REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
EN SU NOMBRE
Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas.
Cabimas, Dieciocho (18) de Septiembre de dos mil diecisiete (2017).
207° y 158°
ASUNTO: VP21-L-2017-000163
PARTE ACTORA: JULIMAR MARIA MADURO SUAREZ venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad V-19.832.927, domiciliado en el municipio Cabimas del Estado Zulia.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: MISAEL BENITO MADURO SUAREZ, abogado en ejercicio e inscrito en inpreabogado bajo el Nro 25.462
PARTE DEMANDADA: Entidad de Trabajo PANADERIA IL CASTELLO, C.A (PANADERIA, PASTELERIA, SUPERMERCADO LICORERIA Y RESTAURANTE IL CASTELLO, C.A), domiciliada en el Municipio Cabimas del Estado Zulia
APODERADOS JUDICIALES DE LA EMPRESA DEMANDADA: IVAN DANIEL PEROZO MARIN, VICTOR ALEJANDRO HERNANDEZ PIRELA, MILEXY MILAGROS HERRERA MORLES Y MIREILLE MILAGROS HERRERA MORLES, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 35.555, 224.236, 105.439 y 105.440 domiciliados en el municipio Cabimas del estado Zulia.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.-
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
CON FUERZA DEFINITIVA
Comienza el presente procedimiento en fecha 04 de Julio de 2017, mediante Demanda interpuesta por la ciudadana: JULIMAR MADURO SUAREZ, titular de la cedula de identidad Nro 19.832.927 debidamente asistida por el abogado en ejercicio MISAEL BENITO MADURO SUAREZ, e inscrito en inpreabogado bajo el Nro 25.462, en contra de la Entidad de Trabajo PANADERIA IL CASTELLO, C.A (PANADERIA, PASTELERIA, SUPERMERCADO LICORERIA Y RESTAURANTE IL CASTELLO, C.A) ante la Unidad de Recepción y distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Laboral.-
Sustanciada y tramitada esta causa de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le correspondió conocer de la misma al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo con sede en Cabimas, la cual fue admitida en fecha: 01 de Agosto de 2017, previo cumplimiento del despacho saneador.-
Ahora bien, en fecha 11 de Agosto de 2017, comparece la ciudadana: JULIMAR MADURO SUAREZ, titular de la cedula de identidad Nro 19.832.927 debidamente asistida por el abogado en ejercicio MISAEL BENITO MADURO SUAREZ, e inscrito en inpreabogado bajo el Nro 25.462, y el abogado VICTOR HERNANDEZ inscrito en inpreabogado bajo el Nro 224.236, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Entidad de Trabajo PANADERIA IL CASTELLO, C.A (PANADERIA, PASTELERIA, SU
PERMERCADO LICORERIA Y RESTAURANTE IL CASTELLO, C.A), por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Laboral y consignan diligencia constante de dos (02) folios, atendiendo al ánimo de las partes de lograr un acuerdo satisfactorio, en el sentido de convenir en una fórmula que ponga fin de modo total y absoluto y definitivo a este procedimiento judicial, convienen en fijar como monto definitivo de todos y cada uno de los conceptos demandados para la ciudadana: JULIMAR MARIA MADURO SUAREZ, la cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (Bs. 250.000) cancelados a través de cheque Nro 71005899 de fecha 11 de Agosto de 2017 girado contra el Banco Occidental de Descuento en relación a todos los derechos derivados de la relación laboral que mantuvieron con el patrono liberando de toda responsabilidad directa o indirecta relacionada con las disposiciones legales que sobre trabajo existan a la empresa demandada, sin reserva de acción y/o derecho alguno que ejercitar en contra de ella. Finalmente las partes solicitan al despacho homologue el presente Convenimiento otorgándole el carácter de cosa Juzgada y se ordene su
Al respecto, este Tribunal procede entonces a impartir su aprobación y homologar el anterior acuerdo efectuado con el fin de dar por terminado el presente proceso, previas las siguientes consideraciones:
La transacción, el desistimiento y el convenimiento son instituciones jurídicas de naturaleza procesal de que se valen los justiciables para poner fin al litigio y/o el proceso, sin haberse producido la sentencia o máxima decisión procesal o una vez dictada antes de adquirir el carácter de cosa juzgada o después de ello en fase de ejecución de la misma, de manera voluntaria y acordada unilateral o bilateralmente por las partes, toda vez, que el proceso civil está regido por el principio dispositivo y que se trate de derechos disponibles donde no esté interesado el interés u orden público; es lo que se conoce, en la doctrina como “Modos Anormales de Terminación del Proceso”.
En este sentido, es necesario aclarar que, según José Vicente Santana Osuna, la institución del convenimiento contrasta con la transacción judicial, ya que el primero supone una concesión total de una parte frente a la otra, en tanto que en el segundo, las partes hacen mutuas o recíprocas concesiones sobre el objeto del litigio, tal y como lo prevé el artículo 1.713 del Código Civil. (El Proceso Laboral y sus Instituciones. Año 2007).
Igualmente, es importante señalar que en materia laboral se debe partir de un principio fundamental y que dirige no solo los contratos de trabajo, no solo la voluntad de las partes (trabajador-patrono), sino que dirige igualmente las actuaciones jurisdiccionales, como es el Principio de la Irrenunciabilidad de los derechos laborales, como lo establece el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En efecto, en el marco del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el ordinal 2° establece que los derechos laborales son irrenunciables, es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos; por lo cual, las partes y el órgano jurisdiccional se someten a esta norma y principio superior declarando la nulidad e invalidez de cualquier acto efectuado por las partes o por el órgano, que convaliden la renuncia de derechos laborales. Dicho precepto establece:
“Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: (omissis)
2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.”
A tenor de lo antes expuesto, se evidencia que los requisitos necesarios para homologar el convenimiento efectuado en un proceso, contrastan con los exigidos para las transacciones judiciales, requiriendo la suficiente capacidad para efectuar acuerdos judiciales y siempre que se hagan en materias donde no estén prohibidas las transacciones; y con ello, se hace necesaria las exigencias establecidas en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, que preceptúa lo siguiente:
“Irrenunciabilidad de los derechos laborales
Artículo 19. En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras.
Las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora hubiese declarado su conformidad con lo pactado. Los funcionarios y las funcionarias del trabajo en sede administrativa o judicial garantizarán que las transacciones no violen de forma alguna el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales.”
Por su parte, el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, expresa lo siguiente:
“Artículo 10.- Transacción Laboral:
De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aun cuando el trabajador o trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo.”
Tal y como se desprende de las normas antes transcritas, el derecho laboral ha sometido la posibilidad de celebrar convenimientos o transacción a rigurosos requisitos encaminados a asegurar la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. De esta manera, se exige que la transacción conste por escrito, que sea circunstanciado, con especificación de los derechos en ella comprendidos; y siempre que se trate de derechos litigiosos o discutidos; y se efectúe por ante funcionario administrativo o judicial autorizado que constate y haga constar que el trabajador actuó libre de constreñimiento o presión.
En el presente caso, se observa que el conveniniento fue celebrado con el objeto de dar por finalizado el presente asunto y en este sentido, una vez verificado de actas que dicha
convenimiento versa sobre derechos derivados de la relación de trabajo que unió a la
ciudadana, JULIMAR MADURO SUAREZ, titular de la cedula de identidad Nro 19.832.927 debidamente asistida por el abogado en ejercicio MISAEL BENITO MADURO SUAREZ, e inscrito en inpreabogado bajo el Nro 25.462, y el abogado VICTOR HERNANDEZ inscrito en inpreabogado bajo el Nro 224.236, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Entidad de Trabajo PANADERIA IL CASTELLO, C.A (PANADERIA, PASTELERIA, SUPERMERCADO LICORERIA Y RESTAURANTE IL CASTELLO, C.A), es importante señalar que el representante judicial de la empresa demandada actuó con facultades expresas para convenir, desistir, transigir, disponer del derecho en litigio, recibir y/o entregar cantidades de dinero, otorgando los correspondientes recibos y finiquitos, mediante documento poder que riela en el folio del No. 31 del presente asunto; por lo tanto se concluye que ambas partes en conflicto se encontraban concientes sobre el alcance y las consecuencias jurídicas del acuerdo celebrado entre ellas, así como las ventajas y desventajas del mismo; evidenciándose que dicho convenimiento se encuentra referido a los conceptos demandados los cuales se encuentran descritos en dicho escrito libelar, en consecuencia, cumplidos como han sido en este caso, los extremos legales analizados en la presente decisión, este Tribunal de Instancia considera procedente en derecho HOMOLOGAR el Convenimiento celebrado judicialmente entre las partes en esta causa, e impartirle el carácter de COSA JUZGADA, e igualmente se ordena el archivo del presente asunto.-ASÍ SE DECIDE.-
PARTE DISPOSITIVA
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en la Ciudad de Cabimas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: SE HOMOLOGA el Convenimiento celebrado entre la ciudadana JULIMAR MADURO SUAREZ, titular de la cedula de identidad Nro 19.832.927 y la Entidad de Trabajo PANADERIA IL CASTELLO, C.A (PANADERIA, PASTELERIA, SUPERMERCADO LICORERIA Y RESTAURANTE IL CASTELLO, C.A).-
SEGUNDO: Se le imparte el carácter de COSA JUZGADA, se ordena el archivo del presente asunto.-
TERCERO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, dada la naturaleza del presente fallo.
Se ordena expedir copia certificada de esta Sentencia por Secretaría a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y Ordinales 3ero y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA CERTIFICADA POR SECRETARÍA DEL PRESENTE FALLO TODO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 21 DE LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO.
Se da cumplimiento a la Resolución Nro 2017-003 de fecha 31/07/2017, dictada por la Coordinación Laboral Regional de este Circuito en concordancia con la Resolución Nro 2016-0021 de fecha 14/12/2016 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.-
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Cabimas, Dieciocho (18) de Septiembre de dos mil diecisiete (2017). Siendo las 02:44 de la tarde Año: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.
Abg. JEXSIN COLINA DÁVILA
JUEZA 1 DE SME DEL TRABAJO
Abg. DORIS ARAMBULET
SECRETARIA JUDICIAL
Siendo la 02:44 de la tarde la Secretaria Judicial adscrita a éste Juzgado de Instancia del Trabajo deja constancia expresa que se dictó y publicó la presente decisión.
Abg. DORIS ARAMBULET
SECRETARIA JUDICIAL
JCD/jcd
ASUNTO: VP21-L-2017-000163.-
Resolución número: PJ001207000122.-
Asiento Diario Nro. 27.-
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