REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES SALA 2

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Sala Segunda Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Maracaibo, 30 de Noviembre de 2018 208º y 159º ASUNTO PRINCIPAL: 1C-18680-18 ASUNTO : VP03-R-2018-001123 DECISIÓN : 560-18 ADMISIÓN DE APELACIÓN DE AUTOS Visto el recurso de apelación de autos interpuesto por los profesionales del derecho NILO FERNANDEZ y YORSY GUERRERO, ambos inscritos ante el Instituto de Prevención Social del Abogado, bajo los Nº 87.855 y 157.004, actuando con el carácter de defensores del ciudadano JOSE RICARDO SANCHEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-28.156.417, contra la decisión Nº 1427-18 de fecha 26 de Octubre de 2018, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Villa del Rosario, mediante la cual declaró; PRIMERO: DECRETA LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA del imputado JOSE RICARDO SANCHEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-28.156.417, de conformidad a lo establecido en el articulo 44.1 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el articulo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, SEGUNDO: DECCRETA LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del imputado JOSE RICARDO SANCHEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-28.156.417, por considerarlo autor o participe en la presunta comisión de los delitos de REISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código penal, TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 236, numerales 1, 2 y 3, artículo 237, numerales 2 y 3, parágrafo primero, y artículo 238, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, TERCERO: SE DECRETA EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Recibidas las actuaciones en este Tribunal de Alzada, el día 29 de Noviembre de 2018, se da cuenta a las juezas integrantes de la misma, designándose como ponente a la Jueza Profesional NERINES ISABEL COLINA ARRIETA, quien con tal carácter suscribe el presente auto. En consecuencia, este Tribunal Colegiado entra a revisar los requisitos de procedibilidad, a los efectos de verificar la admisibilidad o no del mencionado recurso de apelación de autos, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 442 del Código Adjetivo Penal, en concordancia con lo previsto en el artículo 428 eiusdem, y al efecto observa: Se evidencia de actas que los profesionales del derecho NILO FERNANDEZ y YORSY GUERRERO, ambos inscritos ante el Instituto de Prevención Social del Abogado, bajo los Nº 87.855 y 157.004, actuando con el carácter de defensores del ciudadano JOSE RICARDO SANCHEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-28.156.417; se encuentran legítimamente facultados para interponer el presente recurso de apelación, tal carácter se desprende del acta de presentación de imputado, que riela inserta a los folios (23 al 29) de la pieza principal, en la cual se constata que los mismos aceptaron cumplir con los deberes inherentes al cargo en representación del imputado de autos, por lo que la defensa se encuentra legítimamente facultada para interponer el presente recurso, tal como lo prevé el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el literal “a” del artículo 428 ejusdem. En lo que respecta al lapso procesal para la interposición del recurso de apelación de autos, se evidencia en las actas que el mismo fue interpuesto dentro del lapso legal, específicamente al quinto (5) día hábil de haberse dictado la decisión recurrida, observando que el recurso de apelación de autos, fue presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Departamento de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal de Estado Zulia, en fecha 02 de Noviembre de 2018, según consta del sello húmedo colocado por dicho departamento y que corre inserto del folio uno (1) al diez (10) de la incidencia recursiva. Se constata lo antes expuesto del cómputo de audiencias suscrito por la Secretaria del Juzgado que dictó la decisión, y que corre inserto del folio (16 al 17) de la incidencia recursiva. Lo anteriormente expuesto se encuentra fundamentado en lo establecido en el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 156 ejusdem. Del mismo modo, la Sala evidencia que el recurrente ejerció el recurso de apelación de autos de conformidad con el numeral 4° del artículo 439 del texto adjetivo penal vigente, que a la letra establece: “Son recurribles ante la Corte de Apelaciones las siguientes decisiones: (Omisis…). 4.- Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva y 5.- Las que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por este Código…”, por lo que, del análisis de las actas se determina que la decisión impugnada, efectivamente es recurrible de conformidad con la normativa anteriormente señalada, toda vez que la misma versa sobre el hecho del decreto de la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del ciudadano JOSE RICARDO SANCHEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-28.156.417, lo cual a juicio del recurrente le causa un gravamen irreparable a sus defendidas. De igual forma, resulta oportuno señalar que, la parte recurrente no promovió pruebas en su recurso de apelación. En este orden de ideas, considera esta Sala que no se hace imprescindible fijar la audiencia oral, a la que hace referencia el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se prescinde de la misma. Se deja constancia que la causa principal fue remitida por el Tribunal de la recurrida, conjuntamente con el presente recurso de apelación, reservándose esta Alzada su valoración para el momento de resolver el fondo de esta incidencia. Y así se declara. - Igualmente, se observa que la Fiscalía Cuadragésima Primera (41°) del Ministerio Publico, fue emplazada en fecha 13 de Noviembre de 2018, tal como se verifica del folio quince (15), de la incidencia recursiva, dejando constancia que dicha representación fiscal no dio contestación el recurso de apelación interpuesto por la Defensa. A tal efecto, las integrantes de esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia consideran, que lo procedente en el presente caso es ADMITIR el recurso de apelación de autos, interpuesto los profesionales del derecho NILO FERNANDEZ y YORSY GUERRERO, ambos inscritos ante el Instituto de Prevención Social del Abogado, bajo los Nº 87.855 y 157.004, actuando con el carácter de defensores del ciudadano JOSE RICARDO SANCHEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-28.156.417, contra la decisión Nº 1427-18 de fecha 26 de Octubre de 2018, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Villa del Rosario, mediante la cual declaró; PRIMERO: DECRETA LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA del imputado JOSE RICARDO SANCHEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-28.156.417, de conformidad a lo establecido en el articulo 44.1 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el articulo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, SEGUNDO: DECCRETA LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del imputado JOSE RICARDO SANCHEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-28.156.417, por considerarlo autor o participe en la presunta comisión de los delitos de REISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código penal, TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 236, numerales 1, 2 y 3, artículo 237, numerales 2 y 3, parágrafo primero, y artículo 238, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, TERCERO: SE DECRETA EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.- DISPOSITIVA Por los fundamentos de Derecho antes expuestos esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación de autos, interpuesto los profesionales del derecho NILO FERNANDEZ y YORSY GUERRERO, ambos inscritos ante el Instituto de Prevención Social del Abogado, bajo los Nº 87.855 y 157.004, actuando con el carácter de defensores del ciudadano JOSE RICARDO SANCHEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-28.156.417, mediante la cual se decretó Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad. En consecuencia, a partir del día hábil siguiente a la presente fecha comienza a transcurrir el lapso de cinco (5) días hábiles para dictar la decisión correspondiente, conforme lo prevé el tercer aparte del artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal. LAS JUEZAS DE APELACIÓN Dra. NIDIA MARIA BARBOZA MILLANO Presidenta de la Sala Dra. LOHANA KARINA RODRIGUEZ T. Dra. NERINES ISABEL COLINA ARRIETA Ponente La Secretaria ABOG. ANDREA KATHERINE RIAÑO En la misma fecha se publicó la decisión anterior, se registró bajo el Nro. 560-18, en el Libro de Decisiones Interlocutorias llevado por esta Sala y se compulsó por Secretaría copia de Archivo. La Secretaria ABOG. ANDREA KATHERINE RIAÑO NICA/lv. ASUNTO PRINCIPAL: 1C-18680-18 ASUNTO : VP03-R-2018-001123