TSJ Regiones - Decisión

Exp. 49.487

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
RESUELVE:

Visto el anterior escrito presentado por las ciudadanas VALENTINA MILLANO GONZALEZ y LUCRECIA MILLANO GONZALEZ, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-12.218.127 y V-14.007.427, respectivamente, domiciliadas en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, actuando también en nombre de su hermano ciudadano FIDEL ERNESTO MILLANO GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-12.804.670 y debidamente asistidos por el abogado en ejercicio JORGE VÁZQUEZ OSTEICOCHEA, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 173.323, se le da entrada, fórmese pieza de medida y enumérese. Esta Juzgadora verificando el estado de pendencia necesario para el examen de la solicitud cautelar presentada, pasa a resolver sobre la procedencia del pedimento en cuestión realizando las siguientes consideraciones:

Mediante sentencia número 0355 de fecha once (11) de mayo de 2000, La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Héctor Peña Torreles, estableció lo siguiente:
“…El fundamento teológico de las medidas cautelares, reside, tal y como lo señalara el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, siguiendo la doctrina de Chiovenda, en el principio de que la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe volverse en contra de quien tiene la razón.
En tales términos, la potestad general cautelar del Juez, parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, se presenta como instrumento para evitar justamente que el necesario transcurso del tiempo que implican los procedimientos de conocimiento completo, opera en contra de la efectiva tutela judicial de los ciudadanos en la defensa de sus derechos e intereses…”

Planteado lo anterior, debe esta Juzgadora previamente determinar si la solicitud cautelar versa sobre una medida cautelar típica o sobre una medida cautelar atípica, ya que la importancia de la calificación radica en los requisitos que han de ser determinados por quien Juzga en aras de determinar la procedencia de la medida cautelar requerida, por cuanto adicionalmente a las clásicas exigencias del periculum in mora y del fumus boni iuris, se establece la exigencia del fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a los derechos de la otra.

Ahora bien, de un análisis del escrito presentado por la parte actora en la presente causa, los mismos solicitan MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre los siguientes bienes inmuebles:
1) Un bien inmueble constituido por un (01) apartamento, señalado con las siglas 3-3-4ª, piso 4, edificio número 3, núcleo 3, del conjunto residencial El Cuvi, ubicado en la carretera que conduce de Maracaibo al Mojan, en jurisdicción de la parroquia Coquivacoa, municipio Maracaibo del estado Zulia, según documento debidamente protocolizado por ante el Registro Subalterno del Primer Circuito de Registro del municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha veintinueve (29) de septiembre de 1993, bajo el número 2, Tomo 42, Protocolo 1°.
2) Un bien inmueble constituido por una (01) casa de habitación, ubicada en la calle Caracas, número 3E-231, en jurisdicción de la parroquia Santa Lucía, municipio Maracaibo del estado Zulia, el cual tiene una superficie de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMETROS (395,38 Mts), comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: calle 81A (antes Caracas), SUR: propiedad de Isidro Pérez, ESTE: terreno ejido ocupado por Petra Sánchez y OESTE: con propiedad de Rafael Pachano, según documento debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha veintinueve (29) de septiembre de 1993, quedando inserto bajo el número 2, Protocolo 1, Tomo 42.
3) Un bien inmueble constituido por una (01) casa de habitación, ubicada en la calle Caracas, número 3E-139, en jurisdicción de la parroquia Santa Lucía, municipio Maracaibo del estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: mide once metros con cuarenta centímetros (11,40 Mts) su frente y linda con la calle 81ª (antes Caracas); SUR: mide nueve metros con setenta centímetros (9,70 Mts) y linda con propiedad que es o fue de José Ángel Barreto, ESTE: mide veinticinco metros (25 Mts) y linda con propiedad que es o fue de Julio Cabrera y OESTE: mide veinticinco metros (25 Mts) y linda con propiedad que es o fue de Gonzalo Barrios, según documento debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del municipio Maracaibo del estado Zulia, el día veinticuatro (24) de noviembre de 1982, bajo el número 19, Protocolo 1°, Tomo 18.
4) Un bien inmueble constituido por una (01) extensión de terreno y las mejoras sobre el construidas, ubicada en la avenida 42B y calle 99 del barrio Simón Bolívar, en jurisdicción de la parroquia Cacique Mara, municipio Maracaibo del estado Zulia, con un área de SEISCIENTOS VEINTITRÉS METROS CUADRADOS CON CINCUENTA CENTÍMETROS DE METROS CUADRADOS (623,50 Mts2), comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: NORTE: su frente, calle 99 y mide QUINCE METROS CON SESENTA Y DOS CENTÍMETROS DE LATITUD (15,62 Mts); SUR: con casa y terreno que es o fue de Humberto Rojas y mide DIECINUEVE METROS CON DOS CENTÍMETROS (19,20 Mts) de latitud; ESTE: linda con casa que es o fue de Petronila Castro y mide TREINTA Y CUATRO METROS CON SETENTA Y SIETE CENTÍMETROS (34,77 Mts) de longitud y OESTE: linda con la avenida 42B y mide CUARENTA Y TRES METROS (43 Mts) de longitud, según documento debidamente Protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro de Maracaibo del estado Zulia, en fecha once (11) de diciembre de 1986, bajo el número 23, Protocolo 1°, Tomo 27.
5) Un bien inmueble constituido por un (01) apartamento distinguido con el número 02-03, ubicado en la urbanización San Felipe, I etapa, Bloque 19, edificio 08, en jurisdicción de la parroquia y municipio San Francisco del estado Zulia, posee una superficie de SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (74 Mts2) comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: linda con fachada norte del edificio; SUR: linda con fachada sur del edificio; ESTE: linda con fachada este del edificio y OESTE: linda con pared de los apartamentos terminados en 04 según nivel que se encuentre el mismo edificio, según consta de documento registrado por ante el Registro Publico del municipio San Francisco del estado Zulia, en fecha nueve (09) de mayo de 2013, bajo el número 2011.1042, Asiento Registral número 2, matriculado bajo el número 482.21.18.3.342.

Todo de conformidad con los presupuestos y requisitos exigidos por la vía de causalidad contenidos en el artículo 585 Código de Procedimiento Civil, a saber el FUMUS BONIS IURIS, o verosimilitud del buen Derecho y PERICULUM IN MORA, condición que traduce el temor objetivo por parte del actor de ver frustrado su derecho, por conductas inherentes a la parte demandada. Bajo esta óptica, los extremos exigidos en la disposición cuyo tenor se aplica, comportan igualmente las condiciones necesarias para el uso del poder cautelar general reconocido al juez por el parágrafo primero del artículo 588 ejusdem, el cual circunscribe o delimita la potestad jurisdiccional, al cumplimiento de los requisitos exigidos por la vía de causalidad. Es por ello que se requiere la ponderación de los elementos necesarios para el otorgamiento de la cautela, sin que ello suponga emitir opinión sobre la procedencia del derecho que se reclama.

Por criterio reiterado, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, ha asentado lo que a continuación se reproduce:
“Es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama, por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora).
Con referencia al primero de los requisitos (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama
En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada”.

Así pues, esta Juzgadora pasa a analizar detenidamente y de manera puntualizada los requisitos materiales o de fondo necesarios a los fines del otorgamiento de la medida cautelar solicitada en la presente causa:

FUMUS BONIS IURIS
DE LA VEROSIMILITUD DEL DERECHO QUE SE RECLAMA.

Erigido el dictamen cautelar en el juicio hipotético realizado en sede jurisdiccional, sobre el eventual éxito de la pretensión del demandante in iuditio deductae, requiere, como bien lo advirtió el autor PIERO CALAMANDREI, en su imperecedera obra PROVIDENCIAS CAUTELARES, de una sumaria cognición que le permitiere al titular del oficio jurisdiccional, obtener elementos probatorios que hicieren emerger en su conciencia cognoscente verosimilitud o mera apariencia de la procedibilidad en derecho de la pretensión debatida.

Bajo los argumentos precedentemente transcritos, este operador de justicia observa que la verosimilitud del derecho invocado, a saber, el “fumus boni iuris”, no es un “juicio de verdad”; en todo caso, alude a un cálculo de probabilidades de que quien invoca el derecho, es su titular. Así pues, en el caso sub-examine, se observa que a los fines de fundamentar el FUMUS BONIS IURIS, la parte actora consignó en la pieza principal del presente juicio los siguientes documentos:

- Copia certificada del acta de defunción de la ciudadana NANCY BEATRIZ GONZALEZ de MILLANO, emanada de la Jefatura Civil de la parroquia Olegario Villalobos, de fecha doce (12) de junio de 2007, bajo el número 394, libro número 2, del año 2007.

Ahora bien, siendo necesaria la sola “presunción”, y no una certeza del derecho reclamado, esta Juzgadora pondera el soporte instrumentales como indicio que suponen presunción del derecho reclamado; y siendo que, se verifica una argumentación fáctico jurídico consistente desde el punto de vista lógico que conduce a esta Sentenciadora a la convicción de que la acción principal ha de ser estimada; éste Tribunal considera que se encuentran llenos los extremos exigidos por la Ley de la verosimilitud del buen derecho (FUMUS BONIS IURIS). ASÍ SE DECLARA.

PERICULUM IN MORA
DE LA VEROSIMILITUD EN LA FRUSTRACIÓN DE LA PRETENSIÓN
POR EL DECURSO PROCEDIMENTAL.

La urgencia en evitar la frustración del eventual derecho aducido por el demandante como fundamento de su pretensión, aunado al sustento mismo de la tutela asegurativa preventiva, a saber, evitar que se frustre o quede ilusoria la tutela jurisdiccional, es la ratio essendi del presente requisito, en otras palabras, es la presunción grave de que la ejecución del fallo pueda resultar ilusoria, en términos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, con el objeto de asegurar la legitimidad del ejercicio de la potestad jurisdiccional preventiva, se exige del solicitante, la acreditación sumaria de elementos probatorios, que hagan emerger en el Juzgador verosimilitud simple de la premura en la protección de la situación fáctica, durante el iter procesal.

Ahora bien, según lo planteado por el sistema dispositivo, recae sobre las partes a lo largo del desenvolvimiento del proceso, la obligación de identificar señalar y determinar los hechos y elementos alegados que a bien tengan, con el fin de lograr la pretensión incoada con arreglo a lo establecido en la Ley. En tal sentido se ha determinado la obligación para el solicitante de una medida cautelar de allegar a las actas procesales pruebas fehacientes de los requisitos preceptuados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, a fin de obtener la medida precautelativa solicitada.

Bajo esta perspectiva, este Tribunal observa que la representación judicial de la parte demandante a fin de acreditar el periculum in mora acompaña junto con la solicitud de medida cautelar copias simples de documentos de opción a compra venta, donde el ciudadano JESÚS ALBERTO MILLANO LUGO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 3.929.549 presuntivamente da como opción a compra los inmuebles antes descrito.

Ahora bien, analizados como han sido los alegatos plasmados por la parte actora y las pruebas traídas a las actas, determina esta Juzgadora que se encuentra acreditado el supuesto peligro de infructuosidad en la ejecución del fallo, lo cual conlleva a esta operadora de justicia a la convicción inequívoca e indefectible de la existencia de una presunción grave o temor objetivo por parte del pretensor, de ver frustrado su derecho durante el iter procesal; en tal sentido, se encuentra en el deber de decretar la medida solicitada. ASI SE DECIDE.

En merito de las consideraciones anteriormente expuestas, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre los siguientes bienes: 1)Un bien inmueble constituido por un (01) apartamento, señalado con las siglas 3-3-4ª, piso 4, edificio número 3, núcleo 3, del conjunto residencial El Cuvi, ubicado en la carretera que conduce de Maracaibo al Mojan, en jurisdicción de la parroquia Coquivacoa, municipio Maracaibo del estado Zulia, según documento debidamente protocolizado por ante el Registro Subalterno del Primer Circuito de Registro del municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha veintinueve (29) de septiembre de 1993, bajo el número 2, Tomo 42, Protocolo 1°; 2)Un bien inmueble constituido por una (01) casa de habitación, ubicada en la calle Caracas, número 3E-231, en jurisdicción de la parroquia Santa Lucía, municipio Maracaibo del estado Zulia, el cual tiene una superficie de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMETROS (395,38 Mts), comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: calle 81A (antes Caracas), SUR: propiedad de Isidro Pérez, ESTE: terreno ejido ocupado por Petra Sánchez y OESTE: con propiedad de Rafael Pachano, según documento debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha veintinueve (29) de septiembre de 1993, quedando inserto bajo el número 2, Protocolo 1, Tomo 42; 3) Un bien inmueble constituido por una (01) casa de habitación, ubicada en la calle Caracas, número 3E-139, en jurisdicción de la parroquia Santa Lucía, municipio Maracaibo del estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: mide once metros con cuarenta centímetros (11,40 Mts) su frente y linda con la calle 81ª (antes Caracas); SUR: mide nueve metros con setenta centímetros (9,70 Mts) y linda con propiedad que es o fue de José Ángel Barreto, ESTE: mide veinticinco metros (25 Mts) y linda con propiedad que es o fue de Julio Cabrera y OESTE: mide veinticinco metros (25 Mts) y linda con propiedad que es o fue de Gonzalo Barrios, según documento debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del municipio Maracaibo del estado Zulia, el día veinticuatro (24) de noviembre de 1982, bajo el número 19, Protocolo 1°, Tomo 18; 4) Un bien inmueble constituido por una (01) extensión de terreno y las mejoras sobre el construidas, ubicada en la avenida 42B y calle 99 del barrio Simón Bolívar, en jurisdicción de la parroquia Cacique Mara, municipio Maracaibo del estado Zulia, con un área de SEISCIENTOS VEINTITRÉS METROS CUADRADOS CON CINCUENTA CENTÍMETROS DE METROS CUADRADOS (623,50 Mts2), comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: NORTE: su frente, calle 99 y mide QUINCE METROS CON SESENTA Y DOS CENTÍMETROS DE LATITUD (15,62 Mts); SUR: con casa y terreno que es o fue de Humberto Rojas y mide DIECINUEVE METROS CON DOS CENTÍMETROS (19,20 Mts) de latitud; ESTE: linda con casa que es o fue de Petronila Castro y mide TREINTA Y CUATRO METROS CON SETENTA Y SIETE CENTÍMETROS (34,77 Mts) de longitud y OESTE: linda con la avenida 42B y mide CUARENTA Y TRES METROS (43 Mts) de longitud, según documento debidamente Protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro de Maracaibo del estado Zulia, en fecha once (11) de diciembre de 1986, bajo el número 23, Protocolo 1°, Tomo 27; 5) Un bien inmueble constituido por un (01) apartamento distinguido con el número 02-03, ubicado en la urbanización San Felipe, I etapa, Bloque 19, edificio 08, en jurisdicción de la parroquia y municipio San Francisco del estado Zulia, posee una superficie de SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (74 Mts2) comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: linda con fachada norte del edificio; SUR: linda con fachada sur del edificio; ESTE: linda con fachada este del edificio y OESTE: linda con pared de los apartamentos terminados en 04 según nivel que se encuentre el mismo edificio, según consta de documento registrado por ante el Registro Publico del municipio San Francisco del estado Zulia, en fecha nueve (09) de mayo de 2013, bajo el número 2011.1042, Asiento Registral número 2, matriculado bajo el número 482.21.18.3.342. En tal sentido, se acuerda realizar la participación pertinente a los registros respectivos. Ofíciese.-
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veintiún (21) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018). Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación.

LA JUEZA.

Abog. ADRIANA MARCANO
EL SECRETARIO

Abog. JARDENSON RODRIGUEZ

En la misma se publicó el anterior fallo bajo el número 127-2018, y se libraron oficios números -2018 -2018, -2018, conforme a lo ordenado.

EL SECRETARIO

Abog. JARDENSON RODRIGUEZ