TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
207° y 159°
El 05.10.2017 el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial, remitió a éste Tribunal Superior adjunto al oficio N° 17-418 de fecha 28.09.2017, copias certificadas del expediente N° 17-2079 contentivo del juicio de DIVORCIO interpuesto por el ciudadano EFRAIN BENAVENTE CARIO en contra de la ciudadana ANA TERESA ROJAS AGUILERA.
Dicha remisión se efectuó en virtud del conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao y el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito, ambos de esta Circunscripción Judicial.
Por auto de fecha 06.10.2017 (f. 65), se le dio entrada al asunto y se ordenó su trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 09.10.2017 (f. 66 y 67), compareció la Juez Temporal de este Tribunal y mediante diligencia se inhibió de seguir conociendo la presente causa conforme a la causal 10° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha 13.10.2017 (f. 68), se ordenó oficiar a la Rectoría de este Estado, a los fines de solicitar la designación de un Juez Accidental en la presente causa, para que conozca y decida la incidencia de inhibición propuesta, y de ser declarada con lugar resolver la continuidad del proceso, como lo indica el artículo 45 de la Ley Orgásmica del Poder Judicial; siendo librado en esa misma fecha el correspondiente oficio.
En fecha 17.11.2017 (f. 72), se agregó a los autos el oficio N° 578-17 de fecha 06.11.2017 emanado de la Rectoría de este Estado.
Por auto de fecha 21.11.2017 (f. 75), la Juez Accidental se abocó al conocimiento de la causa y a los fines de la continuación del juicio, se ordenó la notificación de la parte actora en el mismo; siendo librada la boleta en esa misma fecha.
En fecha 06.12.2017 (f. 77), compareció la alguacil del Tribunal y consignó debidamente firmada la boleta de notificación que se le libró a la parte actora.
En fecha 19.01.2018 (f. 79 al 82), se dictó sentencia mediante la cual se declaró sin lugar la inhibición; se dispuso que la Jueza debía seguir conociendo la causa; se ordenó remitir copia certificada de la decisión a la Juez inhibida y se ordenó la notificación de las partes; siendo librado el correspondiente oficio y boleta en esa misma fecha.
En fecha 05.02.2018 (f. 87), compareció la alguacil del Tribunal y consignó debidamente firmada la boleta de notificación que se le libró a la parte actora.
Por auto de fecha 08.02.2018 (f. 89), se ordenó la remisión del presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil; siendo librado el correspondiente oficio en esa misma fecha.
Por auto de fecha 20.02.2018 (f. 91), se dio por recibido el presente expediente; la Jueza Temporal se abobó al conocimiento de la causa, reasumiendo la competencia para continuar conociendo de la misma; y se le aclaró a las partes que a partir de esa fecha exclusive se iniciaba el lapso previsto en el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil, tal como se indicó en el auto dictado en fecha 06.10.2017.
Realizada la lectura de las actas que conforman el expediente, y estando dentro de la oportunidad legal, esta Alzada pasa a dictar sentencia tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
ANTECEDENTES.-
Mediante escrito presentado en fecha 21.04.2017 ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, el ciudadano EFRAIN BENAVENTE CARIO interpuso demanda de DIVORCIO en contra de la ciudadana ANA TERESA ROJAS AGUILERA. Luego de la correspondiente distribución, la causa le fue asignada para su conocimiento al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial.
En fecha 27.04.2017 (f. 27 y 28), se admitió la presente demanda, ordenándose de conformidad con lo establecido en el artículo 756 del Código de Procedimiento Civil, el emplazamiento de la parte demandada, ciudadana ANA TERESA ROJAS AGUILERA, para que compareciera por ante el Tribunal, a las 10:00 de la mañana del primer (1°) día de despacho siguiente a su citación, pasados que sean cuarenta y cinco (45) días consecutivos, a los fines de que tenga lugar el primer acto conciliatorio, si la reconciliación no se lograre, el segundo acto conciliatorio tendría lugar el primer (1°) día de despacho siguiente, del primer acto conciliatorio, a las 10:00 de la mañana. Si no se lograse la reconciliación, el acto de contestación a la demanda tendrá lugar el quinto (5°) día de despacho siguiente a la realización del segundo acto conciliatorio, a las 10:00 de la mañana. Asimismo, se ordenó la notificación del Fiscal del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 19.05.2017 (f. 33), compareció la abogada HEMILY MICHELLE RIVAS GARCIA, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora y mediante diligencia solicitó que se aplicara a la causa la doctrina vinculante de la sentencia N° 1070 de fecha 09.12.2016 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia relacionada con el nuevo trámite procesal de los juicios de divorcio.
Por auto de fecha 24.05.2017 (f. 34 y 35), se anuló el auto de admisión de fecha 27.04.2017 y se repuso la causa al estado de dictar un nuevo auto de admisión.
Por auto de fecha 24.05.2017 (f. 36 y 37), se admitió la presente solicitud y se ordenó citar a la ciudadana ANA TERESA ROJAS AGUILERA, a los fines de que compareciera ante ese Tribunal, al tercer (3°) día de despacho siguiente, a las constancia en autos de la practica de su citación, a los fines de que reconozca el hecho alegado por su cónyuge o no. De igual forma se ordenó citar al Fiscal del Ministerio Público, a los fines de que comparezca por ante el Tribunal, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, a la constancia en autos de su quitación, a los fines de que manifieste su conformidad o formule oposición a la presente solicitud. Todo de conformidad con los apartes 4° y 5° del artículo 185-A del Código Civil.
Por auto de fecha 31.05.2017 (f. 40 y 41), se declaró la incompetencia del Tribunal para conocer de la presente causa en razón de la materia; y se declinó la competencia al Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial.
Por auto de fecha 08.06.2017 (f. 42), se ordenó remitir el expediente al Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial; siendo librado el oficio en esa misma fecha.
Por auto de fecha 19.06.2017 (f. 45), el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial, le dio entrada al expediente.
Por auto de fecha 13.07.2017 (f. 52 al 55), se consideró que el Tribunal competente por el territorio para conocer de la presente acción es el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Díaz de esta Circunscripción Judicial, por lo cual no se aceptó la competencia que le fuera declinada y en virtud de ello, planteaba el conflicto negativo de competencia.
LA DEMANDA.-
De la revisión del escrito libelar que encabeza las presentes actuaciones, se observa que la parte actora, ciudadano EFRAIN BENAVENTE CARIO, debidamente asistido de abogado, alegó:
- que el día 02.07.1988 contrajo matrimonio civil ante la Primera Autoridad de la ciudad de Altagracia de Orituco, Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guarico con la ciudadana ANA TERESA ROJAS AGUILERA;
- que fijaron su último domicilio conyugal en la calle 8, casa N° 12, sector Praderas de Valle Verde, Municipio Díaz de este Estado;
- que durante su unión matrimonial procrearon dos (2) hijos actualmente mayores de edad, el primero de nombre EFRAIN FROILAN BENAVENTE ROJAS y el segundo de nombre EDUARDO DANIEL BENAVENTE ROJAS;
- que su unión conyugal en los primeros tiempos fue armoniosa y feliz, pero posteriormente, dicha relación se ha caracterizado por actuaciones de desafecto y constantes reproches injustificados por parte de su persona e igual de su cónyuge, los mismos lograron que los sentimientos como esposos fueron disminuyendo hasta desaparecer hoy en día, lo cual da origen a una situación por demás desagradable y adversa para el matrimonio, repercutiendo negativamente en su persona y en su esposa, creando un desequilibrio afectivo ante la falta de amor de su persona hacia ella, lo cual hace asumir una conducta irritable, de total incomprensión y hasta hostil hacia su persona, por cuanto de manera equivocada asume esa conducta por su falta de afecta hacia ella;
- que esa situación para él resulta muy desagradable, crea en lo profundo de su ser una situación de estrés emocional, lo cual genera una situación evidentemente perjudicial para la estabilidad afectiva y espiritual de ambos cónyuges; la vida en común por lo tanto, ante tales circunstancias, se ha tornado insoportable ante el rompimiento toral de los lazos afectivos entre ellos, sin ningún tipo de comunicación ni entendimiento racional; como producto del deterioro del matrimonio, lo cual hace imposible la vida en común; y
- que ante esa situación, desagradable por demás, resulta evidente de su parte la falta de amor, de cariño o de deseo hacia su esposa, no pudiendo desconocer sus virtudes, manteniendo hacia ella un gran respeto y agradecimiento por sus buenas actuaciones que hoy no puede desconocer, pero esa es la ley de la vida y a nadie se le puede imponer de manera obligada o forzada un matrimonio, a manera de castigo.
DE LAS DECLINATORIAS DE COMPETENCIA.-
En fecha 31.05.2017 el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de esta Circunscripción Judicial, se declaró incompetente y declinó la competencia para conocer de la demanda en razón de la materia, basado en los siguientes argumentos:
“...Recibido la presente causa, que por DIVORCIO, incoara el ciudadano Efraín Benavente Cario contra la ciudadana Ana Teresa Rojas Aguilera, (…), y admitida en fecha 24 de mayo de 2017, mediante la cual manifiesta la parte actora, “…que posteriormente al casamiento, la relación se ha caracterizado por actuaciones de desafecto y constantes reproches injustificados por parte de su persona e igual de su cónyuge, los mismos lograron que los sentimientos como esposos fueron disminuyendo hasta desaparecer hoy en día, lo cual da origen a una situación por demás desagradable y adversa para el matrimonio…”; este Tribunal observa, que a la luz de la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, signada con el N° 693, del expediente N° N° (sic) 12-1163, con ponencia de la Magistrado Doctora Carmen Zuleta de Merchán, de fecha 02-06-2015, en la cual se estableció como causa válida de divorcio, toda situación que impida la vida en común. Es decir, que las causales establecidas por el artículo 185 del Código Civil, no son taxativas debiendo considerarse tal enumeración a título enunciativo; en este sentido entre otras cosas, el referido fallo expresa que la base nuclear de todo vinculo jurídico, la expresión de voluntad del individuo, es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad; así lo estableció la Sala en la reciente sentencia N° 446/2014, por lo cual cualquiera de los cónyuge podrá demandar en divorcio por las causales previstas en el artículo 1856 del Código Civil, o por cualquier otra situación que estima impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014.
Ahora bien, los criterios para determinar el Tribunal competente fueron regulados por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, mediante Resolución No. 2009-0006, del día dieciocho (18) de Marzo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.152, de fecha dos (2) de Abril de 2009, en cuyo artículo tercero, se estableció lo que se seguidas se transcribe: “…Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos, preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida.” (Énfasis de este Tribunal).
En concordancia con lo antes señalado, y a los fines de resaltar el carácter no contencioso que posee la presente causa, y en otro orden de ideas, es necesario el señalamiento de que esta Sala ha sostenido que, aun en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, el derecho a la defensa y al debido proceso deben ser preservados por el Juez que los tramite, tal solicitud se ubica dentro de lo que la resolución No. 2009-0006, dictada Tribunal (sic) Supremo de Justicia en Sala Plena, identificó como “jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia mercantil”, en razón de lo cual determina este Órgano Jurisdiccional que la misma debe ser conocida por los Tribunales Categoría C en el escalafón judicial, es decir, los Juzgado de Municipio. ASÍ SE DECIDE. Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA INCOMPETENCIA de este Tribunal para conocer de la presente causa, que por DIVORCIO incoara el ciudadano EFRAIN BENAVENTE CARIO contra la ciudadana ANA TERESA ROJAS AGUUILERA, en razón de la materia. SEGUNDO: SE DECLINA la competencia al Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariana de Nueva Esparta. …”

Posteriormente, el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial, mediante auto de fecha 13.07.2017, igualmente se declaró incompetente para conocer y decidir el presente asunto en razón del territorio, bajo los siguientes fundamentos:
“... SEGUNDO: Consta del libelo de la demanda que corre inserta a los autos, que el ciudadano EFRAIN BENAVENTE CARIO, antes identificado, señalo lo siguiente:
“Fijamos nuestro ultimo domicilio conyugal en la calle 8, casa Nro 12, sector Praderas de Valle Verde, Municipio Díaz del Estado Nueva Esparta.”
De lo trascrito del libelo de demanda se desprende que durante su unión los cónyuge establecieron su ultimo domicilio conyugal en una casa comprendida dentro del territorio del Municipio Antonio Díaz de este estado. TERCERO: Que se estableció en la Resolución Nro 2009-0006, del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 3 lo siguiente:
(…Omissis…)
De la trascripción del extractó (sic) de la resolución se evidencia que en virtud de la misma los Tribunal de Municipio son competente para conocer solicitud de Jurisdicción Voluntaria o no contenciosa, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio. CUARTO: Establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:
(…Omissis…)
Así las cosas, de la norma antes referida se evidencia que nadie puede ser jugado sino por sus jueces naturales, y conforme a las normas de procedimiento establecidas, empleando una razón de economía procesal, evitando la inseguridad del juicio y asegurando a la vez, la igualdad de las partes en el proceso.
En base a las anteriores consideraciones, resulta imperioso para este tribunal declararse incompetente para el conocimiento de la presente causa, por cuanto la misma debe ser conocida y tramitada de acuerdo con las reglas ordinarias de la competencia por el territorio; en este sentido considera esta Juzgado, que el Tribunal competente por el TERRITORIO para conocer de la presente acción es el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Díaz de esta Circunscripción Judicial. A tenor de lo anterior, este tribunal NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada; en consecuencia se plantea el conflicto negativo de competencia para que sea el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, el que establezca cual es el tribunal competente para conocer de la presente causa; …”.

DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE.-
De lo antes narrado se desprende, que el conflicto de competencia sometido al conocimiento de esta alzada, se ha suscitado durante la tramitación de una demanda de DIVORCIO incoada por el ciudadano EFRAIN BENAVENTE CARIO en contra de la ciudadana ANA TERESA ROJAS AGUILERA por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de esta Circunscripción Judicial, el cual se declaró incompetente para conocer de la demanda en razón de la materia, aduciendo que se trata de una solicitud de jurisdicción voluntaria o no contenciosa.
Por su parte el Tribunal declinado, Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial, no aceptó la declinatoria de competencia declarada, por considerar que el Tribunal competente por el territorio para conocer de la presente acción es el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Díaz, en virtud que se desprendía del libelo de demanda que los cónyuges durante su unión establecieron su último domicilio conyugal en una casa comprendida dentro del territorio del Municipio Antonio Díaz de este Estado, y en consecuencia, planteó conflicto negativo de competencia.
LA ACCIÓN DE DIVORCIO.-
Nuestro texto constitucional, en su artículo 75 conceptualiza a la familia como la asociación natural de la sociedad, la cual es fundamental para el desarrollo integral de las personas y establece una protección al matrimonio por o a través de la ley, protección que es desarrollada por el Código Civil y otros textos legislativos; empero, el legislador no puede apartarse de la realidad social, y si bien la unión de la pareja es el estado ideal no es menos cierto que en el matrimonio se suscitan conflictos que pueden llevar a su ruptura, ruptura ésta que el legislador regula a través del denominado procedimiento de divorcio vincular siendo el artículo 185 del Código Civil el que prevé las causales que dan lugar a él.
1.- Adulterio.
2.- El abandono voluntario.
3.- Los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común.
4.- El conato de uno de los cónyuges, para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución.
5.- La condenación a presidio.
6.- La adición alcohólica u otras formas graves de fármaco - dependiente que hagan imposible la vida en común.
7.- La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibilite la vida en común. En este caso el Juez no puede decretar el divorcio, sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo.
En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 446 dictada en fecha 15.05.2014 en el expediente N° 14-0094, estableció lo siguiente:
“…La Sala de Casación Civil a través de la sentencia decisora del avocamiento cuya revisión se solicita, expresó, con ponencia conjunta, respecto de la norma objeto de la desaplicación por control difuso (artículo 185-A del Código Civil), lo siguiente:
“De la precitada norma se desprende que cualquiera de los cónyuges podrá solicitar el divorcio alegando ruptura prolongada de la vida en común, siempre y cuando ‘…hayan permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años…’.
Una vez admitida tal solicitud, y citado el otro cónyuge se presentan tres (3) situaciones respecto a la comparecencia o no del mismo, del cual derivan distintas consecuencias:
1.- Si el cónyuge citado comparece y reconoce el hecho y el fiscal no se opone, el juez declarará el divorcio.
2.- Si el cónyuge no comparece personalmente se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.
3.- Si el cónyuge comparece pero niega el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.
Así pues, conforme al artículo 185-A del Código Civil antes analizado, al haber la cónyuge comparecido y negado el hecho de la separación por más de cinco (5) años, y habiendo el Fiscal del Ministerio Público objetado el mismo, la consecuencia era la declaratoria de terminado el procedimiento y el archivo del expediente”. (Subrayados de la decisión original).
Tal como se ha visto, la sentencia de la Sala de Casación Civil cuya revisión se trata, en lugar de haber aplicado (por fuerza del avocamiento, se insiste) las normas propias de una alzada civil, en su lugar resolvió el fondo de la controversia mediante una interpretación exegética del comentado artículo 185-A del Código Civil en cuanto a sus “tres (3) supuestos”. Esto es, la Sala de Casación Civil a pesar de estar “revisando” en la práctica la interpretación que justificó en el Juzgado Vigésimo de Municipio un control difuso, simplemente realizó la interpretación de la norma en el plano legal, no en el constitucional. Así, en el caso concreto, ha debido la Sala de Casación Civil emitir su decisión de mérito sobre el fondo como juez superior (por el avocamiento acordado) pero antes, como punto previo en su definitiva, haber provisto sobre el control difuso efectuado por la primera instancia civil, para lo cual ha debido aplicar la técnica adecuada. Respecto de esto último, la técnica que deben emplear los tribunales de instancia, o las Salas que integran este máximo Tribunal, al momento de emitir pronunciamiento en relación al control difuso de la constitucionalidad, conociendo en alzada de sentencias que lo hayan practicado, esta Sala ha tenido oportunidad de delinear sus elementos.
Así, desde sus comienzos esta Sala Constitucional, en la determinación de los alcances del mecanismo de control difuso de la constitucionalidad, cuyo origen se encuentra en la decisión adoptada por el Juez Marshall en el conocido caso: Marbury v. Madison, determinó en el caso del ejercicio del control difuso, priva la necesidad de observancia de la Constitución, como norma de rango superior. Al respecto, esta Sala en su sentencia del 25 de abril de 2000, caso: José Gregorio Rossi, expuso lo siguiente:
“En el caso de autos, el tribunal de instancia ejerció el llamado control difuso de la Constitución, establecido en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, y hoy presente en la nueva Constitución en el primer aparte del artículo 334.
(...)
Los mencionados artículos 20 y 334 transcritos, responden, sin duda, a la llamada supremacía constitucional, formulada originalmente en Alemania –Verfassungskonforme Auslegung del Gesetze- y en los Estados Unidos de América del Norte –obligación de interpretar las leyes in harmony with the Constitution- y que tiene su más acendrada expresión jurisprudencial en la celebérrima decisión del juez John Marshall en el caso Marbury v. Madison, 5 U. S. (1 Granch), 137 (1803), de la Corte Suprema del segundo de los países nombrados, de cuyo texto conviene, a los fines de resolver el caso, citar las siguientes líneas:
‘Aquellos que aplican las normas a casos particulares, deben necesariamente exponer e interpretar aquella regla (...) de manera que si una Ley se encuentra en oposición a la Constitución (...) la Corte debe determinar cuál de las reglas en conflicto debe regir el caso: esta es la real esencia del deber judicial. Si en consecuencia, los tribunales deben ver la Constitución, y la Constitución es superior a cualquier acto ordinario de la Legislatura, es la Constitución, y no tal acto ordinario, la que debe regir el caso al cual ambas se aplican.’
En la doctrina constitucional, la supremacía constitucional se resuelve en varios medios de protección, entre los cuales se cuenta precisamente el utilizado por el sentenciador de instancia, llamado control difuso de la Constitución. Dicho medio consiste en la potestad que se reserva a los órganos judiciales de examinar las leyes de las cuales deba valerse para dar solución a un asunto concreto sometido a su dictamen, debiendo inclinarse por la inaplicabilidad de las mismas cuando indubitablemente y flagrantemente contradigan la Constitución, por cuanto la consecuencia inmediata y lógica del principio de la supremacía constitucional, es el de que todo acto que la desvirtúe es nulo, variando, no obstante, los medios por los cuales se hace valer tal anomalía”. (Resaltado de de la presente decisión).
Por ende, en lo que concierne al mecanismo del control difuso y a su técnica, la determinación de las reglas jurídicas que privaban en el caso del examen de constitucionalidad del artículo 185-A del Código Civil, implicaba el deber para el juez de buscar todas las interpretaciones posibles de una norma legal y, proceder a contrastarlas con la norma constitucional. El control difuso debe salvaguardar la presunción de constitucionalidad de toda norma legal que ha sido dictada por los órganos del poder público (p.ej.: Poder Legislativo o Poder Ejecutivo en forma excepcional); razón por la cual, el juez debe realizar todo esfuerzo interpretativo que haga compatible la norma legal con la norma constitucional.
Sin embargo, la sentencia de la Sala de Casación Civil cuya revisión se trata, además de circunscribir la interpretación de la norma contenida en el artículo 185-A del Código Civil a “tres (3) supuestos” literales, no efectuó ese contraste entre sus interpretaciones y la eventual contradicción con la Norma Suprema. El análisis de la Sala de Casación Civil se limitó a señalar que los “tres (3) supuestos” del mencionado artículo 185-A del Código Civil, concluyendo que no daban lugar a la articulación probatoria ordenada y, que por ello el juez de instancia “procedió conforme a un procedimiento no previsto en la ley,” lo que resultó en la violación constitucional de los derechos de la parte cuyo avocamiento fue declarado procedente.
En suma, no hubo en ese análisis ningún contraste entre el artículo 185-A del Código Civil y el Texto Fundamental, a pesar que la Sala de Casación Civil estaba actuando en pretendido control de la interpretación de una decisión del varias veces mencionado Juzgado Vigésimo de Municipio, en el contexto del conocimiento y decisión de una solicitud de avocamiento y, cuando, precisamente, era esa interpretación de instancia un auténtico e incuestionable ejercicio de un “control difuso de la constitucionalidad”.
Por las razones antes expuestas, esta Sala declara que ha lugar la revisión de la sentencia AVC.000752, con ponencia conjunta, dictada y publicada el 9 de diciembre de 2013 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que, en consecuencia, se declara nula. Así se decide.
Corresponde de seguidas, precisar los efectos de la revisión efectuada en el presente caso, para lo cual, debe hacerse referencia al contenido del artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual dispone:
“Artículo 35. Cuando ejerza la revisión de sentencias definitivamente firmes, la Sala Constitucional determinará los efectos inmediatos de su decisión y podrá reenviar la controversia a la Sala o tribunal respectivo o conocer la causa, siempre que el motivo que haya generado la revisión constitucional sea de mero derecho y no suponga una nueva actividad probatoria; o que la Sala pondere que el reenvío pueda significar una dilación inútil o indebida, cuando se trate de un vicio que pueda subsanarse con la sola decisión que sea dictada”.
En el presente caso, la Sala decide hacer uso de la facultad prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido, debe referirse que desde antes de la promulgación de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y en aras de evitar reposiciones inútiles o indebidas, esta Sala Constitucional ha entrado a conocer del mérito de las causas en ejercicio de su facultad discrecional y extraordinaria de revisión constitucional, siempre y cuando las situaciones que se presenten en las mismas versen sobre aspectos de mero derecho y que no requieran de una nueva actividad probatoria (sentencias n.º 2.973/10.10.2005, caso: “Halliburton”; n.º 1460/27.07.2006, caso: Contraloría General de la República; y n.º 2.423/18.12.2006, caso: Pride International, C.A.).
En la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el legislador patrio consagró a partir del ya citado artículo 35 eiusdem, el referido supuesto extraordinario a través del cual, la Sala asume para sí el conocimiento de las causas que traten sobre la resolución de aspectos de mero derecho, siempre que no exista necesidad de llevar a cabo actividad probatoria destinada a la clarificación y resolución de la causa que se trate; ello, tal y como así lo ha hecho recientemente en diversas decisiones, entre las cuales se encuentran las recaídas en las sentencias n.° 1.235/14.08.2012, (Caso: Ana Victoria Uribe), n.° 1.043/29.07.2013 (caso: Banco Industrial de Venezuela), n.° 1.316/08.10. 2013 (caso: Osmar Buitrago Rodríguez y otro), n.° 1.674/29.11.2013 (caso: Vale Canjeable Ticketven, C.A.), entre otras.
Por lo anteriormente expuesto, esta Sala estima que efectuar un reenvío a la Sala de Casación Civil o al Tribunal Superior Octavo en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas para que se dicte nueva decisión, resultaría indebido e inoficioso, por haberse verificado el respectivo debate probatorio, que en modo alguno resultó afectado por la declaratoria contenida en la presente solicitud de revisión constitucional; y, por cuanto si bien ha quedado resuelta la cuestión de mero derecho circunscrita a la validez de la apertura de la articulación probatoria regulada en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala de la revisión de las actas de la causa civil ha podido verificar que ha quedado probado en autos que el demandante –ahora solicitante– demostró que ha permanecido separado de hecho por más de cinco (5) años de su cónyuge, tal como lo indicó el juzgado que conoció en primera instancia y declaró el divorcio.
En tal sentido, esta Sala Constitucional, en los casos que ha tenido lugar el ejercicio de su potestad de revisión constitucional al anular sentencias de otras Salas de este Máximo Tribunal, que han resuelto el mérito de solicitudes de avocamiento, ha declarado por vía de consecuencia la validez jurídica de las decisiones que han precedido y subsistido en tales procesos judiciales (Vgr. sentencia n.° 1.082 del 25 de julio de 2012, caso: Marisela de Abreu Rodríguez), ante lo cual, por razones de celeridad y economía procesal de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara ajustada a derecho la sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de mayo de 2013, que declaró con lugar la solicitud de divorcio formulada por el ciudadano Víctor José de Jesús Vargas Irausquín, contra la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas, ambos identificados, por lo que se declara sin lugar la apelación intentada contra dicho fallo por la representación judicial de la prenombrada ciudadana y, en consecuencia, por haber resuelto la causa esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia, definitivamente firme el fallo apelado. Así se decide.
Finalmente, vista la declaratoria de nulidad de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del 9 de diciembre de 2013, antes identificada, y la declaratoria de firmeza del fallo dictado por el mencionado Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se deja sin efecto alguno la declaratoria de error inexcusable efectuada en la decisión de la Sala de Casación Civil y, en consecuencia, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales y al Ministerio Público a fin de que pongan fin a la investigación correspondiente, en el supuesto de haberla iniciado.
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara:
PRIMERO: Se declara COMPETENTE para conocer de la presente solicitud de revisión.
SEGUNDO: Que HA LUGAR la revisión de la sentencia siglas y números AVC.000752 dictada y publicada el 9 de diciembre de 2013 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, planteada por los apoderados judiciales del ciudadano VICTOR JOSÉ DE JESÚS VARGAS IRAUSQUÍN; sentencia que se ANULA, al igual que los actos posteriores realizados en consecución de la misma.
TERCERO: Se fija con carácter vinculante el criterio contenido en el presente fallo respecto al artículo 185-A del Código Civil y, en consecuencia, se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, así como en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: “Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio; en caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente”.
CUARTO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por la representación judicial de la prenombrada ciudadana contra el referido fallo del Juzgado Vigésimo de Municipio y, en consecuencia, definitivamente FIRME dicha sentencia, que declaró con lugar la demanda de divorcio que interpuso el ciudadano Víctor José de Jesús Vargas Irausquín contra la ciudadana Carmen Leonor Santaella de Vargas. Vista la anterior declaratoria se condena en costas a la parte apelante, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
QUINTO: Se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales y al Ministerio Público a fin de que pongan fin a la investigación ordenada en la sentencia AVC.000752 dictada y publicada el 9 de diciembre de 2013 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la declaratoria de nulidad de dicho fallo. …”

La misma Sala en sentencia N° 693 dictada en fecha 02.06.2015 en el expediente N° 12-1163, estableció lo siguiente:
“…Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento.
Asimismo, es necesario considerar la atribución de competencia de los jueces u juezas de paz que otorga la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, sancionada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.913 del 2 de mayo de 2012, para declarar el divorcio por mutuo consentimiento, al disponer en su artículo 8.8 que los jueces y juezas de paz son competentes para: “Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho cuando sea por mutuo consentimiento; los solicitantes se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial del juez o jueza de paz comunal; y no se hayan procreado hijos o de haberlos, no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud”.
Ello así, en atención a lo dispuesto en el artículo 177 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los cónyuges cuyos hijos sean menores de edad que de mutuo acuerdo deseen divorciarse, acudirán ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en función de sustanciación y mediación del lugar donde hayan establecido su último domicilio conyugal y, previo acuerdo igualmente, expreso e inequívoco, de las instituciones familiares que les son inherentes, para solicitar y obtener, en jurisdicción voluntaria, una sentencia de divorcio. Así se declara.
En consecuencia, deberán los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes permitir con base en la doctrina contenida en el presente fallo tramitar conforme al procedimiento de jurisdicción voluntaria, previsto en los artículos 511 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, las solicitudes de divorcio de mutuo consentimiento que presenten ambos cónyuges, sin más exigencias que el acta de matrimonio y de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes de que se trate, así como el acuerdo previo de los cónyuges acerca de las instituciones familiares, esto es, lo relativo a la responsabilidad de crianza del o los menores de edad que hubiesen procreado, la responsabilidad de crianza y custodia, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar, a efectos de que sean evaluados por el Juez de niños, niñas y adolescentes y determinar si son convenientes para los niños, niñas o adolescentes de que se trate y conferir la homologación, en caso de que no lo sea el Juez o Jueza ordenará su corrección. La homologación del acuerdo acerca de las instituciones familiares será requisito necesario para la declaratoria del divorcio.
Vista entonces la solicitud de revisión presentada a esta Sala y en virtud del análisis de la decisión impugnada y de los argumentos invocados por el solicitante, no se advierte que la decisión objeto de revisión haya incurrido en una interpretación grotesca o errada del Texto Fundamental, o de la doctrina de esta Sala; ni que la misma haya vulnerado el orden público constitucional o principios jurídicos fundamentales y menos aún que la decisión objeto de revisión haya violado derechos constitucionales del quejoso, toda vez que la Sala de Casación Social descendió a las actas del expediente y luego del estudio de las mismas, analizando el acervo probatorio, determinó que “el sentenciador de la recurrida, lejos de declarar la disolución del vínculo matrimonial con base a una causal no alegada por las partes – tal como lo alegó el recurrente al fundamentar la denuncia del vicio de incongruencia positiva-, consideró que se había verificado la causal contemplada en el artículo 185, ordinal 2° del Código Civil,- abandono voluntario- razón por la cual declaró con lugar la demanda; al respecto es necesario aclarar que si bien el juez hizo alusión a la concepción del divorcio como un remedio o solución conteste con la jurisprudencia emanada de esta Sala de Casación Social, ello no implicó que se saliera del thema decidendum planteado por las partes, ni que sustentara el divorcio en una inexistente causal de divorcio”.
Con fundamento en lo anterior, esta Sala advierte que de los argumentos que sustentan el ejercicio de la presente solicitud de revisión constitucional sólo se evidencia la intención del solicitante de demostrar su discrepancia con el fallo que le fue adverso, lo cual no es objeto de este mecanismo extraordinario de tutela constitucional, pues se requiere del planteamiento de unos supuestos específicos que aseguren, además, un ejercicio apropiado a la defensa real de los preceptos y principios constitucionales, ya que no cabe duda alguna que la revisión es una vía que establece el ordenamiento jurídico para volver al estudio de una sentencia que ha alcanzado su firmeza definitiva, al haber agotado todas las instancias ordinarias posibles, con el fin de preservar la interpretación de una norma constitucional, lo que es de vital importancia para el ordenamiento jurídico.
Adicionalmente, esta Sala aprecia que en el presente caso ambas partes plantearon como petición última el divorcio, es decir, uno de los cónyuges presentó una demanda de divorcio y el otro, una posterior reconvención, que como es sabido, es la demanda que plantea el demandado contra el actor en la oportunidad de contestar la demanda, de tal manera que, era común a los litigantes la misma pretensión; tal similitud de peticiones y de objetivo de los cónyuges-litigantes, obligaron a la Sala a reflexionar acerca de la justificación que puede tener el sostenimiento de un juicio como el presente cuando las partes deseaban lo mismo, esto es, la disolución del vínculo matrimonial que los unía.
Por tanto, en consideración a la potestad extraordinaria, excepcional y discrecional de esta Sala Constitucional, con la finalidad de uniformar los criterios constitucionales para la garantía de la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales que conlleva a la seguridad jurídica, y en atención a los razonamientos expuestos, declara no ha lugar a la solicitud de revisión constitucional de la decisión dictada por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, el 20 de abril de 2012, interpuesta por el ciudadano Francisco Anthony Correa Rampersad. Así se declara.
Finalmente, visto los diversos pronunciamientos judiciales en la materia se exhorta al Poder Legislativo nacional a emprender una revisión de la regulación vigente a los fines de sistematizar los criterios jurisprudenciales dictados. …”

A lo anterior se le adiciona el hecho de que la referida Sala en la sentencia N° 1070 dictada en fecha 09.12.2016 en el expediente N° 16-0916, caso GLADYS COROMOTO SEGOVIA GONZÁLEZ, estableció como criterio vinculante que en los casos en que se alegue como motivo del divorcio sea éste contencioso o no, las causales del desafecto, o la incompatibilidad de carácter, el asunto se debe decidir como de mero derecho, pues en ninguno de los dos casos no puede, ni debe existir contención, incidencias, ni mucho menos recursos ordinarios tendentes a objetar la disolución del vinculo decretada por el tribunal de la causa. A continuación se copia un extracto del mismo, con el fin de ofrecer una mayor y mejor ilustración sobre este novedoso tema, a saber:
“… En este orden de ideas, la doctrina del divorcio solución no constituye una nueva causal de disolución del vínculo conyugal que modifique el elenco contenido en la ley, sino tan solo una concepción o explicación del divorcio como causa excepcional de extinción del matrimonio.
En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas.
En efecto, la competencia de los Tribunales es producir como juez natural conforme lo dispone el artículo 49 constitucional, una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, sin que pueda admitirse la posibilidad de que manifestada la existencia de dicha ruptura matrimonial de hecho, se obligue a uno de los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial cuando éste ya no lo desea, pues de considerarse así se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona.
Siendo así las cosas, el Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, al observar la incompatibilidad de caracteres señalada por el solicitante debió decretar el divorcio siguiendo el procedimiento previsto en el cuarto y quinto aparte del artículo 185-A del Código Civil, por lo que al proceder en la forma en que lo hizo, permitiendo un contradictorio no previsto para tal solicitud, transgredió los derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y contrarió la jurisprudencia vinculante de esta Sala como máxima autoridad de la jurisdicción constitucional.
Por ello, en atención a lo dispuesto en los artículos 26 y 257 del Texto Fundamental, atendiendo a que el proceso debe ser instrumento para el logro de la justicia, en aras de una justicia expedita, célere y sin dilaciones indebidas, esta Sala anula las actuaciones realizadas en la causa contenida en el expediente n.º: S-2016-00168, nomenclatura del Juzgado de Municipio y Ejecutor de Medidas del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, contentivo de la solicitud de divorcio ejercida conforme a lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil, por el ciudadano HUGO ARMANDO CARVAJAL BARRIOS, respecto de la ciudadana GLADYS COROMOTO SEGOVIA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad n° 5.953.116, desde el 4 de octubre de 2016, fecha en la cual se dictó el auto en el cual se abre la articulación probatoria, y por ende se decreta el divorcio de los ciudadanos antes identificados fallo. …” (resaltado y subrayado propio de esta alzada)

En fin, de acuerdo al contenido de dicho fallo, analizándolo desde un contexto más amplio es evidente que la Sala Constitucional se pronunció no solo invocando una vez más los criterios vinculantes contenidos en las sentencias Nros. 446 y 693 dictadas el 15.05.2014 y 02.06.2015, respectivamente, en las cuales en la primera reestablece pautas a seguir en el trámite del procedimiento no contencioso previsto en el artículo 185-A del Código Civil y en la segunda, se amplían las causales de divorcio contempladas en el Código Sustantivo, sino que fue mas allá, ya que en sintonía con la realidad social, y procurando garantizarle al ciudadano común los derechos relativos a la libertad, libre desenvolvimiento de la personalidad y a la familia, dictaminó que en el caso de que uno de los cónyuges dentro del marco del procedimiento especial contencioso que rige la acción de divorcio, así como también con motivo de la solicitud de divorcio no contenciosa prevista en el artículo 185-A alegue como causa para solicitar la disolución del vinculo matrimonial la perdida de afecto o affectio maritalis o la incompatibilidad de caracteres en vista de que ambos casos son de naturaleza eminentemente subjetivas, y por ende, al no existir posibilidad de discusión en torno a los hechos alegados como sustento de la causal no son susceptibles de rechazo, ni de contradicción, ni pueden ser objeto de pruebas o cuestionamientos, por lo cual el proceso que se adelanta sin perder su naturaleza o esencia, es decir, si se plantea dentro del marco de una demanda de divorcio, deberá emitirse sin mas tramites el fallo definitivo que disuelva el vinculo matrimonial. Esto quiere decir, que conforme al criterio de la Sala aunque la demanda de divorcio se rige por un procedimiento especial contemplado en los artículos 756 al 759 del Código de Procedimiento Civil, cuando se alegan las referidas causales, el pronunciamiento que se debe emitir de manera inmediata es aquel que declare la disolución del vinculo matrimonial, sin abrir contradictorio, por cuanto la sola manifestación del cónyuge basta para dar por demostrado su deseo de que se extinga o se declare la extinción del vinculo matrimonial, lo cual en modo alguno debe aparejar contradicción, incidencias probatorias, y mucho menos su impugnación mediante los mecanismos ordinarios preexistentes, pues ello traería consigo una dilación indebida que choca con lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución. El anterior criterio fue ratificado por la Sala de Casación Civil (vid. Sentencia N° R.H. 000305 dictada en fecha 18.05.2017 en el expediente N° 17-312).
Determinado todo lo anterior, este tribunal considera que el sentido y alcance del procedimiento contemplado en el artículo 185-A del vigente Código Civil, es de naturaleza no contenciosa, pues mediante el mismo se persigue poner fin al vinculo matrimonial de una manera breve y expedita cuando se cumplen las condiciones, a saber, en primer lugar que ambos cónyuges soliciten la disolución del vinculo de manera conjunta o bien separada, pero consensuada, y que el motivo que se indique sea la separación fáctica por un periodo superior a cinco (5) años.
Asimismo, es menester citar el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil que dispone: “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan”.
La norma legal en referencia consagra dos criterios para la determinación de la competencia por la materia, que son: 1) la naturaleza de la cuestión que se discute, y 2) las disposiciones legales que la regulan.
En este sentido la Resolución Nº 2.006-2.009 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18 de marzo de 2.009 y publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.152 de fecha 02.04.2.009, en su artículo 3, establece que los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida.
Asimismo, dispone el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, que:
“…Es juez competente para conocer de los juicios de divorcios y de separaciones de cuerpos el que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia, en el lugar del domicilio conyugal, se entiende por domicilio el lugar donde los cónyuges ejercen sus derechos y cumplen con los deberes de su estado…”.

De la preinsertada norma se desprende que el juez competente para conocer de este tipo de procedimientos es el que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia en el lugar del domicilio conyugal.
Ahora bien, precisado todo lo anterior se tiene que según las actas procesales se observa en primer lugar que la causal alegada se vincula con el desafecto, por lo cual el trámite que se debe seguir es por la vía de la jurisdicción voluntaria, por ser una asunto de mero derecho que no requiere contradictorio, ni ninguna clase de contención, que se debe llevar de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución Nº 2.006-2.009 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18 de marzo de 2.009 y publicada en Gaceta Oficial Nº 39.152 de fecha 02.04.2009, ante un Juzgado de Municipio, y la segunda, que de acuerdo a la norma arriba copiada la competencia territorial en esta materia viene dada por la correspondiente al último domicilio conyugal, que en este caso corresponde al Municipio Díaz, ya que se desprende del libelo que la parte actora indicó que había fijado su domicilio conyugal en la calle 8, casa N° 12, del sector Praderas de Valle Verde, Municipio Díaz de este Estado.
Bajo tales parámetros es evidente que la competencia para conocer y resolver la presente solicitud le corresponde al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Díaz de esta Circunscripción Judicial, por ser este el competente territorial, éste según la ubicación del último domicilio conyugal precisado por el solicitante en el escrito que encabeza estas actuaciones, y no a los Juzgados de Municipio Ordinario y Ejecutores de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial, por lo cual se revoca la sentencia dictada en fecha 31.05.2017 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de esta Circunscripción Judicial y se ordena a dicho Juzgado a que proceda de inmediato a declinar la competencia al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Díaz de esta Circunscripción Judicial, a los fines de que conozca y resuelva sobre la misma, siguiendo los parámetros establecidos en el fallo vinculante de la Sala Constitucional antes indicado y las sentencias Nros. 000136 del 30.03.2017 y REG. 000835 del 14.12.2017 emitidas por la Sala de Casación Civil del máximo tribunal. Y así se decide.
DISPOSITIVA.-
En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR el conflicto de competencia planteado por el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial, en contra de la decisión dictada en fecha 31.05.2017 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de esta Circunscripción Judicial, la cual queda REVOCADA.
SEGUNDO: COMPETENTE para conocer la solicitud de DIVORCIO presentada por el ciudadano EFRAIN BENAVENTE CARIO en contra de la ciudadana ANA TERESA ROJAS AGUILERA, el Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Díaz de esta Circunscripción Judicial.
TERCERO: SE ORDENA al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de esta Circunscripción Judicial, a que proceda de inmediato a declinar la competencia al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Díaz de esta Circunscripción Judicial, a los fines de que conozca y resuelva sobre la presente solicitud, siguiendo los parámetros establecidos en el fallo vinculante de la Sala Constitucional antes indicado y las sentencias Nros. 000136 del 30.03.2017 y REG. 000835 del 14.12.2017 emitidas por la Sala de Casación Civil del máximo Tribunal.
CUARTO: SE ORDENA remitir las presentes actuaciones al Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial; y copia certificada de la presente decisión al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de esta Circunscripción Judicial.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DIARICESE, DÉJESE COPIA y BÁJESE el expediente en su oportunidad.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en la ciudad de La Asunción, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2.018). Años 207º y 159º.
LA JUEZA TEMPORAL,

Dra. JIAM SALMEN DE CONTRERAS.
LA SECRETARIA,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ.
EXP: Nº 09185/17
JSDEC/CFP/mill
En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de ley. Conste,
LA SECRETARIA,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ.