TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Corte de Apelación Sección Adolescentes con Competencia en Delitos de Violencia contra las Mujeres de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, veintidós (22) de Septiembre de 2017
207º y 158º

ASUNTO : VP03-D-2017-000958
CASO INDEPENDENCIA : VP03-R-2017-001060

DECISIÓN NRO. 277-17

PONENCIA DE LA JUEZA SUPERIOR: DRA. MARIBEL COROMOTO MORAN.
Han sido recibidas en esta Corte Superior las presentes actuaciones, contentivas del Recurso de Apelación de Autos, interpuesto por la ABOG. VIOLETTA SUYIN PRIETO JIMENEZ, Defensora Pública Primera Auxiliar (E) para el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, actuando con el carácter de Defensora del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES); en contra de la decisión dictada en fecha 12 de Agosto de 2017, publicado el texto in extenso en fecha 16 agosto del 2017, bajo resolución signada con el Nro. 733-17, por el Juzgado Primero en Funciones de Control, Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual declaró entre otros particulares, lo siguiente: Ajustada a derecho la aprehensión del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), ya antes identificado, por cuanto proviene de una Orden de Aprehensión; se acordó seguir la causa por los tramites del Procedimiento Ordinario, de conformidad con el articulo 551 de la Ley Especial, en concordancia con el artículo 261 del Código Orgánico Procesal Penal y se acoge a la calificación jurídica de ABUSO SEXUAL A NIÑO CON PENETRACION, previsto y sancionado en el articulo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio del niño (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES); se declaró procedente la Detención Preventiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 559 de la Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes, acordando privar de libertad al aludido adolescente; se acordó fijar la practica de la prueba anticipada para el día 17 agosto de 2017, así como la practica de las pruebas físicas, psicológicas y psiquiatritas al adolescente imputado; finalmente se acordó proveer las copias solicitadas por las partes, conforme a lo previsto en el artículo 545 de la ley especial,
Una vez recibido el presente Cuaderno de Apelación de Autos, por ante el Departamento de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, siendo distribuido en fecha 11 de septiembre de 2017, en la que fue designada como ponente, según el Sistema de Distribución Independencia, la Jueza Dra. MARIBEL COROMOTO MORAN; (en su condición de Suplente de la Jueza Dra. LEANI BELLERA SANCHEZ). Ahora bien, en fecha 19 de Septiembre 2017, el presente asunto es recibido por esta Alzada y se la da entrada, encontrándose constituida por la Jueza Presidente Dra. DORIS CRISEL FERMÍN RAMIREZ, por la Jueza Dra. YOLEYDA ISABEL MONTILLA FEREIRA, y por la Jueza Dra. MARIBEL COROMOTO MORAN (en su condición de Suplente de la Jueza Dra. LEANI BELLERA SANCHEZ quien se encuentra de reposo médico), actuando como ponente y suscribiendo con tal carácter la presente decisión.
En consecuencia, este Tribunal Colegiado, antes de entrar a analizar la admisibilidad del presente recurso de apelación de autos, estima oportuno verificar la competencia de la Sala para su conocimiento y a tales efectos se observa:
I.
COMPETENCIA
Evidencia esta Alzada, que el presente Recurso se interpone como consecuencia de la decisión dictada en fecha 12 de Agosto de 2017 y publicado el texto in extenso en fecha 16 de agosto de 2017, bajo resolución signada con el Nro. 733-17, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, por lo cual este Tribunal Colegiado, atiende a lo previsto en los artículos 426 y 442 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicables por remisión expresa de los artículos 537 y 613 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y a tales efectos, se hacen las siguientes consideraciones:
Es menester para esta Sala traer a colación el criterio sostenido por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nro. 205, Exp. C03-0133, dictada en fecha 27 de Mayo de 2003 con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, referida a la doble instancia, donde se precisó:
“…En reciente jurisprudencia, esta Sala ha sentado que cuando se interpone el recurso de apelación está en la obligación de hacer la revisión previa del escrito formal y sin ir al fondo del asunto planteado, declarar si el mismo es admisible o no de conformidad con el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal. En caso de que lo admita, debe proceder al análisis de lo planteado y dictar una decisión mediante la cual se declare (según el criterio de los sentenciadores) con lugar o sin lugar las denuncias interpuestas por los recurrentes...”
“…El principio de la doble instancia, consagrado en el artículo 49°, ultimo aparte del inciso 1. de la Constitución de la República, según el cual toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir de todo fallo condenatorio, establece el derecho de sustentar el recurso de apelación, lo que le impone al recurrente, en aplicación de los requerimientos procesales, delimitar el problema jurídico para que el juez de segunda instancia conozca con exactitud sobre cual aspecto de la providencia recae la inconformidad del impugnante.
Dicho artículo, aunado con el artículo 257 ejusdem, delimita claramente una de las diferencias mas importantes entre el anterior sistema inquisitivo y el actual sistema acusatorio, por cuanto si bien el primero se caracterizaba por ser riguroso y de aplicación formal, el vigente se vislumbra a favor de los afectados con la providencia judicial en general y del condenado en particular. La oportunidad de escuchar al procesado, de cuya garantía se apoya, no puede ser soslayada por meras formalidades, sobretodo, cuando el apelante es el procesado no versado en disciplinas jurídicas.
La intención del legislador en establecer el principio de la doble instancia, no es la de consagrar un mecanismo automático de revisión o de consulta de las decisiones judiciales, sino por el contrario, se trata de la oportunidad procesal regulada de acudir, dentro de las reglas del debido proceso, ante otra autoridad judicial superior a la que toma la decisión en primera instancia, para someter todo o una parte de la actuación judicial con el fin de procurar la atención de las posiciones de las partes inconformes con la sentencia, o bien, para garantizar la efectividad de los derechos de las partes que disienten lo resuelto…” (Destacado de esta Sala).

Asimismo, quienes aquí deciden consideran preciso referir la Sentencia Nro. 052, Exp. C12-411, dictada en fecha 22-02-2013, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Paúl José Aponte Rueda, en relación al artículo 613 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en los siguientes términos:

“…Especificando el artículo 613 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que el trámite, procedencia y efecto de los recursos de apelación, casación y revisión interpuesto con ocasión al procedimiento especial para la determinación de la responsabilidad penal del adolescente estatuido en la ley, se interpondrán, tramitaran y resolverán conforme los motivos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, y tendrán los efectos allí previstos.” (Resaltado de esta Sala).

En consecuencia, este Tribunal Colegiado se declara COMPETENTE y pasa a decidir sobre la admisibilidad o no del Recurso de Apelación de Autos interpuesto por la Defensa Pública. Así se decide.
II.-
DE LA ADMISIBILIDAD O INADMISIBILIDAD DEL RECURSO
Observan quienes integran esta Corte Superior, que el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por mandato expreso de los artículos 537 y 613 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, señala los requisitos de procedibilidad del Recurso de Apelación, y a su tenor establece:
“Artículo 428. Causales de Inadmisibilidad. La corte de apelaciones, sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:
a) Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo;
b) Cuando el recurso se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso establecido para su presentación.
c) Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley.
Fuera de las anteriores causas, la corte de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo el recurso planteado y dictará motivadamente la decisión que corresponda”.

Ahora bien, al realizar una subsunción del caso sub judice en el contenido de la norma transcrita ut supra, esta Alzada da cuenta que de las actas se evidencia lo siguiente:
a) En cuanto a la impugnabilidad subjetiva, el presente medio recursivo fue interpuesto por la Abogada VIOLETTA SUYIN PRIETO JIMENEZ, Defensora Pública Primera Auxiliar (E) para el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, actuando como Defensora del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES); ahora bien, se evidencia de actas que el imputado en mención fue debidamente asistido en el acto de presentación, por el Defensor Público Primero JOSÉ HUMBERTO GELVES, según consta en actas a los folios cuarenta y cinco (45) al cuarenta y ocho (48) y el in extenso a los folios cincuenta y dos (52) al cincuenta y cinco (55) de la incidencia de apelación, en la cual se da por notificado de la designación que recayó sobre su persona y aceptó la misma; por ende en virtud del principio de la Unidad de la Defensa, se determina que quien acciona se encuentra legitimada, conforme lo establece el artículo 609 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 424 de la Norma Procesal Penal, aplicable por mandato expreso de los artículos 537 y 613 de la Ley Adolescencial.
b) En relación al lapso de interposición del Recurso, se observa que el fallo apelado obedece a la decisión dictada en fecha 12 de Agosto de 2017 y publicado el texto in extenso en fecha 16 de agosto de 2017, bajo Resolución signada con el Nro. 733-17 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, según consta del folio cuarenta y cinco (45) al folio cuarenta y ocho (48) y el in extenso del cincuenta y dos (52) al cincuenta y cinco (55) ambos del cuaderno de apelación; interponiendo la Defensa Pública el presente recurso en fecha 16 de Agosto de 2017, por ante el Departamento de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, tal y como se observa a los folios uno (1) al cinco (5) del mismo cuaderno; evidenciando en efecto, quienes aquí deciden del cómputo de las audiencias transcurridas y efectuadas por la Secretaria del Juzgado a quo, inserto al folio sesenta y seis (66), que quien apela interpone el presente medio recursivo de manera Anticipada; vale decir, antes de comenzar a transcurrir los días señalados en la norma adjetiva penal, situación esta que no puede ser considerada como una actitud negligente de la parte accionante, sino que debe interpretarse dicho recurso, como la expresión de la disconformidad con la decisión adversa, con lo cual no se produce lesión alguna en el derecho de la contraparte (Vid. Sala Constitucional, Exp. N° 1465, Sentencia de fecha 22 de marzo de 2004, Magistrado Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero). En consecuencia, observa esta Alzada, que la misma no se encuentra dentro del supuesto estatuido en el artículo 428 literal “b” del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por mandato expreso de los artículos 537 y 613 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
c) En lo que respecta a la Decisión Impugnada, se evidencia que la apelante invocó como precepto legal autorizante el artículo 608, literal “C” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, afirmando que el Juzgado en funciones de Control declaró la procedencia de la medida de Prisión Preventiva; en este sentido, se observa que la norma invocada está referida a los fallos que “…c) Acuerdan la prisión preventiva o una medida cautelar sustitutiva…”; no obstante ello, esta Sala al realizar la lectura del escrito recursivo, observa que la decisión impugnada declaró la medida de privación de libertad bajo la modalidad de Detención Preventiva, al adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), en el acto de presentación de imputado, asimismo se acordó proseguir la causa por el Procedimiento Ordinario, conforme a lo establecido en los artículos 551 y 560 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Por lo que, ante lo observado se hace aplicable al caso el principio general “Iura Novit Curia”, según el cual el Juez o Jueza conoce de Derecho y en aras de que el error en la fundamentación legal no se traduzca en un formalismo que obstaculice el cabal ejercicio del derecho de acceso a la justicia, tal y como lo establece la disposición de orden constitucional contenida en el artículo 257 de nuestra Carta Magna, este Tribunal Colegiado procede a enmendar el mismo respecto a la fundamentación del recurso interpuesto por la Defensa, y una vez analizada las denuncias formuladas por el recurrente, lo procedente en derecho es subsumir las mismas en el artículo 608, literal “g” de la ley especial que rige la materia.
Es de hacer notar que esta Alzada funda la aplicación de tal principio sobre la base de la sentencia Nro. 003 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 11 de Enero de 2002, Exp. 01-0578 con ponencia del Magistrado. Julio Elías Mayaudon, la cual se refiere a las formalidades de los recursos, señalando lo siguiente:
“que el cumplimiento de las exigencias formales de éstos, tiene una importancia máxima, porque el formalismo es imprescindible y está relacionado íntimamente con su contenido, dado su ámbito especial y su carácter extraordinario, lo que hace necesaria cierta precisión procesal en la interposición del recurso, cuya omisión no pudiera ser suplida por la Sala; aunque, en algunos casos, resulte incomprensible que el exceso de formalismo, genere la inadmisión del recurso. Sin embargo, cuando el recurso presente meras irregularidades instrumentales de contenido menor, que no son otra cosa que actos imperfectos que no afectan el núcleo esencial del mismo, éstos pudieran ser eventualmente subsanados por las Cortes de Apelaciones, siempre y cuando no se verifique una causal de desestimación, tal como, la extemporaneidad del recurso, la falta de cualidad de las partes para ejercerlo, el incumplimiento de los requisitos esenciales, entre otros; en consecuencia, no existe lesión del derecho a la tutela judicial efectiva cuando la situación observada es debido a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las partes o de los profesionales que las representan o defiendan…”.

En este mismo orden de ideas, y con relación a los errores u omisiones, que pueda presentar la fundamentación de un recurso de apelación, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en decisión Nro. 197 de fecha 08 de febrero de 2.002, Exp. 01-2650 con ponencia del Magistrado Antonio García García dejó establecido:
“...En ese sentido, esta Sala hace notar, que sería contrario al derecho de acceso a la justicia, que la Corte de Apelaciones hubiese inadmitido el recurso, sólo porque el recurrente en apelación erró en el señalamiento de las disposiciones normativas para fundamentar la apelación. En ese sentido, esta Sala señaló en la sentencia del 17 de enero de 2001 (caso: Néstor Guillermo Angola Strauss), lo siguiente: “...No concuerda la Sala con la apreciación de la Corte de Apelaciones según la cual, la exigencia de apelar a través de un escrito debidamente fundado, ‘alude a la necesidad de indicar la fuente normativa que concede el medio recursivo y los casos legalmente establecidos para ejercer dicho derecho’, aserto que queda contradicho por el principio general según el cual el juez conoce el Derecho y, por tanto, la omisión de señalamiento de dicha fuente normativa o un error en el mismo, deberían ser enmendados por el juez, que conoce el Derecho, en lugar de convertirse en formalismos que obstaculicen el cabal ejercicio del derecho de acceso a la justicia...”. (Cursivas de esta Sala).

Dicho criterio fue reiterado, mediante decisión No. 950, de fecha 20 de Agosto de 2010, Exp. 09-1033 cuya ponencia estuvo a cargo de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en la cual se dejó sentado lo siguiente:
“…Al respecto, es pertinente citar la sentencia N° 1822 del 19 de julio de 2005 (Caso: Mayra Elizabeth Escalona Pirela), en la que se indicó lo siguiente:
“Así, resulta menester citar lo señalado por la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de abril de 1998, caso Guaila Rivero Montenegro que estableció que:‘...la escogencia de la ley aplicable es cuestión que corresponde a los jueces de mérito, ya que ello forma parte del principio IURA NOVIT CURIA, y que los errores que en esa labor cometan los intérpretes, pueden ser reparados mediante los recursos ordinarios, a menos que causen un estado de indefensión total e irreparable que vendría a convertirse en una violación del artículo 68 de la Constitución de la República’”.

Por tales razones, esta Sala en aplicación del citado principio, concluye que el recurso de apelación interpuesto en el presente asunto, debe fundarse en el artículo 608, literal “g” de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y al respecto es menester destacar que la recurrente utilizó como precepto legal el articulo 608 literal “c” de la Ley especial adolescencial, de manera errada, que si bien no es menos cierto que la misma en su escrito recursivo menciona el gravamen irreparable que se le podría estar ocasionando a su defendido basándose en la violación de derechos y garantías constitucionales.
d) Sobre el escrito de contestación a la apelación, esta Alzada evidencia que fue interpuesto por el abogado FREDDY ANTONIO OCHOA PERALTA, y las abogadas SUMY CAROLINA HERNANDEZ LOPEZ y ANGELA FRANCHESCA IGUARAN URIBE, actuando en este acto con el carácter de Fiscal Trigésimo Séptimo y Fiscalas Auxiliares Trigésima Séptima del Ministerio Publico del estado Zulia, respectivamente, con Competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, en relación al asunto seguido en contra del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES); por lo que interponen escrito de contestación a la apelación, por ante el Departamento de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en fecha 06 de septiembre de 2017, según consta a los folios sesenta (60) al sesenta y tres (63) de la incidencia de apelación; observando esta Alzada que el mismo fue presentado al cuarto (4) día hábil de ser agregado la boleta de emplazamiento en el tribunal de instancia según consta en el folio cincuenta y nueve (59) del cuaderno de apelación; es decir, fuera del lapso de ley, en tal sentido lo procedente es Inadmitirlo, al haber sido presentado fuera del lapso de ley. Así se Decide.-.
Se deja constancia que la Defensa Pública en su escrito recursivo no ofertó medios probatorios.
Por tales razones, quienes aquí deciden, consideran que lo procedente en derecho es declarar ADMISIBLE en los términos antes expuestos, el Recurso de Apelación de Autos, interpuesto por la ABOG. VIOLETTA SUYIN PRIETO JIMENEZ, en su condición de Defensora Pública Primera Auxiliar (E) para el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, actuando con el carácter de Defensora del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), supra identificado, en contra de la decisión dictada en fecha 12 de Agosto de 2017 y publicado el texto in extenso en fecha 16 de agosto de 2017, bajo Resolución signada con el Nro. 733-17, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, de conformidad con lo establecido en el artículo 608 literal “g” de la Ley Especial Adolescencial; de igual modo, se declara INADMISIBLE el escrito de contestación a la apelación, interpuesto por el abogado FREDDY ANTONIO OCHOA PERALTA, y las abogadas SUMY CAROLINA HERNANDEZ LOPEZ y ANGELA FRANCHESCA IGUARAN URIBE, actuando como Fiscal Trigésimo Séptimo y Fiscalas Auxiliares Trigésima Séptima del Ministerio Publico del estado Zulia, respectivamente, con Competencia en el Sistema Penal de Adolescentes, al haber sido interpuesto fuera del lapso de ley. Asi se declara.
Finalmente se deja expresa constancia, que la Defensa Pública en su escrito recursivo no ofertó medios probatorios.
III.
DECISIÓN
Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Única de la Corte Superior de la Sección Adolescentes con Competencia en Delitos de Violencia Contra La Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: ADMISIBLE el recurso de apelación de autos, interpuesto por la ABOG. VIOLETTA SUYIN PRIETO JIMENEZ, en su condición de Defensora Pública Primera Auxiliar (E) para el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, actuando con el carácter de Defensora del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 545 Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), supra identificado, en contra de la decisión dictada en fecha 12 de Agosto de 2017, publicado el texto in extenso en fecha 16 de agosto 2017, bajo Resolución signada con el Nro 733-17, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. En atención a lo establecido en el artículo 608 literal “g” de la Ley Especial Adolescencial.
SEGUNDO: INADMISIBLE el escrito de contestación a la apelación, interpuesto por el abogado FREDDY ANTONIO OCHOA PERALTA, y las abogadas SUMY CAROLINA HERNANDEZ LOPEZ y ANGELA FRANCHESCA IGUARAN URIBE, actuando como Fiscal Trigésimo Séptimo y Fiscalas Auxiliares Trigésima Séptima del Ministerio Publico del estado Zulia, respectivamente, con Competencia en el Sistema Penal de Adolescentes, por haber sido interpuesto de manera extemporánea.
En consecuencia, a partir del día hábil siguiente a la presente fecha, comienza a transcurrir el lapso de Diez (10) días hábiles para dictar la decisión correspondiente.
Regístrese, diarícese, publíquese, déjese copia certificada en archivo.
LA JUEZA PRESIDENTE,

DRA. DORIS CRISEL FERMIN RAMIREZ

LAS JUEZAS

DRA. YOLEYDA ISABEL MONTILLA FEREIRA DRA. MARIBEL COROMOTO MORAN
(Ponencia)

LA SECRETARIA

ABOG. LAURA ISABEL FUENTES

En la misma fecha se registró bajo el Nro. 277-17 del Libro de decisiones interlocutorias llevada por esta Corte.
LA SECRETARIA

ABOG. LAURA ISABEL FUENTES

MCM/Gabriel.-
ASUNTO : VP03-D-2017-000958
CASO INDEPENDENCIA : VP03-R-2017-001060