Visto el escrito de medida que antecede suscrito por la abogada KARELIS HERNANDEZ, inscrita en el Inpreabogado No. 109.534, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano EDGAR ENRIQUE URDANETA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 12.380.755, parte actora en el presente juicio seguido contra el ciudadano JOSE ANGEL PEREIRA PORTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 27.367.250, domiciliado en el Municipio San Francisco del Estado Zulia. Solicita la representación judicial de la parte actora se decrete Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el inmueble ubicado en el sector Sierra Maestra, dirección avenida 9, con calle 16, numero 16-82, jurisdicción de la Parroquia Francisco Ochoa del Municipio San Francisco del Estado Zulia, el cual posee las siguientes características: un anexo que tiene una superficie de doscientos treinta y ocho metros con sesenta y ocho metros cuadrados (238,68 Mtr²), cuyos linderos y medidas son los siguiente: Norte: frente con vía pública cale 16 y mide 16,80 Mtrs; Sur: casa número 16-22; Este: con avenida 9 y mide 16,65 Mtrs; Oeste: casa número 08-82, y mide 16,50 Mtrs; tiene además las siguientes dependencias; porche, sala, cocina, dos habitaciones, y dos salas sanitarias esta casa de habitación está dentro de la propiedad principal, por lo que este anexo es el resultado de división de parcela. Este Tribunal para resolver observa: El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece que el Juez decretará las medidas preventivas, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esto y del derecho que se reclama. De esta norma se colige que son dos los requisitos exigidos para que sea procedente decretar las medidas preventivas, tales como: 1) PERICULUM IN MORA o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de la sentencia; y 2) EL FUMUS BONIS IURIS o la presunción del derecho que se reclama. En cuanto a la verificación del requisito del periculum in mora, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, o por los hechos del demandado durante la tramitación del juicio tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. La Sala de Casación Civil con ponencia de la Magistrada Isbelia Peréz de Caballero, en fecha diez (10) días del mes de octubre de 2006, Exp. Nro. AA20-C-2006-000296, con respecto al deber de cumplir con los requisitos recurrentes del Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, a fin de garantizar la motivación del fallo, se señaló: “En toda sentencia el juez realiza una operación lógica de vinculación de la norma general (artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil) con el caso concreto; esa operación lógica consiste en un razonamiento jurídico que el juez tiene que explanar en la sentencia, y al hacerlo cumple con su deber de explicación y justificación de la decisión del problema jurídico que le ha sido planteado. Es decir, el deber de motivar la sentencia consiste en la explicación por parte del juez del razonamiento lógico que justifica la decisión que tomó respecto al caso concreto, dentro de las reglas de derecho con fundamentos jurídicos. Por lo demás, la explicación y justificación debe ser clara para que pueda ser comprensible tanto para las partes involucradas como para la comunidad. Sobre este particular, es oportuno reiterar el criterio sentado por esta Sala de Casación Civil, entre otras, en la decisión N° 224, de fecha 19 de mayo de 2003, en el caso (La Notte, C.A. contra Hoteles Cumberland de Oriente, C.A. y Otras), expediente N° 02-024, en la cual dejó sentado: “…En materia de medidas preventivas, el requisito de motivación del fallo se reduce al examen de los supuestos de procedibilidad a que se refiere el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, el fumus boni iuris y el periculum in mora; y, en caso de tratarse de la llamada por un sector de la doctrina: medida preventiva innominada, la sentencia del tribunal ha de referirse también al periculum in damni (Art. 588 Parágrafo Primero, eiusdem)…omissis… Por tanto, la sentencia debe reflejar el proceso que justifique los dispositivos que ella contiene, y que obliga al Juez a dar una explicación del porqué del rechazo o admisión de un hecho y su apreciación.…omissis… “Si el juez de alzada omite el examen de alguno de esos extremos de procedencia, no puede la Sala realizar el control de legalidad dentro de los límites de la casación, pues tendría que examinar las actas procesales, para determinar si es aplicable al caso concreto la disposición sobre medidas innominadas”. “En efecto, al no poderse determinar del propio fallo si la regla legal rige o no el caso concreto, no es posible el control de legalidad. El propósito central del requisito de motivación del fallo es permitir al juez de alzada, o en el caso a la Sala de Casación Civil, dicho control, por lo cual es necesario concluir en que una decisión que no examina uno de los extremos de procedencia de la aplicación de la norma, carece, en ese aspecto de la controversia, de expresión de los motivos que la sustentan…”. (Negritas de la Sala). Del análisis de la transcrita sentencia, se establece que para considerar satisfecho el peligro en la mora, el solicitante debe indicar argumentos contundentes y acompañar un contenido mínimo probatorio, que hagan presumir a este Juzgado que la parte demandada esta realizando actuaciones tendientes a burlar la eventual ejecución de la sentencia que se dicte en la causa. Así entonces, se verifica que la parte actora en su escrito de solicitud no explana los elementos suficientes que hagan presumir a este Órgano Jurisdiccional el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siendo éste requisito indispensable para proceder al decreto de las medidas cautelares, esta Juzgadora NIEGA la medida preventiva solicitada. Así se decide. Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada de la presente Resolución como lo dispone el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, sellada en la sala de despacho de este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los diecinueve (19) del mes de junio de dos mil dieciocho (2018).- Años 208º de la Independencia y 159º de la Federación.- LA JUEZA SUPLENTE, ABG. GLENY HIDALGO ESTREDO LA SECRETARIA TEMPORAL ABG. NORELIS TORRES HUERTA