TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO UNDÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
EXPEDIENTE N° 4023-2018
MOTIVO: DIVORCIO (Artículo 185 del Código Civil)

Mediante escrito presentado en fecha Treinta (30) de Noviembre de 2018, por ante la Oficina Receptora y Distribución de Documentos del Estado Zulia, los ciudadanos, JAVIER ALBERTO MAURY PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-16.118.585, actualmente domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, asistido en este acto por el abogado, JESUS ORLANDO DURAN, inscrito bajo el inpreabogado Nº 35.606 y ROBERTO CARLOS ARGUELLES ALVARADO, inscrito bajo el inpreabogado Nº 142.908, actuando en nombre y representación de la ciudadana MARIA MILAGROS SANCHEZ FARIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.218.457, actualmente domiciliada en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, solicitaron la disolución de su matrimonio civil con fundamento en la sentencia Nº 693 de fecha 2 de junio de 2015, expediente número 12-1163, de la Sala Constitucional, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchan, mediante la cual se determinó que las causales de divorcio previstas en el artículo 185 del Código Civil son enunciativas y no taxativas, y por cuanto entre ellos existen diferencias irreconciliables que a su decir imposibilitan una vida matrimonial con amor y armonía, es por lo que acordaron peticionar la disolución de su vinculo matrimonial contraído el día siete (07) de Marzo del Dos Mil Nueve (2009), por ante el Jefe Civil y Secretario de la Jefatura Civil de la Parroquia Idelfonso Vásquez del Municipio Maracaibo del estado Zulia, tal como se evidencia de la copia certificada del acta de Matrimonio signada con el Nº 26, expedida en fecha 05 de enero de 2018.

Admitida la solicitud por este Tribunal el día tres (03) de Diciembre del 2018, consta en actas que el día Quince (15) de Enero del 2019 la citación del FISCAL TRIGÉSIMO SEGUNDO (32°) DEL MINISTERIO PUBLICO CON COMPETENCIA EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, previo libramiento de boleta de citación, tal como se evidencia de exposición realizada por el Alguacil Natural de este Despacho.

DECISIÓN
El tribunal para resolver, observa:
En virtud de la garantía constitucional “a la tutela judicial efectiva” prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela, de donde emana el poder tuitivo de los jueces para proteger a los justiciables, y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
Así mismo, como lo establece nuestra carta magna en su artículo 257:
“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (…)”
Como quiera que esta operadora de justicia tiene la obligación de asegurar la integridad de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela; garantizando una justicia imparcial, transparente e independiente;
Entra a decidir conforme a derecho este órgano administrador de justicia la presente solicitud. Por lo que el Tribunal para decidir observa:
En primer lugar, este Órgano Jurisdiccional constata que de acuerdo a la manifestación de los comparecientes, su último domicilio conyugal fue en el Municipio Maracaibo del estado Zulia y tratándose de una causa que afecta la relación matrimonial de los solicitantes, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, 40 y 754 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 185 del Código Civil y el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es competente este Tribunal para conocer de la presente solicitud. Así se declara.
Ahora bien, establece el artículo 185del Código Civil, que:
“Artículo 185: Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común (…)”

Situación ésta que se incorporó al Código en la reforma de 1982, a fin de atender una realidad social, la cual es, el cese de la affectio maritatis, en forma tal que, sin incurrir en ninguna de las causales clásicas de divorcio (ex artículo 185) pueda resolverse en forma práctica esta ruptura prolongada de la vida en común, obligación que deviene del matrimonio conforme el artículo 137 ejusdem”.
Cabe señalar igualmente, que aún cuando el estado proteja el matrimonio y a las familias (artículos 77 y 75 de la Constitución de 1999), esta protección sin embargo encuentra su límite, en la necesidad de disolver la unión matrimonial únicamente en los casos previstos expresamente por el legislador, tal como ocurre con esta modalidad de divorcio.

Por lo que, el divorcio en una acción personalísima y que por ende debe intentarse en principio personalmente tal y como lo explica el artículo 191 del Código Civil cuando menciona:
“Artículo 191. La acción de divorcio y la de separación de cuerpos, corresponde exclusivamente a los cónyuges, siéndoles potestativo optar entre una u otra; pero no podrán intentarse sino por el cónyuge que no haya dado causa a ellas. Admitida la demanda de divorcio o de separación de cuerpos, el Juez podrá dictar provisionalmente las medidas siguientes: 1º Autorizar la separación de los cónyuges y determinar cuál de ellos, en atención a sus necesidades o circunstancias, habrá de continuar habitando el inmueble que les servía de alojamiento común, mientras dure el juicio, y salvo los derechos de terceros. En igualdad de circunstancias, tendrá preferencia a permanecer en dicho inmueble aquel de los cónyuges a quien se confiera la guarda de los hijos. 2º Confiar la guarda de los hijos menores, si los hubiere, a uno solo de los cónyuges y señalar alimentos a los mismos; también podrá, si lo creyera conveniente, según las circunstancias, poner a los menores en poder de terceras personas; en todos los casos hará asegurar el pago de la pensión alimentaría de los hijos, y establecerá el régimen de visitas en beneficio del cónyuge a quien no se haya atribuido la guarda. 3º Ordenar que se haga un inventario de los bienes comunes y dictar cualesquiera otras medidas que estime conducentes para evitar la dilapidación, disposición u ocultamiento fraudulento de dichos bienes. A los fines de las medidas señaladas en este artículo el Juez podrá solicitar todas las informaciones que considere convenientes.”

Pero también señala la Jurisprudencia patria en sentencia del 2 de junio del 2006, JESÚS MANUEL GONZÁLEZ BRUN contra ANA MERCEDES VIGGIENI ZARRAGA, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
“(…) el poder conferido a fin de intentar una demanda de divorcio debe ser un poder especial, donde claramente se establezca la voluntad del cónyuge de ejercer la acción de divorcio por ser esta personalísima (…)” (Negrillas de esta jurisdicción)

Y tomando en cuenta el señalamiento del artículo 67 del Código Civil que estable:
“Artículo 67. La manifestación de que trata el artículo anterior, se hará por ambos contrayentes personalmente o por mandatario con poder especial; y deberán ser asistidos de las personas cuyo consentimiento o autorización sea necesaria para la celebración del matrimonio, a menos que presenten en el mismo acto documento auténtico en que conste el consentimiento o la autorización. La presentación del documento auténtico de esponsales, es suficiente para que cualquiera de los contrayentes pueda por sí solo hacer la manifestación, sin perjuicio de los demás requisitos que prescribe este artículo. Cuando el funcionario ante el cual se haga la manifestación no sea el escogido para celebrar el matrimonio, hará a éste la respectiva participación, a objeto de que proceda a fijar el cartel en su jurisdicción y dé aviso del cumplimiento de tal formalidad como queda indicado.” (Negrillas de esta jurisdicción)

De lo que estatuye esta sentenciadora, que si bien es cierto que el divorcio es una institución personalísima, no es menos cierto que puede hacerse por medio de apoderado, siempre y cuando este apoderado tenga un poder especial en el que de manera autentica, aparezca la voluntad del cónyuge de querer el divorcio solicitado, situación que se constata en el presente expediente, ya que en este caso la ciudadana, MARIA MILAGROS SANCHEZ FARIA otorgan en el Poder Especial que riela en el folio Ocho (08) de la presente causa, otorgado ante la Notaria Pública Segunda de la Ciudad Ojeda del Estado Zulia, de fecha 13 de Noviembre de 2018, bajo el Nº 21, tomo 184, folios 112 hasta 116, por lo que el Notario vistos que fueron cumplidos los requisitos de ley lo declaró legalmente autenticado.
Por otra parte en el precitado instrumento aparece la manifestación de los antes mencionados otorgantes de la siguiente forma:
“YO, MARIA MILAGROS SANCHEZ FARIA, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad Nº V-18.218.457 (…) declaro: Confiero PODER ESPECIAL JUDICIAL pero amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere a los ciudadanos: ROBERTO CARLOS ARGUELLES ALVARADO y HENRY JOSE LEON PEREZ, Inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 142.908 y 117.926, respectivamente y domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, para que me represente, sostenga y defiendan mis derechos e intereses (…) muy especialmente en el Juicio de Divorcio fundamentándose en el artículo 185 del Código Civil venezolano vigente (…)”

Ahora bien, examinadas las actas procesales se observa la manifestación de los cónyuges sobre la interrupción de su vida en común desde hace más de cinco años, sin reanudarse dicha relación, uno personalmente y el otro por medio de poder especial autentico, a pesar de que el código sustantivo exige que aquellos casos en los cuales uno de los cónyuges intenta la solicitud, es que sea citado el otro cónyuge y que en este comparezca personalmente, para garantizar que el ha tenido conocimiento personal y directo de la solicitud de divorcio presentada por su cónyuge, presencia personal que evita cualquier situación irregular que podría presentarse si la comparecencia del cónyuge citado fuese permitida por medio de apoderado.
Pero en el caso de autos, se evidencia de las actas procesales, que la ciudadana, MARIA MILAGROS SANCHEZ FARIA firmó ante la Notaria Pública Segunda de Ciudad Ojeda del estado Zulia, el referido poder especial, en el que además de ser especial para divorcio de mutuo acuerdo, fue debidamente autenticado, lo que configura además en una prueba de su manifestación de voluntad de divorciarse, por ser el poder un documento autenticado, y aunado a que ha existido una separación de hecho por espacio de más de 5 años entre los referidos ciudadanos, no habiendo opinión desfavorable por parte de la Fiscal del Ministerio Público, pero existiendo el antes referido enfoque jurisprudencial vigente y prevaleciendo por ello la voluntad de los solicitantes, se considera procedente la presente solicitud de DIVORCIO. Así se decide.

DISPOSITIVO DEL FALLO
Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO UNDÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1) CON LUGAR: la presente solicitud de DIVORCIO, y en consecuencia, queda DISUELTO EL MATRIMONIO CIVIL contraído por los ciudadanos, JAVIER ALBERTO MAURY PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-16.118.585 y MARIA MILAGROS SANCHEZ FARIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.218.457, respectivamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, contrajeron Matrimonio el día siete (07) de Marzo del Dos Mil Nueve (2009), por ante el Jefe Civil y Secretario de la Jefatura Civil de la Parroquia Idelfonso Vásquez del Municipio Maracaibo del estado Zulia, tal como se evidencia de Acta de Matrimonio signada con el N° 26, acompañada a los autos en copia certificada, y cuyo domicilio conyugal estuvo ubicado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, sellada y firmada en este juzgado UNDÉCIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los Veintiuno (21) días del mes de Enero del 2019. Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
LA JUEZ SUPLENTE:

ABOG. GRISBEL BELLIO.
LA SECRETARIA:

ABOG. JAKELINE PALENCIA
En la misma fecha anterior, previo anuncio de Ley, a las Puertas del Despacho, se dictó y publicó la anterior Sentencia Definitiva, siendo las 2:04pm. LA SECRETARIA:

ABOG. JAKELINE PALENCIA.