TSJ Regiones - Decisión

I
DE LA RELACIÓN DE LAS ACTAS

Se dio inicio al proceso con ocasión a la pretensión de cumplimiento de contrato, propuesta por el ciudadano Francisco José Duran Terán, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número 1.080.626, domiciliado en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia; actuando en nombre propio y en representación de los ciudadanos Ligia Margarita Roldan y Freddy José Duran Roldan, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad números 2.882.007 y 6.831.345 respectivamente, conforme con lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, asistido por el abogado en ejercicio Edwin Mendoza Valbuena, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 141.676, en contra la sociedad mercantil Ganadera La Fortuna, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el diecisiete (17) de octubre de mil novecientos ochenta y seis (1986), bajo el número 26, tomo 41-A, cuya última reforma estatutaria quedó protocolizada ante la Oficina de Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha dos (02) de septiembre de 2008, anotada con el número 27, tomo 59-A, representada por el presidente, ciudadano Wilmer Ramón Moran Parra, venezolano, mayor de edad, identificado con el número de cédula de identidad 3.792.373, domiciliado en el estado Mérida.
La presente demanda fue presentada ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, cuyo órgano jurisdiccional en fecha 28 de febrero de 2011, declaró la incompetencia en razón de la materia para conocer del presente asunto y ordenó la remisión del expediente a este Juzgado.
Por auto de fecha 22 de marzo de 2011, este tribunal le dio entrada al presente expediente y ordenó a la parte interesada subsanar el escrito libelar conforme a las reglas procesales y los principios rectores del derecho agrario, por lo que, la representación judicial de la parte actora consignó escrito de reforma de la demanda.
En fecha 11 de abril de 2011, se admitió la demanda y ordenó citación de la sociedad mercantil Ganadera La Fortuna, C.A, plenamente identificada en actas, en la persona su presidente Wilmer Ramón Moran Parra, antes identificado, a fin de que diera contestación a la demanda, en el lapso de cinco (05) días de despacho siguientes a la constancia en actas de su citación, más cinco (05) días concedidos como término de distancia. En tal sentido, previa instancia de parte, ordenó la entrega de la compulsa al abogado en ejercicio Edwin Mendoza Valbuena, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.
Consta en actas, que en fecha 11 de abril de 2011, la secretaria accidental de este juzgado hizo entrega de la boletas de citación al apoderado judicial de la parte actora, en su condición de correo especial.

II
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De la revisión exhaustiva de las actas procesales, este órgano jurisdiccional evidencia la inactividad procesal del ciudadano Francisco José Duran Terán, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 1.080.626, domiciliado en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia; quien a su vez actúa en representación de los ciudadanos Ligia Margarita Roldan y Freddy José Duran Roldan, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad números 2.882.007 y 6.831.345 respectivamente, demandantes en el presente juicio, motivo por el cual procederá a resolver de oficio sobre la consumación o no de la perención de la instancia, bajo las siguientes consideraciones:
La falta de impulso procesal, cuando la actuación que debe cumplirse dentro de la etapa de procedimiento de que se trate corresponda a una de las partes, acarrea la extinción del proceso, por imperativo de la institución de la perención de la instancia, cuya racionalidad teleológica se halla en la necesidad de evitar la prolongación indefinidad de las causas. Al respecto, la extinta Corte Suprema de Justicia en sentencia dictada en fecha 31 de mayo de 1989, con ponencia del magistrado Anibal Rueda, en el caso Giuliano Pascualucci Sidoni, que se refirió sobre la etimología de la perención y sus consecuencias en el proceso, dejó establecido lo siguiente:

“La definición de la institución de la perención de la instancia surge de su propia etimología: perención proviene de perimere, peremptum que significa extinguir e instare de instar que es la palabra compuesta de la preoposición in del verbo stare. Para Marcelino Cautelan, en su trabajo sobre perención de la instancia “tres son las condiciones indispensables para que un proceso se extinga por perención: En primer término el supuesto básico, la existencia de una instancia, en segundo la inactividad procesal y en tercero el transcurso de un plazo señalado por la Ley” Para el tratadista Oscar Rillo Canale, los requisitos del acto interruptivo, son: 1) Debe ser un acto procesal. Es decir, realizado dentro del proceso y admisible…2) Que tenga por efecto impulsar el procedimiento (…) En este orden de ideas, son actos de impulso procesal aquellos que insten la continuación de la causa en busca de una decisión final, no teniendo tal características las diligencias o solicitudes en las cuales se pida el desglose de documentos o su copia, la tasación de honorarios, su retasa (…)”. (Negrilla del Tribunal)

En sede agraria, el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone:

"(…) La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez después de vista la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, no producirá la perención (…)”.

En torno a la figura de la perención dentro del proceso agrario se ha pronunciado la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 0803, de fecha 19 de mayo 2009, donde sostuvo lo siguiente:

“Visto lo acontecido, se aprecia que el asunto de autos ya ha sido resuelto por esta Sala en un caso similar, y como ejemplo de ello se debe reproducir el contenido de la decisión Nº 2140, de fecha 15 de Diciembre del año 2008, (Caso Alí Rodolfo Bermúdez Rincón contra Instituto Nacional de Tierras), donde se estableció de forma pacífica lo siguiente: Omissis…Ahora, motivado a los positivos cambios jurídicos que experimenta nuestra República -los cuales se encuentran adaptados a las realidades nacionales- esta Sala, al considerar que el proceso se constituye en una herramienta esencial para la realización de la justicia, considera oportunamente necesario, en aras de una administración de justicia idónea y sin formalismos innecesarios, abandonar el criterio conforme al cual se sanciona con la perención breve al recurrente en vía de nulidad, cuando no cumple con la obligación de retirar y posterior consignación del Cartel de Notificación de Terceros en el lapso de 10 días hábiles, luego de que el mismo haya sido expedido. Así se decide. Por consiguiente, la perención ha considerar en materia agraria, será la establecida en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que se haya producido ningún Acto de impulso procesal por la parte actora; criterio éste que deberá ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide. Así pues, y dando por ratificado el contenido de la sentencia ut supra transcrita, resulta procedente el recurso de apelación propuesto, en razón de que en el presente asunto se decretó La Perención breve de la instancia sin que hubieran transcurrido 6 meses de inactividad o efectuado algún acto de impulso procesal por parte del accionante, debiendo el Tribunal de la causa, seguir conociendo del presente asunto. De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable, expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece.”. (Negrilla del tribunal).

De acuerdo con el artículo 182 eiusdem y la interpretación establecida en el precedente que antecede, entiende el tribunal, con miras al caso de marras, que la inactividad de la pretensora, desde el día 11 de abril de 2011, fecha en la cual la secretaria hizo entrega a su apoderado judicial de la copia de la demanda con el orden de comparecencia, a fin que otro Alguacil o Notario gestionara la citación de la parte demandada en atención al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, ha imposibilitado la continuidad del trámite regular del proceso y los estadios subsiguientes hasta concluir con la sentencia, lo que supone un signo sensible de falta de interés que se encuentra sancionado, como se dijo, con la extinción de instancia.
En ese sentido, esta Sentenciadora constata que desde el día 11 de abril de 2011, oportunidad en la cual se hizo entrega de las referidas instrumentales al apoderado judicial de la parte actora, hasta la presente fecha no ha realizado actuación alguna tendente a impulsar el trámite procedimental, vale decir, consignar en autos las resultas de la gestión, por lo que, transcurrido con creces más de seis meses se encuentra obligada a declarar la PERENCIÓN y por tanto la extinción del presente proceso que por cumplimiento de contrato, propusiera el ciudadano Francisco José Duran Terán, venezolano, mayor de edad, identificado con la cedula de identidad 1.080.626, domiciliado en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia; quien a su vez actúa en representación de los ciudadanos Ligia Margarita Roldan y Freddy José Duran Roldan, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad números 2.882.007 y 6.831.345 respectivamente, conforme con lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, en contra la sociedad mercantil Ganadera La Fortuna, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el diecisiete (17) de octubre de mil novecientos ochenta y seis (1986), bajo el número 26, tomo 41-A, cuya última reforma estatutaria quedó protocolizada ante la Oficina de Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha dos (02) de septiembre de 2008, anotada con el número 27, tomo 59-A, representada por el presidente, ciudadano Wilmer Ramón Moran Parra, venezolano, mayor de edad, identificado con el número de cédula de identidad 3.792.373, domiciliado en el estado Mérida, de conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se declara.-

III
DEL DISPOSITIVO

Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1°) PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, sigue el ciudadano Francisco José Duran Terán, venezolano, mayor de edad, identificado con la cedula de identidad 1.080.626, domiciliado en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia; quien a su vez actúa en representación de los ciudadanos Ligia Margarita Roldan y Freddy José Duran Roldan, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad números 2.882.007 y 6.831.345 respectivamente, conforme con lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, en contra la sociedad mercantil Ganadera La Fortuna, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el diecisiete (17) de octubre de mil novecientos ochenta y seis (1986), bajo el número 26, tomo 41-A, cuya última reforma estatutaria quedó protocolizada ante la Oficina de Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha dos (02) de septiembre de 2008, anotada con el número 27, tomo 59-A, representada por el presidente, ciudadano Wilmer Ramón Moran Parra, venezolano, mayor de edad, identificado con el número de cédula de identidad 3.792.373, domiciliado en el estado Mérida, de conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se declara.-de conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
2°) SEGUNDO: NO HAY condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código Procesal Civil;
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTÍFIQUESE.
Déjese por Secretaría copia certificada de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho de este JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). Años: 208° de la Independencia y 160° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,

ABG. ALESSANDRA P. ZABALA MENDOZA.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

ABG. YURIBEL LINARES ARTIGAS.

En la misma fecha siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) se publicó el anterior fallo bajo el No. 064-2019.-

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

ABG. YURIBEL LINARES ARTIGAS.