Expediente N° 2492 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CABIMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Cabimas, dieciséis (16) de Enero del año dos mil diecinueve (2019). -208º y 159º- SOLICITANTES: JUAN PABLO APARICIO y KARELIS BEATRIZ QUIJADA URDANETA, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad números 10.604.335 y 12.712.516, respectivamente; ambos domiciliados en el Municipio Cabimas, estado Zulia. ABOGADO ASISTENTE: JESÚS IGNACIO QUIJADA RINCON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 5.798.650 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matricula 169.866, domiciliado en el Municipio Maracaibo, estado Zulia. MOTIVO: Divorcio 185-A del Código Civil PARTE NARRATIVA: Comparecen los ciudadanos JUAN PABLO APARICIO y KARELIS BEATRIZ QUIJADA URDANETA, debidamente asistidos por el Profesional del Derecho JESÚS IGNACIO QUIJADA RINCON, todos plenamente identificados anteriormente; solicitando al Tribunal declare la extinción del vínculo matrimonial que los une, fundamentando su petición en la ruptura prolongada de la vida en común por más de cinco (5) años a la cual se contrae el Artículo 185-A del Código Civil. Igualmente manifestaron que durante su unión marital procrearon dos (2) hijos que llevan por nombres JUAN ERNESTO APARICIO QUIJADA y MOULY PAOLA APARICIO QUIJADA, ambos venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 20.331.074 y 24.485.240, respectivamente. En fecha diecinueve (19) de Noviembre del año dos mil dieciocho (2018), éste Tribunal mediante auto le dio entrada, admitió la solicitud cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva. En fecha veintinueve (29) de Noviembre del año dos mil dieciocho (2018), éste Tribunal mediante auto ordenó la citación de la Fiscal Trigésima Sexta (36°) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Librándose la respectiva Boleta de Citación En fecha seis (6) de Diciembre del año dos mil dieciocho (2018), el Alguacil de éste Tribunal, mediante exposición hizo constar que le entregó la Boleta de Citación a la Representante Fiscal, quien firmó la referida boleta en señal de haberla recibido. En fecha siete (7) de Enero del año dos mil diecinueve (2019), la ciudadana Jueza Suplente de éste Tribunal, mediante auto se avoco al conocimiento de la presente causa, asimismo se ordenó la Notificación de los solicitantes. En fecha diez (10) de Enero del año dos mil diecinueve (2019), mediante diligencia la ciudadana, Abog. LOLIMAR CASTILLO FEREIRA, actuando en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Trigésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, expuso: “…que no presenta oposición alguna, a objeto de que este Órgano Jurisdiccional declare el divorcio…” En fecha once (11) de Enero del año dos mil diecinueve (2019), mediante diligencia los ciudadanos KARELIS BEATRIZ QUIJADA URDANETA y JUAN PABLO APARICIO, titulares de las cédulas de identidad números V-12.712.516 y V-10.604.335, respectivamente; debidamente asistidos por el Profesional del Derecho JESÚS IGNACIO QUIJADA RINCON, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matricula 169.866, se dieron por notificados del avocamiento. Con la misma fecha, el Alguacil Temporal de éste Tribunal mediante exposición hizo constar que notificó a los ciudadanos KARELIS BEATRIZ QUIJADA URDANETA y JUAN PABLO APARICIO, titulares de las cédulas de identidad números V-12.712.516 y V-10.604.335, respectivamente; quienes firmaron en señal de haberlas recibido y consignó las boletas, constante de dos (2) folios útiles. El Tribunal pasa a resolver, según las siguientes consideraciones: I DE LA COMPETENCIA La competencia es la atribución legal conferida a un Juez como árbitro y director del proceso para el conocimiento de un asunto jurídico determinado en razón de la materia, la cuantía o el territorio. En referencia a eso, se debe resaltar que, si bien es cierto que la jurisdicción como facultad de administrar Justicia incumbe a todos los Jueces y Magistrados, no es menos cierto que es difícil que todos los Tribunales ejerzan la Jurisdicción plena en todos sus grados y clases dentro del país, y por ello es necesario limitarles el ejercicio de la función jurisdiccional, bien sea por la extensión del territorio o por la especialidad de los asuntos que puedan conocer y además, deben estar divididos en categorías o grados, de tal manera que los interesados sepan antes de acudir a ellos si tienen posibilidad de impartir justicia en el caso concreto, de acuerdo con las atribuciones y poderes que objetivamente le asigna la ley al tribunal respectivo. Al respecto, el Artículo 754 del Código de Procedimiento Civil establece que “Es Juez competente para conocer de los juicios de divorcio y de separación de cuerpos el que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia, en el lugar del domicilio conyugal. Se entiende por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges ejercen sus derechos y cumplen con los deberes de su estado” No obstante lo anterior, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha dieciocho (18) de Marzo de dos mil nueve (2.009) emitió una resolución signada con el N° 2009-0006, el cual en su Artículo 3 señala que “Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales…” Siendo así las cosas, y considerando que según la declaración de los solicitantes su último domicilio conyugal fue fijado en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, se evidencia que éste Tribunal resulta competente territorial y materialmente para conocer de la presente causa. ASÍ SE DECLARA.- II MOTIVACIONES PARA DECIDIR El Divorcio es la ruptura o extinción de un matrimonio válido, en vida de ambos cónyuges, en virtud de un pronunciamiento judicial. Es la causa legal de disolución del matrimonio. El matrimonio es la base principal de la familia y ésta, a su vez, es la base de la sociedad, por lo que el divorcio, al considerarlo como disolución del matrimonio, afecta la estabilidad de la familia, por lo que el Estado esta en el deber de protegerlo de conformidad con lo establecido en los Artículos 75 y 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de ahí que sea considerado el divorcio como materia de orden público, donde los particulares no pueden mediante convenio modificar, relajar o renunciar a las disposiciones legales que lo regulan. Sin embargo, el legislador con la finalidad de atender a una realidad social representada por el cese de la affectio maritatis incorporó al Código Civil en la reforma de 1.982, una nueva causal de divorcio al señalar en el Artículo 185-A que “Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común…”, de forma tal que sin haber incurrido en las causales clásicas de divorcio previstas en el Artículo 185 ejusdem, pueda resolverse en forma práctica esta ruptura prolongada de la vida en común. Ahora bien, los extremos de Ley que deben llenar las partes al momento de introducir la pretensión es demostrar que existe el matrimonio, que la separación fáctica tiene más de cinco (5) años y que dentro de ese lapso no ha habido reconciliación. Al respecto, los solicitantes acompañaron junto al libelo como recaudo fundamental exigido por la Ley, copia certificada del acta de matrimonio y en forma personal ambos cónyuges en su escrito admitieron que por más de cinco (5) años se ha encontrado interrumpida la relación matrimonial sin que se haya reanudado hasta los momentos dicha unión. Dicho esto, y evidenciándose de actas la opinión favorable de la representación fiscal, se considera procedente en derecho la solicitud de divorcio, fundada en el Artículo 185-A del Código Civil. ASI SE DECIDE.- III DISPOSITIVO En virtud de lo antes expuesto, éste TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CABIMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Divorcio fundada en el Artículo 185-A del Código Civil, presentada por los ciudadanos JUAN PABLO APARICIO y KARELIS BEATRIZ QUIJADA URDANETA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 10.604.335 y 12.712.516, respectivamente. SEGUNDO: DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL contraído en fecha dieciséis (16) de Mayo del año mil novecientos noventa y dos (1992), por ante el Registro Civil del Municipio Cabimas, estado Zulia, inserta bajo el N° 199, Libro N° 1, Folios 398 y 399, Año: 1992, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA. Dada, sellada y firmada en la sala del Despacho del TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CABIMAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Cabimas, a los dieciséis (16) días del mes de Enero del año dos mil diecinueve (2019). Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.- LA JUEZA SUPLENTE, (fdo) Abog. MARLYN CAROLINA GODOY DELGADO. EL SECRETARIO TEMPORAL, (fdo) Abog. ALBERTO JOSÉ ALVAREZ MARIN. En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil Temporal de éste Tribunal a las puertas del despacho y siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede, quedando anotado bajo el Nº 05-2019. EL SECRETARIO TEMPORAL, (fdo) Abog. ALBERTO JOSÉ ALVAREZ MARÍN.