LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: EL JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA -I- DE LAS PARTES PARTE SOLICITANTE: GUILLERMO ENRIQUE GUTIÉRREZ URDANETA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-3.384.184, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia. ABOGADA DEL SOLICITANTE: BLANCA FLOR NAVARRO MEDINA, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-7.805.744, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 227.686, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia. -II- ANTECEDENTES Se inicia el presente procedimiento por solicitud de TÍTULO SUPLETORIO, presentado por la abogada en ejercicio BLANCA FLOR NAVARRO MEDINA, actuando con el carácter de representante judicial del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE GUTIÉRREZ URDANETA, ante la secretaría de este órgano jurisdiccional en fecha seis (06) de diciembre de dos mil diecisiete (2017); a la cual se le dio entrada y curso de ley en la misma fecha, considerándose necesario practicar inspección judicial sobre el lote de terreno denominado “SAN ANTONIO”, a los fines de constatar las mejoras, instalaciones y bienhechurías que alega el solicitante han sido edificadas sobre el mismo, fijándose como oportunidad para llevar a cabo dicha actuación el día siete (07) de diciembre del mismo año, a partir de las ocho y treinta minutos de la mañana (08:30 a.m.). En la fecha y hora fijadas este órgano jurisdiccional se trasladó y constituyó sobre el lote de terreno objeto de la presente solicitud, a los fines de realizar la actuación indicada en el párrafo anterior, la cual se practicó efectivamente tal como consta del acta levantada al efecto. En fecha doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), la apoderada judicial del solicitante peticionó se fijara día y hora para la evacuación de los testigos promovidos; lo cual fue proveído en fecha trece (13) del mismo mes y año, estableciéndose como oportunidad para evacuar las testimoniales promovidas, el día miércoles veinte (20) de diciembre del mismo año, en horas de la mañana. En la fecha y hora fijada se llevó a efecto la evacuación de las testimoniales promovidas por el solicitante, tal como consta de las actas levantadas al efecto. -III- MOTIVACIÓN Siendo la oportunidad para dictar sentencia en la presente solicitud de título supletorio, este Juzgado Agrario de Primera Instancia procede a realizarlo, para lo cual estima pertinente hacer las siguientes consideraciones: Establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: “Artículo 26.- Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. Consagra la transcrita disposición constitucional, la garantía que tiene todo habitante de la República, de acceder a los órganos de administración justicia, los cuales deben garantizar la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, a través de un sistema de administración de justicia gratuito, accesible, imparcial, idóneo, transparente, autónomo, independiente, responsable, equitativo, expedito, sin dilaciones indebidas, sin formalismos ni reposiciones inútiles. En ejercicio de esa garantía de acceso a los órganos de administración de justicia, los justiciables pueden proponer los justificativos para perpetua memoria, los cuales tienen como finalidad solicitar del Juez competente instruir las diligencias necesarias destinadas a la comprobación de algún hecho o derecho propio del interesado, tal como lo dispone el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil. Estos justificativos son una pretensión de jurisdicción voluntaria, por lo que no existe contención o controversia alguna entre particulares; máxime, si la justificación solicitada tuviere como efecto asegurar la posesión o algún derecho del solicitante, en todo caso, quedarían a salvo los derechos de terceros, tal como expresamente lo disponen los artículos 11 y 937 del mismo Código. En tal sentido, disponen los artículos 936 y 937 del Código Civil Venezolano lo siguiente: Artículo 936.- Cualquier Juez Civil es competente para instruir las justificaciones y diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún derecho propio del interesado en ellas. El procedimiento se reducirá a acordar, el mismo día en que se promuevan, lo necesario para practicarlas; concluidas, se entregaran al solicitante sin decreto alguno. Artículo 937.- Si se pidiere que tales justificaciones o diligencias se declaren bastantes para asegurar la posesión o algún derecho, mientras no haya oposición, el Juez decretará lo que juzgue conforme a la ley, antes de entregarlas al solicitante, o dentro del tercer día, si esta petición se hubiere hecho posteriormente a la primera diligencia; quedando en todo caso a salvo los derechos de terceros. El competente para hacer la declaratoria de que habla este artículo es el Juez de Primera Instancia del lugar donde se encuentran los bienes que se trate.” Señala el autor Emilio Calvo Baca en su obra “Código de Procedimiento Civil de Venezuela” (Ediciones Libra 2004. Pág: 761 y 762), que “Para el legislador venezolano, esta justificaciones son las que tiene por objeto comprobar algún hecho o algún derecho propio del interesado que las promueve (…)”, siendo que “De conformidad con nuestra legislación procesal, el objeto de estas justificaciones es amplísimo, porque no tienen restricción en cuanto tiendan a demostrar hechos o derecho propios del solicitante (…)”. Agregando el citado autor, que “El título supletorio es también denominado justificativo para perpetua memoria, consiste en unas simples declaraciones de testigos con las cuales un ciudadano cualquiera busca obtener un título suficiente de propiedad sobre una casa o edificio que ha construido a sus expensas.”, señalando que “Las bienhechurías son aquellas plusvalías o mejoras en las plantaciones o instalaciones de fincas rústicas (…).” Por su parte, el autor Arminio Borjas en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano – Colección Clásicos del Derecho Tomo VI” (Editorial Atenea, Caracas 2007. Pag: 465, 471 y ss.), al referirse al justificativo para perpetua memoria señala que debe entenderse por “(…) justificación para perpetua memoria o ad perpetuam reí memorian, o simplemente ad perpetuam, las informaciones de testigos, instruidas judicialmente, para hacer constar algún derecho que le interese a las personas que las promueva.” Para continuar señalando al referirse al artículo 798 del Código de Procedimiento Civil derogado (actualmente artículo 937) que “La presente disposición permite atribuir a determinadas justificaciones y diligencias ad perpetuam el carácter de títulos supletorios o provisionales, mediante la declaratoria, de la autoridad judicial competente, de que son bastantes para asegurar a la parte que las promueve, o en cuyo favor se las promueve, la posesión o algún otro derecho, mientras no haya oposición.” Teniendo claro lo que es un justificativo para perpetua memoria y sus efectos jurídicos, resulta necesario establecer la competencia de los Juzgados de Primera Instancia Agraria para conocer y proveer, en sede de jurisdicción voluntaria, de las solicitudes de Títulos Supletorios que versen sobre bienhechurías, instalaciones o mejoras que posea un fundo con vocación agraria, teniendo en cuenta que la intención de este título es justificar ante terceros el derecho de carácter real de quien posee en forma pacífica y sin oposición estos bienes, sin tener un verdadero título de propiedad sobre la tierra. Para lo cual se debe observar el contenido del artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual dispone: “Artículo 197.- Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos: (…) 3. Acciones relativas al uso, aprovechamiento, constitución de servidumbres y demás derechos reales, para fines agrarios. (…) 15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria.” En tal sentido, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 200, de fecha catorce (14) de agosto de dos mil siete (2007), caso Aníbal Jesús Núñez Beauperthuy vs. Agropecuaria La Gloria, C.A., señaló lo siguiente: “Conforme a lo antes expuesto, todos los inmuebles susceptibles de explotación agropecuaria gozan de la protección especial que consagra la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, independientemente de que los mismos estén ubicados en poligonales urbanas o rurales. Por otro lado, ha señalado la Sala Constitucional que del análisis de los artículos 197 y 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, antes citados, se desprende que el legislador ha establecido ‘en primer lugar un foro atrayente con respecto a la jurisdicción agraria (artículo 197 eiusdem) para ventilar conflictos que se produzcan entre particulares con motivo de dicha actividad; y en segundo lugar, atribuyen competencia para conocer y decidir de determinadas acciones (como las del caso de marras, esto es, acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria) a los Juzgados de Primera Instancia Agrarios, dejando en su último ordinal una cláusula abierta para que estos Juzgados conozcan de ‘(…) todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’ (artículo 208 eiusdem)’ (subrayado añadido) (sentencia número 5047 del 15 de diciembre de 2005, caso Humberto Lobo Carrizo). Por tal razón, considera esta Sala Plena que cuando el artículo 208, numeral 15 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario atribuye competencia a los juzgados de primera instancia agraria para conocer de ‘todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’, debe entenderse como una cláusula abierta que comprende cualquier controversia en la que pueda verse afectada la producción agroalimentaria. Ello en virtud de que el juez agrario ‘debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental’ (artículo 207 eiusdem)”. Igualmente, el Magistrado Francisco Carrasquero López, en el voto salvado emitido en la sentencia N° 01 de fecha quince (15) de enero de dos mil nueve (2009), de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, señaló lo siguiente: “(…) En tal sentido, el artículo 271 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ya interpretado por este Máximo Tribunal, establece la prevalencia de las disposiciones de dicho complejo normativo, sobre el resto de las normas sustantivas y adjetivas de rango legal y, en tal sentido, el artículo 208.15 eiusdem, dispone, que corresponde a los tribunales de primera instancia agraria, el conocimiento general de todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria, desarrollando así el principio de exclusividad agraria a tenor del cual, los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia, tienen un fuero especial atrayente que en virtud de criterios subjetivos y atendiendo a la naturaleza agraria de los asuntos, extraen de la jurisdicción ordinaria (civil-mercantil) el conocimiento de los litigios con incidencia o afectación sobre la actividad agrícola para otorgársela a los tribunales especializados en la materia. Sobre el mencionado principio de exclusividad agraria y fuero especial atrayente, ya se pronunció esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 24, firmada el 12 de diciembre de 2007, y publicada el 16 de abril de 2008, la cual expresamente asentó el criterio que a continuación se transcribe: “(…) En el presente caso, el procedimiento donde se interpuso la demanda de tercería, es un juicio de intimación incoado a los fines de cobrar una letra de cambio, que como acto objetivo de comercio, le confiere a la cuestión controvertida un cariz mercantil, que de acuerdo a lo expuesto, atribuye el conocimiento del asunto en primera instancia a los tribunales ordinarios civiles mercantiles y en alzada a los juzgados superiores competentes por la materia y el territorio. No obstante ello, el artículo 271 de de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece la prevalencia de las disposiciones de dicho complejo normativo, sobre el resto de las normas sustantivas y adjetivas de rango legal y en tal sentido, el artículo 208.15 eiusdem, dispone, que corresponde a los tribunales de primera instancia agraria, el conocimiento general de todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria, desarrollando así el principio de exclusividad agraria a tenor del cual, los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia, tienen un fuero especial atrayente que en virtud de criterios subjetivos y atendiendo a la naturaleza agraria de los asuntos, extraen de la jurisdicción ordinaria (civil-mercantil) el conocimiento de los litigios con incidencia o afectación sobre la actividad agrícola para otorgársela a los tribunales especializados en la materia. (…) Con el referido criterio, la Sala evidenció que, el legislador viene a reforzar la protección jurídico-constitucional de los particulares a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo para el presente caso, la vigencia y efectividad del derecho a la seguridad agroalimentaria en pro del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Todo en el contexto de la actuación eficaz del Poder Público, donde los órganos y entes del Estado gestionan efectivamente sus competencias, fomentando la consolidación del principio de paz social, el bien común y la convivencia, en un medio ambiente armónico. En concordancia con lo anteriormente expuesto, el Único Aparte del artículo 269 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece la competencia funcional de los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, para conocer de las siguientes cuestiones: En primer lugar, de las apelaciones planteadas en los litigios surgidos entre particulares (criterio subjetivo) cuya competencia sustancial (naturaleza del asunto), sea la actividad agraria, lo cual ocurre, cuando la cuestión litigiosa verse sobre un inmueble susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza y que la acción que se ejercite, sea con ocasión de esta actividad, lo cual debe verificarse de forma concomitante para que proceda la competencia del Tribunal Agrario (..omissis…). (…) De lo expuesto se colige, que el antes referido principio de exclusividad agraria reafirma y expande el espectro funcional de los tribunales con competencia en la materia, toda vez que somete a dicha jurisdicción (competencia), el conocimiento en primera y segunda instancia de los asuntos litigiosos agrarios entre particulares y al mismo tiempo, entre particulares y el Estado, a través del contencioso agrario. En este contexto se observa, que en el caso planteado se está en presencia de una apelación planteada en un juicio entre particulares, donde la cuestión litigiosa son unos semovientes (inmuebles por destinación) y unas bienhechurías realizadas en un predio rustico o rural, de acuerdo al documento de adjudicación suscrito por el entonces Presidente del Instituto Agrario Nacional, que cursa al folio 43 y siguiente del legajo, donde se desprende que el inmueble objeto de la presente querella se encuentra ubicado fuera de la poligonal urbana, específicamente en un asiento campesino. Asimismo, la demanda que dio lugar a la decisión apelada, tuvo como ratio impedir la afectación de la actividad agraria en el fundo donde se encuentran los semovientes y las bienhechurías afectadas por una demanda principal, en la cual se acordaron unas medidas preventivas que de manera indubitable inciden en la explotación agropecuaria que desarrolla la ciudadana FRANCISCA DEL CARMEN MALDONADO DE MATERANO”. Entonces, el criterio precedentemente trascrito precisa que la jurisdicción (competencia) agraria constituye un mecanismo de heterocomposición de los conflictos intersubjetivos que pudieran atentar contra el principio de seguridad agroalimentaria, planteando así que, aquellos litigios surgidos entre particulares (criterio subjetivo) cuya competencia sustancial (naturaleza del asunto), sea la actividad agraria, son asuntos del conocimiento exclusivo del tribunal agrario, lo cual ocurre también cuando la cuestión litigiosa verse sobre un inmueble susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza, incluyendo aquellos casos que se susciten en sede de jurisdicción voluntaria, como son los casos de solicitudes de títulos supletorios sobre terrenos agrícolas.” Queda claro entonces que la competencia de los Juzgados Agrarios de Primera Instancia en nuestra República, está determinada por el objeto sobre el cual recaen las distintas pretensiones que se presenten para su conocimiento, lo que obliga a efectuar un análisis del mismo, pues el tipo de pretensiones que pueden plantearse en la jurisdicción especial agraria son similares a las que pueden ventilarse en la jurisdicción civil, a saber, pretensiones declarativas, reivindicatorias, posesorias, servidumbres, deslindes, sucesorales, contractuales, de créditos, entre otras, pero las que se presenten ante esta jurisdicción, deben tener como particularidad el hecho que las mismas deben versar siempre sobre la actividad agroproductiva y por ende repercutir en la seguridad agroalimentaria de la Nación y/o en la protección de la biodiversidad y/o de los recursos naturales renovables. Al respecto, es criterio pacífico y reiterado del máximo Tribunal de Justicia en su Sala Constitucional que: “(…) la competencia de los tribunales de la Jurisdicción agraria viene determinada por el objeto sobre el cual versan las pretensiones deducidas, siendo que dicho objeto debe estar directamente vinculado con la actividad agraria (…) aún cuando los Justificativos de perpetua memoria se encuentra consagrado en el Código de Procedimiento Civil (artículos 936 y siguientes), ello no implica que en todos los casos la competencia esté asignada a la Jurisdicción civil…”, mucho más cuando el artículo 197 numeral 15 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone lo antes trascrito. En conclusión, son criterios en los que resulta coincidente la posición de afirmar por distintas razones de orden constitucional, legal, e inclusive orden público agrario, la competencia de los Juzgados Agrarios de Primera Instancia para tramitar y proveer en sede de jurisdicción voluntaria, solicitudes de título supletorio sobre mejoras y bienhechurías, cuando estas sean de naturaleza agraria, vale decir que guardan relación con actividades agroproductivas. En el caso de autos, se solicitó la expedición de un Título Supletorio de propiedad sobre las mejoras, instalaciones y bienhechurías fomentadas sobre un lote de terreno denominado “SAN ANTONIO”, antes identificado, descritas por el solicitante de la siguiente manera: “(…) Un (01) comedor, cuatro (04) dormitorios, cocina, sala sanitaria y garaje, las instalaciones que posee es de una (01) sala de enfriamiento de leche edificada con paredes de bloques, piso de cemento, techos de láminas de zinc, constante de dos (02) Becerreras de 3 mts de ancho x 4 mts de largo (12mts2) cada una, y cuarenta (40) puestos de alimentación o comederos individuales de concretos para el ganado, tres (03) corrales uno por 18 mts de largo x 8 mts de ancho y otro 10 mts de largo por 8 mts de ancho y otro de 6 mts de ancho por 8 mts de largo aproximadamente, construidos con pilares y cintas de madera con portones de hierro y sin pisos de cemento, una (01) sala sanitaria, un (01) tanque elevado de metal para almacenamiento de gas-oíl con capacidad de 2.500 litros, un (01) tanque elevado de metal para almacenamiento de agua con capacidad de 2.500 litros, ocho (08) jagüeyes o lagunas artificiales refrigerador de leche, equipos y muebles domésticos, fluido eléctrico, acueducto, útiles y enseres de labranza y demás adherencias que son propias para la producción de la renta.(…)” Por lo que, cualquier decisión en este caso puede incidir sobre la continuidad o interrupción de la actividad agraria que pueda realizarse en dicho predio, así pues, a juicio de este órgano jurisdiccional el caso bajo examen se enmarca dentro de las competencias atribuidas a los Juzgados Agrarios de Primera Instancia. Así se establece. Establecido lo anterior, se pasa a valorar el material probatorio promovido por la solicitante, y en tal sentido observa que se promovieron y evacuaron los siguientes medios probatorios: 1. Copia fotostática simple del Título de Adjudicación Socialista Agrario y Carta de Registro Agrario N° 24346172916RAT0217589, otorgado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en reunión de directorio número ORD 619-15, de fecha treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), a favor del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE GUTIÉRREZ URDANETA. (Folios 3 y 4) La anterior documental, distinguida con el número 1, se compone de la copia fotostática simple de un documento público administrativo, el cual el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario o sea impugnado, ello en conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, que se encuentra previsto en el artículo 66 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como el acto administrativo mediante el cual el Instituto Nacional de Tierras (INTI), transfiere la posesión legítima de la tierra productiva ocupada y trabajada por él o los adjudicatarios; del mismo se desprende la posesión agraria reconocida por el referido ente administrativo, a favor de el ciudadano GUILLERMO ENRIQUE GUTIÉRREZ URDANETA, sobre el lote de terreno denominado “SAN ANTONIO”. Así se establece. 2. Copia fotostática simple del contrato de compraventa del fundo denominado “SAN ANTONIO” celebrado entre los ciudadanos JUAN JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ y GUILLERMO ENRIQUE GUTIÉRREZ URDANETA, registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Perijá en fecha cuatro (04) de agosto de mil novecientos ochenta y ocho (1988), bajo el N° 42, folios 117 al 123 vto., Tomo 1°, Protocolo Primero. (Folios 5 al 18) La anterior documental, distinguida con el número 2, se compone de la copia fotostática simple de un documento publico, la cual debe ser valorada en conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1357 del Código Civil, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sea impugnada; de la misma se desprende la adquisición del fundo agropecuario denominado “SAN ANTONIO” por parte del solicitante del presente título supletorio, vale decir, el ciudadano GUILLERMO ENRIQUE GUTIÉRREZ URDANETA, en virtud del contrato de compraventa realizado. Así se establece. 3. Copia fotostática simple del Plano Topográfico del fundo agropecuario denominado “SAN ANTONIO”, emitido por Oficina Regional de Tierras Zulia Norte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. (Folio 19) La anterior documental, distinguida con el número 3, se compone de la copia fotostática simple de un documento público administrativo, el cual en virtud del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, goza de presunción de certeza, veracidad y legalidad hasta tanto no exista en su contra prueba en contrario o sea impugnada, en conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; de la misma se desprende la ubicación exacta, medidas y linderos del referido lote de terreno, según el levantamiento efectuado por la Oficina Regional de Tierras Zulia del Instituto Nacional de Tierras (INTI), mediante el sistema de Coordenadas Datum REGLEN, Huso 18. Así se establece. 4. Copia fotostática simple de la cédula de identidad del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE GUTIÉRREZ URDANETA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-3.384.184, expedida en fecha diecisiete (17) de julio de dos mil nueve (2009). (Folio 20) La anterior documental, distinguida con el número 4, se compone de la copia fotostática simple de un documento público, la cual debe ser valorada en conformidad con las previsiones del artículo 1357 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 3 de la Ley Orgánica de Identificación, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sea impugnada; de la misma se desprende uno de los medios de identificación del solicitante del presente título supletorio, vale decir el ciudadano GUILLERMO ENRIQUE GUTIÉRREZ URDANETA, el número de la cédula de identidad, nacionalidad, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros aspectos. Así se establece. 5. Copia fotostática simple de poder especial conferido por el ciudadano GUILLERMO ENRIQUE GUTIÉRREZ URDANETA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-3.384.184, a la abogada en ejercicio BLANCA FLOR DEL CASTILLO NAVARRO MEDINA, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-7.805.744, autenticado por ante la Notaría Pública Quinta de Maracaibo del estado Zulia en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). (Folios del 21 al 23) La anterior documental, distinguida con el número 5, se compone de la copia fotostática simple de un documento privado autenticado, la cual debe ser valorada en conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1363 del Código Civil, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sea impugnada; de la misma se desprende el poder conferido a la prenombrada abogada por parte del solicitante del presente título supletorio, facultándola suficientemente para realizar todo tipo de actuaciones en su nombre. Así se establece. 6. Copia fotostática simple de la cédula de identidad del ciudadano GIOVANNY ENRIQUE JIMÉNEZ VÍLCHEZ, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-9.714.905, expedida en fecha once (11) de septiembre de dos mil trece (2013). (Folio 24) 7. Copia fotostática simple de la cédula de identidad del ciudadano DAVID EUGENUIO BERMÚDEZ CEPEDA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-13.005.733, expedida en fecha quince (15) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). (Folio 25) 8. Copia fotostática simple de la cédula de identidad del ciudadano EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ REINOSO, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-12.805.561, expedida en fecha treinta (30) de enero de dos mil ocho (2008). (Folio 26) 9. Copia fotostática simple de la cédula de identidad de la ciudadana MARIANGÉLICA URDANETA DE GUTIÉRREZ, venezolana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número V-12.696.109, expedida en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). (Folio 27) Las anteriores documentales, distinguidas con los números 6, 7, 8 y 9, se componen de las copias fotostáticas simples de documentos públicos, las cuales deben ser valoradas en conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1357 del Código Civil, y con el artículo 3 de la Ley Orgánica de Identificación, gozando de pleno valor probatorio hasta tanto no sean impugnadas; de las mismas se desprende uno de los medios de identificación de los testigos que fueron promovidos en la presente solicitud de título supletorio, el número de cédula identidad, nacionalidad, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros aspectos. Así se establece. 10. Copia fotostática simple del Registro Único de Información Fiscal (RIF) del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE GUTIÉRREZ URDANETA expedido en fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil cinco (2005). (Folio 28) La anterior documental, distinguida con el número 10, se compone de la copia fotostática simple de un documento público administrativo, la cual goza de presunción de legalidad, veracidad y certeza en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, hasta no exista en su contra prueba en contrario o sea impugnada, que debe ser valorada en conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; de la misma se desprenden los datos del registro único de información fiscal (RIF) del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE GUTIÉRREZ URDANETA, el domicilio fiscal, la fecha de inscripción, la fecha de actualización, la fecha de vencimiento, entre otros aspectos. Así se establece. 11. Copia fotostática simple de Certificado de Inscripción en el Registro Tributario de Tierras expedido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a favor del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE GUTIÉRREZ URDANETA en fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil cinco (2005). (Folio 29) La anterior documental, distinguida con el número 11, se compone de la copia fotostática simple de un documento público administrativo, el cual goza de presunción de legalidad, veracidad y certeza en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, hasta no exista en su contra prueba en contrario o sea impugnado, que debe ser valorada en conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; desprendiéndose de la misma la tributación realizada por el solicitante en la presente solicitud de título supletorio. Así se establece. Igualmente, consta en actas que en fecha siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), se practicó inspección judicial sobre el lote de terreno denominado “SAN ANTONIO”, cuyos datos de ubicación, medidas y linderos constan en el cuerpo de la presente sentencia, oportunidad en la cual se observó la existencia de las siguientes mejoras, bienhechurías e instalaciones: “(…) Se deja constancia que al fundo se accede por un portón de hierro de color verde y en el patio central del mismo se evidenció una (01) casa principal construida con paredes de bloques frisadas y pintadas, ventanas y protecciones de hierro, pisos de cemento, dividida internamente por un (01) comedor, cuatro (04) habitaciones, cocina, un (01) baño, garaje; una (01) construcción destinada a lechera edificada con paredes de bloques frisadas y pintadas, techos de acerolit sobre estructura de madera, la cual resguarda un (01) tanque de enfriamiento de leche con capacidad para mil doscientos litros (1.200 Lts.) de leche, un (01) tanque destinado al almacenamiento de agua, una (01) vaquera cercada con cintas de madera, construida con estructura de madera, pisos de cemento y techos de zinc sobre estructura de madera, la cual cuenta con dos (02) becerreras, cuarenta (40) comederos individuales de concreto, tres (03) corrales construido con estructura de madera, cintas de madera con portones de hierro y pisos de arena; con su manga y embarcadero; una (01) romana con capacidad aproximada de cinco mil kilogramos (5.000 Kg.); un (01) tanque elevado de metal destinado al almacenamiento de agua con capacidad aproximada para dos mil quinientos litros (2.500 Lts.), ocho (08) jagüeyes o lagunas artificiales. Finalmente se deja constancia que el fundo se encuentra totalmente cercado con estantillos de madera y cinco (05) pelos de alambre de púas, se encuentra dividido internamente por veintiocho (28) potreros y está dotado de energía trifásica suministrada por CORPOELEC (…)” Respecto a este medio probatorio, el autor Emilio Calvo Baca, en su obra “Código Civil Venezolano Comentado y Concordado” (Ediciones Libra 2004: Pág. 855), señala que es el “(…) medio probatorio por el que el Juez constata personalmente, a través de todos los sentidos, los hechos materiales que fundamentan la controversia.”, el cual debe ser valorado en conformidad con las previsiones los artículos 472 y 507 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1428 del Código Civil venezolano, constituyendo plena prueba de los hechos que el Juez aprecie por todos sus sentidos; desprendiéndose de dicho medio probatorio las mejoras, bienhechurías e instalaciones que posee el solicitante, edificadas sobre el lote de terreno denominado “SAN ANTONIO”. Así se establece. En este mismo sentido, fueron evacuadas las testimoniales de los ciudadanos EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ REINOSO, GIOVANNY ENRIQUE JIMÉNEZ VÍLCHEZ, DAVID EUGENIO BERMÚDEZ CEPEDA y MARIANGÉLICA URDANETA DE GUTIÉRREZ, cuyas declaraciones reposan en actas, siendo que quien suscribe, en ejercicio del principio de inmediación, y en atención a las facultades referidas en los artículos 190 y 191 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, estima que las testigos fueron contestes, al detallar el modo, lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos sobre los cuales versan sus respuestas, que en el caso que nos ocupa, recayó sobre las mejoras y bienhechurías que conforman el lote de terreno denominado “SAN ANTONIO”. Así se establece. Finalmente, antes de proceder a dictar el dispositivo en la presente causa, considera importante este órgano jurisdiccional, traer a colación el primer aparte del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, el cual literalmente establece: “Artículo 11.- (…) En los asuntos no contenciosos, en los cuales se pida alguna resolución, los Jueces obrarán con conocimiento de causa, y, al efecto, podrán exigir que se amplíe la prueba sobre los puntos en que la encontraren deficiente, y aún requerir otras pruebas que juzgaren indispensables; todo sin necesidad de las formalidades del juicio. La resolución que dictaren dejará siempre a salvo los derechos de terceros y se mantendrá en vigencia mientras no cambien las circunstancias que la originaron y no sea solicitada su modificación o revocatoria por el interesado, caso en el cual, el Juez obrará también con conocimiento de causa”. En virtud del cual, la sentencia que se dicte en el presente caso, dejará expresa constancia que se dejarán a salvo los derechos que terceros pudieran tener sobre las referidas mejoras y bienhechurías. Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado considera suficientes las pruebas previamente indicadas y valoradas, para declarar JUSTO TÍTULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD a favor del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE GUTIÉRREZ URDANETA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-3.384.184, sobre las mejoras, instalaciones y bienhechurías descritas en la inspección judicial practicada sobre el lote de terreno denominado “SAN ANTONIO”, y así lo hará constar en el dispositivo de la presente sentencia. Así se decide. -IV- DISPOSITIVO Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1°) ÚNICO: JUSTO TÍTULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD a favor del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE GUTIÉRREZ URDANETA, venezolano, mayor de edad, identificado con la cédula de identidad número V-3.384.184, sobre las mejoras, bienhechurías y edificaciones construidas sobre un lote de terreno denominado “SAN ANTONIO”, ubicado en el sector Chapinero, asentamiento campesino sin información, parroquia Bartolomé de las Casas del municipio Machiques de Perijá del estado Zulia, constante de una superficie de DOSCIENTOS VEINTIDÓS HECTÁREAS CON SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (222 Has con 7055 mts2), alinderado de la siguiente manera: NORTE: Terreno ocupado por Fundo El Valle; SUR: Vía de penetración; ESTE: Terreno ocupado por Fundo Puerto Rico; y, OESTE: Terreno ocupado por Fundo El Pulguero y Fundo Santa Lucía; descritas de la siguiente manera: “(... )un portón de hierro de color verde y en el patio central del mismo se evidenció una (01) casa principal construida con paredes de bloques frisadas y pintadas, ventanas y protecciones de hierro, pisos de cemento, dividida internamente por un (01) comedor, cuatro (04) habitaciones, cocina, un (01) baño, garaje; una (01) construcción destinada a lechera edificada con paredes de bloques frisadas y pintadas, techos de acerolit sobre estructura de madera, la cual resguarda un (01) tanque de enfriamiento de leche con capacidad para mil doscientos litros (1.200 Lts.) de leche, un (01) tanque destinado al almacenamiento de agua, una (01) vaquera cercada con cintas de madera, construida con estructura de madera, pisos de cemento y techos de zinc sobre estructura de madera, la cual cuenta con dos (02) becerreras, cuarenta (40) comederos individuales de concreto, tres (03) corrales construido con estructura de madera, cintas de madera con portones de hierro y pisos de arena; con su manga y embarcadero; una (01) romana con capacidad aproximada de cinco mil kilogramos (5.000 Kg.); un (01) tanque elevado de metal destinado al almacenamiento de agua con capacidad aproximada para dos mil quinientos litros (2.500 Lts.), ocho (08) jagüeyes o lagunas artificiales. Finalmente se deja constancia que el fundo se encuentra totalmente cercado con estantillos de madera y cinco (05) pelos de alambre de púas, se encuentra dividido internamente por veintiocho (28) potreros y está dotado de energía trifásica suministrada por CORPOELEC (…).” Esto en conformidad con los artículos 11 y 937 del Código de Procedimiento Civil, dejándose a salvo los derechos que terceros puedan tener sobre las mismas, instándose al beneficiario a acogerse a los mecanismos de participación y regularización establecidos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Devuélvanse los originales con sus resultas a la parte interesada, previa certificación por Secretaría. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE. Déjese copia certificada por Secretaria de la presente sentencia, en conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en Maracaibo a los diez (10) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación. EL JUEZ PROVISORIO, ABOG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO. EL SECRETARIO, ABOG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN. En la misma fecha, siendo las nueve de la mañana (09:00 a.m.), se dictó y publicó la presente sentencia bajo el Nº 003-2018, se expidió la copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de sentencias de este Juzgado. EL SECRETARIO, ABOG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.