TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Expediente. 6437-19
Ocurre ante este Juzgado la ciudadana AIDA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ y CARLOS IGNACIO ROMERO ROMERO, ambos Venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nos V-7.973.673 y V-7.693.153, respectivamente domiciliados en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistidos por la profesional del derecho MARIA CECILIA MENDEZ PAZ, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Número 25.796, para solicitar se declare disuelto el matrimonio civil que les une, conforme a la nueva doctrina adoptada en Sentencia N. 1070 de fecha 9 de diciembre de 2.016, emanada de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, en la cual se interpreta el contenido y alcance del artículo 185 del Código Civil.
Narran los solicitantes que en fecha 24 de Septiembre de 1988 contrajeron matrimonio civil por ante la primera autoridad civil de Santa Cruz de Mara del Municipio Ricaurte del Estado Zulia, según se evidencia de la copia certificada del acta No.8 agregada a la presente solicitud, fijando como su ultimo domicilio conyugal en la siguiente dirección; calle 73 con avenida 3C, No. 3B-276. Quinta Andri, Sector La Lago, Maracaibo, Estado Zulia.
No obstante, los solicitantes señalaron que de esa unión matrimonial procrearon dos hijos de nombre CARLOS DANIEL ROMERO GONZALEZ e ISABELLA ROMERO GONZALEZ, quienes son venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles y solteros.
Ahora bien, durante varios años de su unión matrimonial vivieron felices y en perfecta armonía, en un clima de amor y respeto mutuo, cumpliendo ambos con todos los deberes inherentes al matrimonio, con el afecto y compresión que debe privar en toda relación matrimonial; pero es el caso, que desde algún tiempo, comenzó a cambiar su relación, incumpliendo ambos sus obligaciones conyugales; llegando al punto de ocupar el mismo inmueble de habitación pero independiente uno del otro.
Por último se solicita que la solicitud de divorcio sea admitida y sustanciada conforme a derecho con fundamento en el artículo 185 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 75 de constitución Bolivariana de la República de Venezuela y el criterio Jurisprudencial establecido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 1070 de fecha 09 de diciembre de 2016.
Ahora bien, recibida la Solicitud de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos con sus anexos y signada bajo el Nº TM-MO.20917-2019, constante de quince (15) folios útiles, este Juzgado la admitió cuanto ha lugar en derecho en fecha 14 de Julio de 2019, por no ser contraria a la Ley, al Orden Público ni a las Buenas Costumbres.
Así mismo ordeno la notificación al representante del Ministerio Publico para que comparezca a exponer lo que crea procedente en relación a la acción propuesta, dentro del término de tres (03) días de despacho siguiente a la constancia en actas de haberse practicado su notificación. Hay constancia que en fecha 31 de julio el Alguacil Natural de este tribunal hizo entrega de la Boleta de Notificación a la Ciudadana Fiscal del Ministerio Publico del Estado Zulia, con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, y familia.
I
De la Solicitud de Divorcio.
Antes de pronunciarse, el Juez sobre la procedencia de divorcio solicitada, debe con carácter previo, puntualizar los aspectos de orden procesal que el Jurisdicente debe tomar en cuenta con respecto a los asuntos trascendentes a los que se refiere el fallo proferido por el Alto Tribunal de Justicia, en el que establece lo siguiente:
Establece la Sentenciade fecha 9 de diciembre de 2.016, en Sala Constitucional con Ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, expediente No. 16-0916.693:
“De la misma forma, durante la unión matrimonial puede surgir la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, la cual consiste en una intolerancia de alguno de los cónyuges para con su pareja, siendo exteriorizada en diversas formas lo que genera una permanente aversión que hace imposible la vida en común.
De modo pues que tales situaciones no se pueden encasillar a las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, tal y como se estableció en la sentencia n° 693/2015, ya que al ser sentimientos intrínsecos de alguno de los cónyuges, estos pueden nacer o perecer de forma inesperada sin que exista un motivo específico.
Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
…esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada. Omissis
En efecto, la competencia de los Tribunales es producir como juez natural conforme lo dispone el artículo 49 constitucional, una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, sin que pueda admitirse la posibilidad de que manifestada la existencia de dicha ruptura matrimonial de hecho, se obligue a uno de los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial cuando éste ya no lo desea, pues de considerarse así se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona.”
Aunado a ello no existió dentro del proceso objeción por parte del Ministerio Público con respecto a lo solicitado.
Analizadas las declaraciones de los cónyuges con respecto a la Solicitud de Divorcio y las documentales consignadas, es decir, el Acta de Matrimonio, al igual que los documentos de identificación presentados, observa este Juzgador que las partes no promovieron pruebas distintas a las aportadas con la Solicitud de Divorcio, por lo que es necesario traer a colación a este fallo la nueva doctrina adoptada en Sentencia de fecha 9 de diciembre de 2.016, de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, expediente No. 16-0916.693, que se refiere a la pérdida del afecto marital como fundamento para obtener una sentencia que disuelve el vínculo jurídico que une a los contrayente como sucede en el caso de autos, pues de la Solicitud de Divorcio contenida en las actas procesales, se evidencia que el solicitante puntualiza la existencia de desavenencias múltiples surgidas entre los cónyuges, lo que los obligó a separarse de hecho, situación que se mantiene inmodificable hasta la actualidad con la consecuente pérdida de “afecto marital”, como lo reconocen los cónyuges AIDA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ y CARLOS IGNACIO ROMERO ROMERO, dentro del proceso, producto de los hechos y circunstancias anteriormente narradas, lo que produjo el cese entre los cónyuges de la vida en común.
Conforme a lo narrado concluye el Juez que la situación láctica planteada por los cónyuges producto de la pérdida del afecto marital, se hace necesario declarar el Divorcio en los términos pedidos por los ciudadanos AIDA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ y CARLOS IGNACIO ROMERO ROMERO, antes mencionados, con el fin de lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia y la debida protección a la familia en general, lo que se traduce en definitiva en garantizar el libre desenvolvimiento de la personalidad y adquirir como lo establece la Sala un estado distinto, en consecuencia, es procedente declarar disuelto el vínculo matrimonial contraído por los ciudadanos AIDA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ y CARLOS IGNACIO ROMERO ROMERO, por los fundamentos expuestos este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, Declara:
Primero: Con Lugar la Solicitud de Divorcio, conforme a lo establecido en el artículo 185 del Código Civil y al nuevo criterio adoptado por el Tribunal Supremo de Justicia con respecto a la pérdida del afecto marital dentro del matrimonio, formulada por los ciudadanos AIDA MARIA GONZALEZ FERNANDEZ y CARLOS IGNACIO ROMERO ROMERO, ambos Venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nos V-7.973.673 y V-7.693.153, respectivamente domiciliados en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, respectivamente, en consecuencia, se declara DISUELTO el matrimonio que contrajeron los cónyuges en fecha 24 de Septiembre de 1988, por ante la primera autoridad civil de santa cruz de Mara del Municipio Ricaurte del Estado Zulia, según se evidencia de la copia certificada del acta No. 8, expedida por la mencionada autoridad civil.
No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza del presente proceso.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE
Déjese copia certificada del presente fallo por Secretaría, conforme a lo previsto en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Tribunal Primero Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en Maracaibo, a los ocho (08) días del mes de Agosto de 2.019.- Años 208° de la Independencia y 160° de la Federación.
EL JUEZ SUPLENTE

Mgsc. ALANDE BARBOZA CASTILLO.
EL SECRETARIO SUPLENTE

Abg. JOSE MANUEL URBINA AÑEZ.

En la misma fecha, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó el presente fallo, siendo las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10: 45 a.m.).- Sentencia Definitiva Nº 050-2019.
EL SECRETARIO SUPLENTE

Abg. JOSE MANUEL URBINA AÑEZ.

ABC/KVC