TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Sala Tercera actuando en Sede Constitucional
Maracaibo, 18 de Julio de 2018
207º y 158º

ASUNTO: VP03-O-2018-000045 Nro.510-18

I.-
PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL YENNIFFER GONZALEZ PIRELA

En fecha 16 de Julio de 2018 la profesional del derecho YAZMIN URDANETA OLMOS inscrita en el Instituto de Previsión Social bajo el N° 8525, actuando con el carácter de Defensora de los ciudadanos ÁNGEL DAVID BOSCAN DELGADO y ANTHONY RAFAEL GARCIA OPSPINO, titulares de la cédula de identidad N° V-26.062.303 y 26.795.829, presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Departamento de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Acción de Amparo Constitucional contra el Juzgado Undécimo (11°) de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en virtud de que el Tribunal de Instancia no se pronunció con respecto a la no consignación del acto conclusivo por parte de la Fiscalía Octava de la Circunscripción Penal del Estado Zulia, en tiempo hábil y oportuno como establece el artículo 236 en su quinto aparte del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual a su criterio implica una vulneración flagrante del Derecho a la Defensa, Derecho al Debido Proceso, la Igualdad de las Partes, Celeridad Procesal y a la Tutela Judicial Efectiva, consagrados en el artículo 21, 49, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Recibidas las actuaciones ante este Tribunal de Alzada en fecha 18 de Mayo de 2018, se dio cuenta los integrantes de la misma, y según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se designó como ponente a la Jueza Profesional YENNIFFER GONZALEZ PIRELA, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

II
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Narra la profesional del derecho YAZMIN URDANETA OLMOS, inscrita en el Instituto de Previsión Social bajo el N° 8525, actuando con el carácter de Defensora de los ciudadanos ÁNGEL DAVID BOSCAN DELGADO y ANTHONY RAFAEL GARCIA OPSPINO, antes identificados, como fundamento de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta, las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Inició la recurrente de la acción de amparo constitucional, alegando lo siguiente: ''…Vengo en este acto para interponer y ejercer ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, por la OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO en la que incurre la Jueza MELIXI BEATRIZ ALEMÁN, Jueza Undécima de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Penal del Estado Zulia, de conformidad con los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 1, 2 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Señalo como ACTOS LESIVOS, La Omisión de Pronunciamiento de la Jueza A quo con respecto a la no consignación del acto conclusivo por parte del Ministerio Publico específicamente Fiscalía Octava de la Circunscripción Penal del Estado Zulia, en tiempo hábil y oportuno como establece el artículo 236 quinto aparte COPP…''.
Continuó manifestando, que: ''... Señalo como PRESUNTO AGRAVIANTE, la ciudadana MELIXI BEATRIZ ALEMÁN Jueza Undécima de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia; ubicado en la Sede del Palacio de Justicia, planta baja, en la avenida Delicias, diagonal al Diario Panorama, Maracaibo Estado Zulia. Señalo como DERECHOS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES VIOLENTADOS, la vulneración flagrante del Derecho a la Defensa, Derecho al Debido Proceso, la igualdad de las partes, celeridad procesal y a la tutela judicial efectiva, tutelados en los artículos 21, 49, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1,12 y 16 del Código Orgánico Procesal Penal; que establecen: Debido proceso Art. 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley.
ART. 1°. Juicio previo y debido proceso. Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un Juez o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.
ART. 12. Defensa e igualdad entre las partes. La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso...
ART. 26. Tutela Judicial Efectiva. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. En efecto la presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL está dirigida a restituir la situación jurídica infringida; por la OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO de la jueza a quo…".

Igualmente hizo hincapié la defensa de lo siguiente: ''… La presente Acción de Amparo contra decisión judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; está dirigida a restablecer la situación jurídica infringida ocasionada por la Jueza A quo al no pronunciarse, cercenando el derecho a ser oídos, el derecho a la igualdad procesal, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y derecho al cumplimiento de los lapsos establecidos en la ley adjetiva penal. Se requiere para la procedencia del amparo por omisión de pronunciamiento que la conducta del Juez accionado constituya un abuso de poder ante la omisión o silencio de pronunciamiento judicial, que lesione simultáneamente los derechos constitucionales y legales (derechos procesales) de los justiciables. Así las cosas, se considera oportuno citar el criterio pacífico y reiterado, establecido por esta Sala Constitucional en sentencia N° 8o del 9 de marzo de 2000 (caso: Gustavo Enrique Querales Castañeda), que señaló lo siguiente: (OMISSIS)...”.

En este mismo sentido argumentaron que: "...La presente acción de amparo cumple con todos los requerimientos del artículo 18 de la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y siendo como es una acción de amparo contra decisión judicial, el único requerimiento extraordinario se refiere al título fundamental que se acompañe con la copia del expediente y así se hace. En consecuencia la presente acción de amparo debe ser admitida y así solicito muy respetuosamente se pronuncie esta Sala o Corte de Apelaciones...".

Por otra parte, hizo referencia a lo siguiente: En fecha 28 de mayo de 2018, mis representados antes identificados fueron puestos a la orden de este tribunal por unos de los delitos contras la propiedad (pluriofensivos) quedando privados de la libertad. Por el delito de Robo Agravado previsto en el Código Penal. En este sentido mis representados quedaron privados de la libertad y la investigación bajo' la dirección de determinar la responsabilidad a la fiscalía octava del Ministerio Publico de la Circunscripción Penal del Estado Zulia (MP-187.490-18) quien tiene 45 días continuos para la investigación y emitir su acto conclusivo; conforme a lo establecido al art. 236 COPP. Así las cosas, y conforme al art. 236 COPP, cuando el Ministerio Publico incumple sus obligaciones o su actividad de hacer y funciones netamente del Fiscal, como quien dirige la acción penal, el cual dice textualmente "...Vencido este lapso sin que él o la Fiscal haya presentado la acusación, el detenido o detenida quedará en libertad, mediante decisión del Juez o Jueza de Control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva."

Asimismo, argumentó que: De esta manera cumplido los cuarenta y cinco días sin que el Ministerio Publico haya consignado dentro del lapso su escrito o acto conclusivo; lo procedente en derecho es otorgar la libertad o imponerle una medida cautelar sustitutiva de la libertad. Así mismo se hace la salvedad, que legítimamente actuando como defensora de confianza de los imputados, como evidenciarse en la causa, la cual no se consigna por no tenerse copia de la misma y ante la eventualidad sucedida y verificada en la causa que este lapso venció el día 12 de julio de 2018, y consignándose escrito el día 13 de julio de 2018, pidiéndole a la jueza que otorgara libertad a mis representados y transcurridos cuatro días sin que el mismo lo haga o cumpla su deber conforme al artículo 236 COPP. Evidenciándose serias violaciones al debido proceso como es no pronunciarse y llamar vía telefónica al Ministerio Publico y dejar constancia mediante nota secretarial, (16 de julio de 2018) que efectuó llamada telefónica al Ministerio público para que consignara el acto o conclusivo o ¿ porque no había consignado el acto conclusivo en fecha 12 de julio de 2018? En el cual el Ministerio publico manifestó que efectivamente lo consigno el día 13 de julio de 2018. Es decir extemporáneo, "hizo trabajo de fiscal y juez. Planteándose lo anterior lo adecuado o correcto en derecho es pronunciarse con respecto a la libertad solicitada, no realizar actos propios de la fiscalía y hacer parte e incurrir en imparcialidad, con respecto al deber o el que hacer del Ministerio Publico. Invoco con la presente solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL, LA JUSTICIA como principio rector, así como finalidad, el objeto y la razón de ser de todo proceso, tal y como expresamente lo consagran los artículos 2, 26, 49, 115, 257 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de- Venezuela entre otros tantos artículos, lo cual se logra aplicando una justicia rápida y oportuna, sin formalismos, ni dilaciones injustificadas, dictando la decisión que en su momento sea la más equitativa y justa.

A modo de ''petitum'' consideró la parte que: “…Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuesto, con fundamento a lo establecido en los artículos .2, 26, 44, 49 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 1,2 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; solicito: PRIMERO: ADMITA la presente Acción de Amparo y se DECLARE CON LUGAR en la definitiva y por ende se restituya la situación jurídica infringida por constituir una amenaza a los derechos constitucionales como lo son: El debido Proceso, Derecho a la Defensa, Igualdad de las partes y Seguridad Jurídica, el derecho a desvirtuar las imputaciones realizadas en su contra, el derecho a pruebas (probar) igualdad procesal, tutela judicial efectiva y otorgue la libertad de mis representados antes identificados plenamente. SEGUNDO: Solicito peticiones y verifique la causa. Del cual no se anexa por no tener acceso directo para obtener las copias el cual es a través del alguacilazgo y tardaría varios días para su reproducción…”.

III
DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES

Debe previamente este Tribunal de Alzada, actuando en Sede Constitucional, determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo y al efecto observa:
La presente Acción de Amparo Constitucional ha sido presentada contra la actuación desplegada por el Juzgado Undécimo (11°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en virtud de que el Tribunal de Instancia no se pronunció con respecto a la no consignación del acto conclusivo por parte de la Fiscalía Octava de la Circunscripción Penal del Estado Zulia, en tiempo hábil y oportuno como establece el artículo 236 en su quinto aparte del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual a su criterio implica una vulneración flagrante del Derecho a la Defensa, Derecho al Debido Proceso, la Igualdad de las Partes, Celeridad Procesal y a la Tutela Judicial Efectiva, consagrados en el artículo 21, 49, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así las cosas, se advierte que en pronunciamientos dictados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 387 de fecha 26 de abril de 2013 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, se reiteró el criterio dictado en fecha 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata Millán), donde se estableció que era competencia de la Corte de Apelaciones en lo Penal, el conocimiento de la Acción de Amparo Constitucional como Primera Instancia cuando esta sea intentada contra cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, bien sea Tribunal de Control, de Juicio o de Ejecución, o de las actuaciones u omisiones presuntamente cometidas por éstos; debiendo señalarse además, que ante el envío de las actuaciones a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de los recursos de apelación planteados por el accionante, la referida Sala ha confirmado la declaratoria de competencia de este Tribunal Colegiado.

Vistas estas consideraciones, esta Corte de Apelaciones se declara COMPETENTE para conocer de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la profesional del derecho YAZMIN URDANETA OLIMOS inscrita en el Instituto de Previsión Social bajo el N° 8506886, actuando con el carácter de Defensora de los ciudadanos ÁNGEL DAVID BOSCAN DELGADO y ANTHONY RAFAEL GARCIA OPSPINO.

IV
DE LA ADMISIBILIDAD O NO DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Esta Sala de Alzada, a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos legales que permitan la tramitación de la acción de amparo, luego de un análisis de las actuaciones sometidas a su conocimiento, verifica que la profesional del derecho YAZMIN URDANETA OLMOS, inscrita en el Instituto de Previsión Social bajo el N° 8525, actuando con el carácter de Defensora de los ciudadanos ÁNGEL DAVID BOSCAN DELGADO y ANTHONY RAFAEL GARCIA OPSPINO, interpone Acción de Amparo Constitucional contra el Juzgado Undécimo (11°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, por considerar la denunciante que el Tribunal de Instancia no se pronunció con respecto a la no consignación del acto conclusivo por parte de la Fiscalía Octava de la Circunscripción Penal del Estado Zulia, en tiempo hábil y oportuno como establece el artículo 236 en su quinto aparte del Código Orgánico Procesal Penal,
Ahora bien una vez analizados los argumentos expuestos en la acción de amparo, a los fines de resolver la misma, esta Alzada deja constancia que en fecha 18 de Julio de 2018 la suscrita Secretaria adscrita a esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, se comunicó vía telefónica con el Juzgado Undécimo (11°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, a los fines de solicitar información sobre el estado y grado de la causa signada bajo el N° 11C-7095-18, la cual guarda relación con la acción de Amparo Constitucional interpuesto YAZMIN URDANETA OLMOS, actuando con el carácter de defensora de los encartados de autos, quien indicó que el referido Juzgado había publicado Decisión signada bajo el Nº 519-18 en fecha 16 de Julio de 2018, mediante la cual declaro Sin Lugar la solicitud de Decaimiento de medida interpuesta por la Defensa Privada

De tal manera, que se evidencia que el Juzgado Undécimo (11°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, emitió el correspondiente pronunciamiento sobre las solicitudes presentadas por la profesional del derecho YAZMIN URDANETA OLMOS, en tal sentido, esta Alzada actuando en Sede Constitucional, aprecia que la pretensión del accionante fue satisfecha, por tanto, se concluye que con la mencionada decisión, ha cesado la presunta violación que habría menoscabado la situación jurídica de los presuntos agraviados, ocasionando en consecuencia, que la presente acción de amparo constitucional pierda su vigencia, razón por la cual y de acuerdo con la disposición contenida en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece que no se admitirá la solicitud de amparo cuando “...hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla…”, en el presente caso, ha operado la mencionada causal de inadmisibilidad, ya que atendiendo a la citada disposición, para que una acción de amparo constitucional resulte admisible, es necesario que la lesión denunciada sea presente, esto es, actual o inminente; puesto que la actualidad o la inminencia de la lesión o garantía, es precisamente el objeto fundamental que se pretende tutelar con la citada acción.

De tal manera, que a criterio de esta Sala, el Juzgado Undécimo (11°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, dio respuesta a las solicitudes interpuestas por la hoy accionante; advirtiéndose en tal sentido, el cese de las lesiones a los derechos constitucionales denunciados como conculcados, mediante el presente procedimiento de amparo constitucional.

En atención a lo anteriormente señalado, quienes conforman este Cuerpo Colegiado, verifican que en el caso sub-examine existe una causal la cual ha hecho cesar la lesión denunciada, operando de manera sobrevenida la premisa de inadmisibilidad prevista en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que en tal sentido dispone: “Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo: 1. Cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla …(omissis)…”; pues conforme a la citada disposición, para que una Acción de Amparo Constitucional, resulte admisible, es necesario que la lesión denunciada sea presente, es decir, actual o inminente; toda vez que de la actualidad o inminencia de la injuria constitucional -lesión al derecho garantía constitucional-, depende el objeto fundamental que se pretende tutelar con la Acción de Amparo Constitucional.

En este sentido la Sala Constitucional de Nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1133 de fecha 15 de mayo de 2003, señaló:

“...A este respecto, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales contempla en el numeral 1 de su artículo 6 como causal de inadmisibilidad de la acción de amparo el hecho que haya cesado la violación o amenaza de violación de los derechos presuntamente vulnerados por el acto accionado; en efecto dicha disposición normativa establece:
“No se admitirá la acción de amparo:
1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla”.
Con base en el citado artículo, es evidente que en el presente caso al dictarse la decisión cuya omisión de pronunciamiento se reclamaba, cesó la presunta lesión y operó la causal de inadmisibilidad a que se hizo referencia. En consecuencia, la presente acción de amparo resulta manifiestamente inadmisible de conformidad con el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara...”.

Más recientemente, acerca del contenido de dicha causal de inadmisibilidad, la misma Sala Constitucional, en decisión No. 1435 de fecha 03 de noviembre de 2009, precisó lo siguiente:

“...Precisado lo anterior, la Sala observa que la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la omisión de pronunciamiento, por parte del Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, respecto de unas solicitudes de revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad que le fue decretada al ciudadano Aquilino Pontón, y de su traslado a la “Clínica Guanare” del Estado Portuguesa.
En efecto, la parte actora esgrimió en la solicitud de amparo constitucional que los días 25, 26, 27, 28 y 30 de mayo de 2009, le había solicitado al referido Tribunal Segundo de Control que revisara la medida de privación judicial preventiva de libertad y que ordenara su traslado a la “Clínica Guanare”, toda vez que (...) Sin embargo, manifestó el ciudadano Aquilino Pontón que el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa no había emitido ningún pronunciamiento respecto de las dos solicitudes, lo que, a su juicio, le vulneraba sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la salud. Por su parte, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa estimó, luego de celebrar la audiencia constitucional, que la demanda de amparo era inadmisible conforme al cardinal 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al verificar que había cesado la violación de los derechos constitucionales invocados por el quejoso, por cuanto se desprendía de los autos que el Tribunal Segundo de Control del mismo Circuito Judicial Penal dictó, el 11 de junio de 2009, un pronunciamiento relacionado con la solicitud de revisión de la medida de coerción personal; y el 16 de junio de 2009, una decisión que resolvía la petición de traslado a la “Clínica Guanare”.
Ahora bien, esta Sala observa que, ciertamente, el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa emitió, durante transcurso del presente procedimiento de amparo, dos pronunciamientos relacionados con las peticiones de revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad del ciudadano Aquilino Pontón y de su traslado a la “Clínica Guanare”.
En efecto, consta a los folios 68 al 73 del expediente la decisión mediante la cual el referido Tribunal Segundo de Control negó la concesión de una medida cautelar sustitutiva al ciudadano Aquilino Pontón. Dicho veredicto, consistió en lo siguiente:
(...)
Igualmente, se constata de los folios 65 al 67 del expediente, el pronunciamiento relacionado con la petición de traslado a la “Clínica Guanare” y el estado de salud del accionante, el cual es del siguiente tenor:
(...)
Así pues, esta Sala hace notar que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, determina las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo y, específicamente, establece en el numeral 1, como causal, el cese de la violación o amenaza del derecho o garantía denunciado como conculcado, señalando:
“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:
...omissis...
1.- Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla”.
La norma antes transcrita, establece como presupuesto de admisibilidad para el ejercicio de la acción de amparo, que la amenaza o violación del derecho o garantía constitucional se encuentre vigente. Por tanto, al constatarse en el caso sub examine que hubo pronunciamiento respecto a las solicitudes de revisión de la medida de coerción personal y de traslado del imputado a la “Clínica Guanare”, ello significa que cesó la violación de los derechos constitucionales alegados como conculcados por la parte actora, por lo que esta Sala, al verificar que las causales de inadmisibilidad del amparo son de orden público y como tal, pueden ser decretadas en cualquier estado y grado de la causa, considera ajustada a derecho la decisión dictada por el Tribunal a quo...”.
Criterio que ha sido reiterado, mediante las siguientes decisiones, emanadas de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal:
“…Así, la demanda de amparo en el caso de autos se incoó por la supuesta violación a los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial del ciudadano Nelson Enrique Herrera Arteaga, por los múltiples diferimientos en que incurrió el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, en la realización de la audiencia preliminar, en tal sentido, la representación judicial del referido ciudadano señaló que “la postergación de la audiencia preliminar retrasa el proceso y constituye una dilación indebida, (…). Desde el 9 de enero de 2007, se encuentra detenido el ciudadano NELSON ENRIQUE HERRERA ARTEAGA y todavía ni siquiera se ha realizado la audiencia preliminar y, lo que es peor, debiéndose haber realizado, ha sido movida su realización para después, (…), por lo que debe ordenarse la restitución de las condiciones normales para el ejercicio de los derechos del ciudadano NELSON ENRIQUE HERRERA ARTEAGA.”
Consta en el folio treinta y dos (32) del presente expediente que, con posterioridad a la interposición de la demanda de amparo constitucional, previo requerimiento de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, el 12 de febrero de 2008, el Juzgado Cuarto de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal remitió a la referida Corte, oficio n.° 152 por medio del cual informó:
Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle anexo al presente oficio, constante de (04) folios útiles, COPIA CERTIFICADA del ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR, celebrada en fecha 07-02-08, en la causa Nro. 4C-11034-07.
De lo anterior se evidencia que, el 7 de febrero de 2008, se realizó la audiencia preliminar ante el Juzgado de Control Cuarto del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, de conformidad con lo que dispone el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, -folios 33 y siguientes-, lo cual revela que, en el asunto de autos, cesó la violación que había sido alegada con posterioridad a la interposición de la demanda, por lo que correspondía la declaratoria de inadmisión de la pretensión de amparo de acuerdo con lo que dispone el cardinal 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como lo hizo el a quo. Así se declara…”. (Sentencia emanada la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 13 de Mayo de 2009. Ponente Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz). (Las negrillas son de la Sala).
“…Analizando los hechos que rodean el presente caso, a la luz de la disposición legal antes descrita, se observa que el amparo propuesto encuadra en el supuesto de inadmisibilidad descrito en aquélla, toda vez que la medida de arresto impuesta el 13 de octubre de 2003 a los ciudadanos Francisco Alberto Cermeño y Víctor Manuel Quintero -y la cual motorizó la interposición de la acción de amparo-, fue levantada mediante auto dictado, el 15 de octubre de 2003, por el Juzgado Quincuagésimo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Aunado a ello, se observa que en esa misma fecha, la Sala nro. 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, admitió la acción de amparo propuesta por dichos ciudadanos y decretó, como medida cautelar, la suspensión de efectos del referido arresto (no consta en autos si el levantamiento de la medida de arresto por parte del Juzgado de Control, se produjo a consecuencia del pronunciamiento de la Corte de Apelaciones antes descrito).
Siendo así, esta Sala observa que en el caso de autos la Sala nro. 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, actuó ajustada a derecho al declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo propuesta, ya que, como bien lo consideró aquélla, ha operado de forma sobrevenida la causal de inadmisibilidad antes descrita, por cuanto cesó la presunta violación de derechos constitucionales, con posterioridad al ejercicio de dicha solicitud de tutela constitucional. Así se declara…”. (Sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 05 de Abril de 2011.Ponente Magistrado Francisco Carrasquero).

Por corolario de las premisas efectuadas, quienes integran este Tribunal ad quem, actuando en Sede Constitucional, evidencian que la presente Acción de Amparo Constitucional interpuesto por la abogada YAZMIN URDANETA OLMOS, inscrita en el Instituto de Previsión Social bajo el N° 8506886, actuando con el carácter de Defensora de los ciudadanos ÁNGEL DAVID BOSCAN DELGADO y ANTHONY RAFAEL GARCIA, la cual fue presentada contra el Juzgado Undécimo (11°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en virtud de que el Tribunal de Instancia no se pronunció con respecto a la no consignación del acto conclusivo por parte de la Fiscalía Octava de la Circunscripción Penal del Estado Zulia, en tiempo hábil y oportuno como establece el artículo 236 en su quinto aparte del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual a su criterio implica una vulneración flagrante del Derecho a la Defensa, Derecho al Debido Proceso, la Igualdad de las Partes, Celeridad Procesal y a la Tutela Judicial Efectiva, consagrados en el artículo 21, 49, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, debe ser declarada INADMISIBLE; todo ello con fundamento a lo establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues las presuntas lesiones al derecho o garantías constitucionales cesaron, por cuanto ya no existe el objeto fundamental que se pretende tutelar con la acción de amparo constitucional. ASÍ SE DECIDE.

V
DISPOSITIVA

Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, actuando en Sede Constitucional, Administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide:

UNICO: INADMISIBLE la acción de Amparo Constitucional incoada por la profesional del derecho YAZMIN URDANETA OLIMOS inscrita en el Instituto de Previsión Social bajo el N° 8506886, actuando con el carácter de Defensora de los ciudadanos ÁNGEL DAVID BOSCAN DELGADO y ANTHONY RAFAEL GARCIA OPSPINO, titulares de la cédula de identidad N° V-26.062.303 y 26.795.829, contra el Juzgado Undécimo (11°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, todo de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 6 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con los criterios jurisprudenciales de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese y regístrese en el libro respectivo, déjese copia certificada en archivo.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, Sala Tercera del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en Maracaibo, a los dieciocho (18) días del mes de Julio del año 2018. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
LAS JUEZAS PROFESIONALES

YENNIFFER GONZALEZ PIRELA
Presidenta de la Sala- Ponente

VANDERLELLA ANDRADE BALLESTERO DAYANA CASTELLANO TARRA

LA SECRETARIA
JACERLIN ATENCIO MATHEUS

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede, registrándose la presente la presente resolución en el libro de decisiones llevado por esta Sala en el presente mes y año, bajo el No. 510-18 de la causa No. VP03-O-2018-000045.-
LA SECRETARIA
JACERLIN ATENCIO MATHEUS