REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES SALA 2
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
CORTE DE APELACIONES ACTUANDO EN SEDE CONSTITUCIONAL
SALA SEGUNDA
Maracaibo, 25 de Septiembre de 2018
208° y 159°
ASUNTO PRINCIPAL: 12C-29809-2018
ASUNTO : VP03-O-2018-000058
DECISIÓN Nº 468-18
I
PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL Dra. LOHANA KARINA RODRIGUEZ TABORDA
Han subido las presentes actuaciones procesales en fecha 19-09-2018, en virtud de la acción de Amparo Constitucional, interpuesto por los ciudadanos KELVIS JOHAN BRICEÑO SERRANO y TOMAS GONZALEZ FUENMAYOR, inscritos en el inpreabogado bajo los Nos. 189.947 y 240.304, respectivamente, actuando como defensores privados de la ciudadana JOSMARY ANY QUERO GOTOPO, titular de la cedula de identidad No. V.- 13.516.441, en la cual invocan la ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL, en contra del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, a favor de la libertad de su representada y se le restituya a la misma sus derechos y garantías constitucionales consagrado en el artículo 2, 26 , 44, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 4 y 38 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Realizados los trámites administrativos pertinentes, se le dio entrada a la presente causa en fecha 19 de Septiembre de 2018, dándose cuenta en Sala y designándose ponente a la Jueza Profesional Dra. LOHANA KARINA RODRIGUEZ TABORDA, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
En tal sentido, este Tribunal de Alzada, actuando en Sede Constitucional, conforme lo establece la ley especial que rige la materia, y adoptando el criterio reiterado y vinculante del Máximo Tribunal de la República, en Sala Constitucional en fechas 20-01-2000, 01-02-2000 y 09-11-2001, según sentencias Nos. 01-00, 0010-00 y 2198-01, respectivamente, pasa a revisar de seguidas, la competencia y los requisitos de admisibilidad de la precitada acción de amparo constitucional, y al respecto observa:
II
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, y a tal efecto observa:
Que en sentencia N° 1/2000, del 20 de enero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, a la luz de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ello, nuestra legislación venezolana establece la procedencia de la acción de amparo contra decisiones que han sido dictadas por órganos judiciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, donde se establece “...cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional…”, refiriendo igualmente en dicha norma la competencia del órgano jurisdiccional llamado a resolver la acción, cuando expresa: “…En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”. (Subrayado de la Sala).
Por su parte, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, estipula la procedencia de la acción de amparo contra las presuntas conductas omisivas por parte de los órganos judiciales, al establecer: “La acción de amparo procede contra todo acto administrativo; actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones, u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional…”. Resultando competente para dilucidar tales conductas omisivas, el Tribunal Superior, a aquel que presuntamente lesionó algún derecho constitucional, tal como lo expresa el mencionado artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia 001-00 de fecha 20 de enero de 2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, dejó sentado que es competencia de la Corte de Apelaciones en lo Penal, el conocimiento de la Acción de Amparo como Primera Instancia, cuando ésta sea intentada contra cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, bien sea Tribunal de Control, de Juicio o de Ejecución, por lo cual en atención a tal criterio jurisprudencial, así como de conformidad con lo establecido en los artículos 64 del Código Orgánico Procesal Penal y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, quienes aquí deciden, se encuentran facultados para conocer de las acciones de amparo interpuestos contra las decisiones dictadas por los Tribunales de Primera Instancia de este Circuito Judicial Penal, siendo que en el caso sub examine, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en fecha 07 de septiembre de 2018, mediante resolución N° 746-18, declaró Sin Lugar la Solicitud de Sustitución de Medida Cautelar de privación Judicial Preventiva de Libertad, que pesa sobre los imputados DEIVIS ALEXANDER VERGES SOSA, JOSMARY ANY QUERO GOTOPO y YERMY LUIS GRATEROL SERRANO, solicitada por el Ministerio publico, motivo por el cual, esta Alzada actuando en Sede Constitucional, congruente con lo reseñado supra, es competente para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional interpuesta. ASÍ SE DECIDE.
III
DE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTA
De la revisión que esta Alzada realizó a las actas que integran la presente acción de amparo, la cual fue incoada en fecha 19 de Septiembre de 2018, se constató que la misma fue presentada por los ciudadanos KELVIS JOHAN BRICEÑO SERRANO y TOMAS GONZALEZ FUENMAYOR, antes identificados.
Del análisis del escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, se evidenciaron los siguientes alegatos esgrimidos por los accionantes, en contra del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia:
Manifestó que: “…Ahora bien Ciudadanos Magistrados, es el caso que en fecha 03 de septiembre del año 2018, fue consignada por la oficinas de alguacilazgo, emanada de la fiscalía Octava Provisoria del Ministerio Publico (SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL REVENTTVA DE LIBERTAD), La cual consigno en Copia Simple, para acreditar la violación denunciada, por medio del presente amparo…”
Sostuvo que: "... Ciudadanos Magistrados, habiendo transcurrido los 45 días, que por ley tiene el Ministerio público, quien actuando de buena fe, Solicita la aplicación de una medida Cautelar Sustitutiva de libertad, por considerar que no existen suficientes elementos de convicción que comprometan la responsabilidad penal, de los Ciudadanos; DEIVIS ALEXANDER VERGUES SOSA, Titular de la Cédula De identidad Número: 14.739.919. 2. JOSMERY ANY QUERO GOTOPO, Titular de la Cédula De identidad Número 13.516.441, 3. YERMY LUIS GRATEROL SERRANO, Titular de la Cédula De identidad Número: 12.443.735. Lo procedente en derecho era que la juez otorgara dicha medida Cautelar, por cuanto tai como lo ha establecido la Sala Constitucional, es el Ministerio Publico es el órgano encargado de investigar, si efectivamente estamos en presencia de la Comisión de un delito, y los jueces de control no pueden obligar al Ministerio publico a presentar un acta conclusivo, por cuanto el mismo goza de autonomía, en sintonía con lo planteado sobre la procedencia del presente amparo bajo la modalidad de habeas corpus, nuestra sala constitucional estableció el siguiente criterio…Omissis..."
Expuso que: "... ahora bien Ciudadanos Magistrados, en fecha 07 de Septiembre del 2018, Mediante resolución numero: 746.18, RESOLUCIÓN ACORDANDO NEGAR LA SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD SOLICITADA POR EL MINISTERIO PUBLICO, la cual Consigno en Copia simple. EN LA CUAL EN EL NÚMEROL TERCERO DE DICHA RESOLUCIÓN ESTABLECIÓ LO SIGUIENTE:
PRIMERO: Declarar sin lugar la solicitud formulada por la AB6, CELINA TERAN CAMARGO, actuando con el carácter de Fiscal Provisoria, adscrita a la Fiscalía Octava del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado -Zulla, y, en consecuencia, negar la sustitución de las Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta a los ciudadanos 1,- DEIVSS ALEXANDER VERGES SOSA, titular de la cédula de identidad Nro, V- 14.738.919, 2.- JOSMARY ANY QUERO GOTGPG, titular de la cédula de identidad Nro V-13.516,441 y 3, YERNY LUIS GRATEROL SERRANO, titular de la cédula de identidad Nro V- 12.443,735, en la fecha de su individualización, por las Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventivas de Libertad previstas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Ratificar la vigencia de la Medida de Coerción personal impuesta a los ciudadanos 1.- DEIVIS ALEXANDER VERGES SOSA, titular de fa cédula de identidad Nro, V- 14.738.919, 2.- JOSMARY ANY QUERO GOTOPO, titular de la cedula de identidad Nro. V- 13.516.441 y 3,-YERMY LUIS GRATEROL SERRANO, titular de la cedula de identidad Nro. V- 12,443.735, en la fecha de su individualización, por la presunta comisión de ios delitos FORJAMIENTO DE DOCUMENTO, previsto y sancionado en el artículo 31, del Código Penal Venezolano y FALSIFICACIÓN DE SELLOS, previsto y sancionado en el articulo 308, del Código Penal Venezolano, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, TERCERO: Oficiar a la representación Fiscal Octava 08° del Ministerio Público con copia a la Fiscalía Superior del Ministerio Publico de fa Circunscripción Judicial del Estado Zulla, remitiendo copia certificada de la presente decisión, instando al Ministerio Público a dictar el Acto Conclusivo en la presente investigación dando así cumplimiento a la obligación que, corno titular de la acción penal, le establecen los numerales 1 y 2 del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el articulo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 49, 334 y 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 13, 19, 236, 237 y 254 del Código orgánico procesal penal. Así se Decide…”
Alegó que:”… Ciudadanos Magistrados, la actuación despalda por la representante del tribunal Doce de control, no solo constituye una flagrante violación al principio de autonomía e independencia del cual goza el Ministerio Publico, Sino una grotesca violación al derecho a la libertad de mi defendida, quien actualmente se encuentra privada de libertad no existiendo un acto conclusivo alguno, siendo procedente el 236 del Código Orgánico Procesal Penal, el Juez de Control una vez verificado que efectivamente ha trascurrido el lapso de ley sin que el Fiscal del Ministerio Público haya presentado el acto conclusivo correspondiente, está obligado otorgar la libertad al imputado, o en su defecto, imponerle una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad del elenco de Medidas contenidas en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Existiendo en la presente Causa una privación ilegitima de libertad, por parte de la juez del tribunal 12 de Control, Entorno a la autonomía del Ministerio público ha establecido la Sala Constitucional en las siguientes decisiones…Omissis....”
Argumentó que:”… Ciudadanos Magistrados Como podemos evidenciar ciertamente que se viola no solamente las disposiciones de orden adjetivo contenidas en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, sino también normas de rango Constitucional, referidas a la liberad y/o detención de una persona y ciertamente el hecho de que la ciudadana: JOSMARY ANY QUERO GOTOPO se encuentre privado de su libertad, existiendo una (SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL REVENTIVA DE LIBERTAD). Por parte del organismo, quien es el encargado de investigar los hechos punibles, y al considerar que no posee elementos de convicción, solicita el ministerio actuando de buena fe la medida sustitutíva, es por lo que denuncio en aras de obtener justicia, que la ciudadana:, JOSMARY ANY QUERO GOTOPO se encuentra detenida ILEGALMENTE POR PARTE DE LA JUEZ DOCE DE CONTROL, por ello lo anterior constituye una violación a la Garantía Constitucional prevista en el artículo 44 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, definida como LIBERTAD INDIVIDUAL, en concordancia con el articulo referente al debido proceso propia de su persona. En tal sintonía nuestra Sala Constitucional ha establecido lo siguiente: Omissis…”
Señaló en el capítulo denominado Derecho que:”…En cuanto a los derechos y garantías constitucionales del ciudadano, la Constitución de 1999 es prolija y, con respecto al Habeas Corpus, se dispone (Art. 44):
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
Como complemento de esta disposición, la carta fundamental garantiza el debido proceso (art. 49): El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.
Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado lega/mente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete…”
Manifestó en el denominado PETITORIO que:”… Con fundamento a todo lo expuesto, esta Defensa PRIVADA SOLICITA:
1.- Se admita a trámite la presente acción de amparo constitucional. 2.- Se declare Con Lugar la petición de amparo constitucional y en consecuencia se ordene al Juzgado Doce de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Estado Zulla, ordene la libertad de la Ciudadana: JOSMARY ANY QUERO, titular de la Cédula de identidad numero: 13.516.441…”.
IV
DE LA ADMISIBILIDAD O NO DE LA ACCIÓN DE AMPARO INCOADA
Así las cosa, se observa que en el presente caso la acción de amparo constitucional resultó ejercida contra la presunta omisión en que incurriera el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ya que según lo expuesto por los accionantes, dicho Tribunal ha incurrido en flagrante violación del derecho a la libertad individual de su defendida, siendo que el titular de la acción penal es el Ministerio Publico, correspondiéndole al Juez de control ejercer el Control Judicial, y en el presente caso se le esta causando un grave perjuicio a su defendida y hay una franca violación a los principios de libertad individual y el debido proceso por parte del Juzgado Duodécimo de Control que a juicio de los recurrentes “ el juez de control una vez verificado que efectivamente ha transcurrido el lapso de ley sin que el fiscal del Ministerio Público haya presentado el acto conclusivo correspondiente, está obligado a otorgar la libertad de la imputada, o en su defecto imponerle una medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de las contenidas en el 236 del Código orgánico procesal penal, existiendo en la presente causa una privación ilegítima de libertad”, incumpliendo así con lo dispuesto en el articulo 44 ordinal 1 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Asumida la competencia y vistos los términos de la acción de amparo constitucional interpuesta, corresponde ahora a la Sala verificar con carácter previo, en primer lugar, si la misma cumple con los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en segundo lugar, si la pretensión constitucional se encuentra o no incursa en las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la precitada ley especial de amparos; y a tales efectos, previamente, observa:
En relación a los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es preciso señalar que necesariamente constituye una carga de quien acciona en amparo, el cumplir con una serie de requisitos a los fines de que la acción pueda ser admitida y sustanciada por el Tribunal Constitucional. Siendo que la solicitud que contenga la pretensión constitucional deberá contener los requisitos establecidos en el referido artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece:
“Requisitos de forma.
Artículo 18. En la solicitud de amparo se deberá expresar:
1.-Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;…”
En la presente acción de amparo constitucional, observa esta Sala que los ciudadanos KELVIS JOHAN BRICEÑO SERRANO y TOMAS GONZALEZ FUENMAYOR, actuando como defensores privados de la ciudadana JOSMERY ANY QUERO GOTOPO, titular de la Cédula de identidad Nº V-13.516.441, sin embargo, de la revisión efectuada a las actuaciones que integran la presente acción de amparo constitucional, se observa que no corre inserto algún documento que acredite la cualidad con la que refieren actuar los profesionales del derecho, la cual debe constar de manera especial y expresa, a los fines del trámite de la acción, sustentado dicho criterio en la doctrina jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 30 de Mayo de 2008, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, la cual establece:
“…En este orden de ideas, debe esta Sala reiterar que si el nombramiento del defensor no
está sujeto a ninguna formalidad, éste puede tenerse como válido, bien sea: a) Mediante la figura de un instrumento poder; o b) Por cualquier otro medio que revele la voluntad del imputado de estar asistido por un abogado de su confianza. Ello debido a que el derecho a la asistencia letrada del imputado en el proceso penal, es distinta a la obligación de la asistencia o representación del demandante en los demás procesos de naturaleza no penal, pues dicho proceso penal se instaura contra la voluntad del imputado y por interés público, en tanto que los no penales se forman por voluntad de la parte actora en su exclusivo interés (Sentencia n° 3.654/2005, del 6 de diciembre). En ambos casos, del nombramiento efectuado se derivará necesariamente la facultad del defensor privado, de ejercer las acciones de amparo frente a las lesiones o amenazas de los derechos y garantías de su defendido, máxime cuando de la propia redacción del artículo 27 del Texto Constitucional, se desprende que el procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad alguna.
Respecto a la figura del instrumento poder como mecanismo de representación en el proceso de amparo, esta Sala ha señalado lo siguiente:
“Es necesario reconocer que el legislador de amparo no castiga expresamente con la inadmisibilidad la falta de consignación del mandato como tal, hasta el punto de que en la norma parcialmente transcrita se puede apreciar cómo es aceptado el hecho de que se haga referencia suficiente en la solicitud de los datos que identifiquen el poder previamente conferido, y que deberá ser consignado antes de la oportunidad en que el órgano jurisdiccional respectivo se pronuncie sobre la admisión de la acción, pero mal se puede consignar con posterioridad a la interposición del amparo, un poder que, para ese momento, no había sido otorgado y del que sería materialmente imposible aportar datos de identificación de la manera como lo exige la norma comentada.
El supuesto anterior podría darse, asimismo, en aquellos casos en los que la representación se pretenda fundamentar en un instrumento poder otorgado de conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, en el curso del juicio principal o en cualquier otra incidencia, es decir, un poder apud acta, con la advertencia lógica de que ese tipo de poder sería perfectamente válido cuando sea otorgado en el curso del proceso constitucional de amparo; el problema que de seguidas se tratará de esclarecer, radica en la determinación del momento preclusivo que tiene el accionante para la consignación del poder en las actas del proceso de amparo, o hasta qué momento dispone, para consignar el poder recién otorgado, o en el segundo supuesto, el instrumento poder previamente otorgado mas no acompañado anexo a la querella constitucional. Tal importancia se deriva del contenido mismo del texto del aparte quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
(Omissis)
A los fines de resolver el presente caso, nos interesa el presupuesto relativo a la capacidad de las partes, la cual se encuentra relacionada con la legitimación o capacidad procesal, es decir, la habilitación de la que goza un sujeto de derecho para acudir a provocar la actuación de un órgano jurisdiccional.
Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de ese tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso, el ius postulandi o derecho de hacer peticiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente.
Así las cosas, para lograr el “andamiento” de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que no se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción” (Sentencia n° 1.364/2005, del 27 de junio)
Efectuadas las anteriores precisiones, esta Sala observa que en el caso de autos, la Sala n° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en su sentencia del 19 de diciembre de 2007, ha declarado la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta por la defensa técnica del ciudadano Edwin Daniel Hernández, fundamentando tal resultado decisorio en la supuesta falta de legitimidad de la parte actora, la cual, en criterio de dicho órgano jurisdiccional, obedece a que el mencionado ciudadano no les otorgó a sus abogados defensores, mediante instrumento poder, la facultad de ejercer en su representación la referida solicitud de tutela constitucional, aunado a que el caso de autos no versa sobre un habeas corpus, supuesto éste en el que la legitimación se extiende a cualquier persona que tenga interés de accionar en beneficio de aquél o aquéllos cuya libertad se solicita.
Ahora bien, analizados los hechos que rodean el presente caso, a la luz de las consideraciones
antes expuestas, se considera que no es acertado el criterio que ha empleado la Sala n° 2 de la Corte de Apelaciones antes mencionada, para sustentar su declaratoria de inadmisibilidad de la presente acción de amparo. El fundamento de ello descansa en que, tal como se indicó anteriormente, en el proceso penal el instrumento poder -o mandato- no es el único mecanismo
para efectuar válidamente el nombramiento del abogado defensor, ya que dicho nombramiento también puede llevarse a cabo mediante cualquier otro documento distinto al instrumento poder, siempre y cuando en dicho documento se acredite la voluntad del encartado (sic) de ser asistido por un abogado de confianza, ello por las razones expuestas supra.” (Fallo Nº 875 del 30.05.2008). (Resaltado de esta Alzada).
De igual forma, la misma Sala reitera dicho criterio, en Sentencia No. 147, de fecha 20 de febrero de 2009, en los siguientes términos:
“…En el mismo sentido, esta Sala mediante sus decisiones Nos. 969 del 30 de abril de 2003 (caso: Roberto Carlos Montenegro Gómez); 1340 del 22 de junio 2005 (caso: Mireya Ripanti De Amaya) y 1108 del 23 de mayo de 2006 (caso: Eliécer Suárez Vera), entre otras, estableció la importancia y el alcance del juramento del defensor del imputado a los efectos de su cabal defensa técnica, lo cual señaló en los términos siguientes:
“...A la luz de estos postulados, el Código Orgánico Procesal Penal ha desarrollado a lo largo del proceso todo un abanico de posibilidades de acceso a la justicia y de defensa para el imputado en concordancia con sus derechos fundamentales. Sin duda, los artículos 125, numerales 2 y 3, 137, 139 y 149 eiusdem, estatuyen en particular el derecho a la defensa técnica mediante la asistencia jurídica de un abogado de confianza, facilitando al máximo y por cualquier medio la designación de defensor sin sujeción a ninguna clase de formalidad, salvo la prestación del juramento de ley, es decir, de cumplir bien y fielmente con los deberes del cargo que está asignada imperativamente al Juez como formalidad esencial para ser verificada dentro del término de veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud del defensor o, en su defecto, en el lapso más perentorio posible.
Al efecto, la defensa del imputado, cuando recae sobre un abogado privado, es una función pública y para poder ejercerla es impretermitible la prestación del juramento como solemnidad indispensable al objeto de alcanzar la plenitud de su investidura dentro del proceso penal. Como función pública inviste al defensor de un conjunto de poderes que están atribuidos al propio imputado como arte, salvo que la autodefensa de éste, permitida ampliamente por la normativa procesal, perjudique la eficacia de la defensa técnica que desarrolle el profesional del derecho, en una relación de coexistencia de sujetos procesales que va más allá de la simple representación que implica un mandato, en aras de la efectividad del derecho mismo a la defensa que garantiza la norma fundamental y los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la República” (Subrayado del fallo citado).
El anterior criterio fue reiterado por la Sala mediante decisión No. 491 del 16 de marzo de 2007 (caso: Johan Alexander Castillo), en la cual estableció:
“Al respecto, cabe señalar que el Código Orgánico Procesal Penal establece como necesaria la efectiva designación del sujeto como defensor, aunado a lo cual, se requiere que el mismo acepte ese cargo y jure desempeñarlo fielmente ante el Juez, haciéndose constar en acta, para poder actuar en el proceso penal como tal.
(omissis)
Ahora bien, en materia de amparo constitucional, la Sala ha establecido que la legitimación activa corresponde a quien se afirme agraviado en sus derechos constitucionales; y en el caso sub júdice el supuesto agraviado no otorgó, conforme lo prescribe la norma penal adjetiva, un mandato que permitiera al profesional del derecho, el empleo de medios idóneos para su supuesta defensa”.
En el caso bajo examen, tampoco observa la Sala que curse en el expediente algún mandato que evidencie la representación que se atribuye el abogado José Joel Gómez como defensor privado del accionante, a quien también le resultaba válido otorgar el respectivo instrumento poder al mencionado profesional del derecho a los fines de su representación en sede constitucional. Al respecto, esta Sala mediante sus decisiones Nº 1364 del 27 de junio de 2005 (caso: Ramón Emilio Guerra Betancourt), ratificada entre otras, en sentencias N° 2603 del 12 de agosto de 2005 (caso: Gina Cuenca Batet), N° 152 del 2 de febrero de 2006 (caso: Sonia Mercedes Look Oropeza) y N° 1117 del 14 de junio de 2007 (caso: José Rafael Marín
Molina), estableció lo siguiente:
“Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de ese tipo.
Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más
capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso, el ius postulandi o derecho de hacer peticiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente.
Así las cosas, para lograr el ‘andamiento’ de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que no se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción…” (Subrayado del fallo citado).
Ahora bien, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su sexto párrafo, establece lo siguiente:
“Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada”. (Negritas de la Sala).
Así las cosas, visto que en el caso bajo análisis no cursa en autos copia certificada del acta en la que se deja constancia de que el abogado José Joel Gómez haya prestado el juramento de ley como defensor privado del accionante, de conformidad con el artículo 136 del Código Orgánico Procesal Penal y tampoco se observa mandato alguno que evidencie a la Sala la representación que se atribuye el mencionado abogado; de conformidad con la jurisprudencia citada precedentemente y de acuerdo al citado artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, párrafo sexto, aplicable por remisión del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala estima que el amparo interpuesto resulta inadmisible. Así se decide. (Resaltado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
Así las cosas, este Tribunal Colegiado en correspondencia con la doctrina constitucional citada anteriormente, determina que la situación constatada impide la actuación de los abogados KELVIS JOHAN BRICEÑO SERRANO y TOMAS GONZALEZ FUENMAYOR, en la presente causa, toda vez que en actas no consta documento o nombramiento alguno que permita verificar el carácter con el cual refieren actuar, a los fines de interponer la acción de amparo constitucional contra actuación judicial alguna, por lo que al no estar acreditados en autos como abogados defensores de la ciudadana JOSMERY ANY QUERO GOTOPO, no puede validarse la representación del presunto agraviado, por carecer de legitimidad para ello, pues a criterio de esta Alzada, la acción ejercida es personalísima y su presentación por parte de quien dice obrar en nombre de otro no es posible en derecho, conforme a la jurisprudencia pacífica, reiterada y vigente que determina la doctrina emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Ello es así, toda vez que al no constar en actas ni el carácter o representación de los abogados accionantes, ni la designación y juramentación como abogados defensores en la causa, con facultades especiales para ejercer la presente acción de amparo, no es dable admitir en derecho el pedimento accionado. Adicional a ello, con base al principio de seguridad jurídica, la ausencia de aquellos datos o documentos que hagan constar su representación para el ejercicio de la acción intentada, impide a esta Sala de Alzada tener la certidumbre que en forma impretermitible se requiere en derecho, acerca de la voluntad, en el momento de la interposición del escrito de amparo, de quien se señala como parte accionante, tanto en lo que concierne a la representación de quien funge como su defensor de confianza, como en lo que se refiere al ejercicio mismo de la acción.
En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en reiterada jurisprudencia (ver por ejemplo sentencia No. 1668, del 13 de julio de 2005) ha señalado que:
“…toda lesión en la esfera particular de los derechos fundamentales de cualquier persona, genera en ella la cualidad suficiente para intentar un amparo en protección de su situación jurídica constitucionalmente tutelada…”.
Al respecto, se ha afirmado que esta especial acción de tutela despliega un carácter personalísimo, por lo que sólo puede ser incoada por el afectado inmediato de la transgresión constitucional, dejando a salvo supuestos especiales, como los reclamos efectuados en protección de los derechos colectivos y difusos, que nacen del reconocimiento de esta esfera de derechos por parte del artículo 26 de la Carta Magna, o el caso del amparo a la libertad y la seguridad personal, en el que cualquier persona está legitimada para intentarlo, entendiendo que dada la situación del afectado por la privación ilegítima de su libertad- no puede procurarse por sí mismo tal defensa.
En tal sentido, en virtud de las consideraciones realizadas es por lo que se declara INADMISIBLE POR FALTA DE LEGITIMIDAD la acción de amparo constitucional interpuesta por los profesional del derecho KELVIS JOHAN BRICEÑO SERRANO y TOMAS GONZALEZ FUENMAYOR, inscritos en el inpreabogado bajo los Nos. 189.947 y 240.304, respectivamente, actuando como defensores privados de la ciudadana JOSMARY ANY QUERO GOTOPO, titular de la cedula de identidad No. V.- 13.516.441; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con la jurisprudencia pacífica, reiterada y vigente que determina la doctrina emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ASÍ SE DECIDE.-
V
DISPOSITIVA
Por los argumentos de hecho y derecho, señalados, esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, actuando en sede constitucional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: INADMISIBLE POR FALTA DE LEGITIMIDAD la acción de amparo constitucional interpuesta por los profesionales del derecho KELVIS JOHAN BRICEÑO SERRANO y TOMAS GONZALEZ FUENMAYOR, inscritos en el inpreabogado bajo los Nos. 189.947 y 240.304, respectivamente, actuando como defensores privados de la ciudadana JOSMARY ANY QUERO GOTOPO, titular de la cedula de identidad No. V.- 13.516.441; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 18 numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con la jurisprudencia pacífica, reiterada y vigente que determina la doctrina emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese y regístrese en el libro respectivo, déjese copia certificada en archivo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, Sala Segunda del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en Maracaibo, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año 2018. Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
LA JUEZA PROFESIONAL
Dra. NIDIA MARÍA BARBOZA MILLANO
LAS JUEZAS PROFESIONALES
Dra. LOHANA KARINA RODRIGUEZ TABORDA Dra. NERINES ISABEL COLINA ARRIETA
PONENTE
LA SECRETARIA
Abg. CLAUDIA KARINA DELGADO R.
En la misma fecha se registró la anterior decisión bajo el Nº 468-2018, en el respectivo libro de decisiones llevado por esta Sala.
LA SECRETARIA
Abg. CLAUDIA KARINA DELGADO R.
LKRT/cm.-
ASUNTO PRINCIPAL: 12C-29809-2018
ASUNTO : VP03-O-2018-000058