencia No. 449 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 19 de mayo de 2010 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán); resulta procedente citar el contenido de los artículos 7, 71 y 80 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales en cuanto a la declinatoria señala lo siguiente:

“Articulo 7. Juez o Jueza Natural. Toda persona debe ser juzgada por sus jueces o juezas naturales y, en consecuencia, nadie puede ser procesado ni juzgados por jueces o juezas, o tribunales ad hoc. La potestad de aplicar la ley en los procesos corresponde, exclusivamente, a los jueces y juezas, y tribunales ordinarios o especializados establecidos por las leyes, con anterioridad al hecho objeto del proceso.

“Artículo 71. Declaratoria de Incompetencia. La incompetencia por la materia debe ser declarada por el tribunal de oficio o a solicitud del Ministerio Publico o del imputado o imputada…!omissis…)

“Artículo 80. Declinatoria. En cualquier estado del proceso el Tribunal que esté conociendo de un asunto podrá declinarlo, mediante auto motivado, en otro Tribunal que considere competente. “

Ahora bien, observa este Tribunal de Alzada que según resolución signada con el N°. 2013-0025, de fecha 20-11-2013, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, se atribuyó a la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, la competencia para conocer los delitos económicos, dentro de los que se encuentra el delito de CONTRABANDO AGRAVADO, resolución ésta que entre otras cosas explana lo siguiente:

“… (omisis)…El Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 2 y demás disposiciones previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual rige sus funciones, y con lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia.

CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra a nuestra Nación como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, por lo que se hace indispensable, a través del Poder Judicial, la protección más eficaz frente a la diversidad de ilícitos penales con tendencias más graves y más peligrosas, que atentan contra la paz de la República y su pueblo, en la ejecución de cualquier actividad que entrañe gran peligrosidad para el Estado de Derecho y de Justicia, y sobre todo para sus ciudadanos y ciudadanas y desde luego sus instituciones nacionales; quienes confían en la tutela y protección de la diversidad de sus derechos y la preservación de la seguridad jurídica por parte del Poder Público.

CONSIDERANDO
Que cualquier conducta lesiva a la República y su pueblo, sea desde el punto de vista de la seguridad en cualquiera de sus manifestaciones, amén de lo social y económico, que implique manifestación de inestabilidad provocada por sectores perversos se hacen inaceptables e incompatibles en nuestro Estado Social de Derecho y de Justicia, puesto que impera la proscripción y repudio de cualquier forma, clase o manifestación que origine, aliente, genere o permita el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, el boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda, el contrabando de extracción, exposición a la devastación o al saqueo y otros delitos conexos, que puedan coadyuvar a la inestabilidad democrática, especialmente las vinculadas a los conflictos de índole social y económico.

CONSIDERANDO
Que al Tribunal Supremo de Justicia, como máximo órgano y rector del Poder Judicial, le corresponde velar por el fiel cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás disposiciones del ordenamiento jurídico, con la finalidad de garantizar el respeto a la juridicidad, la paz y la protección de la integridad de sus ciudadanos y ciudadanas, y de las instituciones democráticas de nuestro país.

CONSIDERANDO
Que ante cualquier acto con forma, clase o manifestación que origine, aliente, genere o permita tendencias a la comisión de ilícitos económicos, la especulación, el acaparamiento, la usura, el boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda, el contrabando de extracción, exposición a la devastación o al saqueo y otros delitos conexos, propensos a desestabilizar el normal desenvolvimiento de nuestro Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y que pretendan amenazar la paz y la seguridad pública, deben todas las instituciones del Estado Venezolano adoptar las medidas conducentes y contundentes a los fines de prevenir y sancionar este tipo de actos; incluyendo al Poder Judicial dirigido por este Tribunal Supremo de Justicia.

CONSIDERANDO
Que sin menoscabo de lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, en lo atinente a la organización de los Tribunales para la actuación en el proceso penal, como órganos jurisdiccionales penales, se hace necesario por razones de servicio y en atención precisa a los considerandos anteriores y conforme a lo consagrado en el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con preeminencia a las garantías fundamentales que ésta propugna y los principios universales de la Justicia; y demás previsiones contempladas en la Ley Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, entre otras.

RESUELVE

Artículo 1: Que los Juzgados de los Circuitos Judiciales Penales, que a continuación se mencionan conocerán y decidirán, de manera exclusiva los casos cuyas imputaciones estén vinculadas a la comisión de ilícitos económicos, la especulación, el acaparamiento, la usura, el boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda, el contrabando de extracción, exposición a la devastación o al saqueo y otros delitos conexos, previstos en la Ley Para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, entre otras disposiciones legales; a tales efectos, los órganos jurisdiccionales competentes serán:…(omissis)…

Artículo 2: Que en los Circuitos Judiciales Penales, donde haya una Sala Única de la Corte de Apelaciones, conocerán y decidirán, en alzada los casos vinculados a delitos mencionados en el artículo 1 de esta Resolución, en tanto que, aquellos donde haya más de una Sala, la competencia exclusiva, corresponderá a las que a continuación se mencionan:
…(omisis)…
ZULIA – MARACAIBO, ZULIA – CABIMAS, VILLA DEL ROSARIO y SANTA BÁRBARA:
Sala Tres (3) de la Corte de Apelaciones.

Artículo 3: Que los órganos jurisdiccionales, a nivel nacional, con causas por ilícitos especificados en el artículo 1 de la presente Resolución, e ingresadas, a partir del 01 de noviembre de 2013, cuya fecha es anterior a la vigencia de ésta, deberán distribuir las causas a la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos (ORDD), quien a su vez las distribuirá a los tribunales con la competencia exclusiva acá reseñados; y aquellas causas ingresadas antes de la referida fecha, permanecerán en los juzgados de origen para su conocimiento y decisión en el curso del proceso, conforme a la ley.

Artículo 4: La Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial, que corresponda, dispondrá lo conducente a fin de que se efectúe la recepción y distribución de todo documento, causa o expediente que se reciba relacionado con los ilícitos mencionados; para la oportuna tramitación a que se refiere la presente Resolución.

Artículo 5: Los Jueces Presidentes y Juezas Presidentas de los Circuitos Judiciales Penales, así como los Jueces Rectores y Juezas Rectoras, a nivel nacional, colaborarán para el mejor desempeño y ejercicio de las funciones de los órganos jurisdiccionales acá mencionados, que se constituyan en los distintos circuitos judiciales.

Artículo 6: Todo lo no previsto en la presente Resolución, será resuelto por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 7: Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, sin que tal publicación condicione su vigencia, la cual se determina a partir de la presente fecha… (omissis)…” (Negrillas de esta Alzada).

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta que la presente causa se inicio por el acto de audiencia preliminar de imputados que se llevó a efecto en fecha 14-12-2018, en el acto de Audiencia Preliminar el cual se acordó APERTURA A JUICIO , por los delitos de CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el articulo 20 numeral 14 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, Y CAMBIO ILICITO DE PLACAS, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo Automotor para el ciudadano NILSON JOSE ATENCIO RODRIGUEZ y BELMAN ALEXIS CAMARGO RODRIGUEZ cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; y mantuvo el decomiso de los vehículo en cuestión, lo que devino a declarar improcedente la solicitud de entrega material de los vehículo: VEHICULO 1: Clase Camión, Tipo Chuto, Marca Mack , Modelo Vision Ch613, año 1993, Color Vinotinto, Uso Carga, Serial de Carrocería 1M1AAA18YXWW087980, Serial del Motor 6 Cilindros, Placas A56CJ0G. VEHICULO 2: Clase Camión, Tipo Chuto, Marca Mack, Modelo Ch 613, Serial De Carrocería 1M1AA12Y1VW074932, Serial Del Motor 6 Cilindros, Color Blanco Y Verde, Año 1997, Placas A55CJ9G, Uso Carga. VEHICULO 3: Clase Semi Remolque, Tipo Batea, Marca Carrocería Chama, Modelo BT-3R 22,5, Serial de Carrocería 8X9SP13386M005090, Serial del Motor S/M, Color Naranja, Año 2006, Placa: 99OABJ, Uso Carga. VEHICULO 4: Numero de Plaqueta R23654, Fecha 30-03-2011, Tipo de Tramite Traspaso, Tipo de Carrocería Tanque, Modelo 1996, Numero de Ejes 3, Marca Dite S.a Ancho 2,60, Alto 4,00, Largo 13,00 Vol Posterior 1,70, Peso Vacio 52,00 Capacidad de Diseño (1) 35,90. VEHICULO 5: Clase Camión, Tipo Tanque; Chuto; Marca Chevrolet, Modelo Super Brigadier, Año 1997, Serial de Carrocería; CH97971806, Serial del Motor; 30359398, Color: Amarillo y Blanco, Placas; A66BF7S, Uso Carga. VEHICULO 6: Clase Semi Remolque, Tipo Cisterna, Marca Transporte Y MQ HNOS. Jr Modelo TVDJR, Año 2013, Serial de Carrocería N/A, Serial N.I.V: 8X9TVCDT8DS142026, Serial de Motor S/M Color Blanco y Verde Placas A12BM7S, Uso Carga. VEHICULO 7: Clase Camión, Tipo Chuto, Marca Kenworth, Modelo T8006X4TRACTOR/T800, Serial N.I.V 3WKDD40X99F244188, Serial de Motor: 79331615, Color Verde, Placas A97AC1G, Uso Carga, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por lo que dada la competencia especial por los delitos económicos que le fue asignada a la Sala No. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en aras de garantizar que el presente asunto sea conocido por el Juez competente por la materia, el principio de unidad del proceso, contenido en el artículo 76 del Código Orgánico Procesal Penal, así como el principio del Juez natural, previsto en el artículo 49 ordinal 4° de la Carta Magna concatenado con el articulo 7 y 71 de la norma adjetiva penal, este Cuerpo Colegiado estima que lo ajustado a derecho es declinar a la mencionada Sala de Alzada el conocimiento del presente asunto. ASÍ SE DECIDE.-

Así las cosas, afirma este Tribunal Superior, que suprimida, como fue, la competencia para el conocimiento, en segunda instancia, de los delitos económicos, a las Salas con competencia penal ordinaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, y en atención al criterio establecido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, según resolución signada con el No. 2013-0025, de fecha 20.11.2013, considera que lo procedente es DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER del Recurso de Apelación interpuesto por la profesional del derecho YULITZA YNCIARTE, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 121.055, actuando como representante legal de la ciudadana ZOBEIRA COROMOTO CARRUYO CARLY, titular de la cedula de identidad Nº 10.684.890; contra de la decisión Nº 0036-19, de fecha 30 de Enero de 2019, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia y, en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA PARA EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO, a la SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 49 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 7, 71 y 80 del Código Orgánico Procesal Penal y con la resolución signada con el No. 2013-0025, de fecha 20.11.2013 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

III
DISPOSITIVA

Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: DECLINA LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO EN RAZÓN DE LA MATERIA a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, todo de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concatenado con los artículos 7, 71 y 80 del Código Orgánico Procesal Penal y con la resolución signada con el No. 2013-0025, de fecha 20.11.2013, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; para decidir el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la profesional del derecho YULITZA YNCIARTE, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 121.055, actuando como representante legal de la ciudadana ZOBEIRA COROMOTO CARRUYO CARLY, titular de la cedula de identidad Nº 10.684.890 ; contra de la decisión Nº 0036-19, de fecha 30 de Enero de 2019, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.
SEGUNDO: REMITE la presente incidencia a la SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Publíquese, regístrese y remítase. Dada, sellada y firmada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, Sala Segunda, en Maracaibo, a los Seis (06) días del mes de Junio del año dos mil diecinueve (2019). Años: 209° de la Independencia y 260° de la Federación.

LAS JUEZAS PROFESIONALES


DRA. NERINES ISABEL COLINA ARRIETA
Presidenta de la Sala



DRA. KATRINA LOPEZ FUENMAYOR DRA. LOHANA KARINA RODRIGUEZ TABORDA
Ponente


LA SECRETARIA


ANDREA RIAÑO ROMERO

En la misma fecha se registró la anterior decisión bajo el No. 118-2019, quedando asentado en el Libro de Registro llevado por esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, en el presente año.

LA SECRETARIA


ANDREA RIAÑO ROMERO




ASUNTO PRINCIPAL: 7C-32675-18
ASUNTO: VP03-R-2019-000228